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El expediente criminal de la socialité potosina
Asesinatos, corrupción, abusos sexual… estos son los casos que involucraron a varias de las familias más ricas y poderosas de San Luis Potosí
Por: Bernardo Vera
Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del DIF Estatal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López y galardonado como potosino distinguido por su labor con personas ciegas, fue declarado culpable de haber abusado sexualmente de un menor de edad que vivía en un albergue de la dependencia. El ex funcionario contaba con el reconocimiento de las esferas económicas, políticas y sociales, por lo que el caso ha causado conmoción en la sociedad potosina, pero esta no es la primera ocasión en que entre la élite de la ciudad ocurre un caso criminal de este impacto; corrupción, homicidios, violación, pederastía… han enmarcado la historia criminal del jet set potosino durante décadas. A continuación hacemos una recopilación en orden cronológico de los casos más impactantes:
UN CRIMEN ANTISEMITA (1943)
El 6 de febrero de 1943, Salomón Blanck Stein, comerciante y empresario polaco de origen judío, falleció a manos de Baldomero Pérez Romo, quien le disparó. El victimario fue detenido momentos después en las calles Allende y Carranza. El homicida confesó su participación, pero quedó en libertad y gozó de que buena parte de la sociedad creyera en su inocencia. Los principales comerciantes e industriales potosinos se solidarizaban con el homicida y promovieron un discurso antisemita en el que celebraban el crimen de Pérez Romo al decir que ayudaba a detener el crecimiento e influencia de los judios en la ciudad.
LA MUERTE DE UN ALCALDE (1982)
Juan Antonio Ledezma Zavala, ex alcalde de San Luis Potosí, murió en un accidente automovilístico provocado por al menos tres autores materiales, pero también María de la Luz Adrián Madrazo, su esposa fue copartícipe del delito. A pesar de las autoridades lograron armar el caso en contra de los involucrados, uno de ellos logró huir y la esposa del político fue liberada, en gran parte debido a su relación con las familias más poderosas del estado.
UN AUTO SECUESTRO (AÑOS 80)
Ramón Cervantes Verástegui, empresario rioverdense y propietario del Hotel María Dolores, así como el periódico “Momento”, habría sido el autor intelectual del homicidio de dos personas que presuntamente participaron en el autosecuestro de su hijo, en el que el joven perdió la vida.
VALLE X LAVÍN (1995)
Salvador Valle Rodríguez, hermano de Lorena Valle, esposa del ex gobernador Juan Manuel Carreras, fue asesinado el 6 de febrero de 1995. Alrededor del mediodía de ese día, en un área rural del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, mientras iba acompañado de su amigo Carlos Lavín Hinojosa.
Lavín aseguró a las autoridades que él y su acompañante fueron atacados por varias personas encapuchadas, quienes de un golpe le hicieron perder el conocimiento. No obstante, las pruebas periciales comenzaron a acumularse sobre Carlos y tres personas declararon haber visto a Lavín utilizar la camioneta que le quitó la vida a Salvador Valle. A pesar de las pruebas y los testimonios, Carlos Lavín Hinojosa fue exonerado, en gran parte gracias a la presión social, tanto que el gobernador Horacio Sánchez Unzueta reconoció haber intervenido para detener la acción penal.
Versiones han apuntado a que el hecho pudo ser un crimen pasional, pues existen versiones de que ambos hombres sostenían una relación amorosa.
EL CASO DEL SALESIANO (2007)
Itzachel Shantal González López fue una estudiante de 16 años que cursaba el cuarto semestre de preparatoria en el Instituto Salesiano “Carlos Gómez”. A Itzachel Shantal fue vista con vida por última vez el 20 de octubre del 2007. Dos días después, alrededor de las 7:05 de la mañana, su cuerpo se encontró entre una colchoneta llena de escombros al interior del aula audiovisual del mismo colegio donde estudiaba.
El caso cobró relevancia al tratar de la hijastra de Ramiro Moctezuma, entonces jefe del Estado Mayor de Seguridad Pública del Estado; además de haber sucedido en una institución privada de gran tradición; a lo que se sumó la sospecha de que alguno de los sacerdotes del colegio pudieron estar involucrados.
El 12 de octubre de 2008, casi un año después del homicidio, Martin Camberos Hernández, entonces procurador del estado, informó que la escena del crimen fue alterada, y que el lugar estaba totalmente contaminado, lo que obstaculizó la investigación. Días después, el 17 de octubre de ese año, Alfonso Castillo Machuca, entonces secretario general de Gobierno, reconoció que los directivos del Instituto Salesiano entregaron videos editados.
Cándido Ochoa Rojas, que había tomado el lugar como procurador, informó que existía una orden de aprehensión en contra del sacerdote José Carlos Contreras, director del área de primaria del instituto. Este finalmente se entregó el 7 de octubre de 2009. Un juzgado lo encontró culpable y fue condenado a 33 años de prisión. Sentencia apelada por su defensa, que buscó el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivó en la liberación de Contreras el 22 de agosto de 2013.
EL PADRE CÓRDOVA (2014)
A mediados del 2014, la prensa de todo el país dieron a conocer el caso del sacerdote Eduardo N, entonces apoderado legal del Arzobispado potosino y uno de los curas más queridos y respetados dentro de los círculos de poder y dinero en San Luis Potosí. Medios nacionales dieron cuenta de los abusos sexuales a los que el presunto sometió a un menor de edad. En los días posteriores se conocieron testimonios que apuntaban a que el caso no era aislado y que durante 30 años, Eduardo violentó a decenas de niños y jóvenes. Hasta el momento, poco se sabe sobre el paradero de Eduardo, pues consiguió darse a la fuga tras ser expulsado de la iglesia católica. Existe la teoría que el número de afectados podría llegar a más de 100, y los delitos se habrían cometido cuando Eduardo fue profesor en el Colegio Potosino Marista, párroco en la colonia El Paseo y en el municipio de Mexquitic.
EL CAYEYO
Eduardo Hernadez Janet, conocido como El Cayeyo, asesinó de un disparo con arma de fuego en el rostro a Eugenio Castañón Elizondo, su amigo, y quien era el prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal de San Luis Potosí y padrino del propio asesino, lo que lo colocó en un evidente conflicto de intereses.
El homicidio ocurrió al interior del Club de Golf Campestre, e inmediatamente, el suceso había trascendido a la opinión pública y se convirtió en un escándalo mediático, del que brotaron detalles como que el asesino llamó a Garza Herrera luego de cometer el crimen para pedirle su ayuda.
El lunes 20 de mayo de 2019, que un juez condenó a Cayeyo a 32 años y seis meses de prisión en el Centro de Reinserción Social de La Pila, además de una sanción pecuniaria de 245 mil pesos y una reparación del daño a los familiares de la víctima, por 230 mil pesos.
LA CASA DE LOS SANTOS
Marcelo y Carlos, hijos de Marcelo de los Santos Fraga, ex gobernador de San Luis Potosí, son socios y directivos del despacho contable “Marcelo de los Santos y Cía”. El 3 de octubre de 2021 se dio a conocer que ambos hermanos fueron incluidos en los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones sobre elusión fiscal a nivel internacional. En la información se desplegaba que Marcelo y Carlos eran dueños de mil 282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas.
El caso de los hijos de Marcelo de los Santos Fraga se sumó al escándalo producido por Marcelo de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador, luego de que el 17 de marzo de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí diera a conocer que comenzaría la investigación en contra de Pizzuto, por una denuncia de presunta violación en contra de Gabriela N., durante una ceremonia de boda realizada el 13 de marzo de 2022 en Acapulco, Guerrero.
El 25 de agosto, un juzgado de Acapulco entregó la orden de aprehensión a la corporación potosina, y tras ser detenido, se le ingresó en el Cereso “Las Cruces” de la entidad guerrerense. Un día después, Evelina Ramírez Venegas, jueza de control del Poder Judicial de Guerrero, dictó prisión preventiva contra De Los Santos Pizzuto, sin embargo, la Fiscalía General de Guerrero no ha emitido comunicación sobre su situación jurídica, ni sobre si será vinculado a proceso, si se queda recluido o lleva el juicio en libertad.
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Ciudad
El sistema estatal de cuidados, atorado en la burocracia: Colectivo
El colectivo Cuidadoras Potosinas hace un llamado enérgico tanto al estado, al congreso y al ayuntamiento capitalino para cumplir acuerdos
Por: J. C. Haro
El colectivo Cuidadoras Potosinas planteó que ni el reconocimiento constitucional ni la aprobación del Cabildo de la capital potosina han sido suficientes para que estos avances se traduzcan en políticas públicas concretas.
Mariana Hernández Noriega, dirigente del colectivo, afirmó que la principal demanda es que las autoridades municipales y estatales respeten los compromisos asumidos con las personas cuidadoras y den continuidad a las mesas de trabajo para construir el sistema estatal.
La activista aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cumplió con la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Cabildo. Explicó que el colectivo promovió un amparo para exigir el cumplimiento de ese compromiso.
“Le exigimos al Ayuntamiento de San Luis Potosí que cumpla con el Sistema Municipal de Cuidados“.
El colectivo además sostiene que la lucha por el sistema de cuidados no beneficia únicamente a su organización, sino a todas las personas que realizan labores de cuidado en el estado, incluidas madres, hijas cuidadoras y quienes atienden a adultos mayores o familiares con enfermedades o discapacidad.
En el ámbito estatal, el colectivo logró la incorporación del artículo 12 Bis a la Constitución local, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, advirtió que la ley que debe crear el Sistema Estatal de Cuidados
aún no ha sido aprobada.La dirigente explicó que el proceso legislativo continuará a partir de septiembre, cuando el Congreso reanude actividades y se retomen las mesas de trabajo con dependencias estatales para definir el funcionamiento del sistema y el presupuesto necesario para su implementación.
Hernández Noriega informó que el estado enfrenta un cambio demográfico que hará cada vez más urgente contar con una política pública de cuidados. Señaló que San Luis Potosí registra una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta mayor, lo que incrementará la demanda de personas cuidadoras.
“La bronca es quién va a cuidar a esos viejitos, y quién nos va a cuidar”, se preguntó.
Además del cumplimiento de los sistemas municipal y estatal, el colectivo pide ampliar las redes de apoyo para las personas cuidadoras mediante estancias para adultos mayores, empleos de medio tiempo, capacitación y atención psicológica permanente.
La organización afirmó que continuará impulsando la creación de mecanismos institucionales concretos que permitan reconocer y sostener el trabajo de cuidados en San Luis Potosí.
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Ciudad
Refuerzan vigilancia para impedir operaciones de huachicol en Soledad: Navarro
El alcalde aseguró que hasta ahora no se han detectado operaciones relacionadas con el robo de combustible en el municipio
Por: Redacción
Aunque hasta el momento no se han detectado operaciones relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustible en Soledad de Graciano Sánchez, el gobierno municipal mantendrá operativos permanentes para impedir que este delito se establezca en la demarcación, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.
El edil explicó que la estrategia consiste en incrementar la presencia de la Guardia Civil Municipal tanto en la cabecera como en las comunidades, además de mantener la coordinación con fuerzas estatales y federales.
“Es seguir con los recorridos, seguir con la presencia de la Guardia Civil Municipal en todo el municipio”, afirmó.
Navarro señaló que el trabajo conjunto con la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuará como parte de las acciones preventivas.
“Justamente es eso, para que no tengamos problemas de este tipo”, indicó.
El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que Soledad sea utilizado como punto de almacenamiento o distribución de combustible robado, por lo que los recorridos de vigilancia permanecerán de forma constante.
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Destacadas
Uber se quedó a medio trámite y no podrá operar aún en SLP
La titular de la SCT aseguró que la empresa no completó los requisitos establecidos por la ley, aunque mantiene abiertas las puertas para que lo haga
Por: Redacción
La plataforma de transporte Uber no podrá operar en San Luis Potosí debido a que no concluyó el proceso de regularización previsto por la legislación estatal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La funcionaria explicó que la empresa recibió el memorándum correspondiente para iniciar el trámite, sin embargo, no cumplió con los pasos necesarios para obtener la autorización.
“No terminó con su trámite. Se les entregó el memorándum para que realizaran su pago y dieran inicio a su procedimiento en términos de ley, entregando los datos de sus operadores y acudiendo a las capacitaciones que establece la normatividad. La realidad es que no cumplieron con ninguno de estos requisitos“, declaró.
Martínez Acosta señaló que la dependencia mantiene disposición para que Uber complete el procedimiento y pueda operar conforme a la ley, por lo que descartó que exista una postura de persecución hacia la empresa.
“No es un tema de persecución ni de cacería. Al contrario, buscamos que ellos mismos nos ayuden a que la empresa cumpla con la legalidad y con todo lo que establecen las leyes locales”, afirmó.
La secretaria agregó que incluso han sostenido reuniones con algunos operadores interesados en prestar el servicio mediante la plataforma, a quienes se les ha explicado el proceso de regularización.
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de la empresa deja a los propios conductores en una situación de vulnerabilidad, al no contar con las condiciones legales previstas por la normativa estatal.
“Es la empresa la que no cumple con lo que las leyes locales establecen y eso deja a los operadores en estado de indefensión”, señaló.
Respecto a la llegada de nuevas plataformas digitales al estado, Martínez Acosta consideró que la competencia representa una oportunidad para mejorar la calidad del servicio de transporte.
“Hoy el gremio del taxismo entiende que la competencia es buena. Ellos estarán tratando de mejorar y brindar un mejor servicio, mientras que la ciudadanía podrá elegir la opción que considere más conveniente”, comentó.
La titular de la SCT reiteró que, mientras Uber no complete el procedimiento administrativo y cumpla con las obligaciones previstas en la ley, la plataforma no podrá prestar el servicio de transporte en San Luis Potosí.
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