diciembre 3, 2025

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El expediente criminal de la socialité potosina

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Asesinatos, corrupción, abusos sexual… estos son los casos que involucraron a varias de las familias más ricas y poderosas de San Luis Potosí

Por: Bernardo Vera

Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del DIF Estatal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López y galardonado como potosino distinguido por su labor con personas ciegas, fue declarado culpable de haber abusado sexualmente de un menor de edad que vivía en un albergue de la dependencia. El ex funcionario contaba con el reconocimiento de las esferas económicas, políticas y sociales, por lo que el caso ha causado conmoción en la sociedad potosina, pero esta no es la primera ocasión en que entre la élite de la ciudad ocurre un caso criminal de este impacto; corrupción, homicidios, violación, pederastía… han enmarcado la historia criminal del jet set potosino durante décadas. A continuación hacemos una recopilación en orden cronológico de los casos más impactantes:

UN CRIMEN ANTISEMITA (1943)

El 6 de febrero de 1943, Salomón Blanck Stein, comerciante y empresario polaco de origen judío, falleció a manos de Baldomero Pérez Romo, quien le disparó. El victimario fue detenido momentos después en las calles Allende y Carranza. El homicida confesó su participación, pero quedó en libertad y gozó de que buena parte de la sociedad creyera en su inocencia. Los principales comerciantes e industriales potosinos se solidarizaban con el homicida y promovieron un discurso antisemita en el que celebraban el crimen de Pérez Romo al decir que ayudaba a detener el crecimiento e influencia de los judios en la ciudad.

LA MUERTE DE UN ALCALDE (1982)

Juan Antonio Ledezma Zavala, ex alcalde de San Luis Potosí, murió en un accidente automovilístico provocado por al menos tres autores materiales, pero también María de la Luz Adrián Madrazo, su esposa fue copartícipe del delito. A pesar de las autoridades lograron armar el caso en contra de los involucrados, uno de ellos logró huir y la esposa del político fue liberada, en gran parte debido a su relación con las familias más poderosas del estado.

UN AUTO SECUESTRO (AÑOS 80)

Ramón Cervantes Verástegui, empresario rioverdense y propietario del Hotel María Dolores, así como el periódico “Momento”, habría sido el autor intelectual del homicidio de dos personas que presuntamente participaron en el autosecuestro de su hijo, en el que el joven perdió la vida.

VALLE X LAVÍN (1995)

Salvador Valle Rodríguez, hermano de Lorena Valle, esposa del ex gobernador Juan Manuel Carreras, fue asesinado el 6 de febrero de 1995. Alrededor del mediodía de ese día, en un área rural del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, mientras iba acompañado de su amigo Carlos Lavín Hinojosa.

Lavín aseguró a las autoridades que él y su acompañante fueron atacados por varias personas encapuchadas, quienes de un golpe le hicieron perder el conocimiento. No obstante, las pruebas periciales comenzaron a acumularse sobre Carlos y tres personas declararon haber visto a Lavín utilizar la camioneta que le quitó la vida a Salvador Valle. A pesar de las pruebas y los testimonios, Carlos Lavín Hinojosa fue exonerado, en gran parte gracias a la presión social, tanto que el gobernador Horacio Sánchez Unzueta reconoció haber intervenido para detener la acción penal.

Versiones han apuntado a que el hecho pudo ser un crimen pasional, pues existen versiones de que ambos hombres sostenían una relación amorosa.

EL CASO DEL SALESIANO (2007)

Itzachel Shantal González López fue una estudiante de 16 años que cursaba el cuarto semestre de preparatoria en el Instituto Salesiano “Carlos Gómez”. A Itzachel Shantal fue vista con vida por última vez el 20 de octubre del 2007. Dos días después, alrededor de las 7:05 de la mañana, su cuerpo se encontró entre una colchoneta llena de escombros al interior del aula audiovisual del mismo colegio donde estudiaba.

El caso cobró relevancia al tratar de la hijastra de Ramiro Moctezuma, entonces jefe del Estado Mayor de Seguridad Pública del Estado; además de haber sucedido en una institución privada de gran tradición; a lo que se sumó la sospecha de que alguno de los sacerdotes del colegio pudieron estar involucrados.

El 12 de octubre de 2008, casi un año después del homicidio, Martin Camberos Hernández, entonces procurador del estado, informó que la escena del crimen fue alterada, y que el lugar estaba totalmente contaminado, lo que obstaculizó la investigación. Días después, el 17 de octubre de ese año, Alfonso Castillo Machuca, entonces secretario general de Gobierno, reconoció que los directivos del Instituto Salesiano entregaron videos editados.

Cándido Ochoa Rojas, que había tomado el lugar como procurador, informó que existía una orden de aprehensión en contra del sacerdote José Carlos Contreras, director del área de primaria del instituto. Este finalmente se entregó el 7 de octubre de 2009. Un juzgado lo encontró culpable y fue condenado a 33 años de prisión. Sentencia apelada por su defensa, que buscó el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivó en la liberación de Contreras el 22 de agosto de 2013.

EL PADRE CÓRDOVA (2014)

A mediados del 2014, la prensa de todo el país dieron a conocer el caso del sacerdote Eduardo N, entonces apoderado legal del Arzobispado potosino y uno de los curas más queridos y respetados dentro de los círculos de poder y dinero en San Luis Potosí. Medios nacionales dieron cuenta de los abusos sexuales a los que el presunto sometió a un menor de edad. En los días posteriores se conocieron testimonios que apuntaban a que el caso no era aislado y que durante 30 años, Eduardo violentó a decenas de niños y jóvenes. Hasta el momento, poco se sabe sobre el paradero de Eduardo, pues consiguió darse a la fuga tras ser expulsado de la iglesia católica. Existe la teoría que el número de afectados podría llegar a más de 100, y los delitos se habrían cometido cuando Eduardo fue profesor en el Colegio Potosino Marista, párroco en la colonia El Paseo y en el municipio de Mexquitic.

EL CAYEYO

Eduardo Hernadez Janet, conocido como El Cayeyo, asesinó de un disparo con arma de fuego en el rostro a Eugenio Castañón Elizondo, su amigo, y quien era el prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal de San Luis Potosí y padrino del propio asesino, lo que lo colocó en un evidente conflicto de intereses.

El homicidio ocurrió al interior del Club de Golf Campestre, e inmediatamente, el suceso había trascendido a la opinión pública y se convirtió en un escándalo mediático, del que brotaron detalles como que el asesino llamó a Garza Herrera luego de cometer el crimen para pedirle su ayuda.

El lunes 20 de mayo de 2019, que un juez condenó a Cayeyo a 32 años y seis meses de prisión en el Centro de Reinserción Social de La Pila, además de una sanción pecuniaria de 245 mil pesos y una reparación del daño a los familiares de la víctima, por 230 mil pesos.

LA CASA DE LOS SANTOS

Marcelo y Carlos, hijos de Marcelo de los Santos Fraga, ex gobernador de San Luis Potosí, son socios y directivos del despacho contable “Marcelo de los Santos y Cía”. El 3 de octubre de 2021 se dio a conocer que ambos hermanos fueron incluidos en los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones sobre elusión fiscal a nivel internacional. En la información se desplegaba que Marcelo y Carlos eran dueños de mil 282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas.

El caso de los hijos de Marcelo de los Santos Fraga se sumó al escándalo producido por Marcelo de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador, luego de que el 17 de marzo de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí diera a conocer que comenzaría la investigación en contra de Pizzuto, por una denuncia de presunta violación en contra de Gabriela N., durante una ceremonia de boda realizada el 13 de marzo de 2022 en Acapulco, Guerrero.

El 25 de agosto, un juzgado de Acapulco entregó la orden de aprehensión a la corporación potosina, y tras ser detenido, se le ingresó en el Cereso “Las Cruces” de la entidad guerrerense. Un día después, Evelina Ramírez Venegas, jueza de control del Poder Judicial de Guerrero, dictó prisión preventiva contra De Los Santos Pizzuto, sin embargo, la Fiscalía General de Guerrero no ha emitido comunicación sobre su situación jurídica, ni sobre si será vinculado a proceso, si se queda recluido o lleva el juicio en libertad.

 

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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