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El expediente criminal de la socialité potosina
Asesinatos, corrupción, abusos sexual… estos son los casos que involucraron a varias de las familias más ricas y poderosas de San Luis Potosí
Por: Bernardo Vera
Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del DIF Estatal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López y galardonado como potosino distinguido por su labor con personas ciegas, fue declarado culpable de haber abusado sexualmente de un menor de edad que vivía en un albergue de la dependencia. El ex funcionario contaba con el reconocimiento de las esferas económicas, políticas y sociales, por lo que el caso ha causado conmoción en la sociedad potosina, pero esta no es la primera ocasión en que entre la élite de la ciudad ocurre un caso criminal de este impacto; corrupción, homicidios, violación, pederastía… han enmarcado la historia criminal del jet set potosino durante décadas. A continuación hacemos una recopilación en orden cronológico de los casos más impactantes:
UN CRIMEN ANTISEMITA (1943)
El 6 de febrero de 1943, Salomón Blanck Stein, comerciante y empresario polaco de origen judío, falleció a manos de Baldomero Pérez Romo, quien le disparó. El victimario fue detenido momentos después en las calles Allende y Carranza. El homicida confesó su participación, pero quedó en libertad y gozó de que buena parte de la sociedad creyera en su inocencia. Los principales comerciantes e industriales potosinos se solidarizaban con el homicida y promovieron un discurso antisemita en el que celebraban el crimen de Pérez Romo al decir que ayudaba a detener el crecimiento e influencia de los judios en la ciudad.
LA MUERTE DE UN ALCALDE (1982)
Juan Antonio Ledezma Zavala, ex alcalde de San Luis Potosí, murió en un accidente automovilístico provocado por al menos tres autores materiales, pero también María de la Luz Adrián Madrazo, su esposa fue copartícipe del delito. A pesar de las autoridades lograron armar el caso en contra de los involucrados, uno de ellos logró huir y la esposa del político fue liberada, en gran parte debido a su relación con las familias más poderosas del estado.
UN AUTO SECUESTRO (AÑOS 80)
Ramón Cervantes Verástegui, empresario rioverdense y propietario del Hotel María Dolores, así como el periódico “Momento”, habría sido el autor intelectual del homicidio de dos personas que presuntamente participaron en el autosecuestro de su hijo, en el que el joven perdió la vida.
VALLE X LAVÍN (1995)
Salvador Valle Rodríguez, hermano de Lorena Valle, esposa del ex gobernador Juan Manuel Carreras, fue asesinado el 6 de febrero de 1995. Alrededor del mediodía de ese día, en un área rural del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, mientras iba acompañado de su amigo Carlos Lavín Hinojosa.
Lavín aseguró a las autoridades que él y su acompañante fueron atacados por varias personas encapuchadas, quienes de un golpe le hicieron perder el conocimiento. No obstante, las pruebas periciales comenzaron a acumularse sobre Carlos y tres personas declararon haber visto a Lavín utilizar la camioneta que le quitó la vida a Salvador Valle. A pesar de las pruebas y los testimonios, Carlos Lavín Hinojosa fue exonerado, en gran parte gracias a la presión social, tanto que el gobernador Horacio Sánchez Unzueta reconoció haber intervenido para detener la acción penal.
Versiones han apuntado a que el hecho pudo ser un crimen pasional, pues existen versiones de que ambos hombres sostenían una relación amorosa.
EL CASO DEL SALESIANO (2007)
Itzachel Shantal González López fue una estudiante de 16 años que cursaba el cuarto semestre de preparatoria en el Instituto Salesiano “Carlos Gómez”. A Itzachel Shantal fue vista con vida por última vez el 20 de octubre del 2007. Dos días después, alrededor de las 7:05 de la mañana, su cuerpo se encontró entre una colchoneta llena de escombros al interior del aula audiovisual del mismo colegio donde estudiaba.
El caso cobró relevancia al tratar de la hijastra de Ramiro Moctezuma, entonces jefe del Estado Mayor de Seguridad Pública del Estado; además de haber sucedido en una institución privada de gran tradición; a lo que se sumó la sospecha de que alguno de los sacerdotes del colegio pudieron estar involucrados.
El 12 de octubre de 2008, casi un año después del homicidio, Martin Camberos Hernández, entonces procurador del estado, informó que la escena del crimen fue alterada, y que el lugar estaba totalmente contaminado, lo que obstaculizó la investigación. Días después, el 17 de octubre de ese año, Alfonso Castillo Machuca, entonces secretario general de Gobierno, reconoció que los directivos del Instituto Salesiano entregaron videos editados.
Cándido Ochoa Rojas, que había tomado el lugar como procurador, informó que existía una orden de aprehensión en contra del sacerdote José Carlos Contreras, director del área de primaria del instituto. Este finalmente se entregó el 7 de octubre de 2009. Un juzgado lo encontró culpable y fue condenado a 33 años de prisión. Sentencia apelada por su defensa, que buscó el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivó en la liberación de Contreras el 22 de agosto de 2013.

EL PADRE CÓRDOVA (2014)
A mediados del 2014, la prensa de todo el país dieron a conocer el caso del sacerdote Eduardo N, entonces apoderado legal del Arzobispado potosino y uno de los curas más queridos y respetados dentro de los círculos de poder y dinero en San Luis Potosí. Medios nacionales dieron cuenta de los abusos sexuales a los que el presunto sometió a un menor de edad. En los días posteriores se conocieron testimonios que apuntaban a que el caso no era aislado y que durante 30 años, Eduardo violentó a decenas de niños y jóvenes. Hasta el momento, poco se sabe sobre el paradero de Eduardo, pues consiguió darse a la fuga tras ser expulsado de la iglesia católica. Existe la teoría que el número de afectados podría llegar a más de 100, y los delitos se habrían cometido cuando Eduardo fue profesor en el Colegio Potosino Marista, párroco en la colonia El Paseo y en el municipio de Mexquitic.

EL CAYEYO
Eduardo Hernadez Janet, conocido como El Cayeyo, asesinó de un disparo con arma de fuego en el rostro a Eugenio Castañón Elizondo, su amigo, y quien era el prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal de San Luis Potosí y padrino del propio asesino, lo que lo colocó en un evidente conflicto de intereses.
El homicidio ocurrió al interior del Club de Golf Campestre, e inmediatamente, el suceso había trascendido a la opinión pública y se convirtió en un escándalo mediático, del que brotaron detalles como que el asesino llamó a Garza Herrera luego de cometer el crimen para pedirle su ayuda.
El lunes 20 de mayo de 2019, que un juez condenó a Cayeyo a 32 años y seis meses de prisión en el Centro de Reinserción Social de La Pila, además de una sanción pecuniaria de 245 mil pesos y una reparación del daño a los familiares de la víctima, por 230 mil pesos.

LA CASA DE LOS SANTOS
Marcelo y Carlos, hijos de Marcelo de los Santos Fraga, ex gobernador de San Luis Potosí, son socios y directivos del despacho contable “Marcelo de los Santos y Cía”. El 3 de octubre de 2021 se dio a conocer que ambos hermanos fueron incluidos en los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones sobre elusión fiscal a nivel internacional. En la información se desplegaba que Marcelo y Carlos eran dueños de mil 282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas.
El caso de los hijos de Marcelo de los Santos Fraga se sumó al escándalo producido por Marcelo de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador, luego de que el 17 de marzo de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí diera a conocer que comenzaría la investigación en contra de Pizzuto, por una denuncia de presunta violación en contra de Gabriela N., durante una ceremonia de boda realizada el 13 de marzo de 2022 en Acapulco, Guerrero.
El 25 de agosto, un juzgado de Acapulco entregó la orden de aprehensión a la corporación potosina, y tras ser detenido, se le ingresó en el Cereso “Las Cruces” de la entidad guerrerense. Un día después, Evelina Ramírez Venegas, jueza de control del Poder Judicial de Guerrero, dictó prisión preventiva contra De Los Santos Pizzuto, sin embargo, la Fiscalía General de Guerrero no ha emitido comunicación sobre su situación jurídica, ni sobre si será vinculado a proceso, si se queda recluido o lleva el juicio en libertad.

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Alcalde de San Vicente Tancuayalab, presuntamente captado disparando al aire
Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
con 15 cartuchos, y presunto “halconeo”, es decir, vigilancia de los recorridos de los agentes estatales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de ellos estaba contratado formalmente y el otro no; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Ciudad
Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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Costó a potosinos 66 mil pesos cada solicitud a la CEGAIP
El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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