agosto 18, 2026

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El expediente criminal de la socialité potosina

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Asesinatos, corrupción, abusos sexual… estos son los casos que involucraron a varias de las familias más ricas y poderosas de San Luis Potosí

Por: Bernardo Vera

Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del DIF Estatal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López y galardonado como potosino distinguido por su labor con personas ciegas, fue declarado culpable de haber abusado sexualmente de un menor de edad que vivía en un albergue de la dependencia. El ex funcionario contaba con el reconocimiento de las esferas económicas, políticas y sociales, por lo que el caso ha causado conmoción en la sociedad potosina, pero esta no es la primera ocasión en que entre la élite de la ciudad ocurre un caso criminal de este impacto; corrupción, homicidios, violación, pederastía… han enmarcado la historia criminal del jet set potosino durante décadas. A continuación hacemos una recopilación en orden cronológico de los casos más impactantes:

UN CRIMEN ANTISEMITA (1943)

El 6 de febrero de 1943, Salomón Blanck Stein, comerciante y empresario polaco de origen judío, falleció a manos de Baldomero Pérez Romo, quien le disparó. El victimario fue detenido momentos después en las calles Allende y Carranza. El homicida confesó su participación, pero quedó en libertad y gozó de que buena parte de la sociedad creyera en su inocencia. Los principales comerciantes e industriales potosinos se solidarizaban con el homicida y promovieron un discurso antisemita en el que celebraban el crimen de Pérez Romo al decir que ayudaba a detener el crecimiento e influencia de los judios en la ciudad.

LA MUERTE DE UN ALCALDE (1982)

Juan Antonio Ledezma Zavala, ex alcalde de San Luis Potosí, murió en un accidente automovilístico provocado por al menos tres autores materiales, pero también María de la Luz Adrián Madrazo, su esposa fue copartícipe del delito. A pesar de las autoridades lograron armar el caso en contra de los involucrados, uno de ellos logró huir y la esposa del político fue liberada, en gran parte debido a su relación con las familias más poderosas del estado.

UN AUTO SECUESTRO (AÑOS 80)

Ramón Cervantes Verástegui, empresario rioverdense y propietario del Hotel María Dolores, así como el periódico “Momento”, habría sido el autor intelectual del homicidio de dos personas que presuntamente participaron en el autosecuestro de su hijo, en el que el joven perdió la vida.

VALLE X LAVÍN (1995)

Salvador Valle Rodríguez, hermano de Lorena Valle, esposa del ex gobernador Juan Manuel Carreras, fue asesinado el 6 de febrero de 1995. Alrededor del mediodía de ese día, en un área rural del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, mientras iba acompañado de su amigo Carlos Lavín Hinojosa.

Lavín aseguró a las autoridades que él y su acompañante fueron atacados por varias personas encapuchadas, quienes de un golpe le hicieron perder el conocimiento. No obstante, las pruebas periciales comenzaron a acumularse sobre Carlos y tres personas declararon haber visto a Lavín utilizar la camioneta que le quitó la vida a Salvador Valle. A pesar de las pruebas y los testimonios, Carlos Lavín Hinojosa fue exonerado, en gran parte gracias a la presión social, tanto que el gobernador Horacio Sánchez Unzueta reconoció haber intervenido para detener la acción penal.

Versiones han apuntado a que el hecho pudo ser un crimen pasional, pues existen versiones de que ambos hombres sostenían una relación amorosa.

EL CASO DEL SALESIANO (2007)

Itzachel Shantal González López fue una estudiante de 16 años que cursaba el cuarto semestre de preparatoria en el Instituto Salesiano “Carlos Gómez”. A Itzachel Shantal fue vista con vida por última vez el 20 de octubre del 2007. Dos días después, alrededor de las 7:05 de la mañana, su cuerpo se encontró entre una colchoneta llena de escombros al interior del aula audiovisual del mismo colegio donde estudiaba.

El caso cobró relevancia al tratar de la hijastra de Ramiro Moctezuma, entonces jefe del Estado Mayor de Seguridad Pública del Estado; además de haber sucedido en una institución privada de gran tradición; a lo que se sumó la sospecha de que alguno de los sacerdotes del colegio pudieron estar involucrados.

El 12 de octubre de 2008, casi un año después del homicidio, Martin Camberos Hernández, entonces procurador del estado, informó que la escena del crimen fue alterada, y que el lugar estaba totalmente contaminado, lo que obstaculizó la investigación. Días después, el 17 de octubre de ese año, Alfonso Castillo Machuca, entonces secretario general de Gobierno, reconoció que los directivos del Instituto Salesiano entregaron videos editados.

Cándido Ochoa Rojas, que había tomado el lugar como procurador, informó que existía una orden de aprehensión en contra del sacerdote José Carlos Contreras, director del área de primaria del instituto. Este finalmente se entregó el 7 de octubre de 2009. Un juzgado lo encontró culpable y fue condenado a 33 años de prisión. Sentencia apelada por su defensa, que buscó el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivó en la liberación de Contreras el 22 de agosto de 2013.

EL PADRE CÓRDOVA (2014)

A mediados del 2014, la prensa de todo el país dieron a conocer el caso del sacerdote Eduardo N, entonces apoderado legal del Arzobispado potosino y uno de los curas más queridos y respetados dentro de los círculos de poder y dinero en San Luis Potosí. Medios nacionales dieron cuenta de los abusos sexuales a los que el presunto sometió a un menor de edad. En los días posteriores se conocieron testimonios que apuntaban a que el caso no era aislado y que durante 30 años, Eduardo violentó a decenas de niños y jóvenes. Hasta el momento, poco se sabe sobre el paradero de Eduardo, pues consiguió darse a la fuga tras ser expulsado de la iglesia católica. Existe la teoría que el número de afectados podría llegar a más de 100, y los delitos se habrían cometido cuando Eduardo fue profesor en el Colegio Potosino Marista, párroco en la colonia El Paseo y en el municipio de Mexquitic.

EL CAYEYO

Eduardo Hernadez Janet, conocido como El Cayeyo, asesinó de un disparo con arma de fuego en el rostro a Eugenio Castañón Elizondo, su amigo, y quien era el prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal de San Luis Potosí y padrino del propio asesino, lo que lo colocó en un evidente conflicto de intereses.

El homicidio ocurrió al interior del Club de Golf Campestre, e inmediatamente, el suceso había trascendido a la opinión pública y se convirtió en un escándalo mediático, del que brotaron detalles como que el asesino llamó a Garza Herrera luego de cometer el crimen para pedirle su ayuda.

El lunes 20 de mayo de 2019, que un juez condenó a Cayeyo a 32 años y seis meses de prisión en el Centro de Reinserción Social de La Pila, además de una sanción pecuniaria de 245 mil pesos y una reparación del daño a los familiares de la víctima, por 230 mil pesos.

LA CASA DE LOS SANTOS

Marcelo y Carlos, hijos de Marcelo de los Santos Fraga, ex gobernador de San Luis Potosí, son socios y directivos del despacho contable “Marcelo de los Santos y Cía”. El 3 de octubre de 2021 se dio a conocer que ambos hermanos fueron incluidos en los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones sobre elusión fiscal a nivel internacional. En la información se desplegaba que Marcelo y Carlos eran dueños de mil 282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas.

El caso de los hijos de Marcelo de los Santos Fraga se sumó al escándalo producido por Marcelo de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador, luego de que el 17 de marzo de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí diera a conocer que comenzaría la investigación en contra de Pizzuto, por una denuncia de presunta violación en contra de Gabriela N., durante una ceremonia de boda realizada el 13 de marzo de 2022 en Acapulco, Guerrero.

El 25 de agosto, un juzgado de Acapulco entregó la orden de aprehensión a la corporación potosina, y tras ser detenido, se le ingresó en el Cereso “Las Cruces” de la entidad guerrerense. Un día después, Evelina Ramírez Venegas, jueza de control del Poder Judicial de Guerrero, dictó prisión preventiva contra De Los Santos Pizzuto, sin embargo, la Fiscalía General de Guerrero no ha emitido comunicación sobre su situación jurídica, ni sobre si será vinculado a proceso, si se queda recluido o lleva el juicio en libertad.

 

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A TIEMPO Y MARCANDO EL RITMO La agenda del poder – Dirige: Jorge Saldaña

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Martes 18 de agosto de 2026
ALTA INTENSIDAD

Culto Público, hijos de Juan Ramiro trabajando o Ricardo distrayendo:

Este martes la conversación pública de la agenda mediática es un incoming al tablero del 27 y por eso comienzo con lo que yo preguntaría:

Si gana el partido Verde en San Luis en 2027 ¿La presidenta Sheinbaum lo vería como un triunfo de la 4T o una entidad perdida por Morena?

Si supieramos la respuesta, muchas cosas estarían claras desde ahora, en lugar de estar jugando a las incertidumbres con metástasis.

Ya le gustó a alguien usar columnas y trascendidos nacionales para sacudir el avispero potosino:

En julio se publicó un comentario respecto a que Juan Carlos Valladares es bien visto no solo en la cúpula morenista, sino en la cúpula presidencial (que es la que importa) y que es él el único que puede ser el factor para construir la alianza #17.

Se dice que ese mismo día, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pidió cita para desayunar con Valladares. Reunión que el diputado federal ha pospuesto por razones evidentes. Ninguno de los datos se puede dar por un hecho porque no tengo confirmado -que conste-

Hoy nuevamente se manda un mensaje desde medios nacionales al 27 potosino: Alejandro Zermeño aparece medido: 21% en un escenario interno de Morena y 16.5% en un careo general.

El timming, el medio y el tono cuentan.

Está claro que ni los números del rector, ni las conjeturas sobre Juan Carlos significan candidatura; pero sí son movimientos que jalan reflectores y abonan a lo que dije en un principio: la incertidúmbre con metástasis.

En ambos casos hay que preguntarse

¿Es Juan Ramiro operando, la presidenta soltando buscapiés o RGC meciendo la cuna soltando nombres para que “jalen la marca y reflectores” y su proyecto siga *en “avance sin desgaste”?

Como muchas veces ocurre Código San Luis de María Luisa Paulín fue la que estuvo atenta a la columna de Heraldo de México. Aquí la rectoría no ha circulado la columna en absoluto.

Dato irrefutable:

Así diga Citlalli, opere Juan Ramiro o ejecute estrategia Ricardo, la última palabra es de una sola persona y se llama Claudia.

En otros temas de agenda, el dato de Pulso sobre las 9 mil 777 tomas clandestinas de agua detectadas; y apenas cinco denuncias al respecto está como para llorar en la regadera.

¿Cómo pueden estar detectadas pero no atendidas?

BARRIDO NACIONAL: Andy López Beltrán sigue dominando la conversación por la cancelación de su visa. Fuente: Reuters —

EN AGENDA: El Poder Judicial tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para operar plenamente el nuevo sistema civil y familiar. Lo sabe desde 2023, pero parece que la única que no le apura es a la magistrada presidenta.

NOTAS MÁS REPETIDAS: Agua · Poder Judicial · Seguridad · 2027 · Salvita.

MAÑANERA: Sin impacto directo que cambie hoy el tablero potosino.

INDICADORES ÚTILES:

El Realito funciona.

El Gobernador anda estrenando lentes.

El Alcalde anda de muy buen talante.

Yo soy Jorge Saldaña.

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La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada

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Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia

Por: Haniel Valdés Velázquez

Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.

Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.

El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”

Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.

En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.

Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.

Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.

Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”

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Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección

Por: Redacción

El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.

Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección

, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.

Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.

Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.

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