abril 21, 2026

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El expediente criminal de la socialité potosina

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Asesinatos, corrupción, abusos sexual… estos son los casos que involucraron a varias de las familias más ricas y poderosas de San Luis Potosí

Por: Bernardo Vera

Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del DIF Estatal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López y galardonado como potosino distinguido por su labor con personas ciegas, fue declarado culpable de haber abusado sexualmente de un menor de edad que vivía en un albergue de la dependencia. El ex funcionario contaba con el reconocimiento de las esferas económicas, políticas y sociales, por lo que el caso ha causado conmoción en la sociedad potosina, pero esta no es la primera ocasión en que entre la élite de la ciudad ocurre un caso criminal de este impacto; corrupción, homicidios, violación, pederastía… han enmarcado la historia criminal del jet set potosino durante décadas. A continuación hacemos una recopilación en orden cronológico de los casos más impactantes:

UN CRIMEN ANTISEMITA (1943)

El 6 de febrero de 1943, Salomón Blanck Stein, comerciante y empresario polaco de origen judío, falleció a manos de Baldomero Pérez Romo, quien le disparó. El victimario fue detenido momentos después en las calles Allende y Carranza. El homicida confesó su participación, pero quedó en libertad y gozó de que buena parte de la sociedad creyera en su inocencia. Los principales comerciantes e industriales potosinos se solidarizaban con el homicida y promovieron un discurso antisemita en el que celebraban el crimen de Pérez Romo al decir que ayudaba a detener el crecimiento e influencia de los judios en la ciudad.

LA MUERTE DE UN ALCALDE (1982)

Juan Antonio Ledezma Zavala, ex alcalde de San Luis Potosí, murió en un accidente automovilístico provocado por al menos tres autores materiales, pero también María de la Luz Adrián Madrazo, su esposa fue copartícipe del delito. A pesar de las autoridades lograron armar el caso en contra de los involucrados, uno de ellos logró huir y la esposa del político fue liberada, en gran parte debido a su relación con las familias más poderosas del estado.

UN AUTO SECUESTRO (AÑOS 80)

Ramón Cervantes Verástegui, empresario rioverdense y propietario del Hotel María Dolores, así como el periódico “Momento”, habría sido el autor intelectual del homicidio de dos personas que presuntamente participaron en el autosecuestro de su hijo, en el que el joven perdió la vida.

VALLE X LAVÍN (1995)

Salvador Valle Rodríguez, hermano de Lorena Valle, esposa del ex gobernador Juan Manuel Carreras, fue asesinado el 6 de febrero de 1995. Alrededor del mediodía de ese día, en un área rural del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, mientras iba acompañado de su amigo Carlos Lavín Hinojosa.

Lavín aseguró a las autoridades que él y su acompañante fueron atacados por varias personas encapuchadas, quienes de un golpe le hicieron perder el conocimiento. No obstante, las pruebas periciales comenzaron a acumularse sobre Carlos y tres personas declararon haber visto a Lavín utilizar la camioneta que le quitó la vida a Salvador Valle. A pesar de las pruebas y los testimonios, Carlos Lavín Hinojosa fue exonerado, en gran parte gracias a la presión social, tanto que el gobernador Horacio Sánchez Unzueta reconoció haber intervenido para detener la acción penal.

Versiones han apuntado a que el hecho pudo ser un crimen pasional, pues existen versiones de que ambos hombres sostenían una relación amorosa.

EL CASO DEL SALESIANO (2007)

Itzachel Shantal González López fue una estudiante de 16 años que cursaba el cuarto semestre de preparatoria en el Instituto Salesiano “Carlos Gómez”. A Itzachel Shantal fue vista con vida por última vez el 20 de octubre del 2007. Dos días después, alrededor de las 7:05 de la mañana, su cuerpo se encontró entre una colchoneta llena de escombros al interior del aula audiovisual del mismo colegio donde estudiaba.

El caso cobró relevancia al tratar de la hijastra de Ramiro Moctezuma, entonces jefe del Estado Mayor de Seguridad Pública del Estado; además de haber sucedido en una institución privada de gran tradición; a lo que se sumó la sospecha de que alguno de los sacerdotes del colegio pudieron estar involucrados.

El 12 de octubre de 2008, casi un año después del homicidio, Martin Camberos Hernández, entonces procurador del estado, informó que la escena del crimen fue alterada, y que el lugar estaba totalmente contaminado, lo que obstaculizó la investigación. Días después, el 17 de octubre de ese año, Alfonso Castillo Machuca, entonces secretario general de Gobierno, reconoció que los directivos del Instituto Salesiano entregaron videos editados.

Cándido Ochoa Rojas, que había tomado el lugar como procurador, informó que existía una orden de aprehensión en contra del sacerdote José Carlos Contreras, director del área de primaria del instituto. Este finalmente se entregó el 7 de octubre de 2009. Un juzgado lo encontró culpable y fue condenado a 33 años de prisión. Sentencia apelada por su defensa, que buscó el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivó en la liberación de Contreras el 22 de agosto de 2013.

EL PADRE CÓRDOVA (2014)

A mediados del 2014, la prensa de todo el país dieron a conocer el caso del sacerdote Eduardo N, entonces apoderado legal del Arzobispado potosino y uno de los curas más queridos y respetados dentro de los círculos de poder y dinero en San Luis Potosí. Medios nacionales dieron cuenta de los abusos sexuales a los que el presunto sometió a un menor de edad. En los días posteriores se conocieron testimonios que apuntaban a que el caso no era aislado y que durante 30 años, Eduardo violentó a decenas de niños y jóvenes. Hasta el momento, poco se sabe sobre el paradero de Eduardo, pues consiguió darse a la fuga tras ser expulsado de la iglesia católica. Existe la teoría que el número de afectados podría llegar a más de 100, y los delitos se habrían cometido cuando Eduardo fue profesor en el Colegio Potosino Marista, párroco en la colonia El Paseo y en el municipio de Mexquitic.

EL CAYEYO

Eduardo Hernadez Janet, conocido como El Cayeyo, asesinó de un disparo con arma de fuego en el rostro a Eugenio Castañón Elizondo, su amigo, y quien era el prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal de San Luis Potosí y padrino del propio asesino, lo que lo colocó en un evidente conflicto de intereses.

El homicidio ocurrió al interior del Club de Golf Campestre, e inmediatamente, el suceso había trascendido a la opinión pública y se convirtió en un escándalo mediático, del que brotaron detalles como que el asesino llamó a Garza Herrera luego de cometer el crimen para pedirle su ayuda.

El lunes 20 de mayo de 2019, que un juez condenó a Cayeyo a 32 años y seis meses de prisión en el Centro de Reinserción Social de La Pila, además de una sanción pecuniaria de 245 mil pesos y una reparación del daño a los familiares de la víctima, por 230 mil pesos.

LA CASA DE LOS SANTOS

Marcelo y Carlos, hijos de Marcelo de los Santos Fraga, ex gobernador de San Luis Potosí, son socios y directivos del despacho contable “Marcelo de los Santos y Cía”. El 3 de octubre de 2021 se dio a conocer que ambos hermanos fueron incluidos en los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones sobre elusión fiscal a nivel internacional. En la información se desplegaba que Marcelo y Carlos eran dueños de mil 282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas.

El caso de los hijos de Marcelo de los Santos Fraga se sumó al escándalo producido por Marcelo de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador, luego de que el 17 de marzo de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí diera a conocer que comenzaría la investigación en contra de Pizzuto, por una denuncia de presunta violación en contra de Gabriela N., durante una ceremonia de boda realizada el 13 de marzo de 2022 en Acapulco, Guerrero.

El 25 de agosto, un juzgado de Acapulco entregó la orden de aprehensión a la corporación potosina, y tras ser detenido, se le ingresó en el Cereso “Las Cruces” de la entidad guerrerense. Un día después, Evelina Ramírez Venegas, jueza de control del Poder Judicial de Guerrero, dictó prisión preventiva contra De Los Santos Pizzuto, sin embargo, la Fiscalía General de Guerrero no ha emitido comunicación sobre su situación jurídica, ni sobre si será vinculado a proceso, si se queda recluido o lleva el juicio en libertad.

 

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Van 16 centros nocturnos clausurados en SLP en lo que va del año: PC

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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado

Por: Redacción

En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.

El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.

Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.

Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.

Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.

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Extracción con fracking “no está en puerta” en SLP: Gallardo

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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.

El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,

por lo que descartó que pueda concretarse en el corto plazo.

“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.

G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina

, una de las regiones más sensibles por su riqueza natural.

“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.

El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.

Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.

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Ciudad

Galindo reconoce limitaciones del municipio frente a anexos

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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.

“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.

Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.

“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.

“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.

Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.

Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.

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