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El Congreso de SLP en Pugna: ¿quién para la Jucopo y la Directiva?
PRI y PAN deberán elegir a los presidentes de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva en el Congreso; ¿quién lo logrará?
Por: Abelardo Medellín
El próximo 14 de septiembre terminará oficialmente el Primer Año del Ejercicio Legal de la LXII legislatura del Congreso del Estado, con esto saldrá de su cargo como presidenta del Congreso la diputada Sonia Mendoza Díaz, del PAN. También dejará la titularidad de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el diputado del Morena Edson Quintanar.
Al terminar este primer año legal y pasados los dos períodos ordinarios que marca la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se elegirá una nueva directiva y un nuevo presidente para la Jucopo.
Sobre la presidencia del Congreso, la Ley Orgánica marca que durante el tiempo que dure la legislatura, estos mandos tienen que ser plurales, por lo que de ninguna forma, quien ocupe la Junta y la Presidencia pueden pertenecer al mismo partido. Como en esta legislatura ningún partido cuenta con una mayoría absoluta, por tanto, y según el artículo 78, la Presidencia de la Junta será ocupada por cada grupo parlamentario durante un año consecutivo por cada uno, donde el orden de ocupación se decide por el grado de representación parlamentaria.
De acuerdo con lo dicho en su Ley Orgánica y considerando los puestos actuales que ocupa el diputado Edson Quintanar en la Jucopo y la diputada Sonia Mendoza en la Presidencia, ahora tocaría al PRI y al PAN ocupar en este segundo año legal la titularidad de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política respectivamente. La elección de estos puestos directivos deberían respetar los principios de paridad que incluso ya fueron dispuestos en reformas a la ley desde el 27 de agosto pasado. Lamentablemente, la mayoría de las normas que pueden promover la elección de puestos en paridad, se apegan a la Ley Orgánica del Congreso.
A días de que se dé la elección de los legisladores que ocuparán estos puestos directivos, los panistas Rolando Hervert Lara, que fue propuesto por el dirigente de su partido Juan Francisco Aguilar Hernández, así como José Antonio Zapata Meraz, levantaron la mano para dirigir la Junta de Coordinación Política.
En la bancada del PRI, tanto la diputada Beatriz Benavente como el diputado Martín Juárez Córdova han sido señalados como los legisladores interesados en ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva.
También al diputado José Antonio Zapata Meraz se le ha preguntado si estaría interesado en presidirla, pero este negó buscar la Mesa Directiva.
¿Para dónde?
En la bancada del PAN, el diputado Rubén Guajardo comentó que su grupo parlamentario muestra una clara madurez política y que está se ve reflejada en una reunión a la que llamaron antes del viernes 13, con el fin de seleccionar al candidato para dirigir la Jucopo.
Rubén Guajardo declaró: “no puedo negar que me interese, ¡claro que me interesa ser coordinador!”, con lo que confirmó su interés para ocupar la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, comentó de igual manera que a pesar de su interés él “no será factor de división al interior de su partido”, reafirmando que será respetuoso de la decisión de su bancada.
Guajardo Barrera mencionó que independientemente de los acuerdos: “Lo más importante que estaremos cuidando será la unidad”. Respecto a si se respetaría el principio de paridad de género en esta elección de los representantes, el diputado Guajardo señaló que respetarán tanto a los acuerdos al interior del partido, como a esta normativa que busca igualdad en el Congreso.
Por su parte, el diputado Rolando Hervert Lara aseguró que sí buscará presidir la Jucopo: “a todos nos interesa ese tipo de posición, sí, pero si mis compañeros deciden otra cosa, pues, es un cargo menos para mí”. Sobre el mismo tema, comentó que al interior del PAN “nadie sale raspado”, puesto que, como coordinador de su bancada, respetará los acuerdos al interior de su partido 
Al preguntársele a Harvert Lara si consideraba necesario que se continuara respetando el principio de paridad de género en este segundo año legal, tanto en la Directiva como en la presidencia de la Jucopo, el diputado dijo que: “en este tema no hay cuestiones de paridad de género, si en la ley dice qué partido preside, pues el partido se pone de acuerdo para ver quién es el coordinador, […] no es cuestión de paridad de género”.
El diputado José Antonio Zapata Meraz comentó que, por su parte, se respetará la decisión del PAN estatal y espera que los compañeros involucrados en los acuerdos respeten la unidad del partido. A la pregunta de si él levantaría la mano para ocupar la Jucopo, Zapata Meraz respondió: “no, yo no, muchas gracias… gracias, pero no gracias”. Al mismo tiempo, el diputado desmintió que Rolando Hervert renunciaría a ser coordinador de la bancada para ocupar el puesto directivo de la Junta de Coordinación Política.
Dentro de la bancada del PRI, el favorito del partido para ocupar la Presidencia del Congreso es Martín Juárez Córdova, quien comentó que “estamos en diálogos con los compañeros, y para mi sería muy honroso si me dan la oportunidad, pero realmente hay que esperar estos dos tres días mientras haya discusiones en la Jucopo”. Insistió en que al momento él no es un candidato de unidad, pese a que los diputados priistas han platicado para ir con un solo aspirante para fortalecerse.
A pesar de la neutral declaración de Juárez Córdova, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Mauricio Ramírez Konishi, confirmó que el candidato de unidad y él interesado claro es justamente el diputado Martín Juárez Córdova. “Yo creo que vamos a apoyar al diputado Martín Juárez para que sea la propuesta del PRI a encabezar la Presidencia rumbo al próximo año”.
Al preguntarle sobre si la diputada Beatriz Benavente había mostrado interés por presidir el Congreso, el diputado Konishi dijo: “Sí, digo, la diputada Rosario (Sánchez Olivares) también lo hizo, pero hemos tenido pláticas y hemos acordado que lo más sano es salir con una propuesta de unidad”. Respecto al principio de paridad de género que, en teoría debería regir el Congreso, el legislador Mauricio Ramírez señaló que: “yo creo que se les está dando un lugar muy respetable a las mujeres, si es que llegara un hombre a la Directiva, puesto que ya tuvo en su momento una mujer”.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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