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El Congreso de SLP en Pugna: ¿quién para la Jucopo y la Directiva?
PRI y PAN deberán elegir a los presidentes de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva en el Congreso; ¿quién lo logrará?
Por: Abelardo Medellín
El próximo 14 de septiembre terminará oficialmente el Primer Año del Ejercicio Legal de la LXII legislatura del Congreso del Estado, con esto saldrá de su cargo como presidenta del Congreso la diputada Sonia Mendoza Díaz, del PAN. También dejará la titularidad de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el diputado del Morena Edson Quintanar.
Al terminar este primer año legal y pasados los dos períodos ordinarios que marca la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se elegirá una nueva directiva y un nuevo presidente para la Jucopo.
Sobre la presidencia del Congreso, la Ley Orgánica marca que durante el tiempo que dure la legislatura, estos mandos tienen que ser plurales, por lo que de ninguna forma, quien ocupe la Junta y la Presidencia pueden pertenecer al mismo partido. Como en esta legislatura ningún partido cuenta con una mayoría absoluta, por tanto, y según el artículo 78, la Presidencia de la Junta será ocupada por cada grupo parlamentario durante un año consecutivo por cada uno, donde el orden de ocupación se decide por el grado de representación parlamentaria.
De acuerdo con lo dicho en su Ley Orgánica y considerando los puestos actuales que ocupa el diputado Edson Quintanar en la Jucopo y la diputada Sonia Mendoza en la Presidencia, ahora tocaría al PRI y al PAN ocupar en este segundo año legal la titularidad de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política respectivamente. La elección de estos puestos directivos deberían respetar los principios de paridad que incluso ya fueron dispuestos en reformas a la ley desde el 27 de agosto pasado. Lamentablemente, la mayoría de las normas que pueden promover la elección de puestos en paridad, se apegan a la Ley Orgánica del Congreso.
A días de que se dé la elección de los legisladores que ocuparán estos puestos directivos, los panistas Rolando Hervert Lara, que fue propuesto por el dirigente de su partido Juan Francisco Aguilar Hernández, así como José Antonio Zapata Meraz, levantaron la mano para dirigir la Junta de Coordinación Política.
En la bancada del PRI, tanto la diputada Beatriz Benavente como el diputado Martín Juárez Córdova han sido señalados como los legisladores interesados en ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva.
También al diputado José Antonio Zapata Meraz se le ha preguntado si estaría interesado en presidirla, pero este negó buscar la Mesa Directiva.
¿Para dónde?
En la bancada del PAN, el diputado Rubén Guajardo comentó que su grupo parlamentario muestra una clara madurez política y que está se ve reflejada en una reunión a la que llamaron antes del viernes 13, con el fin de seleccionar al candidato para dirigir la Jucopo.
Rubén Guajardo declaró: “no puedo negar que me interese, ¡claro que me interesa ser coordinador!”, con lo que confirmó su interés para ocupar la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, comentó de igual manera que a pesar de su interés él “no será factor de división al interior de su partido”, reafirmando que será respetuoso de la decisión de su bancada.
Guajardo Barrera mencionó que independientemente de los acuerdos: “Lo más importante que estaremos cuidando será la unidad”. Respecto a si se respetaría el principio de paridad de género en esta elección de los representantes, el diputado Guajardo señaló que respetarán tanto a los acuerdos al interior del partido, como a esta normativa que busca igualdad en el Congreso.
Por su parte, el diputado Rolando Hervert Lara aseguró que sí buscará presidir la Jucopo: “a todos nos interesa ese tipo de posición, sí, pero si mis compañeros deciden otra cosa, pues, es un cargo menos para mí”. Sobre el mismo tema, comentó que al interior del PAN “nadie sale raspado”, puesto que, como coordinador de su bancada, respetará los acuerdos al interior de su partido 
Al preguntársele a Harvert Lara si consideraba necesario que se continuara respetando el principio de paridad de género en este segundo año legal, tanto en la Directiva como en la presidencia de la Jucopo, el diputado dijo que: “en este tema no hay cuestiones de paridad de género, si en la ley dice qué partido preside, pues el partido se pone de acuerdo para ver quién es el coordinador, […] no es cuestión de paridad de género”.
El diputado José Antonio Zapata Meraz comentó que, por su parte, se respetará la decisión del PAN estatal y espera que los compañeros involucrados en los acuerdos respeten la unidad del partido. A la pregunta de si él levantaría la mano para ocupar la Jucopo, Zapata Meraz respondió: “no, yo no, muchas gracias… gracias, pero no gracias”. Al mismo tiempo, el diputado desmintió que Rolando Hervert renunciaría a ser coordinador de la bancada para ocupar el puesto directivo de la Junta de Coordinación Política.
Dentro de la bancada del PRI, el favorito del partido para ocupar la Presidencia del Congreso es Martín Juárez Córdova, quien comentó que “estamos en diálogos con los compañeros, y para mi sería muy honroso si me dan la oportunidad, pero realmente hay que esperar estos dos tres días mientras haya discusiones en la Jucopo”. Insistió en que al momento él no es un candidato de unidad, pese a que los diputados priistas han platicado para ir con un solo aspirante para fortalecerse.
A pesar de la neutral declaración de Juárez Córdova, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Mauricio Ramírez Konishi, confirmó que el candidato de unidad y él interesado claro es justamente el diputado Martín Juárez Córdova. “Yo creo que vamos a apoyar al diputado Martín Juárez para que sea la propuesta del PRI a encabezar la Presidencia rumbo al próximo año”.
Al preguntarle sobre si la diputada Beatriz Benavente había mostrado interés por presidir el Congreso, el diputado Konishi dijo: “Sí, digo, la diputada Rosario (Sánchez Olivares) también lo hizo, pero hemos tenido pláticas y hemos acordado que lo más sano es salir con una propuesta de unidad”. Respecto al principio de paridad de género que, en teoría debería regir el Congreso, el legislador Mauricio Ramírez señaló que: “yo creo que se les está dando un lugar muy respetable a las mujeres, si es que llegara un hombre a la Directiva, puesto que ya tuvo en su momento una mujer”.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
También lee: Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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