Jorge Luis Díaz dijo que frenar la entrada de fructosa le toca al gobierno federal

Por: Redacción

Si sigue entrando jarabe de fructosa al país, los productores de caña de San Luis Potosí “van a tender a desaparecer”, reconoció Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh). Lo dijo al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la actividad cañera de la Huasteca desaparezca en 10 años por el bajo precio que se paga por el azúcar.

La fructosa es un endulzante que la industria de alimentos y bebidas usa en lugar del azúcar, y es lo que más baja el precio, explicó el funcionario. Pero aclaró que es un tema federal de libre comercio: “El gobierno federal le tiene que poner un alto al jarabe de fructosa”.

Cuando le preguntaron si él defiende a los cañeros ante la Federación, respondió: “Te imaginas mal”. Dijo que el Estado da su opinión, pero que la decisión no está en sus manos.

Lo que sí hace el Estado

Díaz Salinas aseguró que el gobierno estatal apoya a los productores de otras formas: con tractores, con el circuito cañero

, la red de caminos pavimentados que facilita sacar la cosecha, y con maquinaria pesada que la Sedarh presta cada año para arreglar los caminos internos. “Pero el tema del precio no es un tema que se vea con nosotros”, dijo.

Lo que dijo hace dos semanas

El 23 de septiembre, el mismo funcionario informó que el gobierno federal ya había restringido la entrada de fructosa importada y que la venta de azúcar potosina a Estados Unidos pasaría de 100 mil a 750 mil toneladas este año, lo que “nos va a ayudar mucho”, dijo entonces. En agosto había atribuido la caída del precio de la caña a la fructosa de Estados Unidos y al azúcar de Brasil, y descartó que fueran a cerrar empresas cañeras en el estado.

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Néstor Garza pidió voltear hacia las plataformas digitales y no a escuelas, alumnos ni padres

Por: Redacción

Néstor Garza Álvarez, rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), afirmó que la institución no puede prohibir el celular a sus estudiantes y que el reto en educación superior es que lo usen como herramienta, con fines educativos.

“Nosotros no lo podemos prohibir, como te lo digo, son adultos”, dijo. Más que evitar el uso del teléfono, explicó, se trata de enseñar a utilizarlo de forma responsable y no solo como un aparato para mandar mensajes.

Garza señaló que esto implica sensibilizar desde el personal docente hasta los estudiantes de nuevo ingreso, que llegan con un apego todavía mayor al teléfono.

La regulación que entra en vigor el 3 de noviembre, tanto la reforma estatal como el acuerdo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), restringe el uso personal del celular durante la jornada escolar en educación básica. En media superior, cada institución fijará sus propios límites.

Sobre los contenidos que afectan el comportamiento de los jóvenes, el rector sostuvo que la responsabilidad es de las plataformas digitales, porque son ellas las que distribuyen ese material, independientemente de quién lo genere.

Las plataformas, dijo, tienen “los algoritmos agresivos”, los datos de comportamiento de los usuarios y “todo el dinero del mundo” para que los jóvenes se enganchen. Por eso planteó exigirles mejores filtros y mejores validaciones

.

“Sin la plataforma no existiría ese enganche, no existirían estos contenidos, estos retos”, afirmó.

El rector cuestionó que la carga recaiga en niñas, niños, madres y padres de familia. Recordó que en muchos hogares ambos padres trabajan y pasan la mitad del día fuera, mientras sus hijos usan la computadora o el teléfono para tener acceso a la educación y a la información.

Ese contexto, señaló, lo aprovechan las plataformas para volverse más agresivas. “Tenemos que empezar a voltear más, no a la escuela, no al estudiante o al papá, a la plataforma”, dijo.

Las recomendaciones para el uso de celulares en educación superior saldrán del foro estatal del 15 de octubre en San Luis Potosí, que encabezará Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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El maíz concentra 76% de la superficie perdida, según el reporte del SIAP al cierre de agosto

Por: Redacción

La superficie agrícola siniestrada en San Luis Potosí llegó a 38 mil 840 hectáreas al 31 de agosto de 2026. Es casi 20 veces más que las mil 978 hectáreas registradas a la misma fecha de 2025, de acuerdo con el reporte Avance de Siembras y Cosechas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Con esa cifra, el estado ocupa el tercer lugar nacional en superficie siniestrada, después de Puebla, con 105 mil 140 hectáreas, y Oaxaca, con 49 mil 533. Entre los tres suman 59% de las 327 mil 784 hectáreas siniestradas en el país. San Luis Potosí aporta 11.8% de ese total.

El maíz grano concentra la mayor parte: 29 mil 591 hectáreas siniestradas, es decir 76.2% del total estatal. En agosto de 2025 el cultivo no tenía superficie siniestrada en la entidad. Lo perdido este año equivale a 15.3% de las 194 mil 017 hectáreas

sembradas con maíz.

El rendimiento del maíz cosechado hasta el corte es de 1.44 toneladas por hectárea, 31% menos que las 2.09 toneladas

de un año antes. La cifra es parcial: al 31 de agosto se había levantado 29% de la superficie sembrada con el grano, 56 mil 449 hectáreas, así que puede cambiar conforme avance la cosecha.

La cosecha va más adelantada que en 2025, cuando a la misma fecha se habían levantado 24,999 hectáreas. Por eso la producción acumulada, 81 mil 273 toneladas contra 52 mil 160 de un año antes, no sirve para comparar los dos ciclos.

Fuera del maíz, el resto de los cultivos suma 9 mil 249 hectáreas siniestradas, 4.7 veces más que en agosto de 2025.

La superficie sembrada en el estado también bajó: pasó de 597 mil 477 a 575 mil 520 hectáreas, unas 21 mil 957 hectáreas menos (3.7%). En maíz la reducción fue de 2.8%, alrededor de 5 mil 629 hectáreas.

Las cifras corresponden al reporte del SIAP, organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Abarcan los cultivos cíclicos y perennes de riego y de temporal, con situación al 31 de agosto de cada año.

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