julio 17, 2026

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El Barrio de San Miguelito: la cueva de los ladrones

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Vecinos y vecinas de esta zona reportan que un grupo de tres o cuatro personas son los responsables de los robos, cristalazos e invasión de propiedades

Por: Karina González

El Barrio de San Miguelito, “donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor” como dice la canción de Pepe Guízar en la Acuarela Potosina, es el barrio más famoso de la capital potosina, no solo por la popular canción que inmortalizó Jorge Negrete, sino porque se encuentra en el corazón de la ciudad, a unas cuantas calles del Centro Histórico que casi se confunde su ubicación con parte del primer cuadro de la ciudad por el crecimiento comercial de la zona; este barrio alberga sitios emblemáticos como La Caja del Agua, la Calzada de Guadalupe, el Mercado Camilo Arriaga e incluso la sede de la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales. También, un centenar de fincas y casas antiguas, algunas en el abandono que se han convertido en el refugio de maleantes que las invaden y las utilizan para delinquir.

La Orquesta recopiló, en exclusiva, los testimonios de los vecinos y vecinas de este sitio y también de otras calles ubicadas en el corazón del Centro Histórico, quienes reportan que en los últimos meses ha crecido el número de delitos como robos a comercio, casa habitación, a mano armada contra transeúntes, cristalazos y sustracción de vehículos, y allanamiento de propiedad sin que las autoridades municipales o estatales logren poner un freno a los malhechores.

De manera anónima, por temor a represalias, los y las habitantes vecinos compartieron sus historias de cómo han sido víctimas de la delincuencia. Desde las calles que (según los mapas) se compone el Barrio de San Miguelito, de Reforma a la Calzada de Guadalupe y de Pascual M. Hernández hasta Coronel Ontañón y Carlos Diez Gutiérrez, día con día se presentan estos crímenes:

Lo peor es que los vemos por las cámaras, sabemos quiénes son, algunos viven por aquí, otros son personas que han llegado a la zona, algunos distribuyen drogas, no nos importa en qué anden, solo queremos que nos dejen trabajar y vivir seguros, que no hagan sus fechorías aquí”, dijo una mujer que durante años ha vivido en la calle 5 de Mayo.

Yo tengo mi negocio en Comonfort, pero vivo en 5 de Mayo y más o menos identifico quiénes son los que se dedican a estas cosas, pero aunque ya le pasamos el reporte a la policía, ellos no se los llevan. Hemos sido testigos de cómo les cobran una cuota para operar, les cobran el moche y luego simplemente se van y los dejan ahí, se sienten protegidos porque nadie les hace nada”, narró un afectado.

En las reuniones vecinales que han sostenido con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo un vecino, los oficiales aseguran que se deben reunir suficientes denuncias y evidencias para que puedan capturar a los delincuentes

, pero en el caso de los allanamientos a fincas y casas en abandono, deben ser los propietarios quienes denuncien los hechos; sin embargo, muchas veces no se conoce a los dueños de los inmuebles y en otras ocasiones, los invasores falsifican documentos de propiedad, lo que hace más difícil y lento el proceso.

“Una vecina dio con la dueña de una de las casas que está por Pascual M. Hernández y el Jardín Colón, le llamamos y llegó; fuimos con la policía para sacar a los que ya estaban ahí invadiendo; pero el chavo (el invasor) salió con que tenía los documentos y según llegó un abogado, pero era otro vecino que ni es abogado y nos presentaron documentos alegando que era de ellos la propiedad. Afortunadamente la dueña pudo demostrar que era su propiedad, pero ante las posibles represalias mejor la vendió, ahora ya se construyó ahí otro comercio y nos libramos de ese problema, pero siguen buscando otros espacios”, denunció.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos y Antonio Villa Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública Municipal, han mencionado en sus declaraciones que se trabaja en esa zona de la ciudad; afirman que los operativos funcionan y que hay vigilancia suficiente. También, el alcalde destacó que esa área no pertenece al Centro Histórico (donde el Ayuntamiento afirma tener más vigilancia) y que la “limpia” del primer cuadro de la ciudad provoca que los delincuentes busquen nuevos espacios para operar para operar.

En contraste con lo declarado por el alcalde, otro habitante contó su testimonios: “vivo en la calle Independencia, a menos de 30 metros de la Plaza de Aranzazú y solo el fin de semana vi dos cristalazos, afortunadamente los vecinos detuvieron al ladrón y lo entregaron a la policía, pero tenía todas las herramientas para abrir puertas, creemos que ya ha entrado a varias casas. Además en lo que va del año ha habido dos robos de coches solo en este tramo de la calle, uno de ellos fue a nosotros: se llevaron una camioneta que estaba estacionada justo en la entrada. Yo no sé para qué sirven sus operativos, los policías municipales nada más se pasean en sus camionetas nuevas, pero a nadie agarran. Todos aquí sabemos que son un grupo como de tres o cuatro personas que roban en todo el centro y se esconden en las casa abandonadas de San Miguelito”.

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Procesados por Ley Serrano deben quedar exentos: Galindo

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Enrique Galindo afirmó que con la derogación los procesados deben quedar exentos de responsabilidad penal

Por: Redacción

Las personas procesadas por la llamada Ley Serrano deben quedar totalmente exentas de responsabilidad penal tras la derogación de la norma, pues el tipo penal dejó de existir, afirmó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí.

El alcalde celebró la derogación firmada el jueves por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí: la calificó como un acierto y consideró que, de cualquier forma, la Suprema Corte se habría pronunciado en ese sentido. Con la eliminación de la norma, dijo, se alinea una sola visión de protección a la libertad de expresión y se corrige un retroceso democrático de muchos años.

Galindo pidió no olvidar a las víctimas de la ley, personas que estuvieron presas y enfrentaron carpetas de investigación: “fue muy costoso debatir sobre inteligencia artificial teniendo a tres gentes en la cárcel”, afirmó. Sostuvo que la derogación les da la razón a los creadores de contenido y comunicadores señalados —unas 10 o 12 personas en la primera lista, recordó—, cuyos juicios deben desaparecer y quienes podrían demandar algún tipo de resarcimiento.

El alcalde consideró que la norma hizo retroceder al estado en materia legislativa y democrática, y que deja una enseñanza clara: estos temas pueden acotarse sin vulnerar derechos humanos desde el derecho civil o el administrativo, pero nunca desde el derecho penal.

Aclaró que la inteligencia artificial sí debe regularse “a como dé lugar”, como ocurrió en su momento con el ADN, aunque con mejor técnica jurídica y con las universidades encabezando el debate, pues el concepto existe desde los años sesenta y tanto el estado como el país van tarde en la discusión.

Galindo adelantó, además, que seguirá llamando a la norma Ley Serrano: apellidar una ley, busca alimentar el ego de su autor, pero él mantendrá el nombre para que no se olvide de dónde vino.

La derogación fue firmada el jueves por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras semanas de críticas de comunicadores, colectivos y del propio alcalde; la nueva ley en la materia se construirá en foros con todos los sectores.

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Interapas construye acueducto al norte con inversión de 125 mdp

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Enrique Galindo detalló que la obra de entre 120 y 125 mdp conectará toda la red de pozos de la capital

Por: Redacción

El Interapas construye un acueducto hacia el norte de la capital que conectará toda la red de pozos para dar redundancia al suministro de agua, con una inversión de entre 120 y 125 millones de pesos, informó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del organismo.

El alcalde explicó el problema que la obra busca resolver: hoy, cuando un pozo se descompone, no es posible alimentar su zona desde otro pozo. El acueducto funcionará como un gran colector central de distribución al que se conectará toda la red, de modo que las fallas puedan amortiguarse.

La línea llegará, dijo, “al norte, norte” de la ciudad, a zonas donde actualmente no hay desarrollo habitacional, con lo que el agua dará viabilidad al crecimiento de San Luis Potosí en esa dirección.

El financiamiento será tripartita: los desarrolladores de vivienda aportarán entre 30 y 40 millones de pesos mediante un convenio en proceso de firma, el Ayuntamiento de San Luis Potosí pondrá entre 55 y 60 millones, y el resto correrá a cargo del Interapas. Los trabajos ya comenzaron e incluyen la rehabilitación al 100 por ciento de la planta potabilizadora

—para alcanzar 400 litros por segundo— y una planta de tratamiento. La obra estaría terminada entre enero y febrero.

El anuncio salió de una reunión con la Canadevi, en la que se ratificó el criterio del organismo: sin agua no habrá autorización de nuevos desarrollos habitacionales, a menos que se creen nuevas fuentes. Ante la incertidumbre de los desarrolladores por la posible separación de Soledad del organismo, Galindo respondió que los proyectos deben continuar: “si desaparece el Interapas va a aparecer una nueva institución, no hay vuelta de hoja”, afirmó.

En la misma reunión, el Interapas presentó un nuevo sistema digital para la gestión de nuevos fraccionamientos, que elimina trámites secundarios y permitirá a cada desarrollador dar seguimiento a su expediente en una plataforma ligada al ayuntamiento.

El proyecto se anuncia en plena falla de El Realito —la séptima u octava del año, según el alcalde—, que dejó sin agua a 75 colonias atendidas con un operativo de entre 35 y 40 pipas.

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Contraloría pide levantamiento notarial de fachadas para obra del Saucito

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Enrique Galindo afirmó que en cinco años y 217 obras nunca había enfrentado un requerimiento así

Por: Redacción

La Contraloría del Estado condicionó la revisión de las bases de licitación de la obra del Saucito a que el Ayuntamiento de San Luis Potosí entregue un levantamiento notarial —con fotografías y videos— de todas las fachadas con valor patrimonial por donde pasará el paso a desnivel, reveló Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, quien consideró que el requerimiento parece una maniobra para aplazar la autorización.

El alcalde explicó que la respuesta de la dependencia llegó apenas hace unos cuatro días, luego de que se le sugiriera sacar cita con el contralor. El documento solicitado, dijo, sale de la esfera de la Contraloría, pero lo entregará aunque le tome días o semanas: “a mí me suena que es un mecanismo para decir: ya te contesté, está en tu cancha; nomás que desde marzo no me habían dicho eso”, afirmó.

Galindo subrayó que al 17 de julio sigue sin poder emitir las bases de licitación de una obra cuyo trámite inició el 21 de marzo, y recordó que en cinco años de administración ha ejecutado 217 obras —el 80 por ciento pasó por la Contraloría Estatal— sin haber tenido que acudir personalmente ante el titular del órgano.

El alcalde señaló además que el oficio de respuesta, de dos hojas, advierte en su último párrafo que la dependencia podrá revisar la obra en el momento que lo decida, lo que a su juicio excede sus facultades, pues la fiscalización del gasto corresponde a la instancia estatal de fiscalización y, en el caso de recursos federales, a la Auditoría Superior de la Federación

. “Yo lo siento como que: tú síguele y vas a ver cómo voy a revisarte”, expresó.

Aclaró que los requerimientos del INAH corren por cuerda separada y se han cumplido, incluida la contratación permanente de un antropólogo mientras dure la obra, y que el juicio de amparo mencionado por el contralor no es competencia de este: ya existe diálogo con las cinco personas que lo promovieron.

Cuestionado sobre si ejecutaría la obra sin autorización, como acusa que hace el gobierno estatal, respondió que no es su estilo: es abogado, respeta el marco jurídico y el riesgo sería que la obra fuera cancelada, suspendida o clausurada.

El paso a desnivel del Saucito es la pieza central del reclamo del alcalde por el freno a la obra municipal: más de 30 licitaciones siguen atoradas y, según ha dicho, el plazo práctico es terminar antes de la fiesta del barrio, en febrero.

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