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El ABC sobre la despenalización del aborto y su repercusión en SLP
Las mujeres con menos de 12 semanas de gestación podrán acudir a cualquier institución de salud administrada por la Federación para acceder a la interrupción del embarazo
Por: Ana G. Silva
El pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo con el cual despenaliza el aborto en todo el país, luego de que la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el sistema jurídico que penaliza esta práctica en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La Orquesta conversó con Metztli Eliana, estudiante de la maestría en Derechos Humanos e integrante del Frente Marea Verde San Luis Potosí, para conocer cómo funciona esta resolución y qué efectos tendrá a nivel estatal.
Metztli Eliana comentó que el recurso de la SCJN es un avance histórico para los derechos de las mujeres, ya que otorga acceso a la salud y al libre desarrollo, pues reconoce que la maternidad no es una obligación natural del sexo femenino, sino que debe ser deseada. Apuntó que la resolución permite interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, periodo en el que el desarrollo fetal no está tan avanzado, es decir que el feto no tiene conexiones neuronales para sentir dolor, placer o algún nivel de conciencia, además de que existe menor riesgo para la persona gestante.
La estudiante de la maestría en Derechos Humanos apuntó que se revocaron los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal, por lo que desde ahora ni a las mujeres gestantes ni al personal médico en una institución administrada por el gobierno federal que provea el servicio se les puede criminalizar.
“Ojo es IMSS, ISSSTE o Pemex, esas instituciones federales; todavía no se puede realizar en instituciones privadas o en instituciones que están administradas por un gobierno estatal que aún no lo haya despenalizado, esas son todavía las limitaciones que mantienen”.
La integrante del Frente Marea Verde señaló que en 2021 hubo otra resolución sobre el aborto por parte de la SCJN, en la que se declaró inconstitucional y el ente federal instaba a los estados a despenalizarlo, pero en la actual se revocan los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, los cuales sancionaban a las mujeres como al personal de salud, en una pena de alrededor de tres años de cárcel: “Ya es más claro, en 2021 hicieron como una recomendación para que los estados despenalizaran el aborto; ahora ya se ha revocado los artículos de Código P enal Federal ”.
Metztli detalló que con el dictamen de la Suprema Corte en 2023 garantiza que todas las mujeres en cualquier estado de la República puedan acceder al servicio del aborto en una institución de salud que sea administrada por el gobierno federal , algo que en la resolución de 2021 no era posible. Añadió que en 2021 si se realizaba la interrupción del embarazo se abría una carpeta de investigación, pero esta no procedía.
Subrayó que a nivel estatal falta que se despenalice el aborto, es decir que el Congreso local legislativo lo homologue, aunque, detalló, desde 2019 se han presentado diversas iniciativas para que se legisle, no obstante, los diferentes diputados se han negado a hacerlo.
“Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia nos estará beneficiando, porque es un elemento más a favor. Aquí la Suprema Corte les está diciendo a los diputados del estado de una manera más clara y contundente que sí o sí lo tienen que aprobar, que seguir penalizando el aborto en el estado es estar en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes y también es estar en contra de las propias resoluciones de la Suprema Corte. Además es una deuda histórica que el estado tiene con las mujeres y con las personas gestantes”.
El pasado viernes 8 de septiembre, las integrantes del Frente Marea Verde presentaron una iniciativa para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal estatal y con ello despenalizar el aborto en San Luis Potosí y así convertirse en la entidad número 13 en hacer valer este derecho.
“La imposición de un embarazo no deseado implica una restricción severa a la autonomía de la mujer; una maternidad impuesta limita la autonomía reproductiva y obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad en los diferentes ámbitos de su vida social, educativa y laboral; una maternidad forzada atenta contra el derecho de toda persona a la preservación de su salud, contra la integridad física y mental de la mujer no sólo por imponer la gestación y el parto, sino por renunciar a su proyecto de vida. Es por ello que el Estado debe garantizar y proteger los derechos consagrados constitucionalmente, así como los instrumentos internacionales que México ha ratificado”, expresaron como parte de su posicionamiento.
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Ayuntamiento de SLP
Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026
Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución
Por: Redacción
El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.
El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.
Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.
Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.
Destacadas
Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia
Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos
Por: Redacción
En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.
“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.
La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.— abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.
“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.
El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.
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Ciudad
Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares
El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.
Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”
El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.
Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.
El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.
Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”
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