diciembre 4, 2025

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El ABC sobre la despenalización del aborto y su repercusión en SLP

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Las mujeres con menos de 12 semanas de gestación podrán acudir a cualquier institución de salud administrada por la Federación para acceder a la interrupción del embarazo

Por: Ana G. Silva

El pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo con el cual despenaliza el aborto en todo el país, luego de que la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el sistema jurídico que penaliza esta práctica en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La Orquesta conversó con Metztli Eliana, estudiante de la maestría en Derechos Humanos e integrante del Frente Marea Verde San Luis Potosí, para conocer cómo funciona esta resolución y qué efectos tendrá a nivel estatal.

Metztli Eliana comentó que el recurso de la SCJN es un avance histórico para los derechos de las mujeres, ya que otorga acceso a la salud y al libre desarrollo, pues reconoce que la maternidad no es una obligación natural del sexo femenino, sino que debe ser deseada. Apuntó que la resolución permite interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, periodo en el que el desarrollo fetal no está tan avanzado, es decir que el feto no tiene conexiones neuronales para sentir dolor, placer o algún nivel de conciencia, además de que existe menor riesgo para la persona gestante.

La estudiante de la maestría en Derechos Humanos apuntó que se revocaron los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal, por lo que desde ahora ni a las mujeres gestantes ni al personal médico en una institución administrada por el gobierno federal que provea el servicio se les puede criminalizar.

“Ojo es IMSS, ISSSTE o Pemex, esas instituciones federales; todavía no se puede realizar en instituciones privadas o en instituciones que están administradas por un gobierno estatal que aún no lo haya despenalizado, esas son todavía las limitaciones que mantienen”.

La integrante del Frente Marea Verde señaló que en 2021 hubo otra resolución sobre el aborto por parte de la SCJN, en la que se declaró inconstitucional y el ente federal instaba a los estados a despenalizarlo, pero en la actual se revocan los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, los cuales sancionaban a las mujeres como al personal de salud, en una pena de alrededor de tres años de cárcel: “Ya es más claro, en 2021 hicieron como una recomendación para que los estados despenalizaran el aborto; ahora ya se ha revocado los artículos de Código P enal Federal

”.

Metztli detalló que con el dictamen de la Suprema Corte en 2023 garantiza que todas las mujeres en cualquier estado de la República puedan acceder al servicio del aborto en una institución de salud que sea administrada por el gobierno federal

, algo que en la resolución de 2021 no era posible. Añadió que en 2021 si se realizaba la interrupción del embarazo se abría una carpeta de investigación, pero esta no procedía.

Subrayó que a nivel estatal falta que se despenalice el aborto, es decir que el Congreso local legislativo lo homologue, aunque, detalló, desde 2019 se han presentado diversas iniciativas para que se legisle, no obstante, los diferentes diputados se han negado a hacerlo.

“Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia nos estará beneficiando, porque es un elemento más a favor. Aquí la Suprema Corte les está diciendo a los diputados del estado de una manera más clara y contundente que sí o sí lo tienen que aprobar, que seguir penalizando el aborto en el estado es estar en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes y también es estar en contra de las propias resoluciones de la Suprema Corte. Además es una deuda histórica que el estado tiene con las mujeres y con las personas gestantes”.

El pasado viernes 8 de septiembre, las integrantes del Frente Marea Verde presentaron una iniciativa para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal estatal y con ello despenalizar el aborto en San Luis Potosí y así convertirse en la entidad número 13 en hacer valer este derecho.

“La imposición de un embarazo no deseado implica una restricción severa a la autonomía de la mujer; una maternidad impuesta limita la autonomía reproductiva y obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad en los diferentes ámbitos de su vida social, educativa y laboral; una maternidad forzada atenta contra el derecho de toda persona a la preservación de su salud, contra la integridad física y mental de la mujer no sólo por imponer la gestación y el parto, sino por renunciar a su proyecto de vida. Es por ello que el Estado debe garantizar y proteger los derechos consagrados constitucionalmente, así como los instrumentos internacionales que México ha ratificado”, expresaron como parte de su posicionamiento.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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