Por: Kathya Lozano, Viridiana Álvarez y Ariadna Jiménez

La despenalización del aborto de los cuerpos gestantes es una situación que debe ser abordada desde una perspectiva de salud pública, que requiere de ser legislado en los que aún no se ha hecho. En San Luis Potosí, el Congreso del Estado no ha legislado a favor de los derechos humanos de las mujeres como lo marca la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, hacerlo conlleva una serie de reformas transversales, complejas por la operatividad que requiere en las distintas áreas de aplicación, como el sector salud (al tratarse de un procedimiento clínico), educativo y la accesibilidad a todas las mujeres desde sus diferentes vivencias como jóvenes, obreras, trabajadoras sexuales, adolescentes y otras determinaciones que requieran programas específicos, en donde se faculte a la administración pública para la prevención, acción y obligación del seguimiento de la política pública con perspectiva de género, para que se puedan llevar a cabo las acciones gubernamentales propias dotando de los recursos materiales y humanos, pero, sobre todo, de la voluntad política para que el aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres mexicanas sea un derecho y una realidad.

Esperemos que cuando se legisle a favor en San Luis, por medio de la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Emma Saldaña, se aborde desde la educación e incluso social, que se garanticen los recursos humanos y materiales para realizar el procedimiento clínico. Además, en conjunto con la Comisión de Educación, se debe integrar un programa operativo eficaz sobre la prevención del embarazo adolescente, que informe sobre las alternativas de los métodos anticonceptivos, en el que los tres niveles del gobierno coadyuven.

Por ultimo, consideramos que las posturas pro vida y pro aborto no son erróneas en sí mismas, lo erróneo es la polarización y división que genera: se trata de la libre decisión de las mujeres por el motivo que sea.

Desde un enfoque público, el no reconocer la problemática como gobierno, abona a que sigan los abortos clandestinos y por consecuencia el fallecimiento de mujeres y personas gestantes, porque la realidad es que quien ha tomado la decisión de abortar, no espera: aborta, más allá de ideologías, religiones y leyes que se lo prohiban.

Desde la perspectiva de una mujer oaxaqueña y activista feminista, Ariadna Jiménez, nos narra que después de una lucha ardua contra la sociedad, contra su machismo y la misoginia, de quienes decidían sobre nuestros cuerpos, Oaxaca fue pionero en la despenalización de la interrupción del embarazo, convirtiéndose en septiembre de 2019 en el segundo estado de la república donde las mujeres pueden recurrir a una interrupción. Pero, ¿realmente contamos con un acceso al aborto seguro, legal y gratuito? No, no existe.

Viridiana Álvarez, jalisciense, abogada y activista, opina que despenalización del embarazo para el estado de Jalisco está en la congeladora. Las iniciativas de reformas para incluir en las leyes locales la interrupción del embarazo y que los servicios de salud estatales ofrezcan esta alternativa, están pendientes de votarse y en comisiones legislativas desde hace casi un año. Esto es violatorio de derechos, ya que la Suprema Corte de Justicia decidido a favor, pero la mayoría de los estados se niegan a armonizar su legislación, en un grave incumplimiento de la ley. Pero desde las organizaciones que impulsan la lucha de los derechos de las mujeres, estamos firmes en que esto debe ser una realidad latente, la legislación se debe reformar y a su vez garantizar los servicios de salud para aquella persona en capacidad de gestar que decida hacerlo.

A pesar de que la marea verde no se ha detenido y sigue en aumento en defensa de nuestros derechos reproductivos, hoy en día no podemos garantizar una interrupción segura, pues nuestro servicio médico es ineficiente, esta es una realidad que no pueden ocultar porque aun cuando te dicen que puedes solicitarlo en cualquier centro de salud de los estados donde es legal, no todos cuentan con el material, equipo o personal necesario y calificado.

Una interrupción deja de ser gratuita cuando mujeres de comunidades tienen que transportarse kilómetros, ya que su centro de salud más cercano le niega por cualquier motivo su derecho. Cuando una mujer lleva el gasto al día y no tiene el privilegio de poder faltar un día a su trabajo, porque eso significa no comer. Cuando solo te dan un medicamento con instrucciones poco claras y el cuidado corre por tu cuenta, entonces se diluye la gratuidad y la certeza.

En cuanto a la legalidad, poco nos sirve si en el hogar manda una figura patriarcal, si las autoridades son cómplices y los médicos misóginos. La lucha por nuestros derechos no acabará aunque el país se pinte de verde: ¡Mi cuerpo es mío, yo decido!

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