SIGAMOS DERECHO.

«Hemos satanizado la figura de la policía como abusivos, como autoridades que son represoras, como que son arbitrarias. Sin embargo, si tú te colocas en los zapatos de un policía, dices: Bueno, ¿con qué voy a trabajar? ¿Cuál es mi capacidad o cuáles son los medios técnicos para hacer intervenciones, hacer fijaciones, tener vigilancia, tener personal, transporte? No los tienes. Entonces tienes que recurrir a ciertas mañas o ciertas muletas que, en un momento dado, rayan en la ilegalidad. Pero, a final de cuentas, si queremos un omelette, tenemos que romper uno que otro huevo.» Estas fueron las palabras que pronunció un ex funcionario de la Fiscalía General del Estado de Tabasco para Duda Razonable, la nueva miniserie documental de Roberto Hernández —director del documental Presunto Culpable— que se estrenó en Netflix el martes pasado.

Duda Razonable desmenuza la historia procesal de cuatro personas que, por una u otra razón, se encontraban en el lugar equivocado y en el momento incorrecto. En Macuspana, Tabasco, a mediados de 2015, una persona tratando de hacerse justicia por propia mano y con cierta influencia local, en connivencia con las autoridades policiales del lugar, señaló como responsables del secuestro de su hermana a estos cuatro sujetos, que fueron aprehendidos, torturados y encarcelados sin mayor trámite. Además de sufrir la corrupción, brutalidad y negligencia de policías, agentes del MP, fiscales y jueces de control, los cuatro sujetos también se encontraron a la merced de la incompetencia de los defensores de oficio, que estuvieron lejos de lograr tan solo un destello de libertad y de justicia. Casi cuatro años después y con el apoyo de un hábil abogado que logró que se desestimaran las acusaciones de secuestro, la Fiscalía del Estado les fabricó una acusación ahora solo por la tentativa de secuestro, misma que mantiene a tres de ellos en prisión y sentenciados con la pena máxima que corresponde a ese delito (50 años).

Más allá de la indignante historia procesal de cuatro sujetos, Roberto Hernández documenta momentos de las vidas de Juan Luis López, Gonzalo García, Héctor Muñoz y Darwin Morales y de sus familias, que de un momento a otro se vieron truncadas y afectadas de manera sustancial por delitos fabricados y que en el mejor de los casos se sustentaron con pruebas confeccionadas. Más allá de la intolerable corrupción del sistema penal, el documental muestra la historia de Andrés Andrade, un muy capaz abogado defensor que, sin cobrar, demostró la inocencia de Juan Luis, Gonzalo, Héctor y Darwin, pero que tuvo que abandonar Tabasco luego de que coincidentemente se incendió su camioneta después de una de las audiencias. Más allá de las encabronantes declaraciones de funcionarios cínicos, Duda Razonable nos permite observar cómo opera la justicia a ras de suelo y en cada una de sus etapas, manejada primero por policías en condiciones laborales indignas y motivados por incentivos perversos; y culminada por juezas y jueces que en el mejor de los casos no están debidamente capacitados para impartir justicia.

La realización de Duda Razonable, como lo narra su director Roberto Hernández, deviene de una serie de encuestas que se realizaron en la prisión de Macuspana sobre cómo vivieron sus internos la entrada en vigor en 2016 del sistema penal acusatorio, que sustituyó al sistema inquisitivo. Hernández encontró que realmente muy poco había cambiado en la manera en que se presentan ante la justicia a las personas acusadas de cometer algún delito.

Precisamente uno de los objetivos que tenía la transición del sistema inquisitivo al acusatorio era quitarle valor a las pruebas obtenidas mediante tortura, mismas que sustentaban la teoría del caso casi en su totalidad. Con el sistema acusatorio, los testimonios de los acusados que se obtienen ante el Ministerio Público carecen de valor probatorio, dado que es ahí en donde más se les suele torturar. Sin embargo, aún con el nuevo sistema, las tortura sigue siendo una práctica generalizada en el país.

Las encuestas levantadas en Macuspana por Roberto Hernández motivaron a que el INEGI realizara su primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en 2016, en la que se encuestaron a más de 60 mil personas internas en prisiones de todo el país. La ENPOL demostró, entre otras cosas, la magnitud del problema de fabricación de culpables y de tortura que impera en nuestro país. Por ejemplo, de las más de 180 mil detenciones realizadas en el sexenio de Calderón, 80 mil fueron sin la orden de un juez. Asimismo, 100 mil personas reportaron haber sido golpeadas o pateadas durante el arresto; 50 mil fueron presionadas por las autoridades para dar otra versión de los hechos y más de 30 mil no contaron con la presencia de un abogado. La ENPOL está pensada para realizarse cada tres años; sin embargo, el recorte de cinco mil millones de pesos que aplicó López Obrador al INEGI en 2019 no permitió que se llevara a cabo la encuesta.

Los eventos de tortura y de fabricación de culpables varían entre estados y, ciertamente, varían en función del delito del que se trate la acusación. Para Tabasco —el caso que analizó Roberto Hernández— es casi un hecho que las personas acusadas de secuestro serán víctimas de tortura. Mientras ello sucede, el gobierno de Tabasco presume ante la sociedad que decenas de bandas de secuestradores son desarticuladas mes con mes, al tiempo que más historias de vida como las de Juan Luis, Gonzalo, Héctor y Darwin se replican. Ello responde a la lógica de tomar alguno de los fenómenos que más aquejan a la sociedad en determinado momento y obtener capital político de ahí: populismo penal, se le llama. Este consiste, entre otras cosas, en modificar la ley y aumentar el número de años de pena privativa de la libertad a quienes cometan determinado delito, usualmente acompañado de una eficiente política de fabricación de culpables para demostrarle a la sociedad que dicho modelo está funcionando con gran éxito. Duda Razonable nos recuerda por qué debemos tener especial cuidado cuando los gobiernos comienzan a prestar atención a ciertos delitos, como ha sucedido, por ejemplo, en esta administración, que ha ampliado dramáticamente el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, específicamente a aquellos relacionados con corrupción.

Duda Razonable nos demuestra también que el grueso de la justicia mexicana, su gran mayoría, es aquella que sucede en los estados y que suele recibir muy poca atención. Definitivamente son alentadoras las palabras de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, cuando nos dice que la justicia no se detuvo durante la pandemia o que la nueva reforma judicial es la más importante de los últimos 25 años. Sin embargo, eso solo será realidad para la justicia en el ámbito federal y al menos en solo una fracción de ella. En contraste, la justicia en el ámbito local se vigila por consejos de la judicatura ineficientes, rebasados e inclusive inexistentes en algunos estados. En lo que respecta a las investigaciones de delitos, solo nos podemos imaginar cómo operan las fiscalías estatales cuando vemos la desastrosa gestión de Gertz al frente de la FGR, que sí recibe atención, recursos y respaldo del gobierno.

Más importante que todo, me parece, Duda Razonable es excelente en trasmitirnos que debemos pensar al Derecho y a lo que sucede dentro de nuestro sistema de justicia siempre con las personas y sus historias de vida en el centro.

Fácilmente se pueden hacer declaraciones como las del inicio de este texto. Sin embargo, las cosas cambian drásticamente cuando a esas declaraciones se les apareja un nombre, un rostro, la historia de alguien. Nuestra liga social está ya demasiado tensa y poco aguantará de mantenerse esta política penal deshumanizante e indigna.

En El Tunel, primer documental dirigido por Roberto Hernández, la académica Layda Negrete se preguntaba «qué pedacito de nuestro sistema (inquisitivo, en ese entonces) podría exportarse a Suecia». Se trataba de un sistema que entonces no satisfacía a nadie: ni a víctimas ni a acusados. Ahora, a casi seis años de la implementación en todo el país del sistema penal acusatorio, ¿A quién se le satisface? ¿Las víctimas son reparadas? ¿Se respeta el debido proceso? ¿Qué pedazo de nuestro sistema acusatorio tiene calidad de exportación? Para entender mejor, indispensable ver Duda Razonable.

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