Congreso del Estado
Diputado propone que se provean de transporte gratuito a estudiantes en localidades
Edmundo Torrescano detalló que con la iniciativa se busca cubrir al 100% el tema de asistencia
Por: Redacción
El diputado Edmundo Torrescano Medina impulsa una iniciativa para reformar el artículo 96; y adicionar los artículos, 7° Bis, 7° Ter, y 97 Bis de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de apoyar a estudiantes de niveles de educación básica que se encuentran en zonas de atención prioritarias, donde el traslado a sus escuelas representa una dificultad y un gasto económico fuerte para ellos y sus familias.
Mediante esta iniciativa, se propone que las autoridades en materia de transporte público, provean en las localidades rurales transporte público gratuito, a niñas, niños y adolescentes, evitando a las y los menores de edad caminatas mayores a 30 minutos o un kilómetro para educación primaria y 60 minutos o tres kilómetros para educación secundaria y media superior, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad y el derecho a la educación.
El dipitado indió que las autoridades en materia de transporte público, establecerán los requisitos para que las personas prestadoras del servicio público de transporte, garanticen un servicio seguro y de calidad, de acuerdo con requerimientos técnicos de seguridad para su operación con base en los principios rectores de la presente ley, a fin de resguardar la vida, salud e integridad física de toda persona.
El legislador señaló que con la iniciativa, se busca cubrir al 100% el tema de asistencia, especialmente en aquellas alumnas y alumnos que el trasladarse desde sus hogares a los centros educativos para asistir a clase, representa un reto y un gasto económico fuerte, tanto para ellos como sus familias.
Edmundo Torrescano destacó que la movilidad es una necesidad básica y social, y también un derecho fundamental que debe estar garantizado, en igualdad de condiciones a toda la población, sin diferencias derivadas del poder adquisitivo, condición física o psíquica, género o edad o cualquier otra causa.
El derecho a la movilidad, se encuentra consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
Es un fenómeno que merece una visión integral ya que guarda una estrecha relación entre el entorno determinado en el que viven las personas, las alternativas con las que cuentan para llevar a cabo sus desplazamientos, así como con la planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo.
Por ello, la movilidad debe ser abordada también desde el punto de vista de su función en el combate de la desigualdad social y en la generación de inclusión y equidad social. La iniciativa se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su análisis.
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Congreso del Estado
Proponen centros de cuidado infantil gratuitos cerca de parques industriales de SLP
El objetivo es que el salario alcance más, reducir la pobreza laboral y facilitar que madres y padres continúen trabajando
Por: Redacción
Con el objetivo de incentivar la creación de centros de cuidado infantil en zonas de alta densidad industrial, la diputada Sara Rocha Medina propuso iniciativa de modificación a la Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
La legisladora señala que se busca incentivar que las empresas, en coordinación con el Estado, instalen centros de cuidado en o cerca de las zonas industriales, estableciendo mecanismos para que el personal operativo no tenga que pagar por estos servicios, permitiendo que su salario rinda más para alimentación y otras necesidades básicas.
La legisladora señaló que resulta importante asegurar que la ubicación de estos centros en zonas industriales sea validada bajo criterios estrictos de Protección Civil, evitando riesgos por la actividad fabril colindante.
“Al subsidiar o hacer gratuitos estos servicios en zonas industriales, el Estado de San Luis Potosí no solo estará cumpliendo con el derecho humano a la educación inicial, sino que estará implementando una política de combate a la pobreza efectiva, directa y que fortalece la competitividad de nuestras empresas
La inversión en servicios públicos de cuidado de la primera infancia tiene beneficios a corto y largo plazo. En el corto plazo, estos servicios permiten a las madres tener un trabajo remunerado fuera del hogar, mientras que en el largo, contribuyen al desarrollo integral infantil.
Uno de los gastos más onerosos para las familias trabajadoras es el cuidado infantil. La falta de opciones accesibles y cercanas a los centros de trabajo no solo merma la economía familiar, sino que también limita la participación de las mujeres en el mercado laboral y aumenta el ausentismo en las empresas.
La iniciativa contempla también incorporar el concepto de pobreza laboral, reconocido como el indicador que permite estimar el porcentaje de la población que tiene un ingreso laboral inferior al valor monetario de una canasta alimentaria.
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La iniciativa busca frenar la usurpación médica en un mercado que ha crecido sin suficiente control
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer el marco legal del Estado de San Luis Potosí, tipificando y sancionando la práctica indebida de la cirugía estética, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para modificar los artículos 246 BIS Y 247 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora explica que con esta modificación, se busca proteger la salud pública y la seguridad de las personas; garantizar un ejercicio profesional responsable y seguro; armonizar la legislación local con las disposiciones nacionales y las reformas de otros estados.
Con ello, se pretende cerrar la puerta a la usurpación de funciones médicas y asegurar que la cirugía plástica en San Luis Potosí sea ejercida únicamente por profesionales certificados, en beneficio de la sociedad y en respeto a la dignidad de la profesión médica.
La iniciativa busca modificar el capítulo relacionado con los Delitos contra la fidelidad profesional para establecer que se impondrán prisión de tres a ocho años y multa de 300 hasta mil unidades de medida y actualización a quien cometa el delito de ejercicio ilegal de la profesión en su modalidad de usurpación médica, sin contar con título y cédula profesional de Médico Cirujano, y sin la especialidad médica legalmente reconocida en cirugía plástica, estética o reconstructiva.
Esto, en la realización de procedimientos quirúrgicos con fines estéticos; actos médicos invasivos con fines estéticos; o la introducción, infiltración o aplicación de sustancias líquidas, modelantes, rellenos, implantes o similares con fines estéticos.
Para efectos del presente artículo, se entenderá por actos médicos invasivos aquellos que impliquen la penetración del cuerpo humano mediante instrumentos, agujas, cánulas o cualquier otro medio que ponga en riesgo la salud o la integridad física de las personas.
La legisladora señala que a nivel nacional, el crecimiento exponencial de la demanda de procedimientos estéticos ha generado un mercado lucrativo que, lamentablemente, ha sido aprovechado por personas sin formación médica.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha advertido sobre el aumento de establecimientos irregulares que ofrecen cirugías y tratamientos invasivos sin cumplir con las disposiciones sanitarias, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones Primera de Justicia; y Salud y Asistencia Social.
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Solicitaron, el presidente y secretario general, que le sea otorgada nuevamente la facultad al ayuntamiento para prestar tales servicios
Por: Redacción
Diputados integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobaron el proyecto de dictamen que determina como procedente la solicitud del ayuntamiento de Rayón, para el inicio del proceso de extinción y liquidación del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento descentralizado de dicha demarcación.
Además, solicitaron el presidente y secretario general, que le sea otorgada nuevamente la facultad al ayuntamiento para prestar tales servicios, una vez que se han cubierto los requisitos establecidos en la ley para ese fin, informó la presidenta de la comisión legislativa, diputada Nancy Jeanine García Martínez.
Explicó que inicialmente el proceso fue aprobado por la Junta de Gobierno pero faltaba el acuerdo administrativo que es un proceso muy importante y se contempla en el articulado del Código Procesal Administrativo,
La diputada García Martínez expuso que “con este dictamen, el municipio sería el responsable de poder brindar estos servicios y el organismo queda totalmente extinto, una vez que se cumplan todos los pasos establecidos en la ley, entre los cuales se encuentra la intervención del Poder Legislativo como ha quedado manifiesto”.
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