Estado
Diputado propone extinguir la ASE
Antonio Lorca indicó que el Órgano Interno de Control duplica funciones con la Unidad de Evaluación y Control
Por: Redacción
Antonio Lorca Valle presentó una iniciativa de reforma para la revisión de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y demás entes auditables, con el fin de comprobar que se cumplan las normas, presupuestos, obras, metas, acciones y programas: “Para evitar la duplicidad de funciones con la Unidad de Evaluación y Control (UEyC) de la Comisión de Vigilancia, el Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado (ASE) debe desaparecer y para ello se requiere reformar varios artículos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado”.
En virtud de la alta importancia del deber conferido a las acciones de fiscalización, la Ley previene también que este organismo deba ser evaluado, y para ello la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas contiene una atribución de la Comisión de Vigilancia, un organismo al interior del Congreso; de ahí se desprende la necesidad de Legislar claramente sobre la forma de cumplir con la evaluación del Órgano Auditor.
En el año 2017, se creó la Unidad de Evaluación y Control, como un órgano de la Comisión de Vigilancia, para vigilar que el desempeño de las funciones de la Auditoría, se diera en cumplimi ento de las disposiciones legales aplicables a la Comisión y el 11 de junio del 2018, se extinguió la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado, y sus atribuciones pasaron a la mencionada Unidad de Evaluación y Control. 
Sin embargo, en febrero del año 2020, se expidió una nueva reforma a la Ley de Fiscalización para que la Auditoría Superior del Estado, contara con un Órgano Interno de Control. 
Lorca Valle señaló que es necesario subrayar que la primacía Constitucional del Congreso como encargado de la Fiscalización, debe reflejarse a su vez en las evaluaciones y control sobre el órgano fiscalizador. Por lo tanto, la evaluación por medio del Órgano Interno de Control, debilita las atribuciones del Congreso en materia de fiscalización, crea condiciones cercanas a la duplicidad de funciones, y es contrataría a los principios de eficacia y eficiencia, al contar con dos organismos encargados de tareas similares.
“Es así como esta iniciativa propone suprimir el Órgano Interno de Control, y que el contenido de sus atribuciones, pasen a la Unidad de Evaluación y Control, y que ésta, como auxiliar de la Comisión de Vigilancia, sea la encargada de la totalidad de las tareas de vigilancia y evaluación al interior de la Auditoría Superior del Estado”, puntualizó.
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Empresarios y autoridades estatales plantearon acciones para mejorar infraestructura, competitividad y atracción de inversiones en San Luis Potosí
Por: Redacción
La Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) acordaron fortalecer su coordinación para impulsar pro yectos orientados a mejorar la competitividad del principal corredor industrial
El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la UUZI, Mario González Martínez; la directora del organismo, Denice Soriano Sahagún; el titular de Sedeco, Mario García Valdez; y la directora general de Desarrollo y Promoción Industrial de la dependencia, Norma Cristina Silva.
Las partes coincidieron en la necesidad de mantener una comunicación permanente entre el sector productivo y el Gobierno del Estado para atender problemáticas que afectan a la industria y diseñar estrategias que favorezcan el crecimiento económico.
González Martínez señaló que la colaboración con Sedeco puede contribuir a consolidar proyectos que fortalezcan la competitividad de las empresas instaladas en la Zona Industrial y refuercen el posicionamiento de San Luis Potosí como un polo de desarrollo industrial.
Por su parte, García Valdez reiteró la disposición de la dependencia estatal para trabajar de manera coordinada con los empresarios en iniciativas relacionadas con inversión, crecimiento industrial y generación de condiciones favorables para el sector productivo.
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La Junta Estatal de Caminos realizó trabajos emergentes de bacheo en la ruta que conecta las comunidades de Xoconostle y San José de Gómez
Por: Redacción
La Junta Estatal de Caminos (JEC) realizó trabajos emergentes de conservación en el camino que comunica a las comunidades de Xoconostle y San José de Gómez, una de las rutas de acceso hacia el municipio de Armadillo de los Infante.
Las labores consistieron en acciones de bacheo en distintos puntos de la vialidad, a lo largo de aproximadamente mil metros lineales, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.
De acuerdo con la dependencia estatal, los trabajos benefician a más de tres mil habitantes que utilizan esta vía para trasladarse entre comunidades y acceder a servicios
El director de la JEC, Francisco Reyes Novelo, señaló que estas intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en caminos estatales para mejorar la conectividad en distintas regiones de San Luis Potosí.
La ruta intervenida conecta localidades de la zona centro del estado y representa una vía de comunicación importante para habitantes de comunidades cercanas a Armadillo de los Infante.
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Los programas sociales cuentan con rango constitucional para asegurar su continuidad y beneficio para más de 600 mil potosinas y potosinos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona impulsó la elevación a rango constitucional de los programas sociales estatales, garantizando así su permanencia y el acceso de más de 600 mil beneficiarias y beneficiarios en las cuatro regiones.
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que apoyos como los programas alimentarios, Clínicas Rosas, Tarjeta Joven, Tarjeta Mi Pase para estudiantes, acciones de mejoramiento de vivienda, entre otros continuarán entregándose en tiempo y forma. Este trabajo permite brindar atención integral
La protección constitucional de estos esquemas asegura su continuidad más allá de la actual administración, pues podrían cambiar su nombre, pero no dejar de aplicarlos, fortaleciendo así la certeza jurídica para las familias beneficiarias.
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