septiembre 14, 2026

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Estado

Diputado propone extinguir la ASE

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Antonio Lorca indicó que el Órgano Interno de Control duplica funciones con la Unidad de Evaluación y Control

Por: Redacción

Antonio Lorca Valle presentó una iniciativa de reforma para la revisión de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y demás entes auditables, con el fin de comprobar que se cumplan las normas, presupuestos, obras, metas, acciones y programas: “Para evitar la duplicidad de funciones con la Unidad de Evaluación y Control (UEyC) de la Comisión de Vigilancia, el Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado (ASE) debe desaparecer y para ello se requiere reformar varios artículos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado”.

En virtud de la alta importancia del deber conferido a las acciones de fiscalización, la Ley previene también que este organismo deba ser evaluado, y para ello la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas contiene una atribución de la Comisión de Vigilancia, un organismo al interior del Congreso; de ahí se desprende la necesidad de Legislar claramente sobre la forma de cumplir con la evaluación del Órgano Auditor.

En el año 2017, se creó la Unidad de Evaluación y Control, como un órgano de la Comisión de Vigilancia, para vigilar que el desempeño de las funciones de la Auditoría, se diera en cumplimi ento de las disposiciones legales aplicables a la Comisión y el 11 de junio del 2018, se extinguió la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado, y sus atribuciones pasaron a la mencionada Unidad de Evaluación y Control.

Sin embargo, en febrero del año 2020, se expidió una nueva reforma a la Ley de Fiscalización para que la Auditoría Superior del Estado, contara con un Órgano Interno de Control.

Las atribuciones guardan similitudes en cuanto a la capacidad de realizar auditorías, sin embargo, debe observarse que no resulta necesario, y puede ser reiterativo que ambos organismos tengan esa capacidad.

Lorca Valle señaló que es necesario subrayar que la primacía Constitucional del Congreso como encargado de la Fiscalización, debe reflejarse a su vez en las evaluaciones y control sobre el órgano fiscalizador. Por lo tanto, la evaluación por medio del Órgano Interno de Control, debilita las atribuciones del Congreso en materia de fiscalización, crea condiciones cercanas a la duplicidad de funciones, y es contrataría a los principios de eficacia y eficiencia, al contar con dos organismos encargados de tareas similares.

“Es así como esta iniciativa propone suprimir el Órgano Interno de Control, y que el contenido de sus atribuciones, pasen a la Unidad de Evaluación y Control, y que ésta, como auxiliar de la Comisión de Vigilancia, sea la encargada de la totalidad de las tareas de vigilancia y evaluación al interior de la Auditoría Superior del Estado”, puntualizó.

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Congreso del Estado

Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP

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La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.

La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.

El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.

El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.

La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.

“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.

De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.

La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.

El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.

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Congreso del Estado

Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto

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El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez

Por: Redacción 

El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes

como responsables de los actos que calificó como violentos, insultantes y contrarios a la civilidad.

De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.

El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.

Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.

Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.

El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.

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Asesoría jurídica gratuita llega a los 59 municipios de San Luis Potosí

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El objetivo es acercar la orientación jurídica a comunidades que enfrentan dificultades para trasladarse

Por: Redacción

Las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí pueden acceder a asesoría y orientación jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y penales a través del programa La Defensoría en tu Casa.

El esquema busca acercar los servicios de la Defensoría Pública del Estado a las cuatro regiones de la entidad, principalmente mediante su participación en Ferias de Servicios, donde abogados especializados atienden directamente a la población.

Durante una jornada realizada en Tierra Nueva, el titular de la Defensoría Pública del Estado, Edgar Valdez Zavala, señaló que el modelo permite que las personas conozcan sus derechos y reciban orientación legal sin tener que trasladarse hasta la capital u otros municipios para buscar atención.

La asesoría contempla materia civil, familiar y penal, por lo que puede servir como primer contacto para personas que requieren conocer las opciones legales disponibles ante algún conflicto o situación jurídica.

De acuerdo con la dependencia, el programa opera desde el inicio de la actual administración y busca ampliar el acceso a los servicios de defensa pública en comunidades de las distintas regiones del estado.

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