José Luis Mejía López, titular de los Parques Tangamanga I y II, anunció que se prepara un plan con la Guardia Civil Estatal para reforzar la seguridad en ambos espacios

Por: Redacción

El titular de los Parques Tangamanga I y II, José Luis Mejía López, informó que se prepara un plan con la Guardia Civil Estatal para reforzar la seguridad en ambos parques, luego de que se registraran dos suicidios en meses recientes, uno en cada espacio.

Cuestionado sobre si ya se había reforzado el resguardo con los guardaparques tras esos hechos, Mejía López respondió que el tema se abordó antes de su llegada al cargo y que ahora se prepara una estrategia conjunta con la corporación estatal.

“Vamos a entrar en pláticas, es parte de lo que se tiene planeado con la Guardia Civil Estatal para reforzar el tema de seguridad en ambos parques, precisamente pues para prevenir que no vuelvan a pasar situaciones como estas”, afirmó.

Mejía López lleva menos de una semana al frente de los Parques Tangamanga I y II. Dijo que su equipo revisa, junto con las áreas administrativas de ambos espacios, el estado en que se encuentran, mientras continúan labores de mantenimiento en accesos y zonas afectadas por las lluvias.

El funcionario llegó al cargo por invitación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Días antes de asumir el puesto, Mejía López presentó su renuncia a la militancia del PRI y a los cargos que tenía en ese partido, aunque dijo mantener buenos términos con el instituto político.

Mejía López no descartó sumarse próximamente al Partido Verde Ecologista de México, aunque dijo que aún no se ha tratado el tema de manera formal.

El funcionario reconoció pendientes de la administración anterior, entre ellos pagos a proveedores, mientras continúa el proceso de entrega y recepción de ambos parques.

Mejía López añadió que, junto con el refuerzo de seguridad, se revisa la situación de los animales en las zonas de manejo (UMA) y el mantenimiento del Jardín Japonés y el ecomuseo, dañados por las lluvias recientes.

Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios

Por: Haniel Valdés Velázquez

En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.

Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.

En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.

En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.

En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.

En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.

En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.

El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.

Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.

Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?

La ola de 2026

Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.

La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo

, luego de que estudiantes tomaran las instalaciones del campus Pedregal en protesta. El 6 de marzo, la fiscal María Manuela García Cázares informó que un juez lo vinculó a proceso por violencia familiar y lesiones. La Fiscalía aclaró que la vinculación no implica sentencia y que el profesor presentó, a su vez, una denuncia contra la joven que sigue sin resolverse.

En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.

La cifra que cambió sin explicación

Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.

Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.

Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.

El sistema que no se ve

Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.

El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.

Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.

Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.

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La Guardia Civil Estatal detuvo a Adán “N” tras el hallazgo de su madre sin vida y un incendio en una vivienda de la colonia Hidalgo

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) investiga a Adán “N” como probable responsable de la muerte de su madre, Anastacia “N”, en una vivienda de la colonia Hidalgo, en Ciudad Valles, confirmó la fiscal María Manuela García Cázares.

Vecinos de la calle Libertad reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1, desde la tarde del viernes, que un hombre identificado como Adán causaba disturbios en su casa, sin que acudiera ninguna autoridad, de acuerdo con testimonios recogidos por Pulso San Luis.

La mañana del sábado, la hermana de Adán pidió auxilio y reportó que él había prendido fuego a la vivienda con su madre dentro. Elementos de la Guardia Civil Estatal, Bomberos y socorristas hallaron a Anastacia “N” sin vida, con heridas y quemaduras, mientras que la hija de la víctima fue rescatada con lesiones que no ponían en riesgo su vida.

Adán fue detenido en un cuarto separado de la vivienda, donde también había provocado un incendio y donde se encontraron tres perros muertos. Vecinos indicaron a medios locales que el hombre tenía antecedentes de un padecimiento de salud mental y llevaba tratamiento médico.

La fiscal García Cázares confirmó que el reporte llegó a la Fiscalía a través de la Guardia Civil Estatal y que el caso se investiga como probable homicidio.

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