Autoridades estatales y municipales fortalecen la coordinación para impulsar proyectos estratégicos en la zona Altiplano

Por: Redacción

Con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer el desarrollo regional y la coordinación con los 59 municipios, el Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, mantiene reuniones continuas con alcaldesas y alcaldes para organizar los proyectos previstos para este 2026 en turismo, seguridad y fortalecimiento institucional.

Luego de reunirse con la alcaldesa de Cedral, Cinthia Segovia Colunga, y el alcalde de Salinas, Antonio Venancio Páez Galván, destacó que el llamado es trabajar por San Luis Potosí con voluntad y coordinación, reconociendo que el papel de las y los presidentes municipales es clave por su cercanía con la ciudadanía y su conocimiento directo de las necesidades.

Torres Sánchez subrayó que los municipios deben asumir un rol protagónico en el impulso al turismo y la atracción de nuevas inversiones, al ser motores del desarrollo que generan oportunidades, especialmente en destinos y rutas culturales y gastronómicas, fortaleciendo además el sector servicios. Asimismo, destacó la importancia de los periodos vacacionales, donde el incremento en la afluencia de visitantes impulsa la derrama económica y la proyección de crecimiento.

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Se incorporan a la normativa los principios de inclusión, accesibilidad y no discriminación

Por: Redacción

A propuesta de la diputada Diana Ruelas Gaitán, el Pleno del Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para incorporar los principios de inclusión, accesibilidad y no discriminación, con la finalidad de implementar una visión de Estado integral que garantice su dignidad, autonomía y autorrealización.

Esto permitirá fomentar la corresponsabilidad entre familia, sociedad y gobierno, y mejorar la planeación y concertación interinstitucional para mejorar su bienestar físico y mental, asegurando que todas las políticas sean diseñadas y evaluadas considerando sus necesidades específicas.

Se incorporan los principios de inclusión, accesibilidad y no discriminación, como el conjunto de acciones y políticas orientadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, promoviendo su participación plena, efectiva y en condiciones de igualdad en la sociedad, asegurando la accesibilidad universal, la eliminación de barreras físicas, sociales, culturales, comunicativas y normativas, así como la implementación de ajustes razonables, a fin de prevenir y erradicar cualquier forma de exclusión, segregación o discriminación.

Y el principio de transversalidad, como la obligación de las autoridades de coordinarse, implementar y vigilar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Con ello, se busca asegurar su inclusión, igualdad de oportunidades y atención integral, evitando la discriminación y garantizando su participación activa, ya que su alcance, no se limita a áreas de asistencia social, sino que abarca salud, educación, justicia, trabajo y vivienda, convirtiéndose en un hilo conductor para la protección de sus derechos, con la finalidad de implementar una visión de Estado integral que garantice su dignidad, autonomía y autorrealización, fomentando la corresponsabilidad entre familia, sociedad y gobierno,

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Estas disposiciones surtirán efectos a partir del periodo administrativo municipal subsecuente en la entidad federativa que corresponda

Por: Redacción

En Sesión Ordinaria, el pleno del Congreso del Estado aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas porciones normativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de privilegios, enviada por la Cámara de Diputados.

En este dictamen, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol,  se reforma el artículo 115 la fracción I de la Constitución Federal, para establecer que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

Se establece en los transitorios, que estas disposiciones surtirán efectos a partir del periodo administrativo municipal subsecuente en la entidad federativa que corresponda.

Los ahorros que se consideren con la reducción en el número de síndicos y regidores, se integrarán al patrimonio de la hacienda pública municipal.