junio 10, 2026

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Despenalizar el aborto, deuda histórica con las potosinas

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Colectiva ILE y Frente Marea Verde se unieron al Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en San Luis Potosí

Por: Redacción

El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido como #28S, una fecha crucial para los movimientos feministas y
defensores de los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Pese a que la lucha por la autodeterminación sexual y reproductiva de las mujeres en México tiene su origen desde la segunda ola del feminismo en 1970, ésta jornada (#28S) nació en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina, con el objetivo de visibilizar la lucha por la legalización del aborto, un derecho clave para garantizar la autonomía de las mujeres y evitar muertes derivadas de abortos clandestinos.

El #28S se ha consolidado como un día de acción para exigir el acceso universal al aborto legal, seguro y gratuito, denunciando las barreras sociales, económicas y jurídicas que aún existen en muchos países. En México, ha tomado especial relevancia debido a los recientes avances en al menos 18 estados de la República, mientras que en otros, como San Luis Potosí, la lucha por la despenalización sigue vigente.

Hoy es momento de que el Congreso del Estado cumpla con su responsabilidad y legisle a favor del aborto legal, saldando así una deuda histórica con las potosinas que han luchado por más de 20 años por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus proyectos de vida y su autonomía:

El 28 de agosto del 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación es constitucional, y el Congreso del Estado de San Luis Potosí, en lugar de atender dicha resolución, cedió a la estrategia orquestada por grupos católicos conservadores para reformar el artículo 16 de la Constitución el 21 de mayo de 2009, acción con la que condenaron a las mujeres potosinas a 15 años de vulneración y clandestinidad.

Más recientemente, el 22 de mayo del 2023, la Colectiva ILE presentó una queja ante Comisión Estatal de Derechos Humanos por la omisión del Congreso del Estado en acatar las recomendaciones internacionales en materia de la interrupción legal del embarazo y en observar los criterios de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos juicios que han sentado precedentes y jurisprudencia.

El 1 junio de 2023, la Colectiva ILE presentó una iniciativa de reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local. Así como la adición del artículo 148 BIS del Código Penal que aborda el tema del aborto forzado y los artículos 58 BIS y 58 TER de la Ley de Salud Estatal. También se presentó una propuesta para que las y los diputados reformen el artículo 16 de la Constitución local que establece la protección de la vida desde la

concepción, asunto que ya fue declarado inconstitucional en otras entidades.

El 12 de septiembre de 2023 Colectiva ILE dio a conocer la promoción de 8 juicios de

amparo individuales para lograr que las mujeres demandantes ya no sean sujetas a las penas impuestas por el Código Penal y la Constitución local dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.

El 13 de junio del 2024 Colectiva ILE promovió un juicio de amparo colectivo para la despenalización del aborto representando a todas mujeres y personas gestante del estado. Se demandó al Congreso y Gobierno del Estado a través de una asociación civil enfocada en derechos de las mujeres (cuyo nombre se mantendrá en anonimato por razones de seguridad); y, en respuesta, el 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito ordenó al Congreso local derogar los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal y en la Constitución locales, reconociendo su carácter inconstitucional. Este fallo marca un avance significativo en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres potosinas.

El 8 de septiembre de 2024, el Frente Marea Verde, con acompañamiento del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE, presentó una iniciativa ciudadana al Congreso del Estado para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local; mientras que el 2 de octubre con acompañamiento de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), también se presentó una iniciativa para reformar los Artículos 5, 14, 51, 58 y 60 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

En ese mismo período de tiempo, el Frente ha buscado acercamientos y se ha reunido con personas tomadoras de decisiones en los poderes Ejecutivo y Legislativo, buscando su respaldo para que sean analizadas, dictaminadas, aprobadas e implementadas las reformas en torno a la despenalización del aborto.

Pese dichos esfuerzos de las mujeres organizadas, entre 2015 y 2024, las legislaturas locales en funciones rechazaron, desecharon u omitieron dictaminar iniciativas de reforma presentadas por diversas colectivas con la intención de despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y generar políticas públicas que permitan a las mujeres potosinas acceder plenamente a sus derechos sexuales y reproductivos.

Aquellos diputados y diputadas nos han negado u obstaculizado reiteradamente el acceso esos derechos, pero hoy la LXIV Legislatura tiene la oportunidad de adoptar una postura garantista y de demostrar su compromiso con las mujeres y personas gestantes potosinas, permitiéndonos decidir libremente si queremos ser madres o no.

Un Congreso verdaderamente progresista es aquel que reconoce que sólo nosotras debemos tener el poder de decidir sobre nuestra maternidad. Aquel que respalda nuestra decisión de cuándo sí y cuándo no maternar. Sobre todo, aquel que nos garantiza los servicios de salud sexual y reproductiva.

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#4 Tiempos

El 2027 se escribe con B | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Culto Público: El “plan B” es el antídoto al hubiera; es la versión adulta de cruzar los dedos; es pedir un deseo a una fuente pero guardar otra moneda.

En la política potosina de cara al 2027, los planes B proliferan como salpullido después de cortar elotes.

En el gallardismo, en la oposición, en Morena, en los pasillos federales y hasta en Washington (aunque ese último, como veremos, tiene poco de expediente y mucho de SPEI desde un Banorte capitalino) la segunda carta es un seguro que mas vale tener para no tener que usar.

Antes del análisis va un no negociable del proyecto en turno en el poder local: el movimiento gallardista tiene un gran y único plan. Uno sin letra que es el techo de toda la estrategia: ganar la siguiente gubernatura y garantizar la continuidad.

Para que eso ocurra se necesita un perfil que garantice lealtad, fidelidad, absoluta confianza, acceso ilimitado y acuerdos no limitativos. (Recuerde este párrafo por favor)

Ahora si, vamos de uno por uno:

Como todos lo creemos (por que así se ha hecho creer) la senadora Ruth González es el plan A a la vista. Cumple con todos los requisitos descritos aquí arriba. Sí, también es la esposa del gobernador, pero también una persona única, con decisiones propias, derechos políticos completos, y aprobación popular ganada, no heredada.

Para como están las cosas hoy, los caminos de participación de la senadora son dos: competir solo con el Verde con previsibles resultados ganadores (todas las encuestas coinciden) pero rompería la alianza — no tanto con Morena sino con la presidenta- y eso no es poca cosa.

La otra opción es Ruth con Morena y Verde juntos, una combinación imparable que volvería la elección un trámite, no obstante eso implicaría que Sheinbaum haga una excepción a su postura contra lo que ella llama nepotismo.

Entonces, para el caso San Luis, (que debes ser el asunto como 249 o más de la lista a resolver por la presidenta) hay cartas sobre el escritorio: hacer la excepción potosina, asegurar un estado ganador para la 4T sin arriesgarse a perder más, pero pagar un costo político altísimo por contradecir su propia postura.

O ir juntos… pero no con Ruth.

Aquí entonces entra el plan B presidencial: que no sea Ruth, a cambio de que Ricardo lleve mano para elegir abanderado o abanderada.

En este contexto, el perfil que proponga el gobernador se convertiría muy seguramente en el próximo mandatario o mandataria.

Entonces, si no es Ruth, aquí el plan B de Gallardo (que conociéndolo quizás siempre fue su plan A): escoger entre Ignacio Segura, Guadalupe Torres, Juan Manuel Navarro o Juan Carlos Valladares.

La ventaja de todos es que ninguno es la esposa de Ricardo. La desventaja: ninguno es mujer, ni se asume como tal. Los cuatro no se pueden descartar en el escenario de alianza completa, y cumplen lo Ricardo necesita en su sucesor: confianza absoluta, lealtad al proyecto y disposición de tomar el timón de un barco donde el siga siendo el capitán.

Entonces, ¿es alguno de ellos realmente el caballo negro, el plan B de los planes B, la carta mejor guardada para responder al “tu esposa no” de la presidenta?

No. No son ninguno de ellos. La respuesta es: Aranza Puente Bustindui.

¿Suena a disparate? A mí también al principio. Pero respiremos hondo y volvamos al quinto párrafo: de los requisitos los cumple todos.

Tiene el género correcto. Y muchos valores agregados: expediente y pasado a prueba de balas.

No es Nacho Segura, al que más vale tener siempre a un lado. No es Guadalupe Torres, cuya opinión a veces se interpreta como discrepancia. No es Juan Manuel Navarro, eficiente y leal pero sin la pericia política para improvisar y salir a salvo.

Tampoco es Juan Carlos Valladares — aunque hay que detenerse aquí, porque Juan Carlos merece párrafo aparte.

Valladares sería un candidato rockstar. Hasta presidenciable si se anota el triunfo — y no lo digo yo, así lo leen en CDMX.

Su problema es que no es marinero: es capitán. Y en el barco 2027-2033 no puede haber dos con el mismo grado por más que compartan mapa.

Además, Morena lo tiene muy bien medido, lo ven muy bien, y eso — paradójicamente — le juega en contra para la gubernatura. Es el “si no es Ruth, entonces no es Juan Carlos presidenta”.

Por eso Valladares es claramente el plan A del tablero del gobernador para la capital potosina y un factor de empuje invaluable para ganar la gubernatura.

Si por alguna razón extraordinaria el diputado Valladares no se decide, el plan B capitalino apunta a Mario García — al que todavía le late el corazoncito —, Nacho Segura, o a algún perfil de Morena (la capital como ficha de cambio) que aunque vaya apoyado por el Verde, iría de sacrificio. Lo digo para que ni se apunten Cuauhtli y Arreola.

Ok. Cambiemos de lado el casette (y levante la mano quien tuvo uno de esos Sony cafés con etiqueta a escrita a mano que decía “calmaditas en inglés” jaja bueno ya, al tema)

En este mes es casi un hecho que se firme un convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y el IFSE. Los términos implican alcances y facultades para el órgano fiscalizador estatal de tal magnitud que el IFSE accedió sin pensarlo a la única petición de la federación: no tocar al rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra.

¿Por qué la ASF (léase instrucción de Rosa Icela Rodríguez) estaría interesada en un blindaje de ese grado al oftalmólogo?

Pues resulta que desde el escritorio de Juan Ramiro Robledo allá en México

, se ha presupuestado una agenda de placeo federal del líder universitario con funcionarios, magistrados, diputados, senadores y operadores partidistas de Morena.

El impulso lo opera el propio Juan Ramiro, pero lo ejecutan las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres. La idea sembrada a Gobernación: que el plan B de Morena jugando solos al gobierno potosino sea Alejandro Zermeño, el “factor sorpresa”, el contraste natural al proyecto actual, con una comunidad universitaria que, asume JRR, se desdoblaría para darle el triunfo al doctor.

En este posible — pero nada probable — escenario, el rector no tendría que bajar de la estación espacial internacional donde dijo que habitaría un año para no ser candidato a alcalde.

Solo tendría que decir que sí a una candidatura que (solo esa) le parece merecida para su estatura.

Lo bueno es que soñar no cuesta nada. Ser consciente de la realidad, levantar la mano con valor, con decisión y causa, eso sí. Por lo demás, el escenario Verde contra Morena todavía late, pero casi no oxigena.

Del lado de la oposición: hasta el viernes pasado a la una pe eme, la única candidata lista para registrarse por el PAN a la gubernatura era la senadora Verónica Rodríguez —muy a su pesar.

Pero pasados 104 minutos (maso) el plan A blanquiazul rescató al plan B: Enrique Galindo aceptó inscribirse. El plan A galindista no muere, solo queda en “estenbai”: lograr la alianza PRI-PAN aunque sea solo en San Luis Potosí, segundos antes de la hora. Posible, sí. Probable, mmm -no lo se.

Eso sí, Vero va firme a la alcaldía capitalina, dejará en su escaño en el senado a la maestra Estela Arriaga y dejará la dirigencia para concentrarse en la elección.

El combo hoy son entonces Galindo y Vero (los espacios para hombres en las 17 gubernaturas en juego para el PAN son tan reducidos que Enrique o aceptaba el viernes o se quedaba sin estar en la boleta).

El 21 de junio sabremos el nombre del perfil femenino inscrito por el PAN a la gubernatura (obligatorio) y si finalmente a la alcaldía se apuntan para medirse contra Vero, Marcelito de los Santitos Anayita, Davidito Azuarita, Rubén Guajardo, el empresario Fernando Díaz de León, el abogado José Mario de la Garza o el empresario Miguel Maya Romero.

Último plan B, y que creo es el más importante de mi entrega:

El supuesto expediente de Washington contra el gobernador Gallardo que reveló el periodista Raymundo Riva Palacios no se generó en Washington. Se generó en un SPEI desde un Banorte de la capital potosina a un Santander de la CDMX.

Siempre queda un CEP generado por el Banco de México.

No hay semáforo consultable para saber si los expedientes de la FGR se abren o se cierran, tampoco los de la UIF.

Lo que sí hay es una investigación que todos sabemos está en curso sobre el escándalo del Huachicol, los almirantes, sus cómplices y sus lavadores.

El plan activo no es que Washington venga a atrapar al gobernador — sueño de sus detractores que omiten los procedimientos, el fuero, la soberanía y la resistencia estratégica de la presidenta frente a las presiones de intervención estadounidense planteadas en el discurso del 31 de mayo (Si no entendieron eso, pues no entendieron nada).

El plan activo es otro: encarcelar a la cabeza del entramado facturero del caso huachicol. Muchas cabezas han caído, y cuando caen cabezas primero caen las de abajo.

AMLO se blindó a él y a su hijo Andy con la carta a Trump. Andy puso tierra de por medio. Ellos no van a caer, pero si tienen que entregar una cabeza en bandeja de plata, pues la guillotina apunta a Tanquián.

Ese sí es un plan B: Morena sin Adán Augusto y sin Andy no tiene razón para proteger a Sánchez Zumaya. Y si Estados Unidos quiere un “abono” de buena voluntad, el nombre del Batman de Tanquián es primero en la lista.

Sí, así son los planes B Culto Público, son no deseados pero necesarios, son el tercer portero en la banca, se ruega porque no se ocupen, pero se ocupan si es inevitable.

¿Sabían que no hay razón lógica por la que la “A” sea la primera letra del alfabeto? Es un convencionalismo de cuatro mil años, inventado por comerciantes semíticos que dibujaban cabezas de vaca y casas en tablillas.

Entonces, para leer el alfabeto electoral, no es necesario comenzar con la A.

Hagamos equipos de tres y lo discutimos después del mundial ¿va?

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

 

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Alcohol y drogas, principales causas de las riñas en SLP: SSPC

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Jesús Juárez informó que se realizan cerca de 30 detenciones diarias por narcomenudeo

Por: Redacción

El consumo de alcohol y drogas continúa siendo uno de los principales detonantes de las riñas que se registran en San Luis Potosí, algunas de las cuales han derivado incluso en homicidios, aseguró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

Al ser cuestionado sobre el incremento de hechos violentos relacionados con enfrentamientos entre particulares, el funcionario descartó que exista un crecimiento de grupos pandilleriles o de organizaciones dedicadas a generar conflictos en colonias y comunidades.

Juárez Hernández señaló que, de acuerdo con los análisis realizados por las autoridades de seguridad, la mayoría de estos casos tienen como origen el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y, en segundo término, el uso de sustancias ilícitas.

“El problema es el consumo de alcohol en primer lugar y en segundo lugar el consumo de drogas”, afirmó.

Ante esta situación, explicó que la SSPC mantiene operativos coordinados con las policías municipales para combatir el narcomenudeo

y reducir factores que propician la violencia. Entre las estrategias mencionó los operativos Convoy, Cazador y Boomi, enfocados en la detección de delitos relacionados con la venta y distribución de drogas.

El secretario destacó que San Luis Potosí se mantiene entre las entidades con mayor actividad en el combate al narcomenudeo, al registrar en promedio alrededor de 30 detenciones diarias por este delito, realizadas de manera conjunta entre la Guardia Civil Estatal y corporaciones municipales.

Según explicó, estas acciones han contribuido a contener delitos de alto impacto vinculados con grupos criminales, aunque reconoció que persisten problemas de violencia derivados de conflictos entre particulares bajo los efectos del alcohol o las drogas.

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CEDH reporta mayor demanda de atención en la región Huasteca

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La presidenta del organismo explicó que muchas de las quejas están relacionadas con servicios públicos, educación y seguridad

Por: Redacción

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha identificado que la mayor parte de las quejas y solicitudes de atención que recibe provienen de la región Huasteca, informó su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

La ombudsperson explicó que los asuntos más recurrentes están relacionados con temas educativos, de seguridad pública y dificultades en la realización de trámites ante diversas instituciones, aunque aclaró que existe una amplia variedad de casos: “Donde hemos recibido más es sobre todo en la zona Huasteca”, señaló.

Argüelles Moreno destacó que una de las prioridades de la actual gestión ha sido fortalecer los mecanismos para restituir derechos de manera inmediata

, incluso antes de que concluya formalmente el proceso de queja.

La presidenta de la CEDH explicó que, gracias a la coordinación con dependencias estatales y otras instituciones públicas, en diversos casos se ha logrado resolver la problemática planteada por los ciudadanos durante el desarrollo de la investigación.

“Hay muchas maneras de poder realizar el trámite para que las personas sientan satisfacción, y una de ellas es que se resuelva durante el trámite”, indicó.

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