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Despenalizar el aborto, deuda histórica con las potosinas
Colectiva ILE y Frente Marea Verde se unieron al Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en San Luis Potosí
Por: Redacción
El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido como #28S, una fecha crucial para los movimientos feministas y
defensores de los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Pese a que la lucha por la autodeterminación sexual y reproductiva de las mujeres en México tiene su origen desde la segunda ola del feminismo en 1970, ésta jornada (#28S) nació en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina, con el objetivo de visibilizar la lucha por la legalización del aborto, un derecho clave para garantizar la autonomía de las mujeres y evitar muertes derivadas de abortos clandestinos.
El #28S se ha consolidado como un día de acción para exigir el acceso universal al aborto legal, seguro y gratuito, denunciando las barreras sociales, económicas y jurídicas que aún existen en muchos países. En México, ha tomado especial relevancia debido a los recientes avances en al menos 18 estados de la República, mientras que en otros, como San Luis Potosí, la lucha por la despenalización sigue vigente.
Hoy es momento de que el Congreso del Estado cumpla con su responsabilidad y legisle a favor del aborto legal, saldando así una deuda histórica con las potosinas que han luchado por más de 20 años por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus proyectos de vida y su autonomía:
El 28 de agosto del 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación es constitucional, y el Congreso del Estado de San Luis Potosí, en lugar de atender dicha resolución, cedió a la estrategia orquestada por grupos católicos conservadores para reformar el artículo 16 de la Constitución el 21 de mayo de 2009, acción con la que condenaron a las mujeres potosinas a 15 años de vulneración y clandestinidad.
Más recientemente, el 22 de mayo del 2023, la Colectiva ILE presentó una queja ante Comisión Estatal de Derechos Humanos por la omisión del Congreso del Estado en acatar las recomendaciones internacionales en materia de la interrupción legal del embarazo y en observar los criterios de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos juicios que han sentado precedentes y jurisprudencia.
El 1 junio de 2023, la Colectiva ILE presentó una iniciativa de reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local. Así como la adición del artículo 148 BIS del Código Penal que aborda el tema del aborto forzado y los artículos 58 BIS y 58 TER de la Ley de Salud Estatal. También se presentó una propuesta para que las y los diputados reformen el artículo 16 de la Constitución local que establece la protección de la vida desde la
concepción, asunto que ya fue declarado inconstitucional en otras entidades.El 12 de septiembre de 2023 Colectiva ILE dio a conocer la promoción de 8 juicios de
amparo individuales para lograr que las mujeres demandantes ya no sean sujetas a las penas impuestas por el Código Penal y la Constitución local dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.El 13 de junio del 2024 Colectiva ILE promovió un juicio de amparo colectivo para la despenalización del aborto representando a todas mujeres y personas gestante del estado. Se demandó al Congreso y Gobierno del Estado a través de una asociación civil enfocada en derechos de las mujeres (cuyo nombre se mantendrá en anonimato por razones de seguridad); y, en respuesta, el 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito ordenó al Congreso local derogar los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal y en la Constitución locales, reconociendo su carácter inconstitucional. Este fallo marca un avance significativo en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres potosinas.
El 8 de septiembre de 2024, el Frente Marea Verde, con acompañamiento del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE, presentó una iniciativa ciudadana al Congreso del Estado para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local; mientras que el 2 de octubre con acompañamiento de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), también se presentó una iniciativa para reformar los Artículos 5, 14, 51, 58 y 60 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
En ese mismo período de tiempo, el Frente ha buscado acercamientos y se ha reunido con personas tomadoras de decisiones en los poderes Ejecutivo y Legislativo, buscando su respaldo para que sean analizadas, dictaminadas, aprobadas e implementadas las reformas en torno a la despenalización del aborto.
Pese dichos esfuerzos de las mujeres organizadas, entre 2015 y 2024, las legislaturas locales en funciones rechazaron, desecharon u omitieron dictaminar iniciativas de reforma presentadas por diversas colectivas con la intención de despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y generar políticas públicas que permitan a las mujeres potosinas acceder plenamente a sus derechos sexuales y reproductivos.
Aquellos diputados y diputadas nos han negado u obstaculizado reiteradamente el acceso esos derechos, pero hoy la LXIV Legislatura tiene la oportunidad de adoptar una postura garantista y de demostrar su compromiso con las mujeres y personas gestantes potosinas, permitiéndonos decidir libremente si queremos ser madres o no.
Un Congreso verdaderamente progresista es aquel que reconoce que sólo nosotras debemos tener el poder de decidir sobre nuestra maternidad. Aquel que respalda nuestra decisión de cuándo sí y cuándo no maternar. Sobre todo, aquel que nos garantiza los servicios de salud sexual y reproductiva.
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Ciudad
Concejales de Pozos se autorizan aguinaldazo: 200 mil a cada uno
Se autorizan aguinaldo de 45 días, bono de “día 7” y devolución del ISR; se repartirán 38 millones entre todos los empleados del municipio
Por: Ana G Silva y Jorge Saldaña
La Comisión de Hacienda del recién creado municipio de Villa de Pozos aprobó una adecuación presupuestal que permitirá entregar prestaciones de fin de año extraordinarias a todos los trabajadores municipales, incluidos los 12 concejales, quienes recibirán un paquete que supera los 200 mil pesos por persona.
De acuerdo a la minuta de la comisión que sesionó el martes pasado por la mañana en poder de este medio, los concejales se autorizaron:
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45 días de aguinaldo (cuando la ley marca un mínimo de 15).
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El pago del llamado “día 7”, que corresponde a los siete días adicionales de los siete meses con 31 días que no se cubren en las quincenas.
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La devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono.
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Compensaciones adicionales contempladas en el capítulo 1000 del presupuesto.
Sumando su salario mensual aproximado de 28 mil pesos, el aguinaldo ampliado (45 días), el pago del “día 7” y el retorno del ISR, el monto por concejal asciende a unos 200 mil pesos.
El documento incluye una instrucción explícita:
la Tesorería deberá retener el ISR al trabajador y, a la vez, otorgarlo como bono, mientras el municipio paga al SAT la misma cantidad. En la práctica, se trata de una devolución total del impuesto, una práctica poco común en administraciones municipales.
Las prestaciones aprobadas representan un total de 38 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual de Villa de Pozos, que asciende a alrededor de 500 millones.
La Comisión de Hacienda pidió al tesorero municipal confirmar si existía suficiencia presupuestal para cubrir el gasto. El tesorero, José Luis González Acosta, respondió por escrito: “Sí se cuenta con suficiencia presupuestaria para atender las prestaciones de fin de año.”

El dictamen incluye aguinaldos, gratificaciones, compensaciones a personal por honorarios, pagos de “día 7” y la restitución del ISR para personal operativo, funcionarios y autoridades.
De aprobarse mañana en Cabildo, el paquete quedará formalmente autorizado y se ejercerá en diciembre.
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Ciudad
Soledad concretará su salida de Interapas en 2026: Fernando Gámez
El diputado considera que la desincorporación podría ser la vía para resolver la crisis hídrica en el municipio
Por: Redacción
El diputado local de San Luis Potosí, Luis Fernando Gámez Macías, informó que el Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez solicitará al Congreso del Estado autorización para administrar su propio suministro de agua, lo que implicaría su desincorporación de Interapas. Señaló que serán las comisiones legislativas correspondientes las encargadas de evaluar la entrega–recepción del servicio.
De acuerdo con el legislador, se espera que el Cabildo presente formalmente la solicitud ante la Comisión del Agua en enero del próximo año, con la intención de que el proceso avance durante el primer semestre de 2025.
“Yo creo que es 100% viable; incluso Interapas dijo que no pondrá objeción y que están totalmente de acuerdo. Creo que viene una nueva etapa para Soledad”, afirmó Gámez Macías.
El diputado expresó confianza en que los legisladores del Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza
respaldarán la iniciativa, al considerar que la zona metropolitana necesita un cambio urgente en materia hídrica.Asimismo, destacó que la población del municipio “no puede estar peor de lo que está hoy”, recordando que más de 50 colonias carecen de agua, que se pierde alrededor del 50% del líquido en la red, además de una baja recaudación. Afirmó que Interapas es responsable directa de la crisis hídrica.
Por último, el diputado se pronunció en contra de un aumento en las tarifas de agua, argumentando que mientras no exista un servicio eficiente ni mejoras en la infraestructura, cualquier incremento sería injustificado.
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Destacadas
Ceepac prevé más denuncias por violencia política de género en la próxima elección
Las denuncias pasadas incluyeron limitación de recursos, agresiones y amenazas a familias
Por: Redacción
La consejera Paloma Blanco López, titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), advirtió que durante los próximos comicios ordinarios se espera un incremento en las denuncias por violencia política de género, tal como ocurrió en el último proceso electoral del Poder Judicial.
Blanco explicó que, aunque actualmente no se han registrado nuevos casos relevantes más allá de los ya reportados en la elección pasada, el aumento de denuncias es común en periodos electorales. Particularmente, porque en 2024 muchas mujeres —especialmente quienes buscaban un cargo por primera vez en la elección judicial— enfrentaron escenarios adversos al incursionar en campañas políticas sin experiencia previa.
Detalló que el Ceepac fortaleció la cap acitación y acompañamiento a mujeres candidatas a través de redes especializadas y destacó que el área jurídica, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Género cuentan con certificación para brindar atención de primer contacto a quienes sufran agresiones políticas.
Las denuncias por violencia política recibidas en la elección anterior abarcaron casos diversos: desde limitación al acceso a recursos de campaña hasta agresiones directas, amenazas contra las aspirantes o incluso contra sus familias.
La consejera informó que ya se trabaja en la edición del diagnóstico más reciente sobre violencia política de género en San Luis Potosí, documento que será presentado a medios entre finales de este año o los primeros meses de 2026. Con este análisis, el organismo busca ofrecer un panorama estadístico más claro sobre la incidencia y tipos de agresiones que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública.
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