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Despenalizar el aborto, deuda histórica con las potosinas
Colectiva ILE y Frente Marea Verde se unieron al Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en San Luis Potosí
Por: Redacción
El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido como #28S, una fecha crucial para los movimientos feministas y
defensores de los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Pese a que la lucha por la autodeterminación sexual y reproductiva de las mujeres en México tiene su origen desde la segunda ola del feminismo en 1970, ésta jornada (#28S) nació en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina, con el objetivo de visibilizar la lucha por la legalización del aborto, un derecho clave para garantizar la autonomía de las mujeres y evitar muertes derivadas de abortos clandestinos.
El #28S se ha consolidado como un día de acción para exigir el acceso universal al aborto legal, seguro y gratuito, denunciando las barreras sociales, económicas y jurídicas que aún existen en muchos países. En México, ha tomado especial relevancia debido a los recientes avances en al menos 18 estados de la República, mientras que en otros, como San Luis Potosí, la lucha por la despenalización sigue vigente.
Hoy es momento de que el Congreso del Estado cumpla con su responsabilidad y legisle a favor del aborto legal, saldando así una deuda histórica con las potosinas que han luchado por más de 20 años por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus proyectos de vida y su autonomía:
El 28 de agosto del 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación es constitucional, y el Congreso del Estado de San Luis Potosí, en lugar de atender dicha resolución, cedió a la estrategia orquestada por grupos católicos conservadores para reformar el artículo 16 de la Constitución el 21 de mayo de 2009, acción con la que condenaron a las mujeres potosinas a 15 años de vulneración y clandestinidad.
Más recientemente, el 22 de mayo del 2023, la Colectiva ILE presentó una queja ante Comisión Estatal de Derechos Humanos por la omisión del Congreso del Estado en acatar las recomendaciones internacionales en materia de la interrupción legal del embarazo y en observar los criterios de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos juicios que han sentado precedentes y jurisprudencia.
El 1 junio de 2023, la Colectiva ILE presentó una iniciativa de reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local. Así como la adición del artículo 148 BIS del Código Penal que aborda el tema del aborto forzado y los artículos 58 BIS y 58 TER de la Ley de Salud Estatal. También se presentó una propuesta para que las y los diputados reformen el artículo 16 de la Constitución local que establece la protección de la vida desde la
concepción, asunto que ya fue declarado inconstitucional en otras entidades.El 12 de septiembre de 2023 Colectiva ILE dio a conocer la promoción de 8 juicios de
amparo individuales para lograr que las mujeres demandantes ya no sean sujetas a las penas impuestas por el Código Penal y la Constitución local dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.El 13 de junio del 2024 Colectiva ILE promovió un juicio de amparo colectivo para la despenalización del aborto representando a todas mujeres y personas gestante del estado. Se demandó al Congreso y Gobierno del Estado a través de una asociación civil enfocada en derechos de las mujeres (cuyo nombre se mantendrá en anonimato por razones de seguridad); y, en respuesta, el 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito ordenó al Congreso local derogar los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal y en la Constitución locales, reconociendo su carácter inconstitucional. Este fallo marca un avance significativo en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres potosinas.
El 8 de septiembre de 2024, el Frente Marea Verde, con acompañamiento del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE, presentó una iniciativa ciudadana al Congreso del Estado para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local; mientras que el 2 de octubre con acompañamiento de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), también se presentó una iniciativa para reformar los Artículos 5, 14, 51, 58 y 60 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
En ese mismo período de tiempo, el Frente ha buscado acercamientos y se ha reunido con personas tomadoras de decisiones en los poderes Ejecutivo y Legislativo, buscando su respaldo para que sean analizadas, dictaminadas, aprobadas e implementadas las reformas en torno a la despenalización del aborto.
Pese dichos esfuerzos de las mujeres organizadas, entre 2015 y 2024, las legislaturas locales en funciones rechazaron, desecharon u omitieron dictaminar iniciativas de reforma presentadas por diversas colectivas con la intención de despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y generar políticas públicas que permitan a las mujeres potosinas acceder plenamente a sus derechos sexuales y reproductivos.
Aquellos diputados y diputadas nos han negado u obstaculizado reiteradamente el acceso esos derechos, pero hoy la LXIV Legislatura tiene la oportunidad de adoptar una postura garantista y de demostrar su compromiso con las mujeres y personas gestantes potosinas, permitiéndonos decidir libremente si queremos ser madres o no.
Un Congreso verdaderamente progresista es aquel que reconoce que sólo nosotras debemos tener el poder de decidir sobre nuestra maternidad. Aquel que respalda nuestra decisión de cuándo sí y cuándo no maternar. Sobre todo, aquel que nos garantiza los servicios de salud sexual y reproductiva.
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Hallan sin vida a empresarios de Villa de Reyes en Zacatecas
Las víctimas estaban desaparecidas desde el 7 de febrero; uno de ellos tenía proyección política en el municipio
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó el hallazgo sin vida de Pablo Ortega Venegas, de 36 años, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38 años, ambos originarios del municipio de Villa de Reyes, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado 7 de febrero.
Los cuerpos fueron localizados en el municipio de Pinos, Zacatecas, lo que derivó en una coordinación inmediata entre agentes de la Policía de Investigación (PDI) de San Luis Potosí y Zacatecas para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer el doble homicidio.
De acuerdo con la información oficial, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la no localización de ambos hombres, la FGESLP activó los protocolos de búsqueda, emitió las fichas correspondientes a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y abrió carpetas de investigación tras las denuncias presentadas por familiares.
Las víctimas fueron vistas por última vez en puntos distintos: Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, en las inmediaciones del rancho “La Carreta”, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva fue reportado por última vez en la entrada al municipio de Jesús María. Las autoridades también solicitaron apoyo ciudadano para localizar dos vehículos en los que presuntamente se transportaban: una camioneta Kia Sportage color vino y un Nissan Tsuru blanco.
Pablo Ortega Venegas se perfilaba como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva era productor agrícola y hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024, quien también aspiraba a contender por la alcaldía del municipio, en ese caso por Morena.
Previo a la confirmación del deceso, familiares y amigos habían convocado a una marcha pacífica para este martes 10 de febrero, con el objetivo de exigir la aparición con vida de las personas privadas ilegalmente de la libertad.
La FGESLP informó que ha robustecido las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables, aunque hasta el momento no se han revelado las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.
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Tras feminicidios de los últimos días, Fiscalía pide denunciar cualquier tipo de violencia
María Manuela García señaló que la falta de denuncia sigue siendo un tema muy común, incluso cuando ya hay una detención de por medio
Por: Redacción
Tras los dos feminicidios ocurridos en San Luis Potosí en días recientes, María Manuela García Cazares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de violencia familiar para evitar estos trágicos acontecimientos.
La fiscal señaló que en ninguno de los dos casos existía algún reporte previo por violencia familiar, lo que hace prácticamente imposible la prevención del crimen por parte de las autoridades.
García Cazares indicó que la falta de denuncia sigue siendo un problema muy grande en estas situaciones , ya que incluso es “muy frecuente” que al hacer una detención, la víctima decida no ejercer acciones, por lo que tienen que dejar en libertad al presunto agresor.
Finalmente, recalcó la invitación a las personas que sufran algún tipo de violencia de acercarse a las autoridades a reportar estos hechos, con el fin de que la FGE pueda actuar a tiempo y evitar que la situación trascienda a mayores.
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Extorsión por préstamos ilegales persiste en la zona metropolitana: SSPC
Las autoridades aseguran que sin denuncia directa es difícil proceder legalmente
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que el fenómeno de extorsión bajo la modalidad de “gota a gota” continúa presente en la zona metropolitana de San Luis Potosí, particularmente en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez, aunque aseguró que ya se han realizado detenciones y acciones de seguimiento para contener este delito.
Cuestionado sobre las denuncias relacionadas con presuntos extorsionadores de origen colombiano que operan en la capital potosina, el funcionario explicó que han sido principalmente la Policía Municipal de Soledad y la Guardia Civil Estatal quienes han logrado detener a personas vinculadas con este esquema de préstamos ilegales.
Juárez Hernández reconoció que se trata de un fenómeno complejo, ya que este tipo de extorsión se origina a partir de préstamos informales, lo que dificulta la acreditación del delito ante la Fiscalía General del Estado y la posibilidad de realizar detenciones en flagrancia.
“Es algo complicado porque se necesita la denuncia de la persona afectada. Al derivar de un préstamo, jurídicamente se complica demostrar el delito; sin embargo, cuando existe señalamiento directo y la víctima está dispuesta a denunciar, se logra la detención”, explicó.
El titular de la SSPC señaló que el tema ha sido abordado de manera constante en las mesas de seguridad , donde se mantiene la instrucción de dar seguimiento puntual a este tipo de casos en la zona metropolitana.
En contraste, destacó que en la región Altiplano, particularmente en Matehuala, se ha logrado una reducción significativa de la incidencia delictiva relacionada con extorsión y cobro de piso, tras la detención de integrantes de un grupo criminal que también estaba vinculado con venta de droga, robo al autotransporte y homicidios.
Indicó que estas acciones no corresponden únicamente a operativos recientes, sino a un trabajo sostenido de al menos dos años, lo que ha permitido debilitar de forma considerable a dicha organización criminal.
Finalmente, Juárez Hernández reiteró que, en el caso de la zona metropolitana, el combate a la extorsión requiere no solo de operativos policiacos, sino también de la colaboración de las víctimas mediante la denuncia, para poder proceder legalmente contra quienes incurren en estas prácticas.
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