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Despenalizar el aborto, deuda histórica con las potosinas
Colectiva ILE y Frente Marea Verde se unieron al Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en San Luis Potosí
Por: Redacción
El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido como #28S, una fecha crucial para los movimientos feministas y
defensores de los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Pese a que la lucha por la autodeterminación sexual y reproductiva de las mujeres en México tiene su origen desde la segunda ola del feminismo en 1970, ésta jornada (#28S) nació en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina, con el objetivo de visibilizar la lucha por la legalización del aborto, un derecho clave para garantizar la autonomía de las mujeres y evitar muertes derivadas de abortos clandestinos.
El #28S se ha consolidado como un día de acción para exigir el acceso universal al aborto legal, seguro y gratuito, denunciando las barreras sociales, económicas y jurídicas que aún existen en muchos países. En México, ha tomado especial relevancia debido a los recientes avances en al menos 18 estados de la República, mientras que en otros, como San Luis Potosí, la lucha por la despenalización sigue vigente.
Hoy es momento de que el Congreso del Estado cumpla con su responsabilidad y legisle a favor del aborto legal, saldando así una deuda histórica con las potosinas que han luchado por más de 20 años por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus proyectos de vida y su autonomía:
El 28 de agosto del 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación es constitucional, y el Congreso del Estado de San Luis Potosí, en lugar de atender dicha resolución, cedió a la estrategia orquestada por grupos católicos conservadores para reformar el artículo 16 de la Constitución el 21 de mayo de 2009, acción con la que condenaron a las mujeres potosinas a 15 años de vulneración y clandestinidad.
Más recientemente, el 22 de mayo del 2023, la Colectiva ILE presentó una queja ante Comisión Estatal de Derechos Humanos por la omisión del Congreso del Estado en acatar las recomendaciones internacionales en materia de la interrupción legal del embarazo y en observar los criterios de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos juicios que han sentado precedentes y jurisprudencia.
El 1 junio de 2023, la Colectiva ILE presentó una iniciativa de reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local. Así como la adición del artículo 148 BIS del Código Penal que aborda el tema del aborto forzado y los artículos 58 BIS y 58 TER de la Ley de Salud Estatal. También se presentó una propuesta para que las y los diputados reformen el artículo 16 de la Constitución local que establece la protección de la vida desde la
concepción, asunto que ya fue declarado inconstitucional en otras entidades.El 12 de septiembre de 2023 Colectiva ILE dio a conocer la promoción de 8 juicios de
amparo individuales para lograr que las mujeres demandantes ya no sean sujetas a las penas impuestas por el Código Penal y la Constitución local dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.El 13 de junio del 2024 Colectiva ILE promovió un juicio de amparo colectivo para la despenalización del aborto representando a todas mujeres y personas gestante del estado. Se demandó al Congreso y Gobierno del Estado a través de una asociación civil enfocada en derechos de las mujeres (cuyo nombre se mantendrá en anonimato por razones de seguridad); y, en respuesta, el 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito ordenó al Congreso local derogar los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal y en la Constitución locales, reconociendo su carácter inconstitucional. Este fallo marca un avance significativo en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres potosinas.
El 8 de septiembre de 2024, el Frente Marea Verde, con acompañamiento del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE, presentó una iniciativa ciudadana al Congreso del Estado para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local; mientras que el 2 de octubre con acompañamiento de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), también se presentó una iniciativa para reformar los Artículos 5, 14, 51, 58 y 60 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
En ese mismo período de tiempo, el Frente ha buscado acercamientos y se ha reunido con personas tomadoras de decisiones en los poderes Ejecutivo y Legislativo, buscando su respaldo para que sean analizadas, dictaminadas, aprobadas e implementadas las reformas en torno a la despenalización del aborto.
Pese dichos esfuerzos de las mujeres organizadas, entre 2015 y 2024, las legislaturas locales en funciones rechazaron, desecharon u omitieron dictaminar iniciativas de reforma presentadas por diversas colectivas con la intención de despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y generar políticas públicas que permitan a las mujeres potosinas acceder plenamente a sus derechos sexuales y reproductivos.
Aquellos diputados y diputadas nos han negado u obstaculizado reiteradamente el acceso esos derechos, pero hoy la LXIV Legislatura tiene la oportunidad de adoptar una postura garantista y de demostrar su compromiso con las mujeres y personas gestantes potosinas, permitiéndonos decidir libremente si queremos ser madres o no.
Un Congreso verdaderamente progresista es aquel que reconoce que sólo nosotras debemos tener el poder de decidir sobre nuestra maternidad. Aquel que respalda nuestra decisión de cuándo sí y cuándo no maternar. Sobre todo, aquel que nos garantiza los servicios de salud sexual y reproductiva.
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Gallardo y Harfuch de la mano en estrategia de seguridad
Ricardo Gallardo y Omar García Harfuch acordaron más presencia operativa en carreteras, zonas estratégicas y puntos prioritarios del Estado
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que con esta coordinación se busca mantener a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros del país, durante la reunión de trabajo que sostuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, en la que acordaron ampliar los operativos conjuntos en el Estado, con mayor presencia en carreteras principales, caminos estatales y zonas estratégicas, además de más fuerzas de reacción de la Guardia Nacional, Defensa, corporaciones estatales y fiscalías.
Durante el encuentro, el mandatario Estatal destacó que la coordinación con la Federación es la ruta correcta para mantener a San Luis Potosí a la baja en delitos de alto impacto, preservar la paz social y garantizar mayor seguridad para las familias potosinas en las cuatro regiones del Estado.
Ricardo Gallardo Cardona señaló que San Luis Potosí mantiene comunicación directa con las autoridades federales para dar seguimiento a operativos, objetivos prioritarios y acciones de vigilancia
, con especial atención en zonas de alta movilidad, crecimiento económico, actividad carretera y puntos donde se requiere presencia institucional permanente.El gobernador afirmó que el trabajo conjunto con Omar García Harfuch y las instituciones federales confirma que San Luis Potosí avanza con una estrategia seria, operativa y de resultados, basada en inteligencia, coordinación y capacidad de reacción para proteger a la ciudadanía.
Finalmente, Gallardo Cardona reiteró que su Gobierno continuará trabajando de la mano con la Federación para ampliar la presencia de seguridad, mejorar la respuesta institucional y mantener la disminución de delitos de alto impacto en beneficio de las familias potosinas.
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TEESLP advierte: las campañas de 2027 llegarán sin reglas para el uso de IA
Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas
Por: Redacción
La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).
“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.
Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.
Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión , pero sí evidencia la necesidad de contar con reglas que otorguen certeza jurídica frente al uso de nuevas tecnologías. Ignorar el fenómeno, subrayó, “no es una opción”, dado el crecimiento del entorno digital en los procesos electorales.
El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.
Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación.
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Sedesore verifica entregas para frenar duplicidad de “Tekmol”
Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios
Por: Redacción
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.
Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.
No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.
Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.
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