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Desapariciones en San Luis Potosí: cuatro años al alza
El número de personas extraviadas en el estado ha ido en aumento desde 2015, cuando fueron 17 reportes; el año pasado fueron 656
Por El Saxofón
En los últimos tres años, los reportes ante las autoridades por desapariciones de personas han incrementado en San Luis Potosí. En 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió 17 reportes por personas desaparecidas, según consta en el portal de Búsqueda de Personas de la Fiscalía estatal, la cifra subió a 71 en 2016, se disparó a 514 en 2017, y llegó a 656 en 2018.
Cabe señalar que de las 17 denuncias por desaparición presentadas en 2015, solo en uno de los casos la persona fue localizada (de acuerdo con los datos que ofrece la FGE en su portal de internet) mientras que las 16 restantes permanecen sin tener datos sobre su paradero.
En los años siguientes, la mayoría de las personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas, sin embargo, entre 2016 y 2018, siguen sin localizar 142 hombres y 111 mujeres.
Aunado a ello, en lo que va de 2019, se han reportado ante la FGE las desapariciones de 183 personas, 88 hombres y 95 mujeres. Al día de hoy, siguen sin localizar 25 hombres y 14 mujeres.
Recuento
En 2016 se reportó a las autoridades la desaparición de 71 personas: 32 mujeres y 39 hombres. De las 32 mujeres permanecen sin localizar 15, mientras que de los hombres siguen desaparecidos 24.
Para 2017, los reportes se dispararon de 71 a 514; 272 mujeres y 242 hombres.
Permanecen sin localizar 44 hombres y 27 mujeres.
A lo largo del 2018 la FGE inició pesquisas para dar con el paradero de 656 personas, de las cuales 363 fueron mujeres y 293 hombres. Al menos 513 ya están de vuelta en sus hogares, pero permanecen sin localizar 143: 69 mujeres y 74 hombres.
En lo que va de 2019, se han reportado ante la FGE, las desapariciones de 183 personas, 88 hombres y 95 mujeres; 144 ya fueron ubicadas. Siguen sin localizar 25 hombres y 14 mujeres.
Aunque las cifras de reportes de desapariciones son casi similares en hombres y mujeres, es de hacer notar que se reportan más desapariciones de mujeres que de hombres, sin embargo, también son más las mujeres que son localizadas luego de que las familias dan parte a la autoridades, que en el caso de los hombres.
Madres de menores desaparecidas. Fotografía: Alfonso Ochoa Tapia.
Mujeres y niños primero
En 2018, se reportó la desaparición de 47 menores de edad, 30 niñas y 17 niños. Siguen sin localizar doce: seis niñas y siete niños.
Desde el 2016 hasta la fecha, permanecen sin localizar 111 mujeres en San Luis Potosí: 15 desde 2016, 27 desde 2017 y 69 desde 2018. A estas se suman 16 mujeres desaparecidas en lo que va de 2019 y que no han sido localizadas.
Explorando los datos, resalta que el mayor número de desaparecidas son mujeres jóvenes incluso menores de edad, (entre los 13 y los 29 años) mientras que en el caso de los hombres, la mayoría se trata de adultos (entre los 18 y los 64).
Tan solo en 2018, 153 de las mujeres reportadas como desaparecidas, eran adolescentes entre los 13 y los 17 años. Esta cantidad equivale al 42.1 por ciento del total de mujeres reportadas como desaparecidas; de ellas, 27 siguen sin ser localizadas.
Mientras tanto, el 31.9 por ciento (116 casos) tenían entre 18 y 29 años, de las cuales, 18 siguen sin localizar. El año pasado, también desaparecieron 58 mujeres (15.9%) cuyas edades oscilaban entre los 30 y los 64 años; permanecen ilocalizables 16.
De las 95 mujeres desaparecidas en lo que va del 2019, 51 están entre los 13 y los 17 años; es decir el 53.6 por ciento. En contraste, de los 88 hombres reportados como desaparecidos, 43 están entre los 30 y los 64 años, es decir el 48 por ciento.
No se tiene una estrategia real para contrarrestar este incremento, por parte de las autoridades.
Hombres
Como se dijo antes, en el caso de los hombres desaparecidos, las edades de la mayoría oscilan entre los 30 y los 64 años de edad. De los 293 desaparecidos en 2018, el 40.2 por ciento estaban en este rango (118 casos), en tanto que el 28.6 por ciento, tenían entre 18 y 29 años (84 casos).
A la fecha, siguen sin ser ubicados 21 hombres de entre 18 y 29 años, y 26 de entre 30 y 64, reportados como desaparecidos en 2018,
Por otra parte, el año pasado se reportó la desaparición de 45 adolescentes hombres entre los 13 y los 17 años de edad (15.3%) , de los cuales ocho siguen sin ser localizados.
Cabe mencionar que la desaparición de hombres no genera la misma preocupación que la de mujeres o menores de edad, sobre todo porque estos dos sectores son considerados “vulnerables”, lo que no ocurre con el género masculino.
¿A dónde van los desaparecidos?
El fenómeno social de las desapariciones ha incrementado en el contexto de violencia que ha envuelto al país en las primeras décadas del siglo XXI, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 33 mil 482 personas sin ubicar desde 1979 hasta julio de 2017.
Las cifras de desapariciones están en constante actualización, es decir, muchas personas son localizadas por las autoridades, o vuelven al hogar después de haberse ido por propia voluntad, muchas veces a causa de problemas familiares. Los que no vuelven, en muchos casos es porque han caído en manos de la delincuencia.
Así es, muchas otras desapariciones están relacionadas con las actividades del crimen organizado, o con la trata de personas en el caso de las mujeres y menores de edad. Esto genera psicosis entre la población que, ante la ausencia de un familiar, entran en pánico, e interponen la denuncia por desaparición, quizás a eso obedece el repunte en las denuncias.
Esto, cabe decirlo, también abona a la estigmatización y al riesgo, sobre todo de las mujeres, pues en cuanto se difunde sobre la desaparición de alguna persona del sexo femenino, de inmediato aparecen los prejuicios y se culpa a las familias o a las mujeres y se le resta importancia a la desaparición, ligándolo con estereotipos de género, como que seguramente “se fue con su novio”.
En todo caso, las desapariciones de personas requieren una aproximación interdisciplinar que permita prevenir el fenómeno, y concentrar los esfuerzos de localización en las personas que están en verdadero riesgo.
También lea: Madre e hija desaparecieron y la Fiscalía de SLP no investiga el caso
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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