#4 Tiempos
De la inconstitucionalidad de los plazos | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
El miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad otorgar el amparo de la Justicia de la Unión a Jessica, una mujer con parálisis cerebral que fue violada cuando tenía 17 años y que se le negó la interrupción de su embarazo en un hospital de Chiapas. Esta sentencia cobra particular relevancia, me parece, por dos motivos: primero y más evidente, por el avance que esto representa para la despenalización del aborto en nuestro país; y segundo, por los criterios sostenidos que refrendan la obligación de todos los jueces y juezas del país a ejercer su función siempre con perspectiva de género y atender a todas las circunstancias del caso.
Los hechos fueron así. Jessica es una mujer que padece de parálisis cerebral y de convulsiones, mismas que le impiden comunicarse por sí misma y que la sujetan al auxilio de otros para realizar actividades básicas como comer o asearse. Además, cabe resaltar que ella y su familia son de escasos recursos económicos, por lo que viven en condiciones de pobreza y marginación.
Jessica fue víctima del delito de violación cuando tenía 17 años y quedó embarazada. En una ocasión, la entonces menor de edad sufrió un episodio grave de convulsiones, por lo que fue llevada al Hospital General de Tapachula, en donde, posterior a la revisión médica, le comentaron a su madre que Jessica contaba con cinco meses de embarazo. Por ello, se le dio vista a la Fiscalía General del Estado por el delito de violación y la madre de Jessica solicitó al director del hospital la interrupción del embarazo de su hija. Con fundamento en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, el director del hospital negó mediante un oficio dicha solicitud.
El referido artículo establece que: “[n]o es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora.” Es decir, el director del hospital negó la solicitud argumentando que, por tener más de 90 días de gestación, Jessica debía continuar con su embarazo. Además, el médico incluyó en el oficio una lista de los riesgos que, de practicarse el aborto, correría la vida de Jessica.
La madre de Jessica tuvo que acudir a tribunales para buscar que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 181 del Código y se dejara sin efectos el oficio del director del hospital; sin embargo, el Juez de Distrito negó el amparo. Entonces, el asunto llegó a la Corte y, a través del amparo en revisión 438/2020, la Primera Sala estimó que el Juez incumplió sus obligaciones constitucionales de juzgar con perspectiva de género; tomar en cuenta las circunstancias de discapacidad de la víctima; y de ponderar el interés superior de la menor.
Respecto del plazo de 90 días que establece el artículo 181 del Código, la Corte sostuvo con grandes argumentos que imponer una limitación temporal para interrumpir un embarazo provocado por violación “supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino es resultado de conductas arbitrarias y violentas (…)”. Por lo tanto, “el Estado no puede obligar a la mujer víctima de una violación a asumir sacrificios en su persona, como lo es continuar con un embarazo, y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general”. En atención a las particularidades del caso, la Corte concluye que establecer un plazo genérico de 90 días invisibiliza las condiciones de vulnerabilidad que pueden tener las víctimas: generalmente no se encuentran en las mismas condiciones las menores de edad que las mayores, ni tampoco quienes presenten una discapacidad, la cual en muchas ocasiones puede impedir que se enteren de su embarazo.
Una vez declarada la inconstitucionalidad de imponer un plazo a las mujeres embarazadas producto de una violación, los ministros y ministras de la Primera Sala añadieron que el oficio del director del hospital donde negó la interrupción del embarazo también fue violatorio del derecho a la salud de Jessica. Lo anterior, toda vez que el médico solamente incluyó los riesgos que correría la vida de Jessica y no señaló los riesgos que pudieran generarse sobre ella de continuar con el embarazo: desnutrición severa, convulsiones más intensas, anemia crónica grave, así como los efectos adversos que tienen sobre el feto los medicamentos que Jessica toma para tratarse.
La decisión de la Primera Sala, entonces, amplía el desarrollo y alcance que se le ha venido dando desde 2008 al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, así como a su libertad y su dignidad. Asimismo, en el marco de la despenalización del aborto en el Estado de Hidalgo, esta decisión reitera que el camino adecuado para tratar esta problemática no es la vía penal, sino que se trata de un asunto de salud pública y de derechos, donde también se deben considerar las distintas realidades sociales y vulnerabilidades que pueda presentar cada caso en particular. Como bien lo señala la Sala, los jueces y juezas deben analizar los factores que posicionan a las mujeres en contextos de vulnerabilidad interseccional. Es decir, entender el fenómeno en que se concentran en una misma persona distintas vulnerabilidades: en este caso, haber sido víctima de una violación, ser menor de edad y vivir en condiciones de pobreza y marginación.
Sobre los efectos de la sentencia, no podemos pasar por desapercibido el hecho de que, al tratarse de una sentencia de amparo, la inconstitucionalidad del plazo establecido en el artículo 181 del Código Penal de Chiapas sólo le puede aplicar a Jessica. Sin embargo, gracias al nuevo sistema de precedentes y a que este asunto se aprobó por al menos cuatro de cinco votos, todos los jueces del país están obligados a seguir el mismo criterio. Esto quiere decir que en los estados en los que aún se impone un plazo límite para interrumpir un embarazo producto de una violación (Veracruz, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Campeche, Michoacán, Coahuila y, por supuesto, Chiapas), las mujeres tendrán que recibir la negativa del director del hospital, iniciar un juicio de amparo e invocar este precedente para que se les permita interrumpir su embarazo de manera legal.
Bien dicen que una de las principales funciones de un tribunal constitucional debe ser la de pacificar los conflictos que se le presentan, o sea, sentar condiciones para que éstos no se repitan. Si bien es cierto que el conflicto no está pacificado completamente por la propia naturaleza de las sentencias de amparo, esta decisión realizó el gran aporte de dar claridad a la discusión de los plazos y reiterar que es inadmisible que se siga criminalizando a las mujeres por tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas en un contexto (socioeconómico, normativo, judicial y médico) que les juega en contra. Bajo esta premisa, los grandes avances en materia de regulación y despenalización del aborto han venido impulsados por activistas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, cuyos criterios legales han sido reconocidos y refrendados por los tribunales.
Mientras eso sucede, el Poder Legislativo sigue omiso y enfrascado en la discusión binaria y polarizante de estar a favor o en contra, sin alcanzar a ver que la cárcel hace todo menos detener el conflicto; en el Ejecutivo, la insensatez hecha persona plantea someterlo a consulta. La pacificación vendrá con regulación y políticas públicas bien pensadas, no con punitivismo ni demagogia.
En una nota completamente ajena a la interrupción legal del embarazo, no puedo dejar de señalar que esta decisión de la Primera Sala tiene la gran bondad de abonar al rompimiento del paradigma de jueces con funciones estrictamente mecánicas. Poco a poco se terminan los tiempos de juzgadores y juzgadoras que identifican el hecho y —como autómatas— aplican la ley. Ahora, los jueces y juezas están obligados a conocer, estudiar y entender las circunstancias, y a decidir qué derecho y cómo aplicarlo. Se trata, entonces, de un derecho más justo y que responde a la realidad social.
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TESTEANDO
Guillermo Ochoa es un portero que se convirtió en bandera. Desde que debutó con el América en 2004, sus guantes parecían hechos para noches grandes: títulos de liga, protagonismo inmediato y el aura del “nuevo guardián” del arco mexicano. Tardó en dar el salto a Europa, y aún así, demostró sus ganas de crecer a pesar de los sacrificios, con una carrera que, aunque irregular en lo colectivo, lo mantuvo vigente en la élite del futbol internacional durante más de una década.
En Francia defendió al Ajaccio, donde se convirtió en ídolo de un club pequeño que sobrevivía gracias a sus atajadas imposibles. Después vinieron pasos por Málaga y Granada en España, donde la lucha contra el descenso lo expuso constantemente, pero también lo catapultó con actuaciones memorables frente a equipos como el Barcelona o el Real Madrid. Más tarde, Bélgica, con el Standard de Lieja, donde recuperó la estabilidad, disputó competencias europeas y volvió a tener el brillo de arquero confiable.
De ahí regresó a México, otra vez al América, como referente y capitán. Sin embargo, su ambición lo llevó a un último desafío en Italia con la Salernitana, donde las críticas fueron severas y el equipo terminó hundido en la tabla. Ese episodio marcó un antes y un después: Ochoa ya no era visto como el mismo arquero que tapaba lo imposible en los mundiales, sino como un veterano que comenzaba a pagar factura ante la exigencia de un futbol mayor.
Con la Selección Mexicana, su legado es indiscutible
Hoy el futuro de Ochoa es una incógnita. Con 39 años cumplidos, se habla de un posible regreso a la Liga MX, donde tendría el respaldo de la afición y un lugar asegurado en el escaparate. También existe la posibilidad de un destino exótico, en ligas de menor exigencia pero con cheques generosos. El problema es que cada paso que dé será juzgado no como una nueva aventura, sino como el epílogo de una carrera que marcó época.
El verdadero reto de Guillermo Ochoa ya no está bajo los tres palos, sino frente al espejo. Su historia se escribió entre América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja y Salernitana; su leyenda se forjó con la Selección. Pero ahora, cuando el tiempo le recuerda que no hay reflejo eterno, deberá decidir si se despide como un gigante que supo irse en lo alto o como un ídolo que se aferró demasiado al recuerdo de sus mejores atajadas.
APUNTES
Culto Público, hijos de la paja en el ojo ajeno:
“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”
¿Qué hace el vocero de la iglesia, Tomás Cruz Perales, dando sermones de transparencia, cuando su iglesia y el Vaticano es una de las instituciones, primero más ricas, menos transparentes y menos democráticas del planeta?
El Vaticano como Estado, en realidad es pobre, sería la última economía del mundo si se mide por su nivel de ingresos, que de acuerdo al propio Estado Vaticano solo provienen de la venta de medallas, artículos para turistas y entradas a museos.
Por otro lado, su territorio y población es muy pequeña, por lo tanto para el nivel de ingresos, divididos entre tan pocas personas, tienen un Ingreso per cápita, de los más altos del mundo (hay poco más de 600 habitantes)
Los puristas me dirán que el Vaticano y la iglesia no tienen por qué dar cuentas a nadie (solo a Dios) porque no recibe ”recursos públicos” (aunque sí recibe donaciones millonarias principalmente de EEUU, Francia e Italia y que a ciencia cierta no se sabe el destino que se les da a cantidades multimillonarias).
Es cierto que construye hospitales, albergues, y universidades por todo el mundo, pero los números, el balance de sus ingresos jamás ha sido conocido.
Datos duros, plasmados en la Biblia son muy pocos: si acaso las 30 monedas de plata que recibió judas, y el denario que pagaba el propietario de una viña a sus trabajadores en la parábola conocida así, la de “los obreros de la viña”.
(Seguramente hay otras referencias económicas en las escrituras, pero de ahí en fuera, la institución humana, y por lo tanto imperfecta, llamada iglesia, jamás en su historia ha dado cuentas a nadie de sus números, no obstante que es de todos conocido que tiene una cantidad de recursos tan alta que ya quisieran muchas naciones)
Pero a ver, preguntemos:… ¿No son recursos públicos los que recibe la iglesia católica?
Todas las dádivas y donaciones vienen de sus feligreses, que de manera voluntaria -eso sí- aportan. Sin olvidar todo lo que cobran de manera “no tan voluntaria”, como actas bautismales, bodas, misas, amonestaciones, licencias y muchos “etcéteras”.
En todo caso no son recursos públicos técnicamente hablando, pero sí “del público”.
Lo más importante: ya sea con alcancías a los pies de un santo, en la canasta de las limosnas, o en los sobres del diezmo, todos esos recursos son “ingresos propios” o auto generados por la institución creada
Si la iglesia es así de opaca en el manejo de los recursos de sus “seguidores públicos”, ¿por qué entonces no propone el vocero potosino, en un acto de humildad, de transparencia y de dar al César lo que le corresponde, que el IFSE audite cada alcancía, diezmo y limosnas?
¿Qué se tiene que estar metiendo Cruz Perales con las demás instituciones cuando la propia tiene mucho que explicar, y no solo en temas económicos?
Ya nada más falta que la iglesia potosina también ayude al SAT y promueva auditorías a sus fieles seguidores…
Total, “el que nada debe, nada teme” y bajo esa lógica deberían de poner el ejemplo, y dejar de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.
De otra forma se comportan como fariseos, tomando posturas de tumbas blanqueadas.
Mire, Culto Público, que el que esto escribe reconoce que “peco de persignado” y soy temeroso del poder de Dios, no obstante y aunque me excomulgue la iglesia no puedo dejar de decir la verdad. No mentirás es mi octavo mandamiento.
La UASLP y el IFSE tienen su liturgia y mandamientos mundanos, cívicos y sin ninguna relación celestial, por lo tanto no se meta, señor vocero, en temas que no le incumben. Amén.
En otros temas, con la misma curiosidad, tenacidad, geometría analítica espacial, ciencia, cálculo y matemática con que se midió la asistencia a la Fenapo, se debería poner en tela de juicio los números de los costos de las obras que anuncian los gobiernos.
Es el caso del municipio bebé de Villa de Pozos, que presumió gastar 4 millones de pesos en 3 aulas de 6×8 metros cuadrados…
Precios por metro que solo en las zonas más lujosas de SLP se tienen.
Las aulas “inclusivas” que presume Pozos, que se sepa o se vea, no tienen tecnología acústica de primer nivel, ni sistemas en braille, ni grúas para la movilidad de personas con discapacidad. Tiene tres rampas y dos ventiladores.
Fue en la primaria José Mariano Jiménez, en Pozos, donde Teresa Rivera presumió la entrega de tres aulas “didácticas e inclusivas” de 6×8 metros, con una inversión de 4 millones de pesos. La cuenta no falla: 1.3 millones por aula, o casi 28 mil pesos el metro cuadrado. Ni los departamentos de Lomas cuestan tanto. La presidenta concejal presume “materiales de alta calidad” y rampas para hacerlo inclusivo, pero a ese precio uno esperaría butacas con calefacción, pizarras inteligentes o conexión satelital. La obra era necesaria, sí y va a beneficiar a medio millar de niños, pero la matemática es más clara que el discurso: el sobre precio es evidente.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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#4 Tiempos
José Rafael Campoy padre del pensamiento moderno mexicano | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
El desarrollo de la cultura superior en San Luis Potosí, en los primeros doscientos años de existencia de la ciudad, se daría en el ámbito de las letras, por lo mismo, aunque con desarrollos escasos, se enfocaría en las humanidades.
El escenario donde pudieron desarrollarse las artes, fue en el religioso, así, los primeros pasos en la educación de la población, procedió de este ámbito, siendo frailes los que desarrollarían esa actividad humanista.
Con la implementación de la Ratio Studiorum jesuita como plan general educativo contrarreformista, no es de extrañar que los primeros humanistas potosinos realizaran, además de su misión evangelizadora, principalmente actividades educativas. Figura entre los primeros frailes Diego de la Magdalena, que fue uno de los fundadores de la ciudad de San Luis Potosí, y sobresalen la instauración de la escuela agustina estando al frente Diego de Basalenque, la llegada a San Luis de los jesuitas y la instalación de su colegio. La actividad humanista de creación artística en letras se comienza a dar hasta finales del siglo XVII, aunque hubo manifestaciones más tempranas cuando hace su presencia un personaje nacido ya en estas tierras potosinas.
Los padres de la compañía de Jesús llegaron en 1626 a San Luis y solicitaron encargarse de la enseñanza, que anteriormente estaba a cargo de los agustinos que durante doce años impartieron en el convento de San Agustín.
Uno de los jesuitas que radicaron en San Luis Potosí y que sería la figura más sobresaliente en la introducción del pensamiento moderno en la Nueva España y que liderara la formación de los jesuitas en este terreno, sería José Rafael Campoy.
José Rafael Campoy, jesuita que además de pronunciar oraciones fúnebres destacó principalmente en la introducción de pensamiento moderno y contribución a la filosofía mexicana con un movimiento reformista, teniendo influencia en pensadores jesuitas como Clavijero, Castro, Abad, Parreño, Landivar, Cavo, Maneiro, entre otros.
Fue catedrático del Colegio de los Jesuitas en San Luis Potosí donde también participó Abad, siendo uno de los jesuitas expulsos que llegaron a Italia donde murió en Bolonia en 1777
Una de las cátedras que fueron importantes en el colegio jesuita de San Luis Potosí sería la gramática latina, este curso se cubría en cinco años y una buena cantidad de jóvenes potosinos pasaron por este curso.
Rafael Campoy, atendió este curso de gramática durante los años de 1746 a 1748; los temas de teología y filosofía si bien no se impartieron regularmente en San Luis Potosí, sus discusiones entre los profesores jesuitas e interesados en estos temas, serían influenciados por Campoy, como sería el caso de José Abad que se encargaría de cursos de filosofía en varios colegios jesuitas y que estuviera como profesor en San Luis Potosí.
El nombre de José Rafael Campoy como introductor del pensamiento moderno en el esquema de estudio jesuita es recurrente y las figuras de jesuitas que han destacado en la historia del pensamiento mexicano, y sus valiosas contribuciones en el exilio se fincan en la labor de José Rafael Campoy.
Campoy se convierte en una de las figuras que contribuyeron al progreso educativo de los jóvenes potosinos en el seno del Colegio jesuita en San Luis Potosí.
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