#4 Tiempos
De la inconstitucionalidad de los plazos | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
El miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad otorgar el amparo de la Justicia de la Unión a Jessica, una mujer con parálisis cerebral que fue violada cuando tenía 17 años y que se le negó la interrupción de su embarazo en un hospital de Chiapas. Esta sentencia cobra particular relevancia, me parece, por dos motivos: primero y más evidente, por el avance que esto representa para la despenalización del aborto en nuestro país; y segundo, por los criterios sostenidos que refrendan la obligación de todos los jueces y juezas del país a ejercer su función siempre con perspectiva de género y atender a todas las circunstancias del caso.
Los hechos fueron así. Jessica es una mujer que padece de parálisis cerebral y de convulsiones, mismas que le impiden comunicarse por sí misma y que la sujetan al auxilio de otros para realizar actividades básicas como comer o asearse. Además, cabe resaltar que ella y su familia son de escasos recursos económicos, por lo que viven en condiciones de pobreza y marginación.
Jessica fue víctima del delito de violación cuando tenía 17 años y quedó embarazada. En una ocasión, la entonces menor de edad sufrió un episodio grave de convulsiones, por lo que fue llevada al Hospital General de Tapachula, en donde, posterior a la revisión médica, le comentaron a su madre que Jessica contaba con cinco meses de embarazo. Por ello, se le dio vista a la Fiscalía General del Estado por el delito de violación y la madre de Jessica solicitó al director del hospital la interrupción del embarazo de su hija. Con fundamento en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, el director del hospital negó mediante un oficio dicha solicitud.
El referido artículo establece que: “[n]o es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora.” Es decir, el director del hospital negó la solicitud argumentando que, por tener más de 90 días de gestación, Jessica debía continuar con su embarazo. Además, el médico incluyó en el oficio una lista de los riesgos que, de practicarse el aborto, correría la vida de Jessica.
La madre de Jessica tuvo que acudir a tribunales para buscar que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 181 del Código y se dejara sin efectos el oficio del director del hospital; sin embargo, el Juez de Distrito negó el amparo. Entonces, el asunto llegó a la Corte y, a través del amparo en revisión 438/2020, la Primera Sala estimó que el Juez incumplió sus obligaciones constitucionales de juzgar con perspectiva de género; tomar en cuenta las circunstancias de discapacidad de la víctima; y de ponderar el interés superior de la menor.
Respecto del plazo de 90 días que establece el artículo 181 del Código, la Corte sostuvo con grandes argumentos que imponer una limitación temporal para interrumpir un embarazo provocado por violación “supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino es resultado de conductas arbitrarias y violentas (…)”. Por lo tanto, “el Estado no puede obligar a la mujer víctima de una violación a asumir sacrificios en su persona, como lo es continuar con un embarazo, y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general”. En atención a las particularidades del caso, la Corte concluye que establecer un plazo genérico de 90 días invisibiliza las condiciones de vulnerabilidad que pueden tener las víctimas: generalmente no se encuentran en las mismas condiciones las menores de edad que las mayores, ni tampoco quienes presenten una discapacidad, la cual en muchas ocasiones puede impedir que se enteren de su embarazo.
Una vez declarada la inconstitucionalidad de imponer un plazo a las mujeres embarazadas producto de una violación, los ministros y ministras de la Primera Sala añadieron que el oficio del director del hospital donde negó la interrupción del embarazo también fue violatorio del derecho a la salud de Jessica. Lo anterior, toda vez que el médico solamente incluyó los riesgos que correría la vida de Jessica y no señaló los riesgos que pudieran generarse sobre ella de continuar con el embarazo: desnutrición severa, convulsiones más intensas, anemia crónica grave, así como los efectos adversos que tienen sobre el feto los medicamentos que Jessica toma para tratarse.
La decisión de la Primera Sala, entonces, amplía el desarrollo y alcance que se le ha venido dando desde 2008 al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, así como a su libertad y su dignidad. Asimismo, en el marco de la despenalización del aborto en el Estado de Hidalgo, esta decisión reitera que el camino adecuado para tratar esta problemática no es la vía penal, sino que se trata de un asunto de salud pública y de derechos, donde también se deben considerar las distintas realidades sociales y vulnerabilidades que pueda presentar cada caso en particular. Como bien lo señala la Sala, los jueces y juezas deben analizar los factores que posicionan a las mujeres en contextos de vulnerabilidad interseccional. Es decir, entender el fenómeno en que se concentran en una misma persona distintas vulnerabilidades: en este caso, haber sido víctima de una violación, ser menor de edad y vivir en condiciones de pobreza y marginación.
Sobre los efectos de la sentencia, no podemos pasar por desapercibido el hecho de que, al tratarse de una sentencia de amparo, la inconstitucionalidad del plazo establecido en el artículo 181 del Código Penal de Chiapas sólo le puede aplicar a Jessica. Sin embargo, gracias al nuevo sistema de precedentes y a que este asunto se aprobó por al menos cuatro de cinco votos, todos los jueces del país están obligados a seguir el mismo criterio. Esto quiere decir que en los estados en los que aún se impone un plazo límite para interrumpir un embarazo producto de una violación (Veracruz, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Campeche, Michoacán, Coahuila y, por supuesto, Chiapas), las mujeres tendrán que recibir la negativa del director del hospital, iniciar un juicio de amparo e invocar este precedente para que se les permita interrumpir su embarazo de manera legal.
Bien dicen que una de las principales funciones de un tribunal constitucional debe ser la de pacificar los conflictos que se le presentan, o sea, sentar condiciones para que éstos no se repitan. Si bien es cierto que el conflicto no está pacificado completamente por la propia naturaleza de las sentencias de amparo, esta decisión realizó el gran aporte de dar claridad a la discusión de los plazos y reiterar que es inadmisible que se siga criminalizando a las mujeres por tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas en un contexto (socioeconómico, normativo, judicial y médico) que les juega en contra. Bajo esta premisa, los grandes avances en materia de regulación y despenalización del aborto han venido impulsados por activistas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, cuyos criterios legales han sido reconocidos y refrendados por los tribunales.
Mientras eso sucede, el Poder Legislativo sigue omiso y enfrascado en la discusión binaria y polarizante de estar a favor o en contra, sin alcanzar a ver que la cárcel hace todo menos detener el conflicto; en el Ejecutivo, la insensatez hecha persona plantea someterlo a consulta. La pacificación vendrá con regulación y políticas públicas bien pensadas, no con punitivismo ni demagogia.
En una nota completamente ajena a la interrupción legal del embarazo, no puedo dejar de señalar que esta decisión de la Primera Sala tiene la gran bondad de abonar al rompimiento del paradigma de jueces con funciones estrictamente mecánicas. Poco a poco se terminan los tiempos de juzgadores y juzgadoras que identifican el hecho y —como autómatas— aplican la ley. Ahora, los jueces y juezas están obligados a conocer, estudiar y entender las circunstancias, y a decidir qué derecho y cómo aplicarlo. Se trata, entonces, de un derecho más justo y que responde a la realidad social.
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Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
El Cronopio
Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.
Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.
Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.
Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.
Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.
A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.
También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.
Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.
Lee también: Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina
El Cronopio
Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.
Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.
Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.
A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.
Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.
Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.
Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.
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