junio 20, 2026

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#4 Tiempos

De la inconstitucionalidad de los plazos | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

El miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad otorgar el amparo de la Justicia de la Unión a Jessica, una mujer con parálisis cerebral que fue violada cuando tenía 17 años y que se le negó la interrupción de su embarazo en un hospital de Chiapas. Esta sentencia cobra particular relevancia, me parece, por dos motivos: primero y más evidente, por el avance que esto representa para la despenalización del aborto en nuestro país; y segundo, por los criterios sostenidos que refrendan la obligación de todos los jueces y juezas del país a ejercer su función siempre con perspectiva de género y atender a todas las circunstancias del caso.

Los hechos fueron así. Jessica es una mujer que padece de parálisis cerebral y de convulsiones, mismas que le impiden comunicarse por sí misma y que la sujetan al auxilio de otros para realizar actividades básicas como comer o asearse. Además, cabe resaltar que ella y su familia son de escasos recursos económicos, por lo que viven en condiciones de pobreza y marginación.

Jessica fue víctima del delito de violación cuando tenía 17 años y quedó embarazada. En una ocasión, la entonces menor de edad sufrió un episodio grave de convulsiones, por lo que fue llevada al Hospital General de Tapachula, en donde, posterior a la revisión médica, le comentaron a su madre que Jessica contaba con cinco meses de embarazo. Por ello, se le dio vista a la Fiscalía General del Estado por el delito de violación y la madre de Jessica solicitó al director del hospital la interrupción del embarazo de su hija. Con fundamento en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, el director del hospital negó mediante un oficio dicha solicitud.

El referido artículo establece que: “[n]o es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora.” Es decir, el director del hospital negó la solicitud argumentando que, por tener más de 90 días de gestación, Jessica debía continuar con su embarazo. Además, el médico incluyó en el oficio una lista de los riesgos que, de practicarse el aborto, correría la vida de Jessica.

La madre de Jessica tuvo que acudir a tribunales para buscar que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 181 del Código y se dejara sin efectos el oficio del director del hospital; sin embargo, el Juez de Distrito negó el amparo. Entonces, el asunto llegó a la Corte y, a través del amparo en revisión 438/2020, la Primera Sala estimó que el Juez incumplió sus obligaciones constitucionales de juzgar con perspectiva de género; tomar en cuenta las circunstancias de discapacidad de la víctima; y de ponderar el interés superior de la menor.

Respecto del plazo de 90 días que establece el artículo 181 del Código, la Corte sostuvo con grandes argumentos que imponer una limitación temporal para interrumpir un embarazo provocado por violación “supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino es resultado de conductas arbitrarias y violentas (…)”. Por lo tanto, “el Estado no puede obligar a la mujer víctima de una violación a asumir sacrificios en su persona, como lo es continuar con un embarazo, y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general”. En atención a las particularidades del caso, la Corte concluye que establecer un plazo genérico de 90 días  invisibiliza las condiciones de vulnerabilidad que pueden tener las víctimas: generalmente no se encuentran en las mismas condiciones las menores de edad que las mayores, ni tampoco quienes presenten una discapacidad, la cual en muchas ocasiones puede impedir que se enteren de su embarazo.

Una vez declarada la inconstitucionalidad de imponer un plazo a las mujeres embarazadas producto de una violación, los ministros y ministras de la Primera Sala añadieron que el oficio del director del hospital donde negó la interrupción del embarazo también fue violatorio del derecho a la salud de Jessica. Lo anterior, toda vez que el médico solamente incluyó los riesgos que correría la vida de Jessica y no señaló los riesgos que pudieran generarse sobre ella de continuar con el embarazo: desnutrición severa, convulsiones más intensas, anemia crónica grave, así como los efectos adversos que tienen sobre el feto los medicamentos que Jessica toma para tratarse.

La decisión de la Primera Sala, entonces, amplía el desarrollo y alcance que se le ha venido dando desde 2008 al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, así como a su libertad y su dignidad. Asimismo, en el marco de la despenalización del aborto en el Estado de Hidalgo, esta decisión reitera que el camino adecuado para tratar esta problemática no es la vía penal, sino que se trata de un asunto de salud pública y de derechos, donde también se deben considerar las distintas realidades sociales y vulnerabilidades que pueda presentar cada caso en particular. Como bien lo señala la Sala, los jueces y juezas deben analizar los factores que posicionan a las mujeres en contextos de vulnerabilidad interseccional. Es decir, entender el fenómeno en que se concentran en una misma persona distintas vulnerabilidades: en este caso, haber sido víctima de una violación, ser menor de edad y vivir en condiciones de pobreza y marginación.

Sobre los efectos de la sentencia, no podemos pasar por desapercibido el hecho de que, al tratarse de una sentencia de amparo, la inconstitucionalidad del plazo establecido en el artículo 181 del Código Penal de Chiapas sólo le puede aplicar a Jessica. Sin embargo, gracias al nuevo sistema de precedentes y a que este asunto se aprobó por al menos cuatro de cinco votos, todos los jueces del país están obligados a seguir el mismo criterio. Esto quiere decir que en los estados en los que aún se impone un plazo límite para interrumpir un embarazo producto de una violación (Veracruz, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Campeche, Michoacán, Coahuila y, por supuesto, Chiapas), las mujeres tendrán que recibir la negativa del director del hospital, iniciar un juicio de amparo e invocar este precedente para que se les permita interrumpir su embarazo de manera legal.

Bien dicen que una de las principales funciones de un tribunal constitucional debe ser la de pacificar los conflictos que se le presentan, o sea, sentar condiciones para que éstos no se repitan. Si bien es cierto que el conflicto no está pacificado completamente por la propia naturaleza de las sentencias de amparo, esta decisión realizó el gran aporte de dar claridad a la discusión de los plazos y reiterar que es inadmisible que se siga criminalizando a las mujeres por tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas en un contexto (socioeconómico, normativo, judicial y médico) que les juega en contra. Bajo esta premisa, los grandes avances en materia de regulación y despenalización del aborto han venido impulsados por activistas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, cuyos criterios legales han sido reconocidos y refrendados por los tribunales.

Mientras eso sucede, el Poder Legislativo sigue omiso y enfrascado en la discusión binaria y polarizante de estar a favor o en contra, sin alcanzar a ver que la cárcel hace todo menos detener el conflicto; en el Ejecutivo, la insensatez hecha persona plantea someterlo a consulta. La pacificación vendrá con regulación y políticas públicas bien pensadas, no con punitivismo ni demagogia.

En una nota completamente ajena a la interrupción legal del embarazo, no puedo dejar de señalar que esta decisión de la Primera Sala tiene la gran bondad de abonar al rompimiento del paradigma de jueces con funciones estrictamente mecánicas. Poco a poco se terminan los tiempos de juzgadores y juzgadoras que identifican el hecho y —como autómatas— aplican la ley. Ahora, los jueces y juezas están obligados a conocer, estudiar y entender las circunstancias, y a decidir qué derecho y cómo aplicarlo. Se trata, entonces, de un derecho más justo y que responde a la realidad social.

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#4 Tiempos

Hagamos Fan Fest, eso lo paga el pueblo | Columna de Haniel Valdés

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Acento Ajeno

 

La clase política potosina parece estar de acuerdo en una sola cosa: es hora de pelearse. Sin embargo para coordinarse y ahorrar dinero público, para cumplir promesas de campaña o terminar las obras conjuntas, para dialogar como adultos o políticos maduros, serios, profesionales, en lugar de andar tirando piedras con cuanta pregunta lanzan mis colegas del gremio, para eso: “no señor, no tenemos tiempo”.

El Mundial de 2026 está dejando una imagen que resume buena parte de la relación entre el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo: dos Fan Fest en la misma ciudad, financiados con recursos públicos distintos, promovidos por gobiernos distintos y dirigidos exactamente al mismo público, los potosinos.

Por un lado, el Gobierno del Estado adquirió un paquete de derechos de transmisión para llevar los partidos a San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles y Rioverde. Por otro, el Ayuntamiento capitalino firmó sus propios acuerdos para organizar transmisiones en Plaza del Carmen.

La pregunta es inevitable: ¿era realmente necesario dos fan fest en la capital del estado?

Porque más allá de los argumentos políticos o administrativos que cada autoridad pueda presentar, el resultado práctico fue que dos gobiernos sostenidos por los mismos contribuyentes terminaron desarrollando estructuras paralelas para ofrecer exactamente el mismo servicio: que los ciudadanos vieran partidos del Mundial en espacios públicos.

Pantallas, logística, promoción, personal operativo, actividades complementarias y derechos de transmisión. Todo por duplicado.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha transparentado completamente cuánto costaron los derechos de transmisión en cada caso. Se especula que mientras el Ayuntamiento capitalino gastó unos 11 millones, el “tetrapack” estatal superó los 60 millones.

Estas cifras pueden o no ser ciertas, pero lo que sí se conoce es que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado comprometieron millones de pesos en contratos relacionados con sus Fan Fest destinando recursos para un mismo esquema de transmisiones mundialistas, solo que en dos plazas distintas.

El problema no es que existan eventos para acercar el Mundial a la gente. Eso puede justificarse perfectamente. El problema es la ausencia de coordinación institucional.

¿Alguien analizó cuánto habría costado un solo gran Fan Fest respaldado por ambas administraciones?

¿Alguien calculó cuánto dinero público se habría ahorrado compartiendo infraestructura, producción y permisos?

¿Alguien explicó por qué era mejor tener dos proyectos compitiendo entre sí en lugar de uno complementario?

La impresión que queda es incómoda: la rivalidad política terminó pesando más que la eficiencia administrativa.

Mientras los discursos oficiales hablan de unidad, promoción turística y convivencia familiar, las decisiones muestran otra cosa. Muestran dos gobiernos empeñados en demostrar quién podía organizar el mejor evento, aunque eso implique gastar más recursos públicos de los necesarios.

Yo veo dos niños pequeños, organizando su cumpleaños y peleados por ver quien hace la fiesta más linda. ¿El problema? Como los niños son de la misma familia, el dinero sale de la misma bolsa y los invitados son exactamente los mismos “amiguitos”.

El Mundial dura unas semanas. Las consecuencias de gastar sin coordinación permanecen mucho más tiempo.

Porque el dinero utilizado para financiar proyectos paralelos no pertenece ni al gobernador ni al alcalde. Pertenece a los ciudadanos.

Y los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si realmente era indispensable pagar dos veces por lo mismo.

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El Cronopio

El incansable escrutador del cielo, Enrique Chavira Navarrete | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

El 5 de junio de 1925 nace en la Ciudad de México Enrique Chavira Navarrete, el incasable escrutador del cielo; personaje que representa el renacer de la astronomía mexicana moderna. Heredero de los pioneros mexicanos de la astronomía que formaron los establecimientos para el estudio de la disciplina, entre ellos los potosinos Valentín Gama y Rodolfo Jurado y, muy especialmente de Joaquín Gallo quien le enseñó a observar y dar seguimiento a cuerpos celestes en el Observatorio de Tacubaya donde ingresó Chavira a trabajar, para luego pasar, al entonces naciente, Observatorio Nacional de Tonantzintla en Puebla, siendo de los astrónomos que iniciaron actividades en aquel lugar en 1943.

Su labor sería pionera al llevar a la astronomía observacional y a explicar que sucede en los fenómenos celestes que fue un paso significativo de la astronomía para usos prácticos que se realizaba en México a la astronomía moderna en el país, con el uso de nuevos instrumentos con los que contaría el Observatorio de Tonantzintla, como la cámara Schmidt, convirtiéndose en uno de los grandes observadores del cielo. El Observatorio de Tonantzintla se convertiría en uno d ellos principales centros de astronomía a nivel mundial, donde se descubrieron una buena cantidad de objetos celestes, participando en ello Enrique Chavira.  

En los setenta, cuando yo estudiaba física en San Luis, visitamos el INAOE que había asumido ese nombre a principios de los setenta al extenderse el observatorio de Tonantzintla a las áreas de electrónica y óptica que se agregaban a la de astrofísica, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, conocimos a Enrique Chavira quien nos mostraba parte de la instrumentación telescópica que contaba esa institución, posteriormente al ir a continuar mis estudios a Puebla, fui compañero de la maestría en física de su hija Elsa Chavira, de quien ya hemos comentado en esta sección, y visité varias veces su casa además de encontrarlo seguido en el INAOE; entre las visitas a su casa, una de ellas de varios días pues estaba convaleciente y la familia de Elsa me albergó, descubrí que Enrique Chavira era un estudioso de las arqueología, y que había recopilado una buena colección de objetos prehispánicos propios de la región cholulteca donde estaba alojado el INAOE

, mismos que estudiaba con ahínco. 

Enrique Chavira es uno de los pilares de la astronomía observacional en México, que lo llevo a ser integrado como investigador en 1952 del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla (OANTon), destacando en la identificación y clasificación de galaxias y estrellas azules gracias a su preparación en análisis espectral.

Entre sus descubrimientos observacionales se encuentran, el de una supernova en la región de Sagitario, el registro del quasar Ton256, que en el nombre lleva las siglas del observatorio de Tonantzintla, el objeto extragaláctico más lejano observado por la Cámara Schmidt de Tonantzintla y del Cometa Haro-Chavira en 1954 en la región del Toro. No es de extrañar que aparezca en el par de novelas de Elena Poniatowska que le dedicó la escritora al Observatorio de Tonantzintla donde trabajaba su esposo Guillermo Haro, compañero de Enrique Chavira.

A lo largo de más de cincuenta años contribuyó a la colección de más de 15 mil placas astrofotográficas del INAOE, sucesor del OANTON. La colección de placas astrofotográficas de la Cámara Schmidt de Tonantzintla que fue reconocida oficialmente en 2015 en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, cuestión que ya no pudo ser testigo Enrique Chavira Navarrete, pues su muerte ocurrió el 23 de noviembre del año 2000 en la Ciudad de Puebla donde radicó en todo ese tiempo. 

Sus grandes descubrimientos y la intensa labor en pro de la astronomía mexicana le valieron diversas distinciones, diplomas, cédulas reales, medallas al mérito académico y el nombramiento de Investigador Emérito en el INAOE.

Enrique Chavira, el gran astrónomo observacional, pasa a la historia como uno de los pilares de la astronomía mexicana moderna. 

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#4 Tiempos

Gallardo manejó, Claudia le leyó el mapa | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

 

Culto Público, hijos de la forma y el fondo:

Les traigo la primicia. Hace unas horas estuvo aquí en la capital la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así. Sin aviso previo. Sin discurso. Rompiendo por completo — y si no me equivoco, por primera vez en su mandato — la forma de acudir a sus giras de fin de semana.

Los eventos a los que vino son, por donde se vea, guiños tiernos: premiar a un equipo de fut femenil en la Politécnica e inaugurar una cancha de futbol en Santa María del Río. Nada que ver con el estilo de sus giras. Y eso dice mucho.

La presidenta comenzó a visitar gobernadores. Y que el primero haya sido el potosino habla de la importancia que le da la mandataria a este estado de cara a la próxima contienda.

No dio discurso — seguramente algunas palabras a las premiadas y a los usuarios de la cancha —, pero su sola presencia dijo mucho más que cualquier micrófono encendido.

En los traslados estuvieron solo ella y el gobernador. Ni siquiera hubo chofer: manejó Gallardo. Y yo les apuesto, sin haberlo visto, que no hablaron del clima ni del partido México contra Corea.

Temas que sí tocaron, a mí juicio: la llamada Ley Serrano, la narrativa nacional construida sin contexto sobre la persecución a “voces críticas” — por fin la presidenta supo la calaña de personas a las que organismos internacionales defendieron con tanto ardor — y la realidad de fondo de ese asunto. Si hubo regaños, que bueno. Si se puso cada cosa en su lugar y en justa dimensión pues qué mejor.

En lo político les dejo dato para que ustedes le den mejor interpretación:

Nadie de Morena ni de Bienestar fue enterado. En Santa María del Río ni despertaron a la presidenta municipal — que es de Morena — y se enteró de la visita de Sheinbaum cuando apenas se andaba haciendo un huevito para el desayuno. Memo Morales y Rita tampoco estuvieron enterados, hasta donde se sabe.

Esos no son descuidos. Eso es mensaje.

Preguntas que dejo en el aire, porque yo no sé nada y ustedes sabrán leer mejor:

¿Comenzó la presidenta a hacer acuerdos rumbo al 27?

Si es así, se le aplaude que los haga en persona. Los mensajes encriptados y los “te mando decir con gestos” caen gordos.

¿Vino a conceder la “Excepción Ruth” estatutaria para amarrar la alianza Verde-Morena de cara a la gubernatura?

¿Vino a decirle al gobernador — no a preguntarle, ojo— cómo se va a llamar el candidato?

¿O ya quedaron en jugar a las venciditas uno contra el otro y buena suerte?

Yo por mi parte no sé nada. Yo apenas estaba echando baño para ir a misa de una en Tequis.

Buen domingo a todos y todas.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Opinión

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