enero 8, 2026

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#4 Tiempos

De la inconstitucionalidad de los plazos | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

El miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad otorgar el amparo de la Justicia de la Unión a Jessica, una mujer con parálisis cerebral que fue violada cuando tenía 17 años y que se le negó la interrupción de su embarazo en un hospital de Chiapas. Esta sentencia cobra particular relevancia, me parece, por dos motivos: primero y más evidente, por el avance que esto representa para la despenalización del aborto en nuestro país; y segundo, por los criterios sostenidos que refrendan la obligación de todos los jueces y juezas del país a ejercer su función siempre con perspectiva de género y atender a todas las circunstancias del caso.

Los hechos fueron así. Jessica es una mujer que padece de parálisis cerebral y de convulsiones, mismas que le impiden comunicarse por sí misma y que la sujetan al auxilio de otros para realizar actividades básicas como comer o asearse. Además, cabe resaltar que ella y su familia son de escasos recursos económicos, por lo que viven en condiciones de pobreza y marginación.

Jessica fue víctima del delito de violación cuando tenía 17 años y quedó embarazada. En una ocasión, la entonces menor de edad sufrió un episodio grave de convulsiones, por lo que fue llevada al Hospital General de Tapachula, en donde, posterior a la revisión médica, le comentaron a su madre que Jessica contaba con cinco meses de embarazo. Por ello, se le dio vista a la Fiscalía General del Estado por el delito de violación y la madre de Jessica solicitó al director del hospital la interrupción del embarazo de su hija. Con fundamento en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, el director del hospital negó mediante un oficio dicha solicitud.

El referido artículo establece que: “[n]o es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora.” Es decir, el director del hospital negó la solicitud argumentando que, por tener más de 90 días de gestación, Jessica debía continuar con su embarazo. Además, el médico incluyó en el oficio una lista de los riesgos que, de practicarse el aborto, correría la vida de Jessica.

La madre de Jessica tuvo que acudir a tribunales para buscar que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 181 del Código y se dejara sin efectos el oficio del director del hospital; sin embargo, el Juez de Distrito negó el amparo. Entonces, el asunto llegó a la Corte y, a través del amparo en revisión 438/2020, la Primera Sala estimó que el Juez incumplió sus obligaciones constitucionales de juzgar con perspectiva de género; tomar en cuenta las circunstancias de discapacidad de la víctima; y de ponderar el interés superior de la menor.

Respecto del plazo de 90 días que establece el artículo 181 del Código, la Corte sostuvo con grandes argumentos que imponer una limitación temporal para interrumpir un embarazo provocado por violación “supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino es resultado de conductas arbitrarias y violentas (…)”. Por lo tanto, “el Estado no puede obligar a la mujer víctima de una violación a asumir sacrificios en su persona, como lo es continuar con un embarazo, y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general”. En atención a las particularidades del caso, la Corte concluye que establecer un plazo genérico de 90 días  invisibiliza las condiciones de vulnerabilidad que pueden tener las víctimas: generalmente no se encuentran en las mismas condiciones las menores de edad que las mayores, ni tampoco quienes presenten una discapacidad, la cual en muchas ocasiones puede impedir que se enteren de su embarazo.

Una vez declarada la inconstitucionalidad de imponer un plazo a las mujeres embarazadas producto de una violación, los ministros y ministras de la Primera Sala añadieron que el oficio del director del hospital donde negó la interrupción del embarazo también fue violatorio del derecho a la salud de Jessica. Lo anterior, toda vez que el médico solamente incluyó los riesgos que correría la vida de Jessica y no señaló los riesgos que pudieran generarse sobre ella de continuar con el embarazo: desnutrición severa, convulsiones más intensas, anemia crónica grave, así como los efectos adversos que tienen sobre el feto los medicamentos que Jessica toma para tratarse.

La decisión de la Primera Sala, entonces, amplía el desarrollo y alcance que se le ha venido dando desde 2008 al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, así como a su libertad y su dignidad. Asimismo, en el marco de la despenalización del aborto en el Estado de Hidalgo, esta decisión reitera que el camino adecuado para tratar esta problemática no es la vía penal, sino que se trata de un asunto de salud pública y de derechos, donde también se deben considerar las distintas realidades sociales y vulnerabilidades que pueda presentar cada caso en particular. Como bien lo señala la Sala, los jueces y juezas deben analizar los factores que posicionan a las mujeres en contextos de vulnerabilidad interseccional. Es decir, entender el fenómeno en que se concentran en una misma persona distintas vulnerabilidades: en este caso, haber sido víctima de una violación, ser menor de edad y vivir en condiciones de pobreza y marginación.

Sobre los efectos de la sentencia, no podemos pasar por desapercibido el hecho de que, al tratarse de una sentencia de amparo, la inconstitucionalidad del plazo establecido en el artículo 181 del Código Penal de Chiapas sólo le puede aplicar a Jessica. Sin embargo, gracias al nuevo sistema de precedentes y a que este asunto se aprobó por al menos cuatro de cinco votos, todos los jueces del país están obligados a seguir el mismo criterio. Esto quiere decir que en los estados en los que aún se impone un plazo límite para interrumpir un embarazo producto de una violación (Veracruz, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Campeche, Michoacán, Coahuila y, por supuesto, Chiapas), las mujeres tendrán que recibir la negativa del director del hospital, iniciar un juicio de amparo e invocar este precedente para que se les permita interrumpir su embarazo de manera legal.

Bien dicen que una de las principales funciones de un tribunal constitucional debe ser la de pacificar los conflictos que se le presentan, o sea, sentar condiciones para que éstos no se repitan. Si bien es cierto que el conflicto no está pacificado completamente por la propia naturaleza de las sentencias de amparo, esta decisión realizó el gran aporte de dar claridad a la discusión de los plazos y reiterar que es inadmisible que se siga criminalizando a las mujeres por tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas en un contexto (socioeconómico, normativo, judicial y médico) que les juega en contra. Bajo esta premisa, los grandes avances en materia de regulación y despenalización del aborto han venido impulsados por activistas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, cuyos criterios legales han sido reconocidos y refrendados por los tribunales.

Mientras eso sucede, el Poder Legislativo sigue omiso y enfrascado en la discusión binaria y polarizante de estar a favor o en contra, sin alcanzar a ver que la cárcel hace todo menos detener el conflicto; en el Ejecutivo, la insensatez hecha persona plantea someterlo a consulta. La pacificación vendrá con regulación y políticas públicas bien pensadas, no con punitivismo ni demagogia.

En una nota completamente ajena a la interrupción legal del embarazo, no puedo dejar de señalar que esta decisión de la Primera Sala tiene la gran bondad de abonar al rompimiento del paradigma de jueces con funciones estrictamente mecánicas. Poco a poco se terminan los tiempos de juzgadores y juzgadoras que identifican el hecho y —como autómatas— aplican la ley. Ahora, los jueces y juezas están obligados a conocer, estudiar y entender las circunstancias, y a decidir qué derecho y cómo aplicarlo. Se trata, entonces, de un derecho más justo y que responde a la realidad social.

Lee también: ¿Ya se legalizó? | Columna de Víctor Meade C.

#4 Tiempos

SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.

Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.

Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.

En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.

Aquí no.

En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.

Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.

En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.

Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.

Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?

Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.

Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)

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Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.

Han sido omisos profesionales.

Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.

¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?

Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.

Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.

Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.

Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.

Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.

Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.

Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.

Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.

También lee: ¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva

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#4 Tiempos

Gabriel Macías un periodista y político potosino en los albores del siglo XX | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

 

Uno de los primeros periódicos que tuvo San Luis Potosí en los últimos años de la lucha armada en la revolución mexicana, fue el periódico Acción, un periódico para los hombres de acción, como rezaba su lema que fue creado por su director y propietario Gabriel Macías que iniciaba actividades en 1919 y permanecería un par de décadas informando a la sociedad potosina.

Gabriel Macías, periodista y político potosino fundó el periódico Acción y posteriormente la Revista Universal. Jugó un importante papel en la vida social potosina, pues impulsó la candidatura al gobierno de San Luis Potosí de Rafael Nieto Compeán que pasaría a la historia como un reformador de los derechos humanos al proponer la autonomía universitaria y el derecho al voto femenino, entre otras iniciativas de trascendencia.

Gabriel Macías participaría en estas iniciativas al ser diputado del congreso potosino en la XXVII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, legislando de septiembre de 1921 a septiembre de 1923. Esta legislatura, compuesta por 16 diputados, le tocaría debatir las iniciativas de autonomía universitaria y derecho al voto femenino, siendo ambas aprobadas, en primera instancia, aunque sufrirían obstáculos en su aplicación.

La XXVII legislatura estuvo integrada por: José D. Cervantes, Miguel Compeán, Santiago Rincón Gallardo, Herminio Y. Carreño, Gonzalo N. Santos, Tomás Estrada, Valentín Narváez, Pío Mendoza, José Santos Alonso, Alfredo E. Garza, José Fraga, Lorenzo Nieto, Lamberto Rocha, Manuel Rodríguez Martínez, Crescencio Rivera y Gabriel Macías.

Rafael Nieto fungía como Subsecretario de hacienda en 1919 y aceptaba la candidatura que era apoyada por varios políticos potosinos, entre ellos, Gabriel Macías y los partidos políticos Liberal Obrero, Liberal Reformista y el Reformista Independiente. Para el año de la publicación de la Revista Universal Gabriel Macías había dejado de ser diputado, aunque participaba en la vida política potosina. Creaba así la que puede considerarse la primera revista de divulgación del conocimiento donde cabían las disciplinas científicas y técnicas junto con las de carácter cultural, de interés social que reflejaba la vida cotidiana de principios del siglo XX a nivel mundial, con cierto énfasis en la norteamericana, al participar en los artículos de fondo periodistas estadounidenses.

El periódico Acción que iniciara actividades en 1919, se enfocó en vida política de Rafael Nieto apoyando su candidatura y su gestión, una vez que llegara a la gobernatura del estado, no sin conflictos electorales, pues llegó San Luis Potosí a tener dos gobernadores en funciones, hasta el día de su muerte en el extranjero mientras fungía representaciones diplomáticas. Del mismo modo, las páginas de Acción se vieron enriquecidas con extensos artículos políticos escritos por Rafael Nieto, donde desplegaba sus trabajos como estadista.

Mayores detalles sobre la orientación de La Revista Universal que aparecía como encarte en el periódico Acción, pueden consultar mi artículo: La Revista Universal, primera revista cultural y de corte científico en San Luis Potosí, en:

https://www.researchgate.net/publication/398346407_La_Revista_Universal_primera_revista_cultural_y_de_corte_cientifico_en_San_Luis_Potosi.

El periódico Acción, además de ser el medio de comunicación principal a inicios de la década de los veinte en San Luis Potosí, incorporó encartes a color por primera vez en la entidad, tanto en La Revista Universal, como en una sección cómica.

La novedosa característica de la revista fue la portada ilustrada a color, y en algunas partes de los interiores. Como publicación periódica vendría siendo la primera que aparecía con impresión a color en San Luis Potosí. Meses antes de su aparición, el periódico Acción sacaba a la luz otro suplemento dominical completamente a color, que denominaba como “sección cómica”, de al menos cuatro páginas, popularmente conocido como “monitos”. No sabemos si la infraestructura para impresión a color estaba en San Luis Potosí o era impresa en otro lugar. Revista Universal era de aparición semanal y se publicó al menos durante el año de 1925.

También lee: Gonzalo Celorio, su relación con San Luis Potosí | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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Tiranos y los relatos que se creen | Apuntes de Jorge Saldaña

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Apuntes

 

Es un tirano, un loco, un dictador, un líder nocivo, un extremista peligroso.


Estoy hablando, Culto Público de Donald Trump, y estoy hablando también de Nicolás Maduro.

La diferencia no es moral. Es logística.

Le recomiendo leerlos bien, porque ambos encajan en los mismos adjetivos, la diferencia es que solo uno tiene portaaviones, agencias globales, jueces extraterritoriales y la vieja costumbre de decidir qué presidentes latinoamericanos sobran.

La de antier, con una gran diferencia.

La incursión de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro no fue justicia. Fue injerencia.


Violó el derecho internacional, la Carta de la ONU y cualquier idea mínima de soberanía. Y no ocurrió por accidente ni por nobleza: ocurrió porque Washington puede.

Aquí conviene desmontar la mentira central.

Estados Unidos ya no interviene por ideologías.
No le importa el comunismo. No le interesa la izquierda. No le quita el sueño la democracia.

Interviene bajo una etiqueta mucho más rentable y flexible: narcoterrorismo, y eso, marca una nueva ruta en la historia de la intervención Yanki que se estrenó este 2026 en el siglo XXI.

Ese concepto es el comodín perfecto: mezcla crimen, miedo, drogas y guerra. Sirve para todo. No necesita pruebas concluyentes, solo enemigos útiles. Y permite lo que antes se hacía en nombre del “anticomunismo”, ahora con traje legal y discurso de seguridad.

Nada hay de romántico en esta historia. Trump no piensa en los venezolanos. No le importan sus libertades. No le duele su miseria.

Le importa el capital. El petróleo. El control.
Y demostrar que los tratados internacionales son papel mojado cuando estorban al negocio.

Venezuela no es una cruzada moral: es una reserva energética con presidente incómodo. Y esto tampoco es nuevo.

Cuba fue castigada no por dictadura, sino por desobedecer. Chile no cayó por autoritarismo, sino por atreverse a ganar elecciones. Nicaragua fue desgastada hasta pudrirse. Bolivia fue presionada hasta desfondarse. Brasil fue erosionado desde dentro. México es presionado sin necesidad de golpes.

El patrón es claro: la intervención no corrige, administra, no salva pueblos: reordena intereses.

Maduro, por supuesto, no es inocente, empobreció a su país, aplastó libertades y gobernó a fuerza de aparato.


Pero seamos adultos: el mayor mercado del narcotráfico no está en Caracas, está en Estados Unidos. (La mayoría de los venezolanos no tienen para un pan y sobreviven con 5 dólares a la semana, mucho menos tendrán para un “pase”).

El dinero pues, ni la droga, se quedan en Venezuela; viajan al norte. Pensar que la DEA y la CIA son espectadoras ingenuas es una broma histórica.

Aquí está el punto más incómodo —y más verdadero—:

Trump y Maduro se parecen más de lo que admiten:


Ambos se creen su propio relato. Ambos confunden poder con razón. Ambos creen que la realidad debe acomodarse a su discurso, no al revés.

Maduro se cree la resistencia. Trump se cree el sheriff del mundo.

Y cuando un imperio decide que puede capturar presidentes latinoamericanos sin consecuencias, el problema deja de ser Maduro.

Es el precedente. Es el mensaje. Es la advertencia.

Hoy fue Venezuela. Mañana será cualquiera que no obedezca.

Y no, no hay nada que celebrar. Ni para los venezolanos. Ni para América Latina. Ni para nadie que todavía crea que el derecho internacional sirve para algo más que decorar discursos.

A la gris y desdibujada Europa se la dividen Rusia, China y Estados Unidos (con su intervención a través de Palestina en contra de Irán por la misma razón que lo hace en Venezuela: petróleo)

En el continente americano, Trump juega a comerse el pastel él solo, con bravuconadas, aranceles, amenazas y ya vimos, con su propio relato y con su propia ley.

¿Quién es más tirano? Y más importante: ¿Quién es más sumiso? ¿El que reclama al tirano o el que le aplaude sus tiranías? (Acuérdense que los dos lo son)

 

BEMOLES.

Gracias y Ánimo Tocayo.

Muchos enviamos y recibimos buenos deseos estas fiestas que pasaron. En todos ellos se desea principalmente salud, no obstante hay quien aprovecha (o ignora) de verdad esos asuntos tan delicados, y pasados apenas unos días de los “buenos deseos”, regresa la mezquindad y el aprovechamiento de lo que sea, hasta lo más bajo, para sacar raja política. Que pena.

Desde este humilde espacio, agradezco las atenciones de mi tocayo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy ex titular del Interapas. En otras administraciones no coincidimos, en otras sí, pero lo que nos mantiene en comunicación no son los sexenios sino la amistad.

Como todo un profesional, Hernández Delgadillo cumplió con su encomienda hasta que vio cristalizada la gestión con el legislativo para el ajuste inflacionario de las tarifas del agua así como la autorización de los descuentos, lo que le dará un alivio al organismo en materia de ingresos y de recuperación de cartera vencida, dos temas que mucha falta le hacían al Interapas del que llevó las riendas. (Ánimo tocayo)

 

¿Y el relevo?

Es muy fácil criticar (y divertido, lo admito) pero, ¿hay algún valiente que le quiera entrar a dirigir el Interapas? Por lo poco que sé, se prevé que por algún tiempo el organismo estará en manos de un encargado de despacho, entre tanto se busque un perfil, técnicamente preparado y administrativamente hábil para lo que viene, que es una posible y seguramente muy tormentosa desincorporación de Soledad y de Pozos del organismo.

El asunto es más fácil decirlo que hacerlo, pero en fin. Además de los actos administrativos que los cambios implican, el tema implica correr una cortesía política para el Palacio de Gobierno, y es que eso es hacer política, lo que les ha dado buenos resultados en las últimas fechas tanto al gobernador Gallardo como al alcalde capitalino, Galindo.

Llevando la fiesta en paz (en lo posible) hay proyectos de inversión en infraestructura para la capital por más de 800 millones de pesos, buena comunicación y un “desarme bilateral” de la guerra sucia (que ya era mucha). Además, será un buen año para las finanzas de los capitalinos, pues se esperan más de mil 300 mdp de recaudación solo del impuesto predial para este año.

De regreso al asunto técnico- administrativo de la gestión del agua, hay que saber que la mayoría de los pozos que surten a Soledad están en territorio potosino, pero las plantas tratadoras están del otro lado… el rompecabezas es como de 30 mil piezas, en tres pisos y en cuarta dimensión.

Además, las implicaciones, cortes, cobros y reclamos entre que las cosas se acomodan, van a resultar más incómodos que la enfermedad, más en un año preelectoral, pero pues ya veremos qué iguana traga más pinole y de qué lado (¿o cómo era?)

 

Corresponsal

El asunto de Venezuela no es menor, es histórico, es un parteaguas y es un episodio para nuestra generación. En La Orquesta no queremos perder detalle y es por eso que a partir de hoy contaremos con la colaboración de Nicole Remesar, periodista venezolana que hará de nuestra corresponsal mientras sabemos si logísticamente es posible trasladarnos para allá (¿Sabían que no hay vuelos?)

Mientras tanto les seguiremos informando.

 

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Opinión

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