#4 Tiempos
De la inconstitucionalidad de los plazos | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
El miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad otorgar el amparo de la Justicia de la Unión a Jessica, una mujer con parálisis cerebral que fue violada cuando tenía 17 años y que se le negó la interrupción de su embarazo en un hospital de Chiapas. Esta sentencia cobra particular relevancia, me parece, por dos motivos: primero y más evidente, por el avance que esto representa para la despenalización del aborto en nuestro país; y segundo, por los criterios sostenidos que refrendan la obligación de todos los jueces y juezas del país a ejercer su función siempre con perspectiva de género y atender a todas las circunstancias del caso.
Los hechos fueron así. Jessica es una mujer que padece de parálisis cerebral y de convulsiones, mismas que le impiden comunicarse por sí misma y que la sujetan al auxilio de otros para realizar actividades básicas como comer o asearse. Además, cabe resaltar que ella y su familia son de escasos recursos económicos, por lo que viven en condiciones de pobreza y marginación.
Jessica fue víctima del delito de violación cuando tenía 17 años y quedó embarazada. En una ocasión, la entonces menor de edad sufrió un episodio grave de convulsiones, por lo que fue llevada al Hospital General de Tapachula, en donde, posterior a la revisión médica, le comentaron a su madre que Jessica contaba con cinco meses de embarazo. Por ello, se le dio vista a la Fiscalía General del Estado por el delito de violación y la madre de Jessica solicitó al director del hospital la interrupción del embarazo de su hija. Con fundamento en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, el director del hospital negó mediante un oficio dicha solicitud.
El referido artículo establece que: “[n]o es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora.” Es decir, el director del hospital negó la solicitud argumentando que, por tener más de 90 días de gestación, Jessica debía continuar con su embarazo. Además, el médico incluyó en el oficio una lista de los riesgos que, de practicarse el aborto, correría la vida de Jessica.
La madre de Jessica tuvo que acudir a tribunales para buscar que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 181 del Código y se dejara sin efectos el oficio del director del hospital; sin embargo, el Juez de Distrito negó el amparo. Entonces, el asunto llegó a la Corte y, a través del amparo en revisión 438/2020, la Primera Sala estimó que el Juez incumplió sus obligaciones constitucionales de juzgar con perspectiva de género; tomar en cuenta las circunstancias de discapacidad de la víctima; y de ponderar el interés superior de la menor.
Respecto del plazo de 90 días que establece el artículo 181 del Código, la Corte sostuvo con grandes argumentos que imponer una limitación temporal para interrumpir un embarazo provocado por violación “supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino es resultado de conductas arbitrarias y violentas (…)”. Por lo tanto, “el Estado no puede obligar a la mujer víctima de una violación a asumir sacrificios en su persona, como lo es continuar con un embarazo, y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general”. En atención a las particularidades del caso, la Corte concluye que establecer un plazo genérico de 90 días invisibiliza las condiciones de vulnerabilidad que pueden tener las víctimas: generalmente no se encuentran en las mismas condiciones las menores de edad que las mayores, ni tampoco quienes presenten una discapacidad, la cual en muchas ocasiones puede impedir que se enteren de su embarazo.
Una vez declarada la inconstitucionalidad de imponer un plazo a las mujeres embarazadas producto de una violación, los ministros y ministras de la Primera Sala añadieron que el oficio del director del hospital donde negó la interrupción del embarazo también fue violatorio del derecho a la salud de Jessica. Lo anterior, toda vez que el médico solamente incluyó los riesgos que correría la vida de Jessica y no señaló los riesgos que pudieran generarse sobre ella de continuar con el embarazo: desnutrición severa, convulsiones más intensas, anemia crónica grave, así como los efectos adversos que tienen sobre el feto los medicamentos que Jessica toma para tratarse.
La decisión de la Primera Sala, entonces, amplía el desarrollo y alcance que se le ha venido dando desde 2008 al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, así como a su libertad y su dignidad. Asimismo, en el marco de la despenalización del aborto en el Estado de Hidalgo, esta decisión reitera que el camino adecuado para tratar esta problemática no es la vía penal, sino que se trata de un asunto de salud pública y de derechos, donde también se deben considerar las distintas realidades sociales y vulnerabilidades que pueda presentar cada caso en particular. Como bien lo señala la Sala, los jueces y juezas deben analizar los factores que posicionan a las mujeres en contextos de vulnerabilidad interseccional. Es decir, entender el fenómeno en que se concentran en una misma persona distintas vulnerabilidades: en este caso, haber sido víctima de una violación, ser menor de edad y vivir en condiciones de pobreza y marginación.
Sobre los efectos de la sentencia, no podemos pasar por desapercibido el hecho de que, al tratarse de una sentencia de amparo, la inconstitucionalidad del plazo establecido en el artículo 181 del Código Penal de Chiapas sólo le puede aplicar a Jessica. Sin embargo, gracias al nuevo sistema de precedentes y a que este asunto se aprobó por al menos cuatro de cinco votos, todos los jueces del país están obligados a seguir el mismo criterio. Esto quiere decir que en los estados en los que aún se impone un plazo límite para interrumpir un embarazo producto de una violación (Veracruz, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Campeche, Michoacán, Coahuila y, por supuesto, Chiapas), las mujeres tendrán que recibir la negativa del director del hospital, iniciar un juicio de amparo e invocar este precedente para que se les permita interrumpir su embarazo de manera legal.
Bien dicen que una de las principales funciones de un tribunal constitucional debe ser la de pacificar los conflictos que se le presentan, o sea, sentar condiciones para que éstos no se repitan. Si bien es cierto que el conflicto no está pacificado completamente por la propia naturaleza de las sentencias de amparo, esta decisión realizó el gran aporte de dar claridad a la discusión de los plazos y reiterar que es inadmisible que se siga criminalizando a las mujeres por tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas en un contexto (socioeconómico, normativo, judicial y médico) que les juega en contra. Bajo esta premisa, los grandes avances en materia de regulación y despenalización del aborto han venido impulsados por activistas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, cuyos criterios legales han sido reconocidos y refrendados por los tribunales.
Mientras eso sucede, el Poder Legislativo sigue omiso y enfrascado en la discusión binaria y polarizante de estar a favor o en contra, sin alcanzar a ver que la cárcel hace todo menos detener el conflicto; en el Ejecutivo, la insensatez hecha persona plantea someterlo a consulta. La pacificación vendrá con regulación y políticas públicas bien pensadas, no con punitivismo ni demagogia.
En una nota completamente ajena a la interrupción legal del embarazo, no puedo dejar de señalar que esta decisión de la Primera Sala tiene la gran bondad de abonar al rompimiento del paradigma de jueces con funciones estrictamente mecánicas. Poco a poco se terminan los tiempos de juzgadores y juzgadoras que identifican el hecho y —como autómatas— aplican la ley. Ahora, los jueces y juezas están obligados a conocer, estudiar y entender las circunstancias, y a decidir qué derecho y cómo aplicarlo. Se trata, entonces, de un derecho más justo y que responde a la realidad social.
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TESTEANDO
Comienza el torneo de la Liga MX, un torneo previo a la Copa del Mundo es un torneo con reglas diferentes, este año la cosa es simple, solo los ocho mejores de la tabla general calificarán a la liguilla, lo cual reduce las posibilidades de jugar postemporada. Esta situación me hace pensar que San Luis tiene muy pocas chances de colarse entre esos equipos que pelearán por el título al final de la temporada regular.
Pero en fin, como cada inicio, hagamos el ejercicio de pronosticar los puntos que puede llegar a hacer el cuadro potosino, jornada tras jornada.
Jornada 1.- Tigres / derrota (0 puntos)
Jornada 2.- América / derrota (0 puntos)
Jornada 3.- Tijuana / empate (1 punto)
Jornada 4.- Chivas / empate (2 puntos)
Jornada 5.- Necaxa / empate (3 puntos)
Jornada 6.- Querétaro / victoria (6 puntos)
Jornada 7.- Atlas / empate (7 puntos)
Jornada 8.- Puebla / victoria (10 puntos)
Jornada 9.- Mazatlán / victoria (13 puntos)
Jornada 10.- Cruz Azul / derrota (13 puntos)
Jornada 11.- Pachuca / empate (14 puntos)
Jornada 12.- León / victoria (17 puntos)
Jornada 13.- Monterrey / derrota (17 puntos)
Jornada 14.- Toluca / derrota (17 puntos)
Jornada 15.- Pumas / empate (18 puntos)
Jornada 16.- Santos / victoria (21 puntos)
Jornada 17.- Bravos / derrota (21 puntos)
Según el presupuesto, 21 puntos tendrá San Luis al terminar la temporada regular
Siendo realistas, la plantilla de San Luis es muy limitada, con buenos jugadores pero que no puede competir contra las grandes nóminas, es un plantel modesto con pocas incorporaciones y aunque en este torneo parece que tiene diferentes opciones, no aspira a grandes números para revertir por mucho lo sucedido en los torneos anteriores, el equipo humilde tiene que distinguirse por el trabajo y demostrar.
Será un torneo complicado para San Luis, desesperante para la afición y de largo aliento para la prensa y dirigencia del equipo, ojalá que la suerte los apoye y el presupuesto aquí dicho se quede corto, que se sumen más de 21 puntos y se aspire a una calificación, ojalá las cosas mejoren y sea el despertar de una reconciliación con la afición, saquemos la calculadora, el rosario y suframos el bendito futbol mexicano, que al fin, es lo que hay.
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Corredor Humanitario
Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.
Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.
Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.
En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.
Aquí no.
En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.
Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.
En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.
Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.
Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?
Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.
Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)
Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.
Han sido omisos profesionales.
Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.
¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?
Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.
Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.
Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.
Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.
Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.
Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.
Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.
Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.
También lee: ¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva
#4 Tiempos
Gabriel Macías un periodista y político potosino en los albores del siglo XX | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Uno de los primeros periódicos que tuvo San Luis Potosí en los últimos años de la lucha armada en la revolución mexicana, fue el periódico Acción, un periódico para los hombres de acción, como rezaba su lema que fue creado por su director y propietario Gabriel Macías que iniciaba actividades en 1919 y permanecería un par de décadas informando a la sociedad potosina.
Gabriel Macías, periodista y político potosino fundó el periódico Acción y posteriormente la Revista Universal. Jugó un importante papel en la vida social potosina, pues impulsó la candidatura al gobierno de San Luis Potosí de Rafael Nieto Compeán que pasaría a la historia como un reformador de los derechos humanos al proponer la autonomía universitaria y el derecho al voto femenino, entre otras iniciativas de trascendencia.
Gabriel Macías participaría en estas iniciativas al ser diputado del congreso potosino en la XXVII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, legislando de septiembre de 1921 a septiembre de 1923. Esta legislatura, compuesta por 16 diputados, le tocaría debatir las iniciativas de autonomía universitaria y derecho al voto femenino, siendo ambas aprobadas, en primera instancia, aunque sufrirían obstáculos en su aplicación.
La XXVII legislatura estuvo integrada por: José D. Cervantes, Miguel Compeán, Santiago Rincón Gallardo, Herminio Y. Carreño, Gonzalo N. Santos, Tomás Estrada, Valentín Narváez, Pío Mendoza, José Santos Alonso, Alfredo E. Garza, José Fraga, Lorenzo Nieto, Lamberto Rocha, Manuel Rodríguez Martínez, Crescencio Rivera y Gabriel Macías.
Rafael Nieto fungía como Subsecretario de hacienda en 1919 y aceptaba la candidatura que era apoyada por varios políticos potosinos, entre ellos, Gabriel Macías y los partidos políticos Liberal Obrero, Liberal Reformista y el Reformista Independiente. Para el año de la publicación de la Revista Universal Gabriel Macías había dejado de ser diputado, aunque participaba en la vida política potosina. Creaba así la que puede considerarse la primera revista de divulgación del conocimiento donde cabían las disciplinas científicas y técnicas junto con las de carácter cultural, de interés social que reflejaba la vida cotidiana de principios del siglo XX a nivel mundial, con cierto énfasis en la norteamericana, al participar en los artículos de fondo periodistas estadounidenses.
El periódico Acción que iniciara actividades en 1919, se enfocó en vida política de Rafael Nieto apoyando su candidatura y su gestión, una vez que llegara a la gobernatura del estado, no sin conflictos electorales, pues llegó San Luis Potosí a tener dos gobernadores en funciones, hasta el día de su muerte en el extranjero mientras fungía representaciones diplomáticas. Del mismo modo, las páginas de Acción se vieron enriquecidas con extensos artículos políticos escritos por Rafael Nieto, donde desplegaba sus trabajos como estadista.
Mayores detalles sobre la orientación de La Revista Universal que aparecía como encarte en el periódico Acción, pueden consultar mi artículo: La Revista Universal, primera revista cultural y de corte científico en San Luis Potosí, en:
El periódico Acción, además de ser el medio de comunicación principal a inicios de la década de los veinte en San Luis Potosí, incorporó encartes a color por primera vez en la entidad, tanto en La Revista Universal, como en una sección cómica.
La novedosa característica de la revista fue la portada ilustrada a color, y en algunas partes de los interiores. Como publicación periódica vendría siendo la primera que aparecía con impresión a color en San Luis Potosí. Meses antes de su aparición, el periódico Acción sacaba a la luz otro suplemento dominical completamente a color, que denominaba como “sección cómica”, de al menos cuatro páginas, popularmente conocido como “monitos”. No sabemos si la infraestructura para impresión a color estaba en San Luis Potosí o era impresa en otro lugar. Revista Universal era de aparición semanal y se publicó al menos durante el año de 1925.
También lee: Gonzalo Celorio, su relación con San Luis Potosí | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
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