Estado
“¿De dónde sacaron la información?”, Cuestiona Carrizales a empresarios
Por: Redacción
La exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, dio a conocer esta tarde una carta abierta dirigida a los organismos empresariales del estado, en la que les cuestiona cómo accedieron a información clasificada acerca de su solicitud de juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios, por el violento desalojo que sufrió en junio pasado.
El pasado domingo, un grupo de organismos empresariales publicaron un desplegado en el que aseguran que el juicio político contra Nava fue aprobado por las comisiones del Congreso del Estado, porque los diputados están buscando su futuro político.
Carrizales aseguró que contra ella no existe ningún procedimiento sancionatorio que justifique el desalojo del que fue objeto a mediados del año pasado, por parte de la administración Nava Palacios.
La carta íntegra se reproduce a continuación:
CARTA ABIERTA A LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES POTOSINOS
Con fundamento en mi Derecho a Acceder a la Justicia por medio de un Debido Proceso en Igualdad de Circunstancias y por alusiones personales realizadas en comunicado publicado el día 23 de Febrero del 2019 en el Periódico Pulso así como las declaraciones en medios de comunicación realizadas por el C. Manuel Antonio Castanedo de Alba, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y responsable de dicha inserción pagada, es que les pregunto lo siguiente:
¿Cómo tuvieron acceso a la información clasificada como privada, sobre las presuntas actuaciones que tuvieron los Legisladores Locales dentro del Juicio Político interpuesto por la suscrita?, información necesaria para sustentar las declaraciones publicas que se realizaron a nombre de los organismos empresariales, o ¿acaso fueron realizadas sin esta información?
Del mismo modo a la C. Clara Leticia Serment Cabrera, Presidenta de CANACINTRA, quien declara de manera pública; “se muy bien el fondo de ese problema”, “debieron de haber castigado a esta persona hasta las ultimas consecuencias”, “había un delito que perseguir”, refiriéndose a la suscrita, informarle que la han engañado, no existe una sola denuncia, demanda o procedimiento administrativo en ninguna contraloría, juzgado o tribunal donde su servidora este señalada como responsable.
Por lo que los exhorto a informarse jurídicamente de la responsabilidad que conlleva las afirmaciones vertidas sobre la legalidad de mi actuar como servidora pública, así como del supuesto actuar de los legisladores locales, también a asesorarse sobre las diferentes responsabilidades de las que puede ser sujeto un Presidente Municipal (administrativas, penales, políticas) y las competencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Creo que es de suma importancia cuando se emite una postura a nombre de todo un sector, hacerlo de manera informada con el fin de no caer en responsabilidades penales y/o civiles, de los que cada uno de sus afiliados tendrían que hacerse responsables.
Esta es la situación, yo denuncie pagos indebidos ordenados por el Secretario General del Ayuntamiento en los servicios de las Oficialías del Registro Civil, seguido de esto se me realizo una suerte de desalojo, se me infringieron tratos que podrían considerarse como crueles, inhumanos y degradantes, es decir tortura y se me privo ilegalmente de la libertad así como de la fuente de mi trabajo por medio de la seguridad pública municipal cuya cabeza según la ley de la materia es el Presidente Municipal, sin que exista un documento público que funde y motive estos actos.
A consecuencia de estas declaraciones públicas por parte de sus representantes, es que conmino a los miembros de la Iniciativa Privada a manifestar públicamente; Primero ¿Es así como ustedes tratan a las trabajadoras de las que han decidido prescindir? y segundo ¿ustedes comparten lo declarado por sus representantes respecto que la culpa fue mía?
Sin más por el momento quedó a sus órdenes.
REINTERANDO MIS RESPETOS C. MARIA TERESA CARRIZALES HERNANDEZ
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La propuesta busca asegurar ingresos dignos a quienes dedican su vida al servicio público en materia de seguridad y emergencias
Por: Redacción
La administración estatal de San Luis Potosí alista una propuesta legislativa que busca otorgar, por ley, pensiones a las y los integrantes de cuerpos policiacos y de protección civil al alcanzar la edad de retiro. La iniciativa incluirá tanto a personal de los 59 municipios como a quienes forman parte de la Guardia Civil Estatal y de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
El titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que este proyecto, impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, será enviado al Congreso local en los próximos días
Entre los primeros en acceder a este nuevo esquema se encuentran alrededor de 250 elementos de la Guardia Civil Estatal que ya superan los 30 años de servicio. Con esta medida, el Gobierno estatal busca brindar certeza económica a quienes han dedicado décadas a la seguridad y protección de la ciudadanía.
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El gobernador de SLP dijo que al menos quince municipios tienen convenio con el gobierno estatal para que les ayude a cobrar el predial
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de SLP, denunció la baja recaudación del predial en los municipios de la entidad, toda vez que al menos dos o tres municipios no captaron ingresos por este impuesto en el primer semestre de este año.
“El tema de la recaudación que son pésimas, recaudaciones municipales del tema del predial siempre está totalmente en el suelo. Hay municipios que no recaudan un peso de predial”, mencionó.
Recordó que al menos quince ayuntamientos mantienen convenios para respaldar a estas demarcaciones en el cobro de este impuesto, debido a las condiciones que les imposibilitan para cobrar dicha obligación, como la falta de oficinas recaudadoras.
“Hay 15 municipios que tienen un convenio con el gobierno del Estado para que les ayude a cobrar el predial, porque ellos no tienen oficinas para cobrar predial”, explicó.
Finalmente, señaló que algunos municipios han realizado un ejercicio indebido de recursos del Ramo 33 —aportaciones federales—, al ser usados en obras que no corresponden, como calles o banquetas, en lugar de fortalecer áreas como la seguridad pública.
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Cuatro de los nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí obtuvieron promedios menores a 8.0 en su licenciatura
Por: Redacción
Cuatro magistrados recientemente electos para el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí (STJSLP) no cumplirían con un requisito académico fundamental para ocupar el cargo: haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura, lo cual los dejaría fuera del proceso de nombramiento.
Astrolabio Diario Digital, dio a conocer que los magistrados que no cumplen con dicho requisito son: Arturo Morales Silva, José Luis Ruiz Contreras, Ángel Gonzalo Santiago Hernández y Mónica Kemp Zamudio, cuyos historiales académicos, según documentos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), reflejan promedios inferiores al exigido.
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Morales Silva y Ruiz Contreras concluyeron la licenciatura con 7.91
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Santiago Hernández, con 7.58
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Kemp Zamudio, con 7.88
Las calificaciones fueron confirmadas por el secretario general de la Facultad de Derecho, Daniel Medina Castillo, en documentos emitidos el 3 de julio.
Actualmente, el Tribunal Electoral local analiza los juicios acumulados interpuestos por otros aspirantes a las magistraturas, quienes impugnaron las designaciones: Juan Paulo Almazán Cue, Yaneth Hernández Trejo, Héctor Vega Robles
El requisito académico forma parte de las bases establecidas en las convocatorias extraordinarias 2025 para los tres poderes del estado, donde se indica que los aspirantes deben acreditar un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura y 9.0 en materias afines al cargo.
Aunque la verificación de este criterio correspondía a los Comités de Evaluación de cada poder, la omisión permitió que los cuatro aspirantes avanzaran hasta ser electos, sin que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) realizara una revisión adicional.
A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha revocado el nombramiento de al menos 45 magistrados y jueces por este mismo incumplimiento. En San Luis Potosí, ya existió un caso similar, en el que se dejó sin efecto la designación de María Concepción Castro Martínez para el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
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