Estado
“¿De dónde sacaron la información?”, Cuestiona Carrizales a empresarios
Por: Redacción
La exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, dio a conocer esta tarde una carta abierta dirigida a los organismos empresariales del estado, en la que les cuestiona cómo accedieron a información clasificada acerca de su solicitud de juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios, por el violento desalojo que sufrió en junio pasado.
El pasado domingo, un grupo de organismos empresariales publicaron un desplegado en el que aseguran que el juicio político contra Nava fue aprobado por las comisiones del Congreso del Estado, porque los diputados están buscando su futuro político.
Carrizales aseguró que contra ella no existe ningún procedimiento sancionatorio que justifique el desalojo del que fue objeto a mediados del año pasado, por parte de la administración Nava Palacios.
La carta íntegra se reproduce a continuación:
CARTA ABIERTA A LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES POTOSINOS
Con fundamento en mi Derecho a Acceder a la Justicia por medio de un Debido Proceso en Igualdad de Circunstancias y por alusiones personales realizadas en comunicado publicado el día 23 de Febrero del 2019 en el Periódico Pulso así como las declaraciones en medios de comunicación realizadas por el C. Manuel Antonio Castanedo de Alba, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y responsable de dicha inserción pagada, es que les pregunto lo siguiente:
¿Cómo tuvieron acceso a la información clasificada como privada, sobre las presuntas actuaciones que tuvieron los Legisladores Locales dentro del Juicio Político interpuesto por la suscrita?, información necesaria para sustentar las declaraciones publicas que se realizaron a nombre de los organismos empresariales, o ¿acaso fueron realizadas sin esta información?
Del mismo modo a la C. Clara Leticia Serment Cabrera, Presidenta de CANACINTRA, quien declara de manera pública; “se muy bien el fondo de ese problema”, “debieron de haber castigado a esta persona hasta las ultimas consecuencias”, “había un delito que perseguir”, refiriéndose a la suscrita, informarle que la han engañado, no existe una sola denuncia, demanda o procedimiento administrativo en ninguna contraloría, juzgado o tribunal donde su servidora este señalada como responsable.
Por lo que los exhorto a informarse jurídicamente de la responsabilidad que conlleva las afirmaciones vertidas sobre la legalidad de mi actuar como servidora pública, así como del supuesto actuar de los legisladores locales, también a asesorarse sobre las diferentes responsabilidades de las que puede ser sujeto un Presidente Municipal (administrativas, penales, políticas) y las competencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Creo que es de suma importancia cuando se emite una postura a nombre de todo un sector, hacerlo de manera informada con el fin de no caer en responsabilidades penales y/o civiles, de los que cada uno de sus afiliados tendrían que hacerse responsables.
Esta es la situación, yo denuncie pagos indebidos ordenados por el Secretario General del Ayuntamiento en los servicios de las Oficialías del Registro Civil, seguido de esto se me realizo una suerte de desalojo, se me infringieron tratos que podrían considerarse como crueles, inhumanos y degradantes, es decir tortura y se me privo ilegalmente de la libertad así como de la fuente de mi trabajo por medio de la seguridad pública municipal cuya cabeza según la ley de la materia es el Presidente Municipal, sin que exista un documento público que funde y motive estos actos.
A consecuencia de estas declaraciones públicas por parte de sus representantes, es que conmino a los miembros de la Iniciativa Privada a manifestar públicamente; Primero ¿Es así como ustedes tratan a las trabajadoras de las que han decidido prescindir? y segundo ¿ustedes comparten lo declarado por sus representantes respecto que la culpa fue mía?
Sin más por el momento quedó a sus órdenes.
REINTERANDO MIS RESPETOS C. MARIA TERESA CARRIZALES HERNANDEZ
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Congreso del Estado
Congreso busca impulsar Ley Hope, contra maltrato animal
Estas asociaciones proponen sancionar con mayor severidad el maltrato a los animales, luego de la agresión sufrida en contra de una perrita
Por: Redacción
El diputado Luis Felipe Castro Barrón, junto con las diputadas Leticia Vázquez Hernández y Gabriela Martínez Vázquez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de asociaciones de protección animal, quienes han solicitado reformas a la legislación en materia de maltrato animal.
El legislador explicó que estas asociaciones proponen sancionar con mayor severidad el maltrato a los animales, luego de la agresión sufrida en contra de una perrita, que perdió la vida, y cuyos agresores siguen un proceso penal por este delito.
“Son asociaciones que vienen impulsando el tema de la Ley Hope, queríamos tener un intercambio con ellos, y llevamos algunas propuestas de ley que venimos trabajando, todo enfocado al bienestar de los animales de San Luis Potosí, principalmente los animales de compañía”.
Precisó que se buscará hacer una revisión de los delitos relacionados con el maltrato a los animales, para establecer las penalidades en cada caso, para lo cual hay varias iniciativas al respecto, además de la promoción de un padrón de personas maltratadoras de animales.
A la par, se buscará se cuente con presupuesto para la realización de esterilizaciones de animales, principalmente perros y gatos callejeros, que son principalmente quienes sufren actos de maltrato.
Estado
Bien suspensión de alcoholímetros, pero se deben tomar medidas: diputada
Jacquelinn Jáuregui advirtió que la ausencia de filtros en temporadas festivas aumenta riesgos y pide aplicar medidas alternativas en establecimientos
Por: Cristian Betancourt
Jacquelinn Jáuregui Mendoza, diputada local, señalo que la falta de alcoholímetros en la capital potosina puede incrementar los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol especialmente en temporadas festivas.
La legisladora fue cuestionada sobre la decisión del Ayuntamiento de San Luis Potosí de no aplicar alcoholímetros este año, ni siquiera en las próximas fiestas decembrinas, periodo en el que se disparan los accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.
Jáuregui explicó que una de las razones detrás de la suspensión han sido las constantes quejas ciudadanas por presuntos abusos. “Había mucha queja de los potosinos; se detenía a personas que no tenían nada que ver. A veces con dos copas o una cerveza ya sube un poquito y los detenían”
Además, consideró necesario que aunque no se retomen los alcoholímetros si se implementen medidas en establecimientos donde se vendan bebidas alcohólicas.
La diputada subrayó que la prevención de accidentes debe asumirse con responsabilidad entre autoridades, establecimientos y ciudadanía.
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Estado
Falta de señalización y uso del celular, principales factores de accidentes: diputada
La legisladora llamó a mejorar la señalética en los municipios y pidió a peatones y automovilistas evitar distracciones, principalmente por el uso del celular
Por: Cristian Betancourt
La diputada local Jacquelinn Jáuregui Mendoza señaló que se impulsan acciones para mejorar la movilidad y reducir los accidentes viales; sin embargo, también llamó a la ciudadanía a asumir su responsabilidad al momento de cruzar calles y conducir.
La legisladora explicó que actualmente se trabaja con los municipios para atender la falta de señalamientos, ya que muchos no son visibles o no cumplen con las condiciones necesarias para orientar a los conductores: “Es un tema que estoy consultando con los municipios; hay señalética que no está visible y eso provoca que algunos automovilistas no midan la velocidad con la que vienen”, comentó.
Jáuregui exhortó a las y los peatones a ser más conscientes al momento de cruzar avenidas, pues la distracción por el uso del celular continúa siendo un factor que contribuye a los accidentes viales.
“Muchas veces el celular implica que no pongamos atención”, advirtió.
Finalmente, reiteró que mejorar la movilidad requiere acciones conjuntas entre autoridades legislativas y municipales, así como responsabilidad de la ciudadanía, para reducir los incidentes de tránsito en la capital.
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