Por: Redacción

La exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, dio a conocer esta tarde una carta abierta dirigida a los organismos empresariales del estado, en la que les cuestiona cómo accedieron a información clasificada acerca de su solicitud de juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios, por el violento desalojo que sufrió en junio pasado.

El pasado domingo, un grupo de organismos empresariales publicaron un desplegado en el que aseguran que el juicio político contra Nava fue aprobado por las comisiones del Congreso del Estado, porque los diputados están buscando su futuro político.

Carrizales aseguró que contra ella no existe ningún procedimiento sancionatorio que justifique el desalojo del que fue objeto a mediados del año pasado, por parte de la administración Nava Palacios.

La carta íntegra se reproduce a continuación:

CARTA ABIERTA A LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES POTOSINOS

Con fundamento en mi Derecho a Acceder a la Justicia por medio de un Debido Proceso en Igualdad de Circunstancias y por alusiones personales realizadas en comunicado publicado el día 23 de Febrero del 2019 en el Periódico Pulso así como las declaraciones en medios de comunicación realizadas por el C. Manuel Antonio Castanedo de Alba, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y responsable de dicha inserción pagada, es que les pregunto lo siguiente:

¿Cómo tuvieron acceso a la información clasificada como privada, sobre las presuntas actuaciones que tuvieron los Legisladores Locales dentro del Juicio Político interpuesto por la suscrita?, información necesaria para sustentar las declaraciones publicas que se realizaron a nombre de los organismos empresariales, o ¿acaso fueron realizadas sin esta información?

Del mismo modo a la C. Clara Leticia Serment Cabrera, Presidenta de CANACINTRA, quien declara de manera pública; “se muy bien el fondo de ese problema”, “debieron de haber castigado a esta persona hasta las ultimas consecuencias”, “había un delito que perseguir”, refiriéndose a la suscrita, informarle que la han engañado, no existe una sola denuncia, demanda o procedimiento administrativo en ninguna contraloría, juzgado o tribunal donde su servidora este señalada como responsable.

Por lo que los exhorto a informarse jurídicamente de la responsabilidad que conlleva las afirmaciones vertidas sobre la legalidad de mi actuar como servidora pública, así como del supuesto actuar de los legisladores locales, también a asesorarse sobre las diferentes responsabilidades de las que puede ser sujeto un Presidente Municipal (administrativas, penales, políticas) y las competencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Creo que es de suma importancia cuando se emite una postura a nombre de todo un sector, hacerlo de manera informada con el fin de no caer en responsabilidades penales y/o civiles, de los que cada uno de sus afiliados tendrían que hacerse responsables.

Esta es la situación, yo denuncie pagos indebidos ordenados por el Secretario General del Ayuntamiento en los servicios de las Oficialías del Registro Civil, seguido de esto se me realizo una suerte de desalojo, se me infringieron tratos que podrían considerarse como crueles, inhumanos y degradantes, es decir tortura y se me privo ilegalmente de la libertad así como de la fuente de mi trabajo por medio de la seguridad pública municipal cuya cabeza según la ley de la materia es el Presidente Municipal, sin que exista un documento público que funde y motive estos actos.

A consecuencia de estas declaraciones públicas por parte de sus representantes, es que conmino a los miembros de la Iniciativa Privada a manifestar públicamente; Primero ¿Es así como ustedes tratan a las trabajadoras de las que han decidido prescindir? y segundo ¿ustedes comparten lo declarado por sus representantes respecto que la culpa fue mía?

Sin más por el momento quedó a sus órdenes.

REINTERANDO MIS RESPETOS C. MARIA TERESA CARRIZALES HERNANDEZ

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