Estado
“¿De dónde sacaron la información?”, Cuestiona Carrizales a empresarios
Por: Redacción
La exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, dio a conocer esta tarde una carta abierta dirigida a los organismos empresariales del estado, en la que les cuestiona cómo accedieron a información clasificada acerca de su solicitud de juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios, por el violento desalojo que sufrió en junio pasado.
El pasado domingo, un grupo de organismos empresariales publicaron un desplegado en el que aseguran que el juicio político contra Nava fue aprobado por las comisiones del Congreso del Estado, porque los diputados están buscando su futuro político.
Carrizales aseguró que contra ella no existe ningún procedimiento sancionatorio que justifique el desalojo del que fue objeto a mediados del año pasado, por parte de la administración Nava Palacios.
La carta íntegra se reproduce a continuación:
CARTA ABIERTA A LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES POTOSINOS
Con fundamento en mi Derecho a Acceder a la Justicia por medio de un Debido Proceso en Igualdad de Circunstancias y por alusiones personales realizadas en comunicado publicado el día 23 de Febrero del 2019 en el Periódico Pulso así como las declaraciones en medios de comunicación realizadas por el C. Manuel Antonio Castanedo de Alba, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y responsable de dicha inserción pagada, es que les pregunto lo siguiente:
¿Cómo tuvieron acceso a la información clasificada como privada, sobre las presuntas actuaciones que tuvieron los Legisladores Locales dentro del Juicio Político interpuesto por la suscrita?, información necesaria para sustentar las declaraciones publicas que se realizaron a nombre de los organismos empresariales, o ¿acaso fueron realizadas sin esta información?
Del mismo modo a la C. Clara Leticia Serment Cabrera, Presidenta de CANACINTRA, quien declara de manera pública; “se muy bien el fondo de ese problema”, “debieron de haber castigado a esta persona hasta las ultimas consecuencias”, “había un delito que perseguir”, refiriéndose a la suscrita, informarle que la han engañado, no existe una sola denuncia, demanda o procedimiento administrativo en ninguna contraloría, juzgado o tribunal donde su servidora este señalada como responsable.
Por lo que los exhorto a informarse jurídicamente de la responsabilidad que conlleva las afirmaciones vertidas sobre la legalidad de mi actuar como servidora pública, así como del supuesto actuar de los legisladores locales, también a asesorarse sobre las diferentes responsabilidades de las que puede ser sujeto un Presidente Municipal (administrativas, penales, políticas) y las competencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Creo que es de suma importancia cuando se emite una postura a nombre de todo un sector, hacerlo de manera informada con el fin de no caer en responsabilidades penales y/o civiles, de los que cada uno de sus afiliados tendrían que hacerse responsables.
Esta es la situación, yo denuncie pagos indebidos ordenados por el Secretario General del Ayuntamiento en los servicios de las Oficialías del Registro Civil, seguido de esto se me realizo una suerte de desalojo, se me infringieron tratos que podrían considerarse como crueles, inhumanos y degradantes, es decir tortura y se me privo ilegalmente de la libertad así como de la fuente de mi trabajo por medio de la seguridad pública municipal cuya cabeza según la ley de la materia es el Presidente Municipal, sin que exista un documento público que funde y motive estos actos.
A consecuencia de estas declaraciones públicas por parte de sus representantes, es que conmino a los miembros de la Iniciativa Privada a manifestar públicamente; Primero ¿Es así como ustedes tratan a las trabajadoras de las que han decidido prescindir? y segundo ¿ustedes comparten lo declarado por sus representantes respecto que la culpa fue mía?
Sin más por el momento quedó a sus órdenes.
REINTERANDO MIS RESPETOS C. MARIA TERESA CARRIZALES HERNANDEZ
También lee: Tere Carrizales ahora va contra “Caco” Leal y Lucy Lastras
Estado
Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández
El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.
Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.
Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.
Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida”
Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.
Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.
También lee: Reforma Electoral será sometida a un mayor análisis: Héctor Serrano
La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital
Por: Redacción
Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.
La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.
Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.
También lee: Antes que prohibir, se tienen que regular los vapeadores: Aranza Puente
La diputada aseguró que el veto de estos dispositivos solo dará pie a un mercado negro fuera de la ley
Por: Redacción
Cuestionada sobre la prohibición de los vapeadores en San Luis Potosí, Aranza Puente Bustindui, diputada local, se manifestó en contra del veto a estos dispositivos, señalando que ella optaría por una regulación.
La diputada señaló que al haber tanta demanda, una prohibición total solo ocasionaría un mercado negro fuera de toda regulación, lo que generaría mayor peligro para los consumidores.
Puente Bustindui afirmó que hace falta mucha información sobre el tema, y sugirió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleve a cabo una regulación de las sustancias dañinas que contienen los vapeadores, así como que se realicen campañas de prevención y apoyo a los fumadores
La producción, distribución y venta de vapeadores fue prohibida por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, argumentando que son dispositivos dañinos para la salud que fueron comercializados bajo la promesa no comprobada de ser menos dañinos que el cigarro.
También lee: Se realiza Mesa de Seguridad en Villa de Pozos
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad3 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas4 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad3 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado2 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas3 años
SLP podría volver en enero a clases online
