Estado
“¿De dónde sacaron la información?”, Cuestiona Carrizales a empresarios
Por: Redacción
La exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, dio a conocer esta tarde una carta abierta dirigida a los organismos empresariales del estado, en la que les cuestiona cómo accedieron a información clasificada acerca de su solicitud de juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios, por el violento desalojo que sufrió en junio pasado.
El pasado domingo, un grupo de organismos empresariales publicaron un desplegado en el que aseguran que el juicio político contra Nava fue aprobado por las comisiones del Congreso del Estado, porque los diputados están buscando su futuro político.
Carrizales aseguró que contra ella no existe ningún procedimiento sancionatorio que justifique el desalojo del que fue objeto a mediados del año pasado, por parte de la administración Nava Palacios.
La carta íntegra se reproduce a continuación:
CARTA ABIERTA A LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES POTOSINOS
Con fundamento en mi Derecho a Acceder a la Justicia por medio de un Debido Proceso en Igualdad de Circunstancias y por alusiones personales realizadas en comunicado publicado el día 23 de Febrero del 2019 en el Periódico Pulso así como las declaraciones en medios de comunicación realizadas por el C. Manuel Antonio Castanedo de Alba, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y responsable de dicha inserción pagada, es que les pregunto lo siguiente:
¿Cómo tuvieron acceso a la información clasificada como privada, sobre las presuntas actuaciones que tuvieron los Legisladores Locales dentro del Juicio Político interpuesto por la suscrita?, información necesaria para sustentar las declaraciones publicas que se realizaron a nombre de los organismos empresariales, o ¿acaso fueron realizadas sin esta información?
Del mismo modo a la C. Clara Leticia Serment Cabrera, Presidenta de CANACINTRA, quien declara de manera pública; “se muy bien el fondo de ese problema”, “debieron de haber castigado a esta persona hasta las ultimas consecuencias”, “había un delito que perseguir”, refiriéndose a la suscrita, informarle que la han engañado, no existe una sola denuncia, demanda o procedimiento administrativo en ninguna contraloría, juzgado o tribunal donde su servidora este señalada como responsable.
Por lo que los exhorto a informarse jurídicamente de la responsabilidad que conlleva las afirmaciones vertidas sobre la legalidad de mi actuar como servidora pública, así como del supuesto actuar de los legisladores locales, también a asesorarse sobre las diferentes responsabilidades de las que puede ser sujeto un Presidente Municipal (administrativas, penales, políticas) y las competencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Creo que es de suma importancia cuando se emite una postura a nombre de todo un sector, hacerlo de manera informada con el fin de no caer en responsabilidades penales y/o civiles, de los que cada uno de sus afiliados tendrían que hacerse responsables.
Esta es la situación, yo denuncie pagos indebidos ordenados por el Secretario General del Ayuntamiento en los servicios de las Oficialías del Registro Civil, seguido de esto se me realizo una suerte de desalojo, se me infringieron tratos que podrían considerarse como crueles, inhumanos y degradantes, es decir tortura y se me privo ilegalmente de la libertad así como de la fuente de mi trabajo por medio de la seguridad pública municipal cuya cabeza según la ley de la materia es el Presidente Municipal, sin que exista un documento público que funde y motive estos actos.
A consecuencia de estas declaraciones públicas por parte de sus representantes, es que conmino a los miembros de la Iniciativa Privada a manifestar públicamente; Primero ¿Es así como ustedes tratan a las trabajadoras de las que han decidido prescindir? y segundo ¿ustedes comparten lo declarado por sus representantes respecto que la culpa fue mía?
Sin más por el momento quedó a sus órdenes.
REINTERANDO MIS RESPETOS C. MARIA TERESA CARRIZALES HERNANDEZ
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Estado
Trabajadores de GM avalan nuevo contrato colectivo
El acuerdo contempla incremento salarial y mejoras en prestaciones para los trabajadores
Por: Redacción
La mayoría de trabajadores de la planta General Motors mostraron su respaldo al nuevo contrato colectivo de trabajo en una consulta realizada del 8 al 11 de diciembre informó el sindicato representante de los trabajadores. Más de 5 mil 100 empleados, que equivalen a más del 90 % de la fuerza laboral, participaron en el proceso y respaldaron las condiciones acordadas entre la representación sindical y la empresa.
Este contrato, una vez avalado por el Centro Federal de Conciliación Labora
l, entrará en vigor con efecto retroactivo desde octubre de este año, conforme a lo establecido en procedimientos legales.El acuerdo contempla un incremento global del 12% con un 6% directo al salario y el resto destinado a mejoras en prestaciones sin perder los beneficios ya existentes. Además el sindicato adelantó que buscará una nueva revisión salarial en marzo de 2026 como parte de futuras negociaciones.
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Ciudad
San Luis Potosí cierra 2025 con cifras históricas a la baja en homicidios
El Gobierno del Estado destacó un clima de paz y seguridad que permite la convivencia ciudadana en plazas y comercios durante la temporada decembrina
Por: Redacción
El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que la entidad potosina se encuentra cerrando el año 2025 en un entorno de paz y tranquilidad. De acuerdo con información publicada por El Universal San Luis, el funcionario destacó que durante la primera quincena de diciembre se registraron únicamente dos homicidios en todo el estado, cifra que calificó como un mínimo histórico en la materia y un reflejo del esfuerzo por mantener el orden público.
Torres Sánchez subrayó que, aunque el ejercicio de gobernar implica retos diarios de cara al 2026, los resultados actuales son tangibles en la vida cotidiana de la población, el secretario afirmó que la seguridad “no se ve, pero se siente”, y señaló que el cumplimiento de las metas en esta materia ha permitido que las plazas públicas, centros comerciales y restaurantes luzcan llenos de familias que conviven y realizan sus compras incluso por las noches, sin los temores que se presentan en otras entidades del país.
Durante la más reciente Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, se confirmó que esta baja incidencia delictiva representa un hito para la administración estatal. El funcionario puntualizó que, si bien la meta ideal es llegar a una cifra de cero incidentes, la tendencia actual marca una ruta clara hacia la continuidad de la paz social. Finalmente, enfatizó que la libertad con la que la ciudadanía se apropia hoy de los espacios públicos es el indicador más fiel de que el Gobierno del Estado ha cumplido con su compromiso de proteger a las y los potosinos al cierre de este ejercicio fiscal.
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Congreso del Estado
Congreso plantea tipificar ciber acoso sexual como delito
Esta necesidad surge debido a que existe un vacío legal evidente respecto al acoso sexual que ocurre íntegramente en entornos digitales
Por: Redacción
En la comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado se analiza una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de tipificar el ciberacoso sexual.
El ciberacoso sexual se define como el hostigamiento o acecho a una persona mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, mensajería instantánea o cualquier medio digital, con conductas de connotación sexual no consentidas.
Estas conductas, que incluyen el envío de mensajes, proposiciones o comentarios sexuales explícitos no deseados, así como el acecho digital con fines lascivos, generan un daño psicológico profundo, vulneran la intimidad y la tranquilidad de las víctimas, y pueden escalar a formas de violencia aún más graves.
Si bien el ordenamiento ya tipifica delitos como el hostigamiento sexual y cuenta con una robusta figura contra la difusión ilícita de imágenes íntimas, existe un vacío legal evidente respecto al acoso sexual que ocurre íntegramente en entornos digitales, particularmente cuando no media una relación de subordinación previa y cuando la agresión no consiste en la difusión de contenido visual. Este vacío deja en estado de indefensión a las víctimas de estas prácticas.
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