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#TodoSeDerrumbó | El Covid-19 se sumó al nulo crecimiento económico de SLP
Líderes de asociaciones de comerciantes y organismos empresariales reconocieron que la pandemia del Covid-19 afectará de forma seria a las pequeñas y medianas empresas
Por: Abelardo Medellín
Las posibles afectaciones económicas que sufra San Luis Potosí después de la contingencia sanitaria del Covid-19, no solo podrían ser atribuidas a esta emergencia sanitaria, pues el comercio y las empresas en la entidad potosina ya acarreaban un año 2020 sin muchas expectativas de crecimiento a sus negocios, revelaron líderes de asociaciones de comerciantes y organismos empresariales en la entidad.
“Estos negocios a nivel nacional y estatal ya venían sufriendo un año de cero crecimiento; se dijo que creceríamos al 2%, pero no crecimos eso, es cero crecimiento, nuestro entorno ya era muy débil y la contingencia da la puntilla a muchos negocios”, dijo en entrevista el presidente de la organización Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, quien habló de la crisis que avizoran los medianos y pequeños negocios ante la contingencia del coronavirus: “El problema es que esto va a agudizar y avanzar, el hecho de que yo diga que a los negocios pequeños ya les afectó es obvio, porque somos los vulnerables, pero esto alcanzará a prácticamente todas las empresas en México”.
El presidente de Nuestro Centro habló de cómo negocios con giros de restaurantes, turismo y gastronomía ya resienten las campañas de sana distancia y la falta de consumidores en la calle, situación que ha vuelto casi imposible el que las pequeñas y medianas empresas solventen los gastos operativos: “Te doy un dato, un negocio pequeño o mediano, que trabajen o laboren 40 o 50 personas, su siguiente pago de luz que deberá hacer, es de 120 mil pesos y el de Seguro Social, será de 80 mil pesos, el siguiente pago que tendrá que desembolsar sería de 200 mil pesos, ¿de dónde saldrían?, de ningún lado, esos negocios por eso cerraron, porque no es costeable”.
Ante la cantidad de problemáticas económicas que menciona Narváez Arochi, el presidente de Nuestro Centro planteó en entrevista que la mejor solución para que no cierren los negocios es que el gobierno federal adquiera deuda externa y absorba los gastos operativos y de servicios de los pequeños y medianos negocios.
“Deberá absorber por tres meses, mínimo, luz, agua, impuestos y servicios como Seguro Social e Infonavit y reprogramar algunos pagos de impuestos, porque, de nuevo, ya venimos de una crisis y el 90 por ciento de las empresas tienen un retraso en el pago de impuestos, sobre todo en el impuesto mensual respecto al IVA y este retraso es porque esperábamos un año mejor y no ocurrió”, dijo Alberto Narváez.
El presidente de Nuestro Centro aseguró que el apoyo del gobierno federal para todos los negocios es un requisito indispensable si se busca evitar una crisis generalizada en todos los sectores, pero que es poco probable que ese apoyo llegue pronto, pues: “hasta ahorita y lamentablemente, hemos escuchado que el gobierno federal de una forma absurda ya dijo que ‘no rescataremos a los empresarios'”. Narváez Arochi agregó que “la forma es fondo, cuando dice ‘empresarios’ y no ‘empresas’ es porque no entiende que una empresa es de trabajadores, administrativos y la cadena de valor alrededor“.
Según Alberto Narváez “se deben rescatar a todos, incluso la economía informal, y es algo que no hubiera dicho hace 15 días, pero se tiene que hacer”. Al respecto de un posible aplazamiento de la contingencia del coronavirus a más de doce semanas, el presidente de Nuestro Centro afirmó que “con toda seguridad lo digo y lo asumo, si se aplaza más de 12 semanas sería una crisis total, lo digo con toda objetividad”.
No solo el aplazamiento de la contingencia podría traer consecuencias severas para la sociedad potosina, Narváez Arochi aseguró que “si el gobierno no interviene para salvar a las empresas, el regreso sería más contracorriente y el riesgo de un problema social es inminente: empezará a ver actos de rapiña, saqueo, ¿por qué?, digo, no justifico lo que hagan, pero unos lo harán como excusa, los ladrones, pero otros lo harán por necesidad”.
“El panorama es brutal y el gobierno debe absorber estos gastos, porque si no, vamos a vivir tiempos de verdad muy obscuros, lo aseguro”, agregó Alberto Narváez Arochi.
LAS EMPRESAS TAMBIÉN LLORAN
“Desafortunadamente esta situación sanitaria nos toma como país con un crecimiento muy débil y negativo y obviamente nos agarra en un momento muy muy difícil”, dijo en entrevista el presidente de Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, quien en concordancia con las opiniones de Narváez Arochi dijo que ya habían iniciado las afectaciones económicas a sectores como: la recaudación fiscal, generación de empleo, competitividad y la productividad.
De acuerdo con Galindo Pérez, no solo las afectaciones de la contingencia del coronavirus mermarán la economía, sino que “también las malas decisiones del gobierno federal tendrán su impacto, el cual no entiende por su política o agenda interna, no razona que la generación de riqueza lo hace la empresa a través de inversión, crecimiento y generación de empleos, eso mueve la economía”.
El líder empresarial señaló que 470 mil empleos dados de alta en el Seguro Social en el estado de San Luis Potosí están por perderse y por ello es tan importante que el gobierno federal y estatal intervengan para apoyar a las empresas, sin embargo: “el gobierno federal no ha entendido que el 75 por ciento de los negocios en México son Pymes y que necesitamos de apoyos fiscales para sobrellevar la crisis que trae consigo la contingencia sanitaria y no queremos que nos regale nada, sino que requerimos ayuda para cuidar a nuestro activo más importante que es la gente trabajadora”.
A pesar de creer que el gobierno puede tener una parte de la solución ante una posible crisis económica, Galindo Pérez comentó que el gobierno actual no tiene las mejores referencias: “Seguimos viendo, 14 o 15 meses después de que iniciara esta administración, que sigue cancelando inversiones nacionales, extranjeras o públicas, como la del aeropuerto, donde se perdieron 150 mil millones de pesos”.
“El primer tema, como lo han hecho todos los países que han tenido esta emergencia, es no aferrarse al superávit primario, porque no lo van a tener por la caída de los ingresos, primeramente por el petróleo, porque ellos tiene presupuestado un barril de petróleo a 49 dólares, cuando hoy está a 15 o 16 dólares el barril y pues por esta emergencia hay países que han solicitado deuda hasta 10 puntos de su Producto Interno Bruto, el caso de España, el caso de Italia, el caso de Francia, porque ven la magnitud de la situación”, explicó Galindo Pérez.
El presidente estatal de Coparmex aseguró que alargar el plazo de la contingencia que actualmente llevamos sería negativo para la economía del país y la de San Luis Potosí y agregó que “esperamos que en un plazo no mayor a 90 días, las cosas vuelvan un poco más a la normalidad, para poder reactivar las actividades económicas”.
Galindo Pérez concluyó: “Estos treinta días serán complicados, tenemos que aprender a hacer cosas nuevas en nuestras empresas, no va a ser igual después de esta contingencia, para el turismo, la industria, la manufactura, todo será diferente en temas de operación”.
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Gallardo fortalece seguridad, movilidad y apoyo en Valles
El gobernador realizó la mesa regional de seguridad, entregó apoyos a ganaderos, escrituras a familias y tarjetas de transporte gratuito a jóvenes
Por: Redacción
En una intensa gira de trabajo por Ciudad Valles, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, revisó la estrategia integral de seguridad con alcaldesas y alcaldes de la Huasteca, además de entregar apoyos a productores agropecuarios por 20 millones de pesos, escrituras a 140 familias y más de mil tarjetas de transporte gratuito para la juventud, fortaleciendo la economía familiar, el desarrollo regional y una movilidad sin límites.
Durante la Mesa de Seguridad el Jefe de Gobierno Estatal dio seguimiento a las estrategias que se implementan, exhortó a los alcaldes de El Naranjo, Tamasopo y Ciudad Valles a dignificar los salarios de las y los policías municipales, y anunció un operativo especial junto con la Fiscalía Gen eral del Estado para prevenir el delito de extorsión.
Posteriormente en un evento con familias y productores, el gobernador Ricardo Gallardo entregó tractores, equipos e implementos agropecuarios con inversión de 20 millones de pesos para diversos municipios de la huasteca, además de escrituras a 140 familias vallenses que por más de 20 años habían solicitado regularizarse de las colonias: Hermosa Provincia, Montecillos, Luis Donaldo Colosio, Balcones, Troncones, La Corriente y Cañitas, con el programa “Tu Casa, Tu Apoyo”.
En una gran fiesta con cientos de jóvenes de la región que agradecieron por los apoyos que antes la herencia maldita les negaba, Ricardo Gallardo entregó mil tarjetas del programa “Mi Pase”, que otorga 40 viajes gratuitos al mes a alumnas y alumnos de nivel medio superior y superior, eliminando barreras económicas, que representa un importante apoyo a la economía familiar y que se suma al Sistema de transporte gratuito y eléctrico MetroRed que ya funciona con dos líneas en Valles.
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#4 Tiempos
¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva
CORREDOR HUMANITARIO
Imaginemos que dentro de unos años, alguien desde el poder diga: “En San Luis Potosí ya ni se practican abortos, ¿para qué mantenerlo legal?” Esa frase, tan simplona como peligrosa, podría ser suficiente para justificar que se dé marcha atrás a un derecho conquistado a pulso. Y lo más grave es que, si revisamos los datos oficiales, el argumento ya estaría servido.
Porque según los Servicios de Salud del Estado, desde que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, 132 mujeres han interrumpido su embarazo en San Luis Potosí. Pero —y aquí está la trampa— ninguna lo hizo por decisión propia. De acuerdo con las cifras, las 132 interrupciones fueron por motivos médicos. Cero voluntarias. Cero por libre elección.
Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Que en todo un estado, con más de dos millones de mujeres, ni una sola decidió interrumpir su embarazo de forma voluntaria? ¿O que los hospitales y las instituciones están borrando esos datos, diluyéndolos entre diagnósticos clínicos para esconder una realidad incómoda?
Hace un año, San Luis Potosí celebraba lo que parecía un triunfo de la razón sobre el prejuicio: la despenalización del aborto. Hoy, ese avance empieza a parecerse a una mentira institucional. Porque si las cifras se maquillan, si la objeción de conciencia se convierte en excusa y si las mujeres siguen siendo rechazadas en hospitales, entonces el derecho a decidir se está convirtiendo en una simulación.
De los 107 puestos médicos en hospitales habilitados para practicar la ILE, uno de cada tres profesionales es objetor de conciencia. En Ciudad Valles, por ejemplo, 10 de 17 médicos y enfermeros se niegan a realizar el procedimiento. ¿Y qué pasa con las mujeres que viven en la Huasteca o en el Altiplano, donde no hay alternativas cercanas? ¿Qué pasa si una mujer llega al hospital de Valles, con doce semanas cumplidas, y le dicen que nadie puede atenderla porque todos son objetores ? Lo que pasa es que su derecho desaparece.
La colectiva ILE San Luis Potosí ha documentado estos casos, las negativas, la opacidad y la simulación. Han sido ellas —y muchas otras colectivas— quienes han tenido que acompañar a mujeres que, en teoría, ya no deberían estar suplicando por un derecho reconocido por la ley.
Y entonces hay que decirlo con claridad: un derecho que no se garantiza, es un derecho abolido en silencio. La resistencia institucional existe, y es tan sutil como efectiva: se disfraza de papeleo, de moral médica, de estadísticas convenientes. Pero su consecuencia es brutal: mujeres obligadas a continuar embarazos que no desean, porque el Estado decide mirar hacia otro lado.
San Luis Potosí tiene una ley que reconoce el derecho a decidir, pero no una estructura que lo haga realidad. Y si las autoridades siguen escondiendo las decisiones de las mujeres tras diagnósticos médicos, no solo están borrando datos: están borrando voces.
A un año de la despenalización, el aborto en San Luis Potosí sigue siendo un privilegio y no una garantía. Y si no se exige transparencia y acceso real, pronto podrían decirnos —con una sonrisa burocrática— que aquí ya nadie aborta. Y entonces, el silencio sería la excusa perfecta para volver atrás.
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Crece la población en penales de SLP, pero sin audiencias ni sentencias
El Poder Judicial reconoció que muchos internos en SLP no han tenido audiencia; se buscará acelerar procesos mediante juicios abreviados
Por: Redacción
Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Poder Judicial del Estado, reconoció que aunque los centros penitenciarios de San Luis Potosí registran un aumento constante en su población, gran parte de las personas privadas de la libertad aún no han tenido audiencia ni sentencia, debido a la saturación del sistema judicial.
Durante una entrevista, Zarazúa explicó que el incremento de internos no refleja necesariamente un avance en la impartición de justicia, si no el inicio de procedimientos que podrían tardar meses o incluso años en resolverse.
“Si la Fiscalía lo toma como un logro, significa que apenas se aprendiera; estamos apenas al inicio del procedimiento”, señaló.
La magistrada reconoció que los juzgados enfrentan una sobrecarga de audiencias orales, lo que ha generado retrasos significativos.
“Estamos saturados en cuanto a audiencias. Tenemos que buscar soluciones para que se lleven de manera más ágil y no se pospongan por cuestiones propias del juzgado”, afirmó.
El rezago judicial no solo ralentiza los procesos, sino que agrava la situación en los penales, donde crece el número de personas que permanecen en prisión preventiva sin que su caso avance. Este fenómeno contrasta con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insta a los países a reducir el número de reclusos sin sentencia.
Ante esta situación, la presidenta del Poder Judicial anunció que se busca impulsar procedimientos abreviados y mejorar la calendarización de audiencias para desahogar los casos más antiguos.
“Habrá que hacerlo en todos aquellos que se puedan abreviar, siempre atendiendo la naturaleza del delito y las condiciones del proceso”, puntualizó.
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