Congreso del Estado
Comisiones aprobaron cambio de nombre a la SCT
El diputado Antonio Lorca dijo que el objetivo es fortalecer a la dependencia ante la implementación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Por: Redacción
La Comisión de Desarrollo Económico y Social de la LXIII Legislatura local, aprobó el dictamen de la iniciativa que propone modificar la denominación actual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el de Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. Aunque ello, representó que se aplicarán una serie de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Ley de Transporte Público; Ley de Cambio Climático; Ley de Hacienda para el Estado; Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.
Esta iniciativa que, presentó el diputado José Antonio Lorca Valle, plantea que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tendrá un rol fundamental para la implementación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a efecto de establecer y aplicar la política de desarrollo de transporte en el Estado, y formular el programa estatal respectivo, así como vigilar todo lo relativo al transporte público en el Estado, y lo anterior, sin contar con las nuevas atribuciones que tendrá en materia de movilidad.
De ese modo, el objetivo de la reforma a diversas leyes en el ámbito local es modificar la denominación de la Secretaría de Estado actual, por el de Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, lo que consignará el nuevo enfoque propuesto por la Ley Genera mencionada.
Además, se expuso que una vez que el dictamen sea aprobado en el Pleno del Congreso del Estado, el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”. Mientras que en lo que se refiere a los transitorios se establece que “todas las referencias que hagan mención a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contenidas en las leyes y normatividad vigente, se entenderán realizadas a la Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Movilidad.
La reunión de trabajo estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, diputado José Antonio Lorca Valle, secretario diputado, José Ramón Torres García, y los vocales; diputada Dolores Eliza García Román, y Roberto Ulices Mendoza Padrón.
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Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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