En 2025, solo Soledad y la capital tenían su atlas completo

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó un exhorto, propuesto por la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, para que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) trabaje con los 59 municipios en la actualización de sus atlas de riesgos ante la temporada de lluvias. Un exhorto es una petición formal del Congreso a otra autoridad: no la obliga, pero le pide que actúe.

El exhorto también pide a la CEPC revisar el Programa Estatal de Protección Civil, en especial lo que tiene que ver con la prevención de desastres por lluvias, y actualizar los planes de contingencia para esta temporada.

Martínez Vázquez explicó que un atlas de riesgos actualizado permite a las autoridades y a la población saber con precisión qué zonas pueden sufrir inundaciones, deslaves y desbordamientos. Con eso se pueden hacer evacuaciones a tiempo, planear mejor el crecimiento de las ciudades y proteger el patrimonio de las familias. “La prevención salva vidas; con instrumentos actualizados cuidamos a nuestras niñas y niños, a nuestros adultos mayores y a las familias que año con año sufren por las lluvias”, dijo.

¿Cuántos municipios tienen su atlas?

En noviembre de 2025, Mauricio Ordaz Flores, entonces titular de la CEPC, informó que solo Soledad y la capital cumplían al 100 por ciento con su atlas de riesgos. En agosto de este año, la actual coordinadora, Nadia Ochoa Limón, no dio una cifra de cuántos municipios lo tienen actualizado; dijo que se daría a conocer más adelante. El 26 de septiembre, la CEPC informó que el Atlas Estatal de Riesgos ya tiene 150 capas de información de consulta pública e incluye por primera vez a Villa de Pozos.

El exhorto llega después de las lluvias de la semana pasada, que llevaron al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, a activar la emergencia en la ciudad por una lluvia de 50 milímetros. Este lunes, ante la llegada del Frente Frío número 1, la CEPC pidió a los municipios tener listos sus albergues.

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La propuesta establece que los ayuntamientos destinen al menos 15% de su hacienda a infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento

Por: Redacción

El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para garantizar recursos para la infraestructura hidráulica en los municipios.

La propuesta establece que los ayuntamientos deberán destinar anualmente cuando menos 15 por ciento de su hacienda a la construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y tratamiento y disposición de aguas residuales.

El legislador señaló que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y que uno de los reclamos de la ciudadanía en todo el estado es la falta de infraestructura adecuada, las redes obsoletas y la falta de tratamiento de aguas.

Explicó que, al elevarlo a rango constitucional, se asegura la inversión y se obliga a las administraciones municipales a priorizar un servicio básico, para evitar que los recursos se destinen a otros rubros.

«Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar; esta reforma busca que cada municipio, sin importar su tamaño, invierta de manera obligatoria y transparente en el agua potable en sus casas, el drenaje y el tratamiento de aguas», afirmó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Agua para su análisis y dictamen.

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La pena aumentará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente

Por: Redacción

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández, aprobó el dictamen que adiciona el artículo 342 Bis al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para sancionar la difusión indebida de imágenes y material relacionado con víctimas y escenas del crimen por parte de servidores públicos.

Vázquez Hernández indicó que la adición establece un tipo penal para sancionar a servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones en la procuración e impartición de justicia y sin autorización legal, divulguen, publiquen, transmitan, compartan o entreguen imágenes o videos de cadáveres, restos humanos, lesiones o circunstancias del fallecimiento de una persona, cuando esa conducta vulnere la dignidad, privacidad o intimidad de la víctima o de sus familiares.

Añadió que la iniciativa toma como referencia el caso de Ingrid Escamilla, feminicidio ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, cuyas imágenes de la escena del crimen fueron filtradas y difundidas por medios de comunicación y redes sociales.

El artículo 342 Bis se incorpora en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos. Sancionaría a quien, por sí o por interpósita persona, con motivo del ejercicio de sus funciones en la procuración o impartición de justicia y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercie, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o partes de ellos relacionados con un hecho que la ley señale como delito, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que presentan.

De acuerdo con el dictamen, se impondría pena de prisión de tres a ocho años y sanción pecuniaria de 300 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La pena y la sanción pecuniaria aumentarían hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente, o cuando el contenido se difunda en medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.

El dictamen se turnará al pleno para su votación.

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