julio 22, 2026

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Congreso del Estado

Congresistas de todos los partidos respaldan la entrada de la Guardia Civil

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Los legisladores coincidieron que los ayuntamientos y el gobierno federal deberán sumarse a este esfuerzo para fortalecer la seguridad pública

Por: Redacción 

Diputadas y diputados de la LXIII Legislatura acudieron al arranque oficial de la Guardia Civil Estatal, luego de las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso del Estado y avaladas por los 58 ayuntamientos de la entidad para su operatividad, al igual que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el arranque, José Luis Fernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, recordó que el Congreso del Estado autorizó recursos por un monto de 350 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de este ejercicio fiscal 2022, con lo cual se garantizará su operatividad y transformación.

El diputado destacó el papel de los ayuntamientos para integrar una coordinación con la Guardia Civil, ya que: “a través de su aprobación en los Cabildos de esta reforma constitucional va un compromiso implícito, el gobernador en su mensaje habló que se habían acabado los tiempos de responsabilizar a las otras esferas de gobierno, pero también se hace un llamado a los gobiernos federales y municipales a que se sumen en este esfuerzo”.

Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, dijo que el Congreso del Estado apoyarán a mejorar los presupuestos en materia de seguridad pública, y a la Fiscalía del Estado, en este ejercicio fiscal 2022, estará impulsando las reformas necesarias en materia de seguridad pública que sean necesarias.

Guajardo Barrera comentó: “Estamos buscando que tengan todas la herramientas para un marco legal y un mejor funcionamiento la seguridad pública en San Luis Potosí, y que cuenten con una la coordinación los tres niveles de gobierno para que puedan trabajar, no en esfuerzos aislados si no coordinadamente, y que exista inversión y hoy aplaudimos la inversión que se hace desde el gobierno del estado para poder mejorar la materia de seguridad pública”.

Alejandro Leal Tovías, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, destacó el esfuerzo del Ejecutivo del Estado para sumar a todas las entidades en este esfuerzo de seguridad pública, a través de la Guardia Civil Estatal.

Leal Tovías: aseguró: “Es una nueva forma de poder enfrentar y dar seguridad a los ciudadanos y me parece que hoy lo vamos a ver, con este arranque, con equipamiento, gente preparada y capacitada, vamos a ver cómo va creciendo, pero creo que el que los 58 municipios se hayan sumado a este proyecto, habla de una coordinación del esfuerzo conjunto con el estatal y federal y creo que muy pronto vamos a ver resultados”.

Emma Idalia Saldaña Guerrero, representante parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, señaló que estará atenta al desarrollo de los trabajos que se realicen en materia de seguridad, principalmente en materia de coordinación con autoridades municipales.

Idalia Saldaña mencionó: “Vemos que el municipio de la capital ya hizo lo propio, y sabemos que hay municipios que también se les está invitando a que aumente el número de elementos, porque eso también es importante y hay esta coordinación con la federación, con la Guardia Nacional, para tener un San Luis Potosí tranquilo que es lo que todos anhelamos”.

Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género aseveró que estará al pendiente del tema de las capacitaciones en materia de derechos humanos para los cuerpos policíacos, de manera que sus labores estén apegadas al marco jurídico aplicable.

Finalmente, Claudia Tristán Alvarado, representante parlamentaria del Partido Nueva Alianza, señaló que se esperan buenos resultados con el inicio formal de la Guardia Civil Estatal, “porque sabemos que los elementos también son parte de la ciudadanía, y esperamos que con la creación y la puesta en marcha de la Guardia Civil, las cosas mejoren para tener resultados en corto, mediano y largo plazo”. 

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Congreso del Estado

Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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Congreso del Estado

Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil

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El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México

 

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.

 

Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

 

Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

 

Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.

 

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Congreso del Estado

Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas

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Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio

Por: Redacción

Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

 

Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la  Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.

 

Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.

 

Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

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