mayo 10, 2021

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#4 Tiempos

Con botas de siete leguas | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

La semana pasada, a propósito de los múltiples casos de vacunas contra el covid aplicadas con jeringas vacías, el presidente aprovechó la conferencia matutina del martes para decir que para ello solo hay dos y solamente dos explicaciones: o error humano o montaje, claro, orquestado por los conservadores para desestabilizar el Plan Nacional de Vacunación. Acto seguido, el presidente trajo a colación el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta y anunció que al día siguiente presentarían toda la información respecto de ese montaje televisivo.  En la conferencia del miércoles, entonces, estuvieron presentes Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quienes mostraron un fragmento de lo transmitido en Primero Noticias en diciembre del 2005, se cargaron en contra de Loret y después ofrecieron algunas consideraciones sobre las cuestiones jurídicas referentes a Israel Vallarta y su posible liberación.

El estatus legal de Israel es particularmente interesante, pues él sigue en la cárcel —esperando sentencia desde hace 16 años— mientras que Florence fue puesta en libertad en 2014 tras un amparo —sin duda uno de los más importantes de la última década— otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte,  donde uno de los argumentos es el «efecto corruptor». Citando la sentencia, por este efecto debemos entender: “consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria (…)”. En otras palabras, que la actuación de la autoridad afecta directa o indirectamente la veracidad y objetividad de la evidencia.

En aquel caso, el efecto corruptor tuvo sus mayores repercusiones en los testimonios de las víctimas: justo después de la detención, las víctimas aseguraron no reconocer ni a Israel ni a Florence. Después de varios días de haber visto en todos los medios de comunicación los rostros de los presuntos secuestradores —y de que todo el país los sentenciara—, los testimonios fueron diametralmente distintos: declararon con total convencimiento que ellos eran sus captores y torturadores. Vaya, incluso hubo un testigo que, de manera voluntaria y en virtud de las imágenes en la televisión, fue a la PGR y declaró: «la misma persona que en ocasiones iba a mi puesto a comprar verdura (…) se trata de la misma persona que vi en la televisión como la francesa secuestradora».  

Las pruebas en favor de Israel —quien además tiene a un hermano y a un sobrino también en la cárcel, víctimas del montaje— son más que contundentes. Considerando el precedente del amparo Cassez, también están plenamente acreditados los actos de tortura que sufrió por parte de las autoridades y que no hubo tal banda de secuestradores. No obstante, Israel también está acusado del secuestro de otras dos personas —que no formaron parte del montaje—, por lo que no se le puede aplicar el mismo criterio del efecto corruptor y liberarlo en automático. El de Israel Vallarta es solo uno más de los miles de casos que hay de personas que llevan décadas esperando una sentencia; o que cuyas imputaciones fueron fabricadas y ejecutadas sin la menor decencia y apego a la ley.

En ese respecto, vale la pena recordar que la campaña presidencial de López Obrador fue muy propositiva en la cuestion de la justicia transicional. Quizás todos sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de justicia. Sin embargo, al añadirle el apellido transicional, el tema se vuelve mucho más serio. La justicia transicional es aquella que alude a la manera en que un país enfrenta y deja atrás un periodo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con una magnitud tal que está rebasada por los medios convencionales de acceso a la justicia. Por tanto, los tres ejes en los que descansa la justicia transicional son: conocer la verdad y saber quién es responsable de qué; contar con mecanismos de reparación del daño para las víctimas; y asegurar instrumentos para la no repetición de dichas violaciones a derechos. Se trata, esencialmente, de pacificar y de conocer la verdad.

Ante ello, uno de los principales pilares de la campaña obradorista fue la flamante Ley de Amnistía, que, con todos sus ocho artículos, fue promulgada el año pasado por estas fechas. Dicha ley contempla una serie de supuestos en los que es posible decretar amnistía en favor de personas contra quienes se haya ejercido acción penal en el fuero federal: por aborto, por haber sido obligado a producir o a comerciar drogas, por no haber contado con un traductor en caso de ser indígena, entre otros. Si bien la intención y el mensaje político es loable y contundente, dicha ley es casi inocua en cuanto a su aplicación. Para ponerlo en perspectiva, solo alrededor del 15% de los delitos totales son del fuero federal. En un ejemplo más concreto, no hay ninguna mujer encarcelada por aborto en el fuero federal; todas están en el fuero local. El alcance de la Ley de Amnistía es mínimo; al día de hoy, no ha habido una sola persona que se haya beneficiado de ella. Ni para las personas como Israel, que están en prisión sin sentencia o que cuyas garantías individuales han sido violadas, ni para las decenas de miles de víctimas se ven intentos reales de acercarles justicia.

Es preciso recordar al famoso escritor de cuentos francés del siglo XVII, Charles Perrault, que fue reconocido por dar forma literaria a los cuentos que entonces se transmitían solo de voz en voz, como Caperucita Roja o Pulgarcito. En la versión de Perrault, Pulgarcito le roba al ogro sus botas de siete leguas, que le permitían recorrer el equivalente a siete leguas con cada paso dado. Estas botas de siete leguas han sido utilizadas, desde entonces, para expresar que algo o alguien avanza demasiado rápido cuando decide ponérselas; cuando no las usa, avanza lentamente.

A estas alturas del partido, es bien sabido por todos y todas que las conferencias matutinas están lejos de ser un espacio de directa rendición de cuentas; por el contrario, son una suerte de tribunal popular donde tienen lugar algunas de las situaciones más chuscas y bochornosas de la actualidad nacional. También es bien sabido por todos y todas que los montajes televisivos y la inmoralidad con que algunas veces se conducen el poder y los medios de comunicación es inaceptable, pero que aún sigue pasando. Ahí está la rifa del avión, por ejemplo.

La justicia —y ni hablar de la justicia con apellidos— viene a paso muy lento. Es cierto que la Ley de Amnistía tiene apenas un año de aprobada, pero esta administración ya está en su tercer año y aun no se ve la hora de que haya si quiera un atisbo de verdad y pacificación. Con leyes que aplican prácticamente a nadie, tampoco. En contraste, el presidente se pone sus botas de siete leguas para ajustar desde la tribuna mañanera sus problemas personales con los periodistas, jueces, instituciones o políticos incómodos al régimen. Nadie exime de responsabilidad a Loret por el montaje, pero, seamos serios, es tarea de la gente evaluar a las y los periodistas y a su trabajo; a los tribunales, determinar si hay o no responsabilidad legal. Excusándonos en Israel Vallarta, tengamos siempre en mente lo peligroso del efecto corruptor y de las estigmatizaciones; más cuando provienen desde arriba.

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#4 Tiempos

Los pormenores del desafuero | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

El pasado jueves 06 de mayo, la Suprema Corte de Justicia recibió la controversia constitucional presentada por el Congreso Local de Tamaulipas en contra de la declaración de procedencia dictada en días previos por la Cámara de Diputados que retira la inmunidad procesal —comúnmente conocida como fuero— al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Retrocedamos un poco en los hechos para analizar qué implica esto y por qué es un caso al que hay que prestarle atención.

Dentro de la interminable lista de nombres de políticos que han soltado Emilio Lozoya y compañía, el gobernador García Cabeza de Vaca y otros panistas —como Felipe De Jesús Cantú, hoy en Morena y coordinando la campaña de Clara Luz Flores a la gubernatura de Nuevo León— fueron señalados como responsables de obtener sobornos a cambio de aprobar la reforma energética impulsada en el sexenio de Peña Nieto. Por estos señalamientos y por acusaciones de defraudación fiscal equiparada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de probable participación en delitos de delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República solicitó el 23 de febrero a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas para que se le remueva del cargo y se pueda llevar a cabo el proceso penal en su contra.

El 30 de abril, la Cámara de Diputados conoció del caso de García Cabeza de Vaca y se procedió a la votación para su desafuero, que tuvo como resultado 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, por lo que se avaló el dictamen y se realizó la Declaración de Procedencia. Más tarde ese mismo día, el Congreso de Tamaulipas llevó a cabo una votación en la que determinaron con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, rechazar el desafuero de García Cabeza de Vaca.

Ante la clara contradicción de criterios, el Congreso de Tamaulipas solicitó a la Suprema Corte que desechara la Declaración de Procedencia que emitió la Cámara de Diputados. Como se vislumbra, estamos ante un caso clásico de juego de fuerzas: por un lado, una Cámara de Diputados mayoritariamente morenista; por otro, un Congreso local casi completamente panista; ambos
auspiciados por sus respectivos líderes e interpretando a conveniencia los poco precisos artículos constitucionales.

La Constitución establece en su artículo 111 que para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. Esta última parte «como corresponda» es, a mi juicio, la que complica exageradamente este asunto. ¿Qué significa «como corresponda»?

A primera vista, podría parecer que después de la declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados se le pasa la bolita al Congreso local para determinar si retiran la inmunidad procesal al acusado o no, lo cual me parece una interpretación razonable. Tiene cierta lógica pensar que sea el Congreso local el que decida si se le retira la inmunidad procesal a su gobernador, pues finalmente parecería ser un asunto que solo atañe a los tamaulipecos.

Sin embargo, más adelante el mismo artículo 111 constitucional indica que las resoluciones de la Cámara son inatacables y —más importante— que “[e]l efecto de la declaración (…) será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”. Sobre esta misma línea, el artículo 74 constitucional indica que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión —o sea, de la Cámara de Diputados— proceder penalmente contra los funcionarios públicos que caen bajo los supuestos del 111. Entonces, hay que remitirnos a la Constitución del Estado de Tamaulipas y buscar qué puede corresponder a la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados.

En lo relativo al juicio político por razón de delitos penales, la Constitución de Tamaulipas establece en su artículo 152 que al gobernador sólo se le puede acusar ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) en los términos del artículo 151. Por su parte, el 151 señala que el gobernador del Estado puede ser sujeto de juicio político en los términos del 110 de la Constitución, lo cual nos regresa al supuesto inicial sin ninguna respuesta; pero más adelante también indica que el Congreso local debe proceder a acusar ante el STJ, previa declaración de las dos terceras partes de sus integrantes. Así, el mismo artículo 151 contempla dos supuestos que pueden servir a ambos intereses y que nos dejan aún con las mismas dudas.

Dentro de la misma Constitución de Tamaulipas, su artículo 84 establece que en los casos en que el gobernador sea suspendido de sus funciones (como sucede con la declaración de procedencia), el Congreso Local deberá convocar a nuevas elecciones si la falta ocurre en los primeros tres años de gobierno; o nombrar a un gobernador interino para que termine el periodo restante. En mi opinión, esta es la respuesta a «procedan como corresponde».

La lógica es esta: primero, la Fiscalía acusa. Luego, la Cámara de Diputados, con mayoría absoluta aprueba la declaración de procedencia, cuyo efecto es retirar la inmunidad procesal y separar de su cargo al inculpado mientras esté sujeto a un proceso penal. Después, ante la falta de persona ocupando el cargo de gobernador, le toca al Congreso local nombrar a un interino mientras el acusado lleva su proceso penal. Para el caso concreto, considero que efectivamente García Cabeza de Vaca ya no cuenta con la protección del fuero constitucional.

La interpretación de estos artículos, tanto de la Constitución federal como de la local, ha resultado ser un tema de amplísima discusión pues, como vimos, la redacción está lejos de ser precisa en el procedimiento que se debe de seguir. Además, en los más de 100 años que ha estado vigente nuestra Constitución, no ha habido un solo precedente que nos pueda orientar; el desafuero de Andrés Manuel del 2005 fue distinto, pues en ese tiempo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal no se le consideraba gobernador. Como lo hace el ministro en retiro José Ramón Cossío en su artículo para El Universal, es posible argumentar que la respuesta se encuentra en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1982 que modificó el artículo 111, y que expresa que la razón de ser de la modificación es dejar el asunto en manos del congreso local. No obstante, como hemos discutido, la literalidad y redacción de los artículos en cuestión es poco feliz, por llamarle de alguna manera.

Antes de terminar de enfrascarnos en una discusión estrictamente técnica y leguleya, vale la pena alejar un poco la vista y estudiar el asunto desde sus hechos. Por un lado, tenemos un presidente que ha concentrado en sus manos una inmensa cantidad de poder; una Cámara de Diputados que aprueba lo que sea que les digan desde arriba, sin preguntar; una Fiscalía que está lejos de probar su verdadera autonomía; y una Suprema Corte que, por las presiones a las que se ha dejado someter su ministro presidente, ya no convence. Por otra parte, tenemos a un gobernador que se ha enfrentado fuertemente a López Obrador, pero que con un Congreso local metido en la bolsa puede salirse con la suya y prevenir cualquier proceso penal en su contra.

Si la presente disputa se tratase de un gobernador cualquiera en una situación política cualquiera, mi postura y lectura constitucional van en favor de que sea la Cámara de Diputados la que resuelva el desafuero. Sin embargo, ahora que será la Suprema Corte la que resuelva, considero importantísimo que también se considere el clima político del momento. De avalarse el desafuero a García Cabeza de Vaca, se le estaría abriendo la puerta a López Obrador para desaforar indiscriminadamente a cualquier gobernador que se le oponga, siempre que mantenga su mayoría en la Cámara de Diputados.

En ningún momento defiendo la idea de que a García Cabeza de Vaca no se le debe de investigar; si hay motivos para abrirle una investigación, que se le investigue y en su caso que se le juzgue con todo el peso de la ley. Sin embargo, el fundado sospechosismo no deja de hacerse presente cuando hablamos de un gobernador con una particular rivalidad con el presidente. Más aún cuando se le intenta desaforar en época electoral y a poco tiempo de que termine su periodo (2022); una vez abandonando la gubernatura, García Cabeza de Vaca ya no contará con inmunidad procesal y se le podrán abrir todos los procesos penales que se deseen.

** A García Cabeza de Vaca le defiende el hábil abogado Alonso Aguilar Zinser, quien en su momento sacó de la cárcel al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Hay tiro.

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#4 Tiempos

Saber que vendrás | Columna de Juan Jesús Priego

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LETRAS minúsculas

 

¿Vivimos en una época que cree poco en la amistad? «¡Amigos, no hay amigos!», clamaba nostálgico el poeta. Pero, entonces, estos amigos a los que se dirigía ¿no eran en verdad amigos?

De la experiencia de la amistad decía Cicerón, el escritor latino, que era como tener un alma compartiéndola con otro: un solo principio vital animando dos cuerpos. Sin embargo, la comparación nos parece hoy lejana, acaso demasiado bella para ser real. ¿Dónde se ven ya amistades así? Y qué distinto nos parece el tiempo en que un San Agustín, por ejemplo, hablaba de la muerte de un amigo de su juventud con estas palabras desconsoladas:

«¡Con qué dolor quedó mi corazón de luto! Todo lo que miraba era muerte. La patria era un suplicio para mí y la casa paterna una extraña desdicha. Todo cuanto con él había compartido se había vuelto, sin él, atroz tortura. Le buscaban por todas partes mis ojos, pero no lo encontraban. Y llegué a aborrecer todas las cosas porque no le tenían ni podían decirme: “¡Mira, ya viene!”, como cuando vivía y estaba ausente. Yo me había convertido en un gran interrogante para mí mismo. Preguntaba a mi alma por qué estaba triste y por qué me conturbaba tanto, y no sabía ella responderme nada» (Confesiones IV, 4, 9).

En el momento en que llega el lector a este punto del libro de San Agustín, casi siempre hace un profundo silencio, suspira con resignación y da vuelta a la página. «Era otra época», dice como disculpándose de algo que no alcanza a comprender qué sea. ¿Es que eran más generosos los hombres de otros tiempos? ¿Qué nos falta a nosotros, los modernos, que los antiguos tenían a manos llenas?

Cuando San Bernardo de Claraval (1090-1153), ya viejo, se enteró de que uno de sus discípulos más queridos había sido elegido Papa (Eugenio III), preocupado por su suerte, le escribió una larga carta en la que le decía: «Hace tiempo que te metí en mis entrañas y no te sacarán de ellas con tanta facilidad… Te amé cuando eras pobre; igualmente te he de amar hecho padre de los pobres y de los ricos… Demente pareceré; pero será a quien no ama, a quien no conoce la fuerza del amor».

«Sí» –decimos al leer estos textos preciosos-, «eran otros tiempos, era otra época. Hoy ya no somos capaces de hablar así; hoy ya no somos capaces de tanta ternura». 

¿Qué nos falta?, ¿qué tenían nos antiguos que ya no tenemos nosotros? Tiempo. El hombre posmoderno, digámoslo con sinceridad, tiene poco tiempo para la amistad. Y, sin embargo, la nostalgia de ella lo persigue como un perro vuelto loco.

«El encuentro de dos seres humanos –escribe Anselm Grün en uno de sus libros- es un regalo de Dios. Así lo afirma el filósofo griego más significativo, Platón: Dios hace a los amigos; Dios lleva el amigo al amigo. Es Dios, en última instancia, quien conduce al mutuo encuentro a aquellos seres cuyas almas vibran al unísono. Los mismos amigos con frecuencia no saben por qué se hicieron amigos o cómo surgió la amistad. De pronto está ahí. Dios ha abierto las puertas de mi corazón para que entre en él esta persona».

De acuerdo, de acuerdo, ¿pero quién es capaz hoy de experimentar una cosa tan sagrada, si nos falta tiempo para cultivarla? ¡Estamos siempre tan atareados! Pero la nostalgia sigue allí, no obstante, agarrándonos con sus tenazas. Se trata de la misma nostalgia que hizo escribir a Albert Camus (1913-1960) en una página de La caída: «Mire usted, me hablaron de un hombre cuyo amigo estaba preso, y él se acostaba todas las noches en el suelo para no gozar de una comodidad de que habían privado a aquel a quien él quería. ¿Quién, querido señor, se acostará en el suelo por nosotros? ¿Y yo mismo soy capaz de hacerlo? Mire usted, quisiera ser capaz, seré capaz, sí, un día todos seremos capaces de hacerlo, y entonces nos salvaremos».

Seremos salvados por la amistad –parece decir Camus-, es decir, por aquellos que, mientras nosotros padecemos y luchamos, nos tienen constantemente en su memoria, en su pensamiento: por aquellos que no nos olvidan ni quieren hacerlo. Karl Barth (1886-1968) lo dijo mejor que nadie: «Descartes no tenía razón cuando dijo: Cogito, ergo sum -pienso, luego existo-, sino que hubiese estado más en la verdad si hubiese dicho, en cambio: Cogitor, ergo sum: soy pensado, luego existo», luego soy importante para Alguien. ¡Entonces vale la pena vivir!

Un día, después de una jornada de combates especialmente violentos, un soldado pidió permiso a su superior para ir a buscar a su amigo al campo de batalla, pues al no haber regresado a la barraca seguramente se hallaba herido y, Dios no lo quisiera, hasta muerto.

-Permiso denegado -declaró el superior-. Ir al campo es peligroso y no quisiera perder así como así a uno de mis elementos más valiosos. Acaso su amigo ya haya fallecido. Piense usted en que es inútil exponerse a semejante riesgo.

Contraviniendo la prohibición, el soldado fue en busca de su amigo. Regresó después de una hora trayendo entre sus brazos un cuerpo hecho pedazos. Cuando el superior vio al desobediente, se le acercó para decirle:

-¿Ve usted cómo su amigo ya estaba muerto? Y, no obstante, usted desobedeció. ¡Debería degradarlo!

Respondió el soldado:

-No fue inútil mi trabajo, capitán, porque cuando llegué por él aún no moría; de hecho, todavía alcanzó a decirme: «Jack, estaba seguro de que vendrías».

«El amigo verdadero es como la sangre –decía Quevedo-, que acude rápidamente a la herida sin ser llamado».

Amigo es aquel que siempre viene; aquel del que se puede estar seguro de que vendrá. Porque es Dios quien lleva el amigo al amigo…

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#4 Tiempos

Ciencia básica y libertad de expresión | Columna de Andreu Comas García

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La Ciencia de la Salud

 

El miércoles 28 de abril tuve el honor de participar como comentarista dentro de las Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pude participar en la Mesa 8. Ciencia básica y libertad de expresión. A continuación, resumo las ideas con las cuales salí después de mi participación.

Como investigadores, parte de nuestra esencia es el entendimiento de la naturaleza mediante la curiosidad humana. Nuestra curiosidad nos deberá de llevar a la generación de nuevo conocimiento. Pero para que este entendimiento nos lleve al progreso, se deben de cumplir con ciertas condiciones.

Primero, el conocimiento debe de generase mediante el pensamiento crítico e independiente. Segundo, nuestros hallazgos, resultados y/o conclusiones deben de ser evaluadas y discutidas por pares. Tercero, el avance, aunque sea mediante pequeños pasos debe ser continuo y con libertad de análisis. Cuarto, el dinero destinado a esta actividad se debe de entender como inversión continúa y creciente a futuro. Quinto, debe de existir libertar en la creación del conocimiento.

El papel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es el de ser institución coordinadora, articuladora y gestora de los recursos económicos para investigación. El CONACyT deberá de garantizar que la utilización del dinero sea adecuada dentro del marco de la ley, que sea suficiente para generar conocimiento innovador y esté bien administrada para que no haya desperdicio.

Desgraciadamente en la administración federal actual, el CONACyT ha adquirido un papel de juez o verdugo. Claramente existe una política de querer imponer una ideología “anti-neoliberal” -por cierto, es una falacia que exista la ciencia neolibreal”, aislacionista, represiva, retrógrada, altamente discrecional y sobre todo vengativa con el pasado y con sus críticos.

Las políticas actuales del CONACyT están siendo manejadas de manera unilateral por su directora. Su manera de actuar no solo se basa en falacias científicas y sociales, también en su muy propia ideología política y que además se deja guiar por resentimientos, vendettas y traumas personales. La dirección se ha cerrado a debatir -elemento básico en la investigación y educación-, ha cerrado las puertas a foros, organismos, universidades, investigadores y demás masa crítica.

El CONACyT como órgano coordinador o gestor debería de facilitar el progreso de la ciencia mediante un proceso administrativo trasparente y eficiente. Sin embargo, desde el 2019 la burocracia científica de este país se ha vuelto ineficiente, lenta, prepotente, soberbia y sorda. En parte, esto es la consecuencia de la contratación de personal no capacitado para técnicos, administrativos y directivos. Muchas de estas contrataciones se han dado más por amiguismo, compadrazgos o por ideología que por sus capacidades, aptitudes, conocimiento y entrenamiento.

Siendo maquiavélicos, la actual ineficiencia burocrática del CONACYT se pudiera ver como una estrategia “pasiva” para reprimir o castigar a los investigadores -o a las líneas de investigación- que no estén alineadas con el discurso o pensamiento oficialista.

Otro problema actual, es que existen grandes presiones gubernamentales para que los investigadores generemos únicamente proyectos aplicados que “resuelva de manera inmediata los grandes problemas nacionales” que solo a la 4T le interesan. A esto hay que sumarle el hecho de que existen presiones -restrictivas- que buscan impedir la realización de la investigación básica libre de cualquier ideología política. Recordemos que sin investigación básica no puede existir investigación aplicada.

Hoy podemos hablar de que no existe libertad para la investigación en México, pero ¿Por qué digo esto?, porque nos están bloqueando por todas partes. Entendamos que hay menos becas para los alumnos de posgrado y para las pocas que hay existe una gran lentitud administrativa. El financiamiento se ha caído, y el poco que se ejerce es opaco, se hace por lo obscurito y por debajo de la mesa. Nos han ido recortado paulatinamente el acceso a revistas científicas, lo cual genera una barrera para el acceso a información actual y a la cooperación científica. Finalmente, y de manera discriminatoria, se ha retirado el estímulo económico a los investigadores de universidades privadas quienes a partir de ahora serán investigadores de segunda clase para el gobierno mexicano.

Es claro que desde el 2019 se ha iniciado una lenta, pero continua persecución ideológica en contra de la ciencia, de la educación y, sobre todo en contra del pensamiento crítico. Pero todo momento de adversidad nos puede generar nuevas oportunidades, y en este caso esta nueva oportunidad se da con la unión e interlocución transversal como los pares que somos entre cientos investigadores de diferentes disciplinas, áreas e instituciones.

Sin libertad y con acoso los investigadores no podemos ser pares. La falta de liberta y la presencia del acoso nos esta llevando a la polarización ideológica sin pensamiento crítico. Por lo tanto, sin libertad y con acoso no pude haber ciencia.

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Opinión