julio 16, 2025

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Comunidades indígenas de SLP buscan su autonomía política

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Comunidades Tének y Nahuas solicitarán al Congreso del Estado y al Ceepac que se les consulte para asentar y vincular su derecho a elegir sus autoridades como mejor les convenga

Por: Ana G Silva

En San Luis Potosí, una las principales demandas de los pueblos indígenas es el reconocimiento de sus derechos humanos; ahora más de 120 comunidades Tének y Nahuas de los municipios de Tanlajás, San Antonio y Tancanhuitz obtuvieron una sentencia del Tribunal Federal Electoral para exigir al Congreso del Estado y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que se les consulte sobre su derecho de participación electoral, para asentar y vincular su derecho a elegir sus autoridades como mejor les convenga, es decir, para obtener su autonomía política.

La Orquesta conversó con León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis y que ha seguido este proceso en las comunidades pertenecientes a la Huasteca Potosina, quien detalló que esto se ha venido solicitando desde hace años, pues los indígenas “ya no quieren seguir participando en un sistema que los pone en desventaja electoral, política, social y económica frente a una minoría”; agregó que se buscará que exista un esquema de usos y costumbres autónomo, tal y como lo enmarca la Constitución: “…la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…”.

“Quieren elegir a sus autoridades bajo sus propios usos y costumbres. Quieren desarrollar sus propios proyectos productivos porque como todos los mexicanos tienen derecho a decidir por su propia prosperidad. Están hartos de ser pasivos en el desarrollo de su propia tierra y que los de afuera les digan qué es lo bueno para ellos”, detalló el antropólogo en su columna “La Huasteca Autónoma”, publicado en este medio de comunicación.

León García Lam resaltó que las comunidades indígenas Tének y Nahuas se están encaminando a un momento histórico que nunca se había dado, por ello, los pasos a seguir son completamente impredecibles; no obstante, todo lo que vaya a ocurrir debe partir de la Consulta que ellos están solicitando a los distintos órganos del estado, la cual deberá reflejar y asentar el reclamo y solicitud de las comunidades. Subrayó que este proceso es muy delicado y debe llevarse con extremo cuidado en las características que un proceso de esta naturaleza debe tener, “Libre, Informada, Culturalmente adecuada y sobre todo: de buena fe”.

El Antropólogo dijo que aún es imposible saber cómo quedarían integrados los gobiernos de estas comunidades en caso de que puedan conseguir su autonomía, pues desde hace siglos no han ejercido un gobierno basado en una organización propia y por tanto es difícil predecir qué forma o figuras van a tomar. Sin embargo es posible adelantar algunos rasgos característicos: como que los gobiernos indígenas generalmente toman la forma de asambleas y basan sus decisiones en instituciones concejales.

García Lam señaló que las comunidades indígenas de estos municipios tendrán una gran agenda política a definir en el futuro, pues deberán elegir cómo quedarán asentadas sus autoridades. En principio, hay tres grandes retos:

“Cómo definirían a sus autoridades locales para ejercer los usos y costumbres en su territorio, es decir cómo diseñarían la equivalencia al “municipio libre” y cómo lo armonizarían respecto a cada una de las comunidades.

Cómo negociarían sus espacios de participación con las autoridades del Estado de San Luis Potosí. Concretamente cómo elegirían a sus diputados locales que los representarían en el seno del Congreso del Estado, a sus diputados federales.

Cómo negociarían a sus representantes frente al poder judicial y frente a la administración de los poderes ejecutivos (por ejemplo su representación ante el desarrollo económico, turístico, de comunicaciones, de acceso a la información, a derechos humanos, cultura, educación, etcétera)”.

El experto indicó que hay muchas comunidades indígenas, sobre todo en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que han logrado ejercer sus derechos a la autonomía y al autogobierno. Los resultados, como en todas partes, son dispares:

“No es un camino fácil, por supuesto. Donde me he dado cuenta que ocurren más problemas al principio es en el ejercicio del presupuesto que les corresponde, una vez que las comunidades logran dominar los procesos administrativos de los ejercicios presupuestarios, me parece que el reto está en la eficiencia de los servicios públicos, pues los gobiernos indígenas están siempre bajo una lupa excesiva”.

León García Lam apuntó que la autonomía de los pueblos indígenas es un fenómeno que empieza a generalizarse en México, en el que el caso más importante de autogobierno lo logró la comunidad purépecha de Cherán K’eri, la cual desde el 2011 vive sus usos y costumbres como mejor han considerado, también hay otras comunidades indígenas, que de una manera similar, han logrado establecer su autonomía.

El antropólogo dijo que San Luis Potosí sería un referente nacional si las comunidades indígenas logran establecer una agenda propia y si las instituciones del estado potosino son lo suficientemente flexibles y sensibles para colocarse a la vanguardia, no solo del país sino del mundo: “Sin embargo, las últimas administraciones han dado muestras de una gran dureza y resistencia ante la progresividad de la historia”.

Al cuestionarlo sobre si considera que son los primeros pasos para encaminarse a una representación indígena como la que ocurrió en Bolivia con el triunfo de Evo Morales cuando fue presidente de su nación, García Lam respondió que no, pues una diferencia es la enorme diversidad pluricultural de México y no considera que las comunidades indígenas estén por indianizar al estado mexicano, pero sí a hacer valer sus derechos.

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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”

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La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris

Por: Redacción

Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.

El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal

y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.

Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.

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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA

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Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente

Por: Redacción

El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.

Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso

, también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.

El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.

Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.

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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”

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La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.

Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.

“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.

Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.

Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.

Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.

“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.

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