Con la reforma se armoniza la legislación local con la federal

Por: Redacción

Las y los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado y Derechos Humanos del Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobaron por unanimidad, la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, para combatir la pobreza y ayudar a los grupos vulnerables a salir adelante, iniciativa presentada por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado.

Edmundo Azael Torrescano Medina, diputado local y presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, informó que en la reunión participó Juan Ignacio Segura Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), y Julio César Martínez Vázquez, director jurídico del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes analizaron el tema y abundaron en los programas que aplican, ya que en ellos recaerá esta reforma.

La armonización a la reforma del artículo cuarto que se hizo a la Constitución General impulsada por el presidente de la República, es incluso más específica y positiva, “porque representa un gran brinco en temas de políticas públicas; viene con especificaciones claras señalando cuáles programas se realizarán para erradicar la pobreza en San Luis Potosí”, señaló Torrescano.

El objetivo será establecer la obligatoriedad de los programas sociales que garanticen el derecho a una vida digna, a la alimentación y salud de calidad, mediante becas alimentarias, becas de recursos en efectivo para madres solteras, becas de adultos mayores en esquema de tortillas, agua gratuita, seguros de gastos médicos para mujeres y becas para estudiantes en condición de pobreza y transporte público para ellos.

En la reunión de trabajo quedó claro que se trata de una armonización que establece el tipo de programas como son becas para personas vulnerables con énfasis a personas que padecen pobreza extrema, mujeres y estudiantes; “es un gran brinco en materia de desarrollo social porque se garantiza desde la Constitución la obligatoriedad del estado para abatir el hambre con programas específicos”.

Juan Ignacio Segura aseguró que con esta reforma, los poderes ejecutivo y legislativo marcaron un precedente en el manejo de la política de inclusión, ya que el desarrollo social no estará sujeto a una mal utilización del recurso o a intereses políticos. Además, estableció que los programas que se llevan a cabo como el de adultos mayores, alimentación, mujeres, estudiantes, personas con discapacidad, madres solteras, placas y licencias gratis, entre otros, son exitosos porque realmente marcan una diferencia en la calidad de vida de las personas.

En la reunión de las comisiones unidas participaron además, los legisladores Emma Saldaña, Cuauhtli Badillo, René Oyarvide, Eloy Franklin, Bernarda Reyes, Rubén Guajardo, Ulises Mendoza, Ma. Elena Ramírez, Nallely Vargas, Edgar Anaya, Nadia Ochoa y Gabriela Martínez.

También lee: Congreso se sumará a la Caravana Migrante