octubre 29, 2026

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Congreso del Estado

Comisiones aprueban elevar a carácter constitucional los programas sociales en SLP

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Con la reforma se armoniza la legislación local con la federal

Por: Redacción

Las y los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado y Derechos Humanos del Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobaron por unanimidad, la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, para combatir la pobreza y ayudar a los grupos vulnerables a salir adelante, iniciativa presentada por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado.

Edmundo Azael Torrescano Medina, diputado local y presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, informó que en la reunión participó Juan Ignacio Segura Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), y Julio César Martínez Vázquez, director jurídico del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes analizaron el tema y abundaron en los programas que aplican, ya que en ellos recaerá esta reforma.

La armonización a la reforma del artículo cuarto que se hizo a la Constitución General impulsada por el presidente de la República, es incluso más específica y positiva, “porque representa un gran brinco en temas de políticas públicas; viene con especificaciones claras señalando cuáles programas se realizarán para erradicar la pobreza en San Luis Potosí”, señaló Torrescano.

El objetivo será establecer la obligatoriedad de los programas sociales que garanticen el derecho a una vida digna, a la alimentación y salud de calidad, mediante becas alimentarias, becas de recursos en efectivo para madres solteras, becas de adultos mayores en esquema de tortillas, agua gratuita, seguros de gastos médicos para mujeres y becas para estudiantes en condición de pobreza y transporte público para ellos.

En la reunión de trabajo quedó claro que se trata de una armonización que establece el tipo de programas como son becas para personas vulnerables con énfasis a personas que padecen pobreza extrema, mujeres y estudiantes; “es un gran brinco en materia de desarrollo social porque se garantiza desde la Constitución la obligatoriedad del estado para abatir el hambre con programas específicos”.

Juan Ignacio Segura aseguró que con esta reforma, los poderes ejecutivo y legislativo marcaron un precedente en el manejo de la política de inclusión, ya que el desarrollo social no estará sujeto a una mal utilización del recurso o a intereses políticos. Además, estableció que los programas que se llevan a cabo como el de adultos mayores, alimentación, mujeres, estudiantes, personas con discapacidad, madres solteras, placas y licencias gratis, entre otros, son exitosos porque realmente marcan una diferencia en la calidad de vida de las personas.

En la reunión de las comisiones unidas participaron además, los legisladores Emma Saldaña, Cuauhtli Badillo, René Oyarvide, Eloy Franklin, Bernarda Reyes, Rubén Guajardo, Ulises Mendoza, Ma. Elena Ramírez, Nallely Vargas, Edgar Anaya, Nadia Ochoa y Gabriela Martínez.

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Congreso del Estado

Congreso endurece castigo por despojo y por retener pacientes por deudas

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El despojo se castigará con dos a siete años de prisión, y la pena crece si se usan documentos falsos o participa un servidor público

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad aumentar las penas por despojo, que ahora será castigado con dos a siete años de prisión. En la misma sesión ordinaria también endureció el castigo para los directivos de hospitales y clínicas que retengan a pacientes, a recién nacidos o un cuerpo por adeudos.

Ambas reformas modifican el Código Penal del Estado, la ley que define qué conductas son delito y qué castigo les corresponde.

Qué cambia con el despojo

El despojo es el delito de ocupar o quedarse con una casa, un terreno o cualquier inmueble ajeno sin tener derecho a ello, ya sea por la fuerza o con engaños. Con la reforma al artículo 227, quien lo cometa enfrentará de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, una cifra de referencia que se usa para calcular multas en lugar del sa lario mínimo.

Además, con el nuevo artículo 228 BIS, la pena podrá crecer hasta la mitad en sus mínimos y máximos en estos casos:

  • Cuando se simulen actos de autoridad.
  • Cuando se use documentación falsa.
  • Cuando la víctima sea un ascendiente (madre, padre, abuelos) o una persona adulta mayor.
  • Cuando participe un servidor público. En ese caso, además, será destituido e inhabilitado para trabajar en el gobierno durante el mismo tiempo que dure su condena de prisión.

Hospitales que retengan por deudas

La segunda reforma, al artículo 248, fija penas de dos a seis años de prisión y multas de 60 a 200 días de UMA para los directores, encargados o administradores de hospitales, clínicas o sanatorios, públicos o privados, que:

  • Impidan la salida de un paciente cuando él o sus familiares lo pidan, con el argumento de que hay deudas pendientes.
  • Retengan sin necesidad a un recién nacido por ese mismo motivo.
  • Retrasen o nieguen la entrega de un cuerpo, salvo cuando se requiera una orden de autoridad.

En la misma sesión, el Congreso aprobó otras reformas, entre ellas el uso obligatorio de casco en scooters eléctricos y nuevas reglas para declarar la presunción de muerte de personas desaparecidas.

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Congreso del Estado

Propuesta de 3 mil mdp para transporte debe venir de la SCT, no de concesionarios: Serrano

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El diputado dijo que esperará a que la secretaría se pronuncie sobre cualquier propuesta de los concesionarios

Por: Redacción

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, dijo que una propuesta de casi 3 mil millones de pesos para mejorar el transporte urbano en 2027 “sí parece elevada”, y que antes de discutirla debe presentarla la secretaría responsable, no los concesionarios.

“Yo creo que toda propuesta hay que revisarla, pero de entrada yo sí considero que existen muchas otras necesidades sociales por atender”, afirmó.

Serrano dijo que la cantidad podría ser “mucho, mucho, mucho menos”, y que aun así tendría que llegar al Congreso como parte de una valoración de la política pública que quiera aplicar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“No son propietarios”

El legislador recordó que el transporte público es una obligación del Estado, que da concesiones a particulares para que presten el servicio. “Las concesiones son potestad del Estado, no son propiedad de los concesionarios. Por eso son concesiones, no son propietarios de ellas”, dijo.

Agregó que el Estado tiene la obligación de aportar al transporte, pero insistió en que esperará a que la SCT se pronuncie sobre “cualquier propuesta que venga de concesionarios” y que la incluya en una propuesta global para el próximo año.

Gratuidad y presupuesto

Serrano reconoció que el Gobierno del Estado “está haciendo un esfuerzo” para que el transporte público sea gratuito, y dijo que ya existe “todo un mecanismo” que subsidia ese servicio. Con la tarjeta Mi Pase, estudiantes y adultos mayores viajan gratis en el transporte público, incluido el concesionado.

El diputado señaló que el tema será parte de la discusión del Presupuesto de Egresos 2027. “Ya empezamos hoy a hablar del tema. Ya muy pronto vamos a verlo”, dijo.

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Congreso del Estado

Relaciones familiares de una mujer no retiran derecho a competir: Serrano

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El coordinador del Verde en el Congreso dijo que quien cumple los requisitos de ley tiene derecho a registrarse

Por: Redacción

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, defendió el derecho de la senadora Ruth González Silva a participar en el proceso electoral de 2027 si así lo decide, y sostuvo que el término nepotismo “no tiene una relación de forma directa” con su caso.

Serrano recordó que la senadora ha dicho que esperará los tiempos electorales para tomar una decisión y que esta “es exclusivamente de ella”.

“Si tú te puedes registrar y puedes participar en un proceso electoral es porque cumpliste previamente con los requisitos que la ley establece. No veo por qué se te negaría el derecho a participar si así lo decides”, afirmó.

“La esposa de”

Serrano dijo que se le ha dado “una connotación totalmente distinta” a la palabra nepotismo, que en términos jurídicos, explicó, no impide que una mujer participe por tener una relación familiar. El nepotismo es dar cargos o beneficios a familiares desde una posición de poder.

El legislador recordó la Epístola de Melchor Ocampo, un texto que durante décadas se leyó en las bodas civiles, y dijo que antes la mujer “pasaba a ser de” su esposo, algo que “se ha venido anulando” y que considera un avance en los derechos de las mujeres.

Agregó que la senadora considera violencia política en razón de género que se le ubique “como la esposa de, y no con su valor propio”. La violencia política en razón de género son los actos que buscan limitar o anular los derechos políticos de una mujer por el hecho de ser mujer.

“No las exime”

“Hay una gran cantidad de expresiones que a mi juicio contienen violencia política de género, y bueno, pues las mujeres que lo hacen no las exime de que tengan responsabilidad”, dijo Serrano.

Advirtió que las denuncias por violencia política “también limitan las participaciones políticas de quienes las hacen”, es decir, de quienes emiten esas expresiones.

El informe de la senadora

Este lunes, en su Segundo Informe como senadora, González Silva dijo que ha sido blanco de “mentiras, de señalamientos, de críticas” contra ella, su familia y su género, y negó haber dicho que quiera participar en la elección de 2027. Sostuvo que ninguna mujer debe ser excluida de la vida pública por sus vínculos familiares.

Serrano calificó ese mensaje como “contundente en cuanto a los derechos de las mujeres”.

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Opinión

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