Congreso del Estado
Comisiones aprueban elevar a carácter constitucional los programas sociales en SLP
Con la reforma se armoniza la legislación local con la federal
Por: Redacción
Las y los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado y Derechos Humanos del Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobaron por unanimidad, la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, para combatir la pobreza y ayudar a los grupos vulnerables a salir adelante, iniciativa presentada por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado.
Edmundo Azael Torrescano Medina, diputado local y presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, informó que en la reunión participó Juan Ignacio Segura Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), y Julio César Martínez Vázquez, director jurídico del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes analizaron el tema y abundaron en los programas que aplican, ya que en ellos recaerá esta reforma.
La armonización a la reforma del artículo cuarto que se hizo a la Constitución General impulsada por el presidente de la República, es incluso más específica y positiva, “porque representa un gran brinco en temas de políticas públicas; viene con especificaciones claras señalando cuáles programas se realizarán para erradicar la pobreza en San Luis Potosí”, señaló Torrescano.
El objetivo será establecer la obligatoriedad de los programas sociales que garanticen el derecho a una vida digna, a la alimentación y salud de calidad, mediante becas alimentarias, becas de recursos en efectivo para madres solteras, becas de adultos mayores en esquema de tortillas, agua gratuita, seguros de gastos médicos para mujeres y becas para estudiantes en condición de pobreza y transporte público para ellos.
En la reunión de trabajo quedó claro que se trata de una armonización que establece el tipo de programas como son becas para personas vulnerables con énfasis a personas que padecen pobreza extrema, mujeres y estudiantes; “es un gran brinco en materia de desarrollo social porque se garantiza desde la Constitución la obligatoriedad del estado para abatir el hambre con programas específicos”.
Juan Ignacio Segura aseguró que con esta reforma, los poderes ejecutivo y legislativo marcaron un precedente en el manejo de la política de inclusión, ya que el desarrollo social no estará sujeto a una mal utilización del recurso o a intereses políticos. Además, estableció que los programas que se llevan a cabo como el de adultos mayores, alimentación, mujeres, estudiantes, personas con discapacidad, madres solteras, placas y licencias gratis, entre otros, son exitosos porque realmente marcan una diferencia en la calidad de vida de las personas.
En la reunión de las comisiones unidas participaron además, los legisladores Emma Saldaña, Cuauhtli Badillo, René Oyarvide, Eloy Franklin, Bernarda Reyes, Rubén Guajardo, Ulises Mendoza, Ma. Elena Ramírez, Nallely Vargas, Edgar Anaya, Nadia Ochoa y Gabriela Martínez.
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Congreso del Estado
Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP
La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.
La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.
El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.
El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.
La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.
“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.
De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.
La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.
El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.
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Congreso del Estado
Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto
El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez
Por: Redacción
El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.
A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes como responsables de los actos que calificó como violentos, insultantes y contrarios a la civilidad.
De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.
El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.
Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.
Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.
El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.
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Congreso del Estado
Congreso aprueba 3 leyes y 300 decretos en su segundo año
El Congreso realizó 72 sesiones plenarias y 16 de la Diputación Permanente en el año
Por: Redacción
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas, correspondiente a su segundo año de ejercicio constitucional, a través de la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva. Durante el año que se informa, el Congreso aprobó tres nuevas leyes, expidió más de 300 decretos y modificó 69 leyes, códigos y reglamentos.
El balance incluye ocho minutas para reformar la Constitución federal, 18 dictámenes de reforma a la Constitución estatal, 84 puntos de acuerdo, 72 sesiones plenarias y 16 de la Diputación Permanente, además de reuniones de comisiones, foros y mesas de trabajo.
Rocha Medina dijo que “la verdadera eficiencia de un parlamento no puede medirse únicamente por la cantidad de asuntos que resuelve, sino por su capacidad para convertir las diferencias en decisiones útiles y las necesidades sociales en mejores leyes”.
La magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, en representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, participaron en el informe y destacaron la coordinación entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Rocha Medina entregó el informe a representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial y declaró la clausura del Décimo Segundo Periodo Extraordinario. El Congreso fue citado a un nuevo periodo extraordinario el próximo lunes 14 de septiembre, y a la sesión solemne de apertura de su tercer año de ejercicio, el martes 15 de septiembre.
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