Estado
Comisión pedirá a órganos operadores de agua evitar incrementar tarifas en 2022
La Comisión de Agua presentó la propuesta de cuotas y tarifas para la prestación del servicio de agua potable en 2022
Por: Redacción
Diputadas y diputados integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado sostuvieron una reunión con representantes de organismos operadores de agua de los municipios del estado, presidentes municipales y el director de la Comisión Estatal del Agua, Luis Fernando Gámez Macías, a fin de darles a conocer la metodología para la presentación de las propuestas de cuotas y tarifas para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2022.
En la reunión, se hizo el llamado a ser sensibles con la población y no incrementar las tarifas de agua para el próximo ejercicio fiscal, promover mejoras en sus sistemas de operación, prudencia en el gasto y los costos operativos, e incluir un plan de austeridad al interior de la administración de los organismos operadores para un mejor manejo de sus finanzas.
La diputada Dolores Eliza García Román, presidenta de la Comisión del Agua, indicó que en general, los organismos operadores enfrentan carencias técnicas, administrativas, laborales, y financieras, provocadas por malos manejos de anteriores administraciones, ante lo cual y derivado de los cambios de gobierno, se hace el llamado a que atiendan primero las necesidades del ciudada no para brindar un buen servicio, e implementen un plan de austeridad.
La legisladora señaló que los organismos deben ser sensibles con la población que no recibe el agua, porque “sería incongruente aumentar la tarifa del agua por querer recaudar, porque más allá de recaudar con un aumento la gente no va a pagar”.
Representantes de organismos operadores, como el caso de Matehuala, Charcas, Villa de Reyes, solicitaron se considere la posibilidad de que los posibles ajustes a las tarifas fueran indexadas, de manera que puedan realizar los incrementos que se requieran a lo largo del año en lugar de un aumento generalizado, además de buscar mecanismos de apoyo en los cobros de energía eléctrica que se les cobran, ya que se trata de una tarifa industrial la que consumen, además de mantener abiertas las mesas de trabajo con las autoridades de forma permanente.
En su intervención, el presidente municipal de San Luis Potosí, y presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, Enrique Galindo Ceballos, señaló que uno de los graves problemas son las constantes fugas de agua de la red, donde se pierde el 48 por ciento del agua que se inyecta a la red hidráulica, por lo que se requiere la modernización de la misma que implica una inversión muy grande.
Indicó que se busca que la ciudadanía cuente con agua suficiente, y se rompa el circulo vicioso de que no se paga el agua por un abasto ineficiente, por lo cual se buscará trabajar de manera conjunta con el Gobierno del Estado y los municipios para atender este tema.
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Congreso del Estado
Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP
La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.
La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.
El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.
El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.
La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.
“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.
De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.
La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.
El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.
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Congreso del Estado
Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto
El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez
Por: Redacción
El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.
A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes como responsables de los actos que calificó como violentos, insultantes y contrarios a la civilidad.
De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.
El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.
Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.
Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.
El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.
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Destacadas
Asesoría jurídica gratuita llega a los 59 municipios de San Luis Potosí
El objetivo es acercar la orientación jurídica a comunidades que enfrentan dificultades para trasladarse
Por: Redacción
Las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí pueden acceder a asesoría y orientación jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y penales a través del programa La Defensoría en tu Casa.
El esquema busca acercar los servicios de la Defensoría Pública del Estado a las cuatro regiones de la entidad, principalmente mediante su participación en Ferias de Servicios, donde abogados especializados atienden directamente a la población.
Durante una jornada realizada en Tierra Nueva, el titular de la Defensoría Pública del Estado, Edgar Valdez Zavala, señaló que el modelo permite que las personas conozcan sus derechos y reciban orientación legal sin tener que trasladarse hasta la capital u otros municipios para buscar atención.
La asesoría contempla materia civil, familiar y penal, por lo que puede servir como primer contacto para personas que requieren conocer las opciones legales disponibles ante algún conflicto o situación jurídica.
De acuerdo con la dependencia, el programa opera desde el inicio de la actual administración y busca ampliar el acceso a los servicios de defensa pública en comunidades de las distintas regiones del estado.
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