mayo 18, 2026

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Estado

Comisión de Derechos Humanos busca erradicar el castigo corporal a menores

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El dictamen se turnará en la próxima reunión del pleno

Por: Redacción

Para erradicar cualquier circunstancia que menoscabe la integridad y el derecho de niñas, niños y adolescentes, la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género aprobó el dictamen por el que se reforman los artículos, 43 en su fracción I, y 94 en su fracción IV; y adiciona al artículo 43 los párrafos, décimo segundo, décimo tercero, y décimo cuarto, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí.

Con esta reforma, se pretende que las autoridades establezcan acciones efectivas para prevenir, atender y erradicar el castigo corporal y humillante a los menores de edad, de acuerdo a las atribuciones legales en la materia.

Se indica que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante.

Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.

Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes”.

Se indica en la exposición de motivos, que estás acciones forman parte de lo establecido en los Tratados Internacionales y en concordancia con disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir en definitiva el castigo corporal y humillante a niñas, niños y adolescentes en todo el país. Con ello, México se sumaría a los 60 países que ya han impedido legalmente el castigo corporal.

Ante tales recomendaciones y en apego al compromiso constitucional y convencional el interés superior del menor es que se debe establecer políticas publicas garantes de derecho, en tal circunstancia y en armonía y reflejo de las determinaciones tomadas por el Congreso de la Unión, es necesario erradicar cualquier circunstancia que menoscabe la integridad y derechos de las niñas niños y adolecentes, y que de manera injustificada impida su desarrollo.

El dictamen respectivo será turnado al pleno para su votación posterior.

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Congreso del Estado

Congreso se matendrá al pendiente de avances en auditorías de obra municipal

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Diputado Luis Fernando Gámez indica que es importante la verificación de obras para que se cumpla lo establecido en las licitaciones

Por: Redacción

La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización se mantendrá al pendiente de los avances en las auditorías de obra que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), como parte del proceso de revisión a las cuentas públicas 2025 a los municipios del estado, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de esta comisión legislativa.

Precisó que actualmente los auditores se encuentran en la etapa de despliegue en los diferentes municipios para la revisión de obras, por lo que se hace el llamado a que las y los presidentes municipales, brinden las facilidades para la revisión de este trabajo.

“Estamos en la etapa de despliegue de todos los auditores del estado de San Luis Potosí para revisar obra principalmente, lo que se está verificando es que las obras de los municipios cumplan las características de las licitaciones y las convocatorias y en ese sentido, lo que le hemos pedido a los alcaldes es que les permitan realizar su trabajo”.

Precisó que es importante la verificación de estas obras, ya que se trata de recursos que deben ser aplicados en atender las necesidades de la población, en cuanto a infraestructura pública.

“Las auditorías tienen un fin social dentro de la etapa de presupuesto, que inicia con la planeación, ejecución, distribución de los recursos, ejecución de auditoria y finalmente comprobar que esta obras llegaron a satisfacer las necesidades de los potosinos”, señaló el diputado Gámez Macías.

Puntualizó que, con ello, se da respuesta a algunas peticiones de los mismos habitantes en relación a la calidad y avance de las obras, “que los mismos ciudadanos reportan, sobre todo en el tema de agua y de drenaje, y estamos muy atentos a la revisión de este presupuesto y conforme se vayan dando los avances, estaremos informando”.

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Estado

IFSE va contra proveedores de gobierno implicados en corrupción

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Podrían estar involucrados en delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y/o uso indebido de recursos públicos

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) anunció que continúa el proceso de auditorías a las Cuentas Públicas 2025, donde se encargan de evaluar resultados de la gestión financiera, verificar el cumplimiento de objetivos, dar vista a las autoridades competentes en caso de faltas no graves y promover denuncias e imposición de sanciones administrativas y penales en caso de faltas graves

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, auditor superior del Estado, detalló que los auditores siguen en los municipios y dependencias del estado, ejecutando el primer momento de los procedimientos de auditoría de campo a la obra pública, confrontando la información que proporcionan los entes públicos, con la que se requiere a terceros y proveedores, para verificar que todo coincida conforme a las leyes. 

El procedimiento también integra la revisión por pares con cruce de datos, para la ejecución de las auditorías 2026. En este sentido, el titular del IFSE señaló que los auditores tienen la facultad de requerir documentación comprobatoria y justificativa a terceros, para realizar las investigaciones que se estimen necesarias. 

Al respecto, Rodrigo Lecourtois puntualizó que es la autoridad judicial la responsable de imponer las sanciones correspondientes. “Las penas pueden ser económicas, pero también abarcan castigos como inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; indemnización por daños y perjuicios al patrimonio público; suspensión de actividades; y disolución de la sociedad en caso de tratarse de personas morales”.

Finalmente, el titular del IFSE llamó a los funcionarios públicos y particulares relacionados contractualmente con los entes obligados, a brindar las facilidades y accesos necesarios al personal del organismo fiscalizador para que efectúen las inspecciones en el lugar, recolecten evidencias y verifiquen el cumplimiento puntual de procesos y normas.

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Ciudad

Villa de Pozos clausura granja avícola

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La clausura fue por una denuncia ciudadana y la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo

Por: Redacción

Villa de Pozos realizó la clausura parcial de las fosas de disposición final de residuos de una granja avícola ubicada en el municipio, tras detectarse la operación sin dictamen de ecología ni autorizaciones ambientales para el manejo de residuos.

El titular de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa explicó que, esta clausura derivó de un procedimiento administrativo iniciado el pasado 04 de mayo del presente año; las instalaciones operan desde hace varios años en un predio cercano a la planta de tratamiento de Tanque Tenorio, situación que representa un riesgo potencial de contaminación en caso de un manejo inadecuado de residuos avícolas, por lo que se actuó de manera preventiva y conforme a la normatividad ambiental vigente.

Detalló que la clausura fue resultado de una denuncia ciudadana y de la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo, entre ella la licencia de funcionamiento, licencia de uso de suelo, dictamen de ecología y manifestación de impacto ambiental, documentos que no fueron presentados dentro del plazo establecido por la ley.

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Opinión

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