De ganarse el el IMSS y el ISSSTE tendrán que brindar el servicio a las mujeres que lo soliciten sin criminalizarlas

Por: Redacción

Organizaciones de Aguascalientes, Puebla, Chihuahua y Chiapas presentaron amparos contra la regulación del delito de aborto en sus respectivos estados, ahora grupos feministas en San Luis Potosí se sumaron a dicha petición para eliminar la interrupcion del embarazo autoprocurado y consentido del código penal. De ganarlo, el IMSS y el ISSSTE tendrán que brindar ese servicio médico a quienes lo soliciten.

El objetivo de los amparos es que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a interrupción segura sin ser criminalizadas; además, se basan en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que:

• Tanto la criminalización absoluta del aborto como el uso del derecho penal para prohibirlo son inconstitucionales.
• Se debe garantizar a las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
• Las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales.

Los colectivas feministas potosinas indicaron que la implementación de la estrategia responde a la vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva y la salud de las mujeres, así como a la creciente demanda de la despenalización del aborto. Asimismo, busca eliminar los obstáculos para acceder a servicios de aborto legal, el patrón de criminalización y el estigma que esta genera en quienes abortan, además de la inhibición que provoca en el personal de salud.

“La estrategia apoya los esfuerzos por la despenalización y el acceso al aborto que se están impulsando en los congresos locales. Si el amparo se concede, el apartado de los códigos penales impugnados ya no tendrá efectos y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar”.

Las colectivas detallaron que la prohibición del aborto autoprocurado y consentido, así como los límites injustificados en el acceso al aborto en sus diferentes causales, son discriminatorios y una violación a los derechos humanos. Con la estrategia se busca que ninguna mujer o persona gestante, ni el personal de salud, sean criminalizados por aborto.

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