octubre 13, 2026

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Estado

Cayeyo: a cinco años del crimen que estremeció a las élites potosinas

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Una mañana del 2017 el destino cruzó en un hecho de violencia a varias de las familias más connotadas de San Luis Potosí y esta es la historia

Por: Redacción

El 5 de mayo de 2017, Eduardo N. mejor conocido como Cayeyo Jr, miembro de la familia fundadora de la marca Coronado, asesinó de un tiro en la cara a su amigo Eugenio Castañón Elizondo, prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal del estado. Todo ocurrió en el Club Campestre de San Luis, uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad. En aquel momento La Orquesta hizo el seguimiento más completo de la historia, pues la trama se complicaba al ser Federico Garza el padrino del Cayeyo y al haber sido el propio fiscal la primera persona a la que el asesino acudió.

Este mes se cumplieron cinco años de este crimen, el cual es probablemente el más sonoro entre la alta sociedad potosina por la relevancia socio-política de los involucrados.

Cayeyo disparó contra la cabeza de Castañón Elizondo en las primeras horas del 5 de mayo de 2017, después de haber asistido juntos a una fiesta. El homicidio ocurrió en la casa del atacante, quien en su declaración argumentó haberlo hecho en defensa propia.

El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo. En la audiencia del 12 de mayo del mismo año, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja y quedó arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.

Durante dos años Eduardo Hernández permaneció en prisión preventiva y fue hasta abril de 2019 que inició el juicio. El 12 de abril un tribunal del Centro de Justicia Penal otorgó 10 días de prórroga para llevar a cabo el primer juicio oral. La defensa de Cayeyo buscaba que el aplazamiento del juicio fuera por 30 días, pero el tribunal definió que la suspensión solo podría ser hasta este 22 de abril.

Durante la audiencia, la defensa del acusado hizo el intento de desestimar algunos elementos del caso; por ejemplo, se buscó reclasificar el delito para quedar solamente homicidio calificado con el grado de ventaja, y no homicidio calificado con el grado de ventaja y además el de traición. Los abogados argumentaron que no se configura la traición, puesto que este y su víctima en realidad no eran tan cercanos.

Los abogados del detenido pretendieron anular un cateo que se realizó en el domicilio del Cayeyo, pues aseguraron no haber sido debidamente notificados para asistir al mismo, entre otras irregularidades como el hecho de que una de las peritos participantes en el caso no cuenta con la formación profesional requerida por la Ley, sino que se trata de una contadora. Ambas incidencias fueron descartadas por el tribunal.

Durante el juicio se reveló el audio en donde Cayeyo confesó asesinar a su víctima, luego de una llamada que realizó alterado y borracho al 911 para pedir ayuda:

“Hubo un homicidio”, soltó el tirador apenas la operadora levantó la bocina.

Como la mujer intentara obtener más datos de su confundido interlocutor, este se exasperó y abundó sobre el hecho.

“¡Yo le disparé a una persona en defensa propia!”

“Hubo una discusión”… intentó hilar para luego seguir: “mi nombre es Eduardo (…)”

“¡coño!, ¡coño!, ¡coño!”, repite una y otra vez para luego agregar:

“(La víctima) estaba conmigo y se puso violenta“… “es hombre”… “es un conocido mío y yo…”

En la cúspide dramática de la interlocución con la operadora, el presunto homicida pierde el control y comienza a llorar:

“¿Me puede mandar a alguien?”

…

Entre los testigos que acudieron al juicio estaban los amigos de Eugenio y Cayeyo, quienes hablaron sobre las horas previas al asesinato. Uno de ellos declaró que el 4 de mayo Eduardo los invitó a su casa luego de que acudieron a una fiesta para continuar los festejos. En el lugar Eduardo se dispuso a sacar algunas botellas de whisky y tequila, además decidió iniciar un recorrido por su casa, en donde les llamó la atención un cuarto con una vitrina con armas, por lo menos 3 o 4 armas largas y 2 o 3 armas cortas.

Otro de los testigos fue Federico Garza, ex titular de la Fiscalía General del Estado y quien se iba a convertir en suegro de la víctima, en la audiencia narró que fue el mismo Cayeyo quien acudió a su domicilio para confesarle que su yerno estaba muerto. El ex fiscal indicó que regresó con él al lugar de los hechos y optó por mantenerlo sentado en la banqueta, afuera de su casa, mientras llamó y esperó a José Guadalupe Castillo Celestino, ex director de la Policía de Investigación. Por su parte, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas, entrevistas y documentos de valor para el expediente e incluso desconoció el contenido de un documento sobre el uso de la fuerza durante la det ención del acusado, el cual, presumió, que intentó escapar.

El juicio contra Cayeyo estuvo a punto de ponerse en riesgo debido a la serie de inconsistencias que se realizaron durante el procesamiento de la escena del crimen

. A estas faltas se agregó un video que otorgó un motociclista a la defensa del entonces procesado en donde se muestra como el personal que llevó a cabo la labor pericial omitió evidencia relevante, alteró la escena del crimen e ingresó personal no autorizado, entre otros errores.

El 13 de mayo de 2019, Eduardo Hernández Jannet rindió su declaración en donde su versión de los hechos fue la siguiente:

“Estábamos en mi casa ingiriendo bebidas alcohólicas; él me dijo que su familia tenía más dinero que la mía, que mi papá era un pinche cuidavacas y que yo era un mantenido”.

“Empezamos a discutir; Yo le dije que era un pinche quemaperros y un piromaniaco”:

–Cuídate, cabrón, que si ya maté a un trabajador en mi rancho y nadie se dio cuenta; ¿qué te puede pasar a ti?- habría sido la respuesta de la víctima.

“Se paró del banco y se me avienta a los golpes. Fue a un cajón de la cocina integral y arrancó la rapa”, continuó relatando el acusado para luego calzar la descripción de las heridas con la versión de los peritos contratados por su defensa.

Según dicha mecánica de hechos, expuesta durante la semana pasada, la víctima habría golpeado al Cayeyo en el antebrazo, cerca del codo, para después dejar la tapa del cajón sobre la repisa y tomar un cuchillo con la mano derecha.

“Saqué una pistola que traía en mi pantalón y le disparé para defenderme. Cerré los ojos, di un paso atrás, quedé en shock”.

En la audiencia, Cayeyo indicó que Federico Garza y Guadalupe Castillo mintieron sobre sus declaraciones; aseguró que, contrario a lo declarado por el ex fiscal general del estado y el ex titular de la Policía Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima. También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y al homicida en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Eugenio Castañón.

Esa misma noche el tribunal del Poder Judicial del Estado determinó que Cayeyo fue culpable del delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Esto a pesar de que la defensa de Hernández Jannet había solicitado la nulidad del juicio a causa de una serie de inconsistencias en la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado.

El tribunal colegiado consideró que quedó probado que Eduardo se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir la defensa propia utilizando un arma de fuego.

Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea. También consideraron que el homicida mintió al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.

La ruta genética; es decir, las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado, consideraron, toda vez que la víctima solo presentó la herida de bala en el rostro y no pudo, post mortem, dejar los rastros de su sangre en los puntos mencionados.

El 20 de mayo de 2019 Cayeyo fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Además, el homicida pagó una sanción pecuniaria de 245 mil pesos, cantidad a la que se suma el pago por la reparación del daño a la familia de la víctima, en este caso 230 mil pesos. También tuvo que amortizar el pago correspondiente a los servicios funerarios de su víctima.

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Congreso del Estado

Congreso trabajará con alcaldes para que los policías municipales se certifiquen

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Cuauhtli Badillo dijo que los agentes pueden acudir al órgano de fiscalización, al tribunal administrativo o promover un amparo

Por: Redacción

Los policías municipales que no reciben el salario mínimo de 14 mil pesos mensuales que fija la ley pueden denunciar a su ayuntamiento, dijo el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

“Los propios policías que no han recibido ese salario pueden realizar las denuncias correspondientes, ir al órgano de fiscalización, al tribunal de administración, y pueden generar hasta un amparo”, explicó. Un amparo es un juicio para pedir a un juez que proteja un derecho que la autoridad no está respetando.

El legislador reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo y que podrían recibir sanciones. Aclaró que eso depende de la revisión del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos, y que “hay que esperar a que el tema se revise con puntualidad para conocer detalles”.

Los plazos ya vencieron

La obligación viene de la reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026, que fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Al cierre de ese plazo, 24 ayuntamientos entregaron documentos para demostrar que ya pagan ese sueldo, y Ciudad Valles y Soledad ya lo acreditaban. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados, es decir, que se les prohibiría ocupar cargos públicos durante un tiempo.

Sin certificado

Badillo dijo que la comisión trabajará con los presidentes municipales en la capacitación de los policías y en el Certificado Único Policial (CUP), un documento que acredita que un agente cumple con los requisitos de formación y evaluación que pide la Federación. Según el diputado, la mayoría de los policías municipales no lo tiene.

“Lo más importante es que tengan los CUP. Con ello, la Federación da cuenta de qué tan bien capacitados o cuántos policías están capacitados para brindarle seguridad a sus municipalidades”, dijo.

Contó que hace poco estuvo en San Luis Potosí personal del órgano certificador del Gobierno de México para evaluar el tema, y que el Congreso buscará la manera de apoyar con cambios a las leyes “para que existan mejores policías municipales”.

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Estado

Vero Rodríguez pide investigar posible uso político del reparto de agua

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Exigió al INE y al CEEPAC indagar los señalamientos de presuntos condicionamientos políticos en el programa de pipas del Gobierno del Estado

Por: Redacción

La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, exigió desde la tribuna del Senado que se investigue el posible uso de recursos públicos en beneficio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, a partir de señalamientos sobre presuntos condicionamientos políticos en el programa de reparto de agua del Gobierno del Estado.

La legisladora citó una investigación periodística de N+ con testimonios que, dijo, apuntan a una posible intervención de estructuras partidistas en la distribución del recurso, mientras numerosas familias de la zona metropolitana enfrentan problemas de abastecimiento y dependen de las pipas.

“El agua es un derecho humano, no una moneda de cambio para mantener el poder”, afirmó.

Rodríguez Hernández pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen el caso y determinen responsabilidades. También exigió que se apliquen sanciones a quienes resulten responsables, sin importar el cargo que ocupen.

La senadora demandó al Gobierno del Estado una explicación sobre los criterios con los que se reparte el agua, quiénes intervienen en la distribución y quiénes autorizan las entregas, además de que se garantice el suministro sin intermediarios partidistas y se proteja a quienes hayan denunciado irregularidades.

“El agua no pertenece a un padrón electoral ni a las coordinadoras de un partido”, concluyó.

El comunicado no incluye la respuesta del Gobierno del Estado ni del PVEM a estos señalamientos.

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Ciudad

Villa de Pozos mantiene y refuerza la distribución gratuita de agua potable

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La Dirección de Servicios Municipales mantiene abiertos sus canales de atención para recibir solicitudes de abastecimiento

Por: Redacción

Ante las constantes deficiencias en el suministro de agua potable por parte del organismo operador Interapas, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos mantiene y refuerza la distribución gratuita del vital líquido mediante pipas, como una medida de apoyo directo a las familias que enfrentan la falta de este servicio básico, con acciones que permiten atender las necesidades más urgentes de los hogares y reducir las afectaciones ocasionadas por la irregularidad del abastecimiento.

El director de Servicios Municipales, Erwin Alejandro Elvira Juárez, informó que durante la última semana se brindó atención a más de 12 colonias y fraccionamientos, entre ellos El Pueblito, Montecillo, Aguilares, San Jorge, Las Mercedes, Ciudad 2000, Los Silos y La Libertad II, donde las unidades municipales realizaron recorridos para acercar el agua a las vivi endas que presentan problemas de suministro.

Elvira Juárez destacó que, ante las fallas en la operación de Interapas, el Gobierno Municipal mantiene este esquema de apoyo con la distribución de cerca de 700 mil litros de agua a la semana, con el propósito de que las familias puedan cubrir necesidades esenciales como la higiene personal, la limpieza del hogar y otras actividades cotidianas, mientras persisten las deficiencias en el servicio que corresponde brindar al organismo operador.

Finalmente, reiteró que la Dirección de Servicios Municipales mantiene abiertos sus canales de atención para recibir solicitudes de abastecimiento, tanto de manera presencial en sus oficinas como a través de WhatsApp, con el objetivo de dar seguimiento a los reportes ciudadanos y programar la distribución de pipas en las zonas afectadas, al destacar que el Gobierno Municipal continuará respaldando a las familias poceñas ante la falta de un suministro regular de agua potable.

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Opinión

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