septiembre 25, 2026

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Cayeyo: a cinco años del crimen que estremeció a las élites potosinas

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Una mañana del 2017 el destino cruzó en un hecho de violencia a varias de las familias más connotadas de San Luis Potosí y esta es la historia

Por: Redacción

El 5 de mayo de 2017, Eduardo N. mejor conocido como Cayeyo Jr, miembro de la familia fundadora de la marca Coronado, asesinó de un tiro en la cara a su amigo Eugenio Castañón Elizondo, prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal del estado. Todo ocurrió en el Club Campestre de San Luis, uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad. En aquel momento La Orquesta hizo el seguimiento más completo de la historia, pues la trama se complicaba al ser Federico Garza el padrino del Cayeyo y al haber sido el propio fiscal la primera persona a la que el asesino acudió.

Este mes se cumplieron cinco años de este crimen, el cual es probablemente el más sonoro entre la alta sociedad potosina por la relevancia socio-política de los involucrados.

Cayeyo disparó contra la cabeza de Castañón Elizondo en las primeras horas del 5 de mayo de 2017, después de haber asistido juntos a una fiesta. El homicidio ocurrió en la casa del atacante, quien en su declaración argumentó haberlo hecho en defensa propia.

El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo. En la audiencia del 12 de mayo del mismo año, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja y quedó arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.

Durante dos años Eduardo Hernández permaneció en prisión preventiva y fue hasta abril de 2019 que inició el juicio. El 12 de abril un tribunal del Centro de Justicia Penal otorgó 10 días de prórroga para llevar a cabo el primer juicio oral. La defensa de Cayeyo buscaba que el aplazamiento del juicio fuera por 30 días, pero el tribunal definió que la suspensión solo podría ser hasta este 22 de abril.

Durante la audiencia, la defensa del acusado hizo el intento de desestimar algunos elementos del caso; por ejemplo, se buscó reclasificar el delito para quedar solamente homicidio calificado con el grado de ventaja, y no homicidio calificado con el grado de ventaja y además el de traición. Los abogados argumentaron que no se configura la traición, puesto que este y su víctima en realidad no eran tan cercanos.

Los abogados del detenido pretendieron anular un cateo que se realizó en el domicilio del Cayeyo, pues aseguraron no haber sido debidamente notificados para asistir al mismo, entre otras irregularidades como el hecho de que una de las peritos participantes en el caso no cuenta con la formación profesional requerida por la Ley, sino que se trata de una contadora. Ambas incidencias fueron descartadas por el tribunal.

Durante el juicio se reveló el audio en donde Cayeyo confesó asesinar a su víctima, luego de una llamada que realizó alterado y borracho al 911 para pedir ayuda:

“Hubo un homicidio”, soltó el tirador apenas la operadora levantó la bocina.

Como la mujer intentara obtener más datos de su confundido interlocutor, este se exasperó y abundó sobre el hecho.

“¡Yo le disparé a una persona en defensa propia!”

“Hubo una discusión”… intentó hilar para luego seguir: “mi nombre es Eduardo (…)”

“¡coño!, ¡coño!, ¡coño!”, repite una y otra vez para luego agregar:

“(La víctima) estaba conmigo y se puso violenta“… “es hombre”… “es un conocido mío y yo…”

En la cúspide dramática de la interlocución con la operadora, el presunto homicida pierde el control y comienza a llorar:

“¿Me puede mandar a alguien?”

…

Entre los testigos que acudieron al juicio estaban los amigos de Eugenio y Cayeyo, quienes hablaron sobre las horas previas al asesinato. Uno de ellos declaró que el 4 de mayo Eduardo los invitó a su casa luego de que acudieron a una fiesta para continuar los festejos. En el lugar Eduardo se dispuso a sacar algunas botellas de whisky y tequila, además decidió iniciar un recorrido por su casa, en donde les llamó la atención un cuarto con una vitrina con armas, por lo menos 3 o 4 armas largas y 2 o 3 armas cortas.

Otro de los testigos fue Federico Garza, ex titular de la Fiscalía General del Estado y quien se iba a convertir en suegro de la víctima, en la audiencia narró que fue el mismo Cayeyo quien acudió a su domicilio para confesarle que su yerno estaba muerto. El ex fiscal indicó que regresó con él al lugar de los hechos y optó por mantenerlo sentado en la banqueta, afuera de su casa, mientras llamó y esperó a José Guadalupe Castillo Celestino, ex director de la Policía de Investigación. Por su parte, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas, entrevistas y documentos de valor para el expediente e incluso desconoció el contenido de un documento sobre el uso de la fuerza durante la det ención del acusado, el cual, presumió, que intentó escapar.

El juicio contra Cayeyo estuvo a punto de ponerse en riesgo debido a la serie de inconsistencias que se realizaron durante el procesamiento de la escena del crimen

. A estas faltas se agregó un video que otorgó un motociclista a la defensa del entonces procesado en donde se muestra como el personal que llevó a cabo la labor pericial omitió evidencia relevante, alteró la escena del crimen e ingresó personal no autorizado, entre otros errores.

El 13 de mayo de 2019, Eduardo Hernández Jannet rindió su declaración en donde su versión de los hechos fue la siguiente:

“Estábamos en mi casa ingiriendo bebidas alcohólicas; él me dijo que su familia tenía más dinero que la mía, que mi papá era un pinche cuidavacas y que yo era un mantenido”.

“Empezamos a discutir; Yo le dije que era un pinche quemaperros y un piromaniaco”:

–Cuídate, cabrón, que si ya maté a un trabajador en mi rancho y nadie se dio cuenta; ¿qué te puede pasar a ti?- habría sido la respuesta de la víctima.

“Se paró del banco y se me avienta a los golpes. Fue a un cajón de la cocina integral y arrancó la rapa”, continuó relatando el acusado para luego calzar la descripción de las heridas con la versión de los peritos contratados por su defensa.

Según dicha mecánica de hechos, expuesta durante la semana pasada, la víctima habría golpeado al Cayeyo en el antebrazo, cerca del codo, para después dejar la tapa del cajón sobre la repisa y tomar un cuchillo con la mano derecha.

“Saqué una pistola que traía en mi pantalón y le disparé para defenderme. Cerré los ojos, di un paso atrás, quedé en shock”.

En la audiencia, Cayeyo indicó que Federico Garza y Guadalupe Castillo mintieron sobre sus declaraciones; aseguró que, contrario a lo declarado por el ex fiscal general del estado y el ex titular de la Policía Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima. También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y al homicida en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Eugenio Castañón.

Esa misma noche el tribunal del Poder Judicial del Estado determinó que Cayeyo fue culpable del delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Esto a pesar de que la defensa de Hernández Jannet había solicitado la nulidad del juicio a causa de una serie de inconsistencias en la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado.

El tribunal colegiado consideró que quedó probado que Eduardo se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir la defensa propia utilizando un arma de fuego.

Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea. También consideraron que el homicida mintió al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.

La ruta genética; es decir, las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado, consideraron, toda vez que la víctima solo presentó la herida de bala en el rostro y no pudo, post mortem, dejar los rastros de su sangre en los puntos mencionados.

El 20 de mayo de 2019 Cayeyo fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Además, el homicida pagó una sanción pecuniaria de 245 mil pesos, cantidad a la que se suma el pago por la reparación del daño a la familia de la víctima, en este caso 230 mil pesos. También tuvo que amortizar el pago correspondiente a los servicios funerarios de su víctima.

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Abogadas piden reforzar juzgados familiares ante rezago de hasta cuatro meses

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Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia

Por: Redacción

Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.

Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.

Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.

Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.

Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.

Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.

Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.

 

Violencia vicaria, cada 25 de mes

Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.

 

Congreso desechó iniciativa escolar

Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.

De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.

“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.

Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

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Estado

Gallardo anuncia segunda etapa de vialidad hacia la Zona Industrial

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La obra de cinco kilómetros conectará el Eje 122 con el Eje 140

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, una obra de cinco kilómetros que conectará el Eje 122 con el Eje 140 para ampliar las opciones de acceso y salida de la Zona Industrial, la principal zona productiva del estado. Dijo que la conexión beneficiará a más de 500 mil usuarios.

El gobernador explicó que esta etapa se suma a la transformación del antiguo Periférico, hoy Circuito Potosí, y a los puentes, pasos a desnivel y vialidades que ya mejoraron la conexión hasta el Eje 122. Dijo que la obra busca distribuir de mejor manera el flujo vehicular que hoy se concentra en las principales rutas hacia la Zona Industrial.

A estas acciones se suma el Puente La Familia, que mejorará la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí y facilitará los desplazamientos hacia fábricas, empresas y centros de trabajo al sur de la capital.

Gallardo Cardona dijo que mejores vialidades también generan condiciones más favorables para la actividad económica, al facilitar el traslado de personal, mercancías y servicios, y acompañar el crecimiento de la Zona Industrial.

También lee: Gallardo confirma arranque de Vía Alterna Eje 122-140 esta semana.

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Presupuesto federal 2027: SLP recibirá 45 millones más para salud

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Desde enero, las clínicas públicas no podrán rechazar a nadie por no ser derechohabiente

Por: Carlos Ruíz

El gobierno federal propone gastar 1 billón 105 mil 963 millones de pesos en salud durante 2027, 10.9% más que este año ya descontada la inflación. Aun con ese aumento, el dinero equivale a 2.8% de todo lo que produce el país en un año, el llamado Producto Interno Bruto (PIB).

Dicho de otra forma: de cada 100 pesos que genera la economía mexicana, poco menos de 3 irían a la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que sean al menos 6, según su agenda regional de salud 2018-2030.

Las cifras vienen del Paquete Económico 2027, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Es una propuesta: los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobarla o modificarla.

Qué significa “10.9% más”

Cuando Hacienda habla de un aumento “en términos reales”, ya le quitó el efecto de la inflación, es decir, lo que suben los precios de un año a otro. Sin descontar la inflación, el gasto en salud crece 140 mil 300 millones de pesos.

El aumento llega después de un año de ajuste: en el presupuesto aprobado para 2026, el gasto en salud había bajado 3.2% en términos reales respecto a 2025. Desde 2020, su peso en la economía se ha mantenido entre 2.5 y 2.8% del PIB según Hacienda.

Quién recibe el dinero

El presupuesto de salud no está en una sola bolsa. La Secretaría de Salud, que opera los institutos nacionales y los hospitales federales, tendría 72 mil 306 millones de pesos, 4.8% más en términos reales.

El aumento mayor es para el IMSS-Bienestar, el sistema que atiende a quienes no tienen IMSS ni ISSSTE por su trabajo. Recibiría 193 mil 987 millones de pesos, 8.9% más que en 2026.

El programa de atención y medicamentos gratuitos que se entrega a los estados pasa de 88 mil 850 a 91 mil 718 millones de pesos. Descontada la inflación, se mantiene en el mismo nivel de este año.

“Cero rechazos” desde enero

La novedad del paquete es el Servicio Universal de Salud, que arrancará el 1 de enero de 2027; el presupuesto del IMSS-Bienestar incluye para ello un programa nuevo de 2 mil 500 millones de pesos. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, planteó en la carta con la que envió el presupuesto la regla de “cero rechazos”: ninguna persona podrá ser rechazada en una unidad médica pública por no ser derechohabiente.

En la primera etapa, el IMSS, el IMSS-Bienestar, el ISSSTE y Pemex intercambiarán servicios en urgencias, partos de emergencia, infartos, cáncer de mama e insuficiencia renal, entre otros casos. La credencialización empezará con las personas de 85 años y más.

Qué le toca a San Luis Potosí

San Luis Potosí firmó en agosto de 2022 el acuerdo con el gobierno federal para ampliar el IMSS-Bienestar en el estado, por lo que la atención de las personas sin seguridad social se paga, sobre todo, desde ese sistema.

Lo que sí llega etiquetado al estado es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), dinero federal que se entrega a los gobiernos estatales para salud. Para 2027, a San Luis Potosí le tocarían 670 millones de pesos, 45 millones más que los 625 millones de este año.

Con la inflación que estima Hacienda para 2027, el aumento real para el estado ronda 3.9%, por encima del 2.7% que crece el fondo a nivel nacional.

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