Estado
Cayeyo: a cinco años del crimen que estremeció a las élites potosinas
Una mañana del 2017 el destino cruzó en un hecho de violencia a varias de las familias más connotadas de San Luis Potosí y esta es la historia
Por: Redacción
El 5 de mayo de 2017, Eduardo N. mejor conocido como Cayeyo Jr, miembro de la familia fundadora de la marca Coronado, asesinó de un tiro en la cara a su amigo Eugenio Castañón Elizondo, prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal del estado. Todo ocurrió en el Club Campestre de San Luis, uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad. En aquel momento La Orquesta hizo el seguimiento más completo de la historia, pues la trama se complicaba al ser Federico Garza el padrino del Cayeyo y al haber sido el propio fiscal la primera persona a la que el asesino acudió.
Este mes se cumplieron cinco años de este crimen, el cual es probablemente el más sonoro entre la alta sociedad potosina por la relevancia socio-política de los involucrados.
Cayeyo disparó contra la cabeza de Castañón Elizondo en las primeras horas del 5 de mayo de 2017, después de haber asistido juntos a una fiesta. El homicidio ocurrió en la casa del atacante, quien en su declaración argumentó haberlo hecho en defensa propia.
El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo. En la audiencia del 12 de mayo del mismo año, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja y quedó arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.
Durante dos años Eduardo Hernández permaneció en prisión preventiva y fue hasta abril de 2019 que inició el juicio. El 12 de abril un tribunal del Centro de Justicia Penal otorgó 10 días de prórroga para llevar a cabo el primer juicio oral. La defensa de Cayeyo buscaba que el aplazamiento del juicio fuera por 30 días, pero el tribunal definió que la suspensión solo podría ser hasta este 22 de abril.
Durante la audiencia, la defensa del acusado hizo el intento de desestimar algunos elementos del caso; por ejemplo, se buscó reclasificar el delito para quedar solamente homicidio calificado con el grado de ventaja, y no homicidio calificado con el grado de ventaja y además el de traición. Los abogados argumentaron que no se configura la traición, puesto que este y su víctima en realidad no eran tan cercanos.
Los abogados del detenido pretendieron anular un cateo que se realizó en el domicilio del Cayeyo, pues aseguraron no haber sido debidamente notificados para asistir al mismo, entre otras irregularidades como el hecho de que una de las peritos participantes en el caso no cuenta con la formación profesional requerida por la Ley, sino que se trata de una contadora. Ambas incidencias fueron descartadas por el tribunal.
Durante el juicio se reveló el audio en donde Cayeyo confesó asesinar a su víctima, luego de una llamada que realizó alterado y borracho al 911 para pedir ayuda:
“Hubo un homicidio”, soltó el tirador apenas la operadora levantó la bocina.
Como la mujer intentara obtener más datos de su confundido interlocutor, este se exasperó y abundó sobre el hecho.
“¡Yo le disparé a una persona en defensa propia!”
“Hubo una discusión”… intentó hilar para luego seguir: “mi nombre es Eduardo (…)”
“¡coño!, ¡coño!, ¡coño!”, repite una y otra vez para luego agregar:
“(La víctima) estaba conmigo y se puso violenta“… “es hombre”… “es un conocido mío y yo…”
En la cúspide dramática de la interlocución con la operadora, el presunto homicida pierde el control y comienza a llorar:
“¿Me puede mandar a alguien?”
…
Entre los testigos que acudieron al juicio estaban los amigos de Eugenio y Cayeyo, quienes hablaron sobre las horas previas al asesinato. Uno de ellos declaró que el 4 de mayo Eduardo los invitó a su casa luego de que acudieron a una fiesta para continuar los festejos. En el lugar Eduardo se dispuso a sacar algunas botellas de whisky y tequila, además decidió iniciar un recorrido por su casa, en donde les llamó la atención un cuarto con una vitrina con armas, por lo menos 3 o 4 armas largas y 2 o 3 armas cortas.
Otro de los testigos fue Federico Garza, ex titular de la Fiscalía General del Estado y quien se iba a convertir en suegro de la víctima, en la audiencia narró que fue el mismo Cayeyo quien acudió a su domicilio para confesarle que su yerno estaba muerto. El ex fiscal indicó que regresó con él al lugar de los hechos y optó por mantenerlo sentado en la banqueta, afuera de su casa, mientras llamó y esperó a José Guadalupe Castillo Celestino, ex director de la Policía de Investigación. Por su parte, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas, entrevistas y documentos de valor para el expediente e incluso desconoció el contenido de un documento sobre el uso de la fuerza durante la det ención del acusado, el cual, presumió, que intentó escapar.
El juicio contra Cayeyo estuvo a punto de ponerse en riesgo debido a la serie de inconsistencias que se realizaron durante el procesamiento de la escena del crimen 
El 13 de mayo de 2019, Eduardo Hernández Jannet rindió su declaración en donde su versión de los hechos fue la siguiente:
“Estábamos en mi casa ingiriendo bebidas alcohólicas; él me dijo que su familia tenía más dinero que la mía, que mi papá era un pinche cuidavacas y que yo era un mantenido”.
“Empezamos a discutir; Yo le dije que era un pinche quemaperros y un piromaniaco”:
–Cuídate, cabrón, que si ya maté a un trabajador en mi rancho y nadie se dio cuenta; ¿qué te puede pasar a ti?- habría sido la respuesta de la víctima.
“Se paró del banco y se me avienta a los golpes. Fue a un cajón de la cocina integral y arrancó la rapa”, continuó relatando el acusado para luego calzar la descripción de las heridas con la versión de los peritos contratados por su defensa.
Según dicha mecánica de hechos, expuesta durante la semana pasada, la víctima habría golpeado al Cayeyo en el antebrazo, cerca del codo, para después dejar la tapa del cajón sobre la repisa y tomar un cuchillo con la mano derecha.
“Saqué una pistola que traía en mi pantalón y le disparé para defenderme. Cerré los ojos, di un paso atrás, quedé en shock”.
En la audiencia, Cayeyo indicó que Federico Garza y Guadalupe Castillo mintieron sobre sus declaraciones; aseguró que, contrario a lo declarado por el ex fiscal general del estado y el ex titular de la Policía Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima. También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y al homicida en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Eugenio Castañón.
Esa misma noche el tribunal del Poder Judicial del Estado determinó que Cayeyo fue culpable del delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Esto a pesar de que la defensa de Hernández Jannet había solicitado la nulidad del juicio a causa de una serie de inconsistencias en la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado.
El tribunal colegiado consideró que quedó probado que Eduardo se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir la defensa propia utilizando un arma de fuego.
Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea. También consideraron que el homicida mintió al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.
La ruta genética; es decir, las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado, consideraron, toda vez que la víctima solo presentó la herida de bala en el rostro y no pudo, post mortem, dejar los rastros de su sangre en los puntos mencionados.
El 20 de mayo de 2019 Cayeyo fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Además, el homicida pagó una sanción pecuniaria de 245 mil pesos, cantidad a la que se suma el pago por la reparación del daño a la familia de la víctima, en este caso 230 mil pesos. También tuvo que amortizar el pago correspondiente a los servicios funerarios de su víctima.
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El despojo se castigará con dos a siete años de prisión, y la pena crece si se usan documentos falsos o participa un servidor público
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad aumentar las penas por despojo, que ahora será castigado con dos a siete años de prisión. En la misma sesión ordinaria también endureció el castigo para los directivos de hospitales y clínicas que retengan a pacientes, a recién nacidos o un cuerpo por adeudos.
Ambas reformas modifican el Código Penal del Estado, la ley que define qué conductas son delito y qué castigo les corresponde.
Qué cambia con el despojo
El despojo es el delito de ocupar o quedarse con una casa, un terreno o cualquier inmueble ajeno sin tener derecho a ello, ya sea por la fuerza o con engaños. Con la reforma al artículo 227, quien lo cometa enfrentará de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, una cifra de referencia que se usa para calcular multas en lugar del sa lario mínimo.
Además, con el nuevo artículo 228 BIS, la pena podrá crecer hasta la mitad en sus mínimos y máximos en estos casos:
- Cuando se simulen actos de autoridad.
- Cuando se use documentación falsa.
- Cuando la víctima sea un ascendiente (madre, padre, abuelos) o una persona adulta mayor.
- Cuando participe un servidor público. En ese caso, además, será destituido e inhabilitado para trabajar en el gobierno durante el mismo tiempo que dure su condena de prisión.
Hospitales que retengan por deudas
La segunda reforma, al artículo 248, fija penas de dos a seis años de prisión y multas de 60 a 200 días de UMA para los directores, encargados o administradores de hospitales, clínicas o sanatorios, públicos o privados, que:
- Impidan la salida de un paciente cuando él o sus familiares lo pidan, con el argumento de que hay deudas pendientes.
- Retengan sin necesidad a un recién nacido por ese mismo motivo.
- Retrasen o nieguen la entrega de un cuerpo, salvo cuando se requiera una orden de autoridad.
En la misma sesión, el Congreso aprobó otras reformas, entre ellas el uso obligatorio de casco en scooters eléctricos y nuevas reglas para declarar la presunción de muerte de personas desaparecidas.
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Se preveé que se realizarán recorridos de supervisión y cierres viales conforme a las necesidades de movilidad
Por: Redacción
Para prevenir incidentes, proteger la integridad de las familias y garantizar condiciones de orden durante las celebraciones en honor a San Judas Tadeo, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la Guardia Civil Municipal y la Dirección de Vialidad, implementará un operativo especial de vigilancia y prevención en el fraccionamiento Los Molinos y la colonia El Palmar, con presencia en las zonas de mayor concentración de feligreses y actividad comercial durante esta festividad religiosa.
El director de la Guardia Civil Municipal, David Valdivia Carranza, informó que las acciones estarán enfocadas en prevenir situaciones de riesgo, mantener el orden en la vía pública y evitar la instalación de toldos o estructuras destinadas a bailes públicos y presentaciones musicales, debido a que no se otorgaron permisos para este tipo de actividades. Señaló que la vigilancia será fundamental para favorecer el desarrollo seguro de las celebraciones y evitar condiciones que puedan poner en riesgo a las personas asistentes.
Por su parte, el director de Vialidad, Juan Ramón Velázquez Urista, indicó que se realizarán recorridos de supervisión y cierres viales conforme a las necesidades de movilidad en ambos puntos, a fin de facilitar el tránsito peatonal, prevenir congestionamientos y brindar condiciones más seguras a quienes acudan a las actividades religiosas y comerciales. El operativo comenzará a las 15:00 horas del 28 de octubre y se mantendrá hasta la medianoche, con el propósito de anticipar riesgos, atender oportunamente cualquier eventualidad y permitir que las familias celebren esta tradición con tranquilidad, orden y seguridad.
Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular
Por: Jorge Saldaña
La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.
Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.
Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.
La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.
Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.
En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.
Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas
La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.
En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.
Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.
Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.
Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.
En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya
Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.
Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.
Los Azuara Zúñiga
La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.
En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.
La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.
La captura que volvió relevantes las fotografías
Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.
Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.
La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.
La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.
También lee: Enfrentamientos armados en Tanquián; mencionan a grupo ligado a Sánchez Zumaya
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