Estado
Cayeyo: a cinco años del crimen que estremeció a las élites potosinas
Una mañana del 2017 el destino cruzó en un hecho de violencia a varias de las familias más connotadas de San Luis Potosí y esta es la historia
Por: Redacción
El 5 de mayo de 2017, Eduardo N. mejor conocido como Cayeyo Jr, miembro de la familia fundadora de la marca Coronado, asesinó de un tiro en la cara a su amigo Eugenio Castañón Elizondo, prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal del estado. Todo ocurrió en el Club Campestre de San Luis, uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad. En aquel momento La Orquesta hizo el seguimiento más completo de la historia, pues la trama se complicaba al ser Federico Garza el padrino del Cayeyo y al haber sido el propio fiscal la primera persona a la que el asesino acudió.
Este mes se cumplieron cinco años de este crimen, el cual es probablemente el más sonoro entre la alta sociedad potosina por la relevancia socio-política de los involucrados.
Cayeyo disparó contra la cabeza de Castañón Elizondo en las primeras horas del 5 de mayo de 2017, después de haber asistido juntos a una fiesta. El homicidio ocurrió en la casa del atacante, quien en su declaración argumentó haberlo hecho en defensa propia.
El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo. En la audiencia del 12 de mayo del mismo año, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja y quedó arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.
Durante dos años Eduardo Hernández permaneció en prisión preventiva y fue hasta abril de 2019 que inició el juicio. El 12 de abril un tribunal del Centro de Justicia Penal otorgó 10 días de prórroga para llevar a cabo el primer juicio oral. La defensa de Cayeyo buscaba que el aplazamiento del juicio fuera por 30 días, pero el tribunal definió que la suspensión solo podría ser hasta este 22 de abril.
Durante la audiencia, la defensa del acusado hizo el intento de desestimar algunos elementos del caso; por ejemplo, se buscó reclasificar el delito para quedar solamente homicidio calificado con el grado de ventaja, y no homicidio calificado con el grado de ventaja y además el de traición. Los abogados argumentaron que no se configura la traición, puesto que este y su víctima en realidad no eran tan cercanos.
Los abogados del detenido pretendieron anular un cateo que se realizó en el domicilio del Cayeyo, pues aseguraron no haber sido debidamente notificados para asistir al mismo, entre otras irregularidades como el hecho de que una de las peritos participantes en el caso no cuenta con la formación profesional requerida por la Ley, sino que se trata de una contadora. Ambas incidencias fueron descartadas por el tribunal.
Durante el juicio se reveló el audio en donde Cayeyo confesó asesinar a su víctima, luego de una llamada que realizó alterado y borracho al 911 para pedir ayuda:
“Hubo un homicidio”, soltó el tirador apenas la operadora levantó la bocina.
Como la mujer intentara obtener más datos de su confundido interlocutor, este se exasperó y abundó sobre el hecho.
“¡Yo le disparé a una persona en defensa propia!”
“Hubo una discusión”… intentó hilar para luego seguir: “mi nombre es Eduardo (…)”
“¡coño!, ¡coño!, ¡coño!”, repite una y otra vez para luego agregar:
“(La víctima) estaba conmigo y se puso violenta“… “es hombre”… “es un conocido mío y yo…”
En la cúspide dramática de la interlocución con la operadora, el presunto homicida pierde el control y comienza a llorar:
“¿Me puede mandar a alguien?”
…
Entre los testigos que acudieron al juicio estaban los amigos de Eugenio y Cayeyo, quienes hablaron sobre las horas previas al asesinato. Uno de ellos declaró que el 4 de mayo Eduardo los invitó a su casa luego de que acudieron a una fiesta para continuar los festejos. En el lugar Eduardo se dispuso a sacar algunas botellas de whisky y tequila, además decidió iniciar un recorrido por su casa, en donde les llamó la atención un cuarto con una vitrina con armas, por lo menos 3 o 4 armas largas y 2 o 3 armas cortas.
Otro de los testigos fue Federico Garza, ex titular de la Fiscalía General del Estado y quien se iba a convertir en suegro de la víctima, en la audiencia narró que fue el mismo Cayeyo quien acudió a su domicilio para confesarle que su yerno estaba muerto. El ex fiscal indicó que regresó con él al lugar de los hechos y optó por mantenerlo sentado en la banqueta, afuera de su casa, mientras llamó y esperó a José Guadalupe Castillo Celestino, ex director de la Policía de Investigación. Por su parte, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas, entrevistas y documentos de valor para el expediente e incluso desconoció el contenido de un documento sobre el uso de la fuerza durante la det ención del acusado, el cual, presumió, que intentó escapar.
El juicio contra Cayeyo estuvo a punto de ponerse en riesgo debido a la serie de inconsistencias que se realizaron durante el procesamiento de la escena del crimen 
El 13 de mayo de 2019, Eduardo Hernández Jannet rindió su declaración en donde su versión de los hechos fue la siguiente:
“Estábamos en mi casa ingiriendo bebidas alcohólicas; él me dijo que su familia tenía más dinero que la mía, que mi papá era un pinche cuidavacas y que yo era un mantenido”.
“Empezamos a discutir; Yo le dije que era un pinche quemaperros y un piromaniaco”:
–Cuídate, cabrón, que si ya maté a un trabajador en mi rancho y nadie se dio cuenta; ¿qué te puede pasar a ti?- habría sido la respuesta de la víctima.
“Se paró del banco y se me avienta a los golpes. Fue a un cajón de la cocina integral y arrancó la rapa”, continuó relatando el acusado para luego calzar la descripción de las heridas con la versión de los peritos contratados por su defensa.
Según dicha mecánica de hechos, expuesta durante la semana pasada, la víctima habría golpeado al Cayeyo en el antebrazo, cerca del codo, para después dejar la tapa del cajón sobre la repisa y tomar un cuchillo con la mano derecha.
“Saqué una pistola que traía en mi pantalón y le disparé para defenderme. Cerré los ojos, di un paso atrás, quedé en shock”.
En la audiencia, Cayeyo indicó que Federico Garza y Guadalupe Castillo mintieron sobre sus declaraciones; aseguró que, contrario a lo declarado por el ex fiscal general del estado y el ex titular de la Policía Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima. También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y al homicida en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Eugenio Castañón.
Esa misma noche el tribunal del Poder Judicial del Estado determinó que Cayeyo fue culpable del delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Esto a pesar de que la defensa de Hernández Jannet había solicitado la nulidad del juicio a causa de una serie de inconsistencias en la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado.
El tribunal colegiado consideró que quedó probado que Eduardo se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir la defensa propia utilizando un arma de fuego.
Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea. También consideraron que el homicida mintió al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.
La ruta genética; es decir, las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado, consideraron, toda vez que la víctima solo presentó la herida de bala en el rostro y no pudo, post mortem, dejar los rastros de su sangre en los puntos mencionados.
El 20 de mayo de 2019 Cayeyo fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Además, el homicida pagó una sanción pecuniaria de 245 mil pesos, cantidad a la que se suma el pago por la reparación del daño a la familia de la víctima, en este caso 230 mil pesos. También tuvo que amortizar el pago correspondiente a los servicios funerarios de su víctima.
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Profepa investiga si hay pesca irregular en la presa de la Cañada del Lobo, luego de que Conagua confirmara que no existe ninguna concesión vigente para esa actividad en el embalse
Por: Redacción
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició una investigación por posibles irregularidades relacionadas con actividades de pesca masiva en la presa de la Cañada del Lobo, luego de denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales, de acuerdo con una nota publicada por Potosinoticias.com con información de Pulso.
El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo, informó que corresponde a la Profepa atender los posibles daños al medio ambiente y determinar si existe alguna infracción a la legislación ambiental, según el mismo reporte.
De acuerdo con Potosinoticias.com, el funcionario indicó que, aunque la presa forma parte de la infraestructura hídrica y cuenta con un gasto ecológico, será la autoridad ambiental federal la que defina el alcance de la intervención y establezca si los hechos constituyen un delito ambiental. Señaló también que personal de la Profepa ya realizó las primeras inspecciones en el sitio.
Conagua confirmó, según el reporte, que no existe ninguna concesión vigente para actividades piscícolas o acuícolas en la presa de la Cañada del Lobo. “Como se les dijo a ellos en el tema que tú señalas, pues no hay ninguna concesión en el tema piscícola o acuícola en esa presa. Entonces nosotros ya hemos dado la información a Profepa”, declaró González Castillo, de acuerdo con Potosinoticias.com.
La investigación se originó, según esa nota, tras la difusión de una queja ciudadana en redes sociales, donde se observa a varias personas extrayendo decenas de peces del embalse, lo que generó preocupación entre habitantes de la capital potosina.
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WhatsApp, perfiles falsos y mensajes ofensivos siguen siendo las principales formas de este delito digital
Por: Ana G Silva
Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de ciberacoso y WhatsApp sigue siendo la plataforma donde ocurren la mayoría de estas agresiones. En San Luis Potosí, aunque la incidencia disminuyó respecto al levantamiento anterior, uno de cada cinco usuarios de internet afirmó haber sufrido algún tipo de violencia digital, una cifra que todavía supera el promedio nacional, de acuerdo con los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, dados a conocer este 2026 por parte del INEGI.
Entre agosto de 2024 y octubre de 2025, el 20.8 por ciento de las personas de 12 años y más que utilizaron internet en San Luis Potosí experimentó alguna situación de ciberacoso. El promedio nacional es del 20.4 por ciento.
La disminución fue de 22.7 por ciento en 2025 respecto a la medición anterior, lo que colocó a San Luis Potosí entre las entidades con una de las reducciones más significativas del país. Mientras que en 2024 el estado figuraba entre los de mayor incidencia, en la edición más reciente quedó lejos de los primeros lugares, ocupados por Durango (24.5%), Jalisco (24.4%) y Ciudad de México y Oaxaca (23.8% cada uno).
El estudio también muestra que las mujeres continúan siendo el grupo más afectado en la entidad.
En San Luis Potosí, 23.1 por ciento de las mujeres usuarias de internet reportó haber sufrido alguna forma de ciberacoso durante 2o25, mientras que entre los hombres la proporción fue de 18.0 por ciento. La diferencia es consistente con la tendencia nacional, donde el 21.5 por ciento de las mujeres y el 19.2 por ciento de los hombres afirmaron haber sido víctimas de estas agresiones.
A nivel nacional, el grupo con mayor incidencia fue el de personas de 20 a 29 años, particularmente las mujeres, entre quienes el 28 por ciento experimentó alguna situación de ciberacoso. Entre los hombres de ese mismo rango de edad la incidencia alcanzó el 23.5 por ciento.
Aunque el reporte no despliega esta información por entidad federativa, el comportamiento nacional permite identificar que la población joven continúa siendo la más expuesta a este tipo de violencia digital.
El MOCIBA reveló que el tipo de ciberacoso más frecuente fue el contacto mediante identidades falsas.
Entre las mujeres víctimas, el 36.8 por ciento reportó haber sido contactada por perfiles falsos, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 37.8 por ciento.
Después aparecieron los mensajes ofensivos, que afectaron al 30.8 por ciento de las mujeres y al 35 por ciento de los hombres. En el caso de las mujeres también destacó la recepción de insinuaciones o propuestas sexuales
Otras formas recurrentes fueron las llamadas ofensivas, la suplantación de identidad, el rastreo de cuentas, las críticas por apariencia física o clase social, la difusión de información personal y las amenazas para publicar contenido privado con fines de extorsión.
Las agresiones digitales ocurren principalmente a través de las plataformas más utilizadas por la población.
Entre las mujeres víctimas, WhatsApp fue el principal medio utilizado por los agresores, con el 40.6 por ciento de los casos, seguido de Facebook (34.2%), llamadas de teléfono celular (34%), Messenger (13.7%) e Instagram (13.5%).
Entre los hombres, WhatsApp también ocupó el primer lugar con 42.6 por ciento, seguido por llamadas de teléfono celular (39.7%), Facebook (24.2%) e Instagram (11.2%).
El reporte también detalla que WhatsApp fue la principal plataforma para enviar mensajes ofensivos, compartir información personal, realizar amenazas, enviar insinuaciones sexuales y provocar reacciones negativas, mientras que Facebook predominó en casos de suplantación de identidad y difusión de contenido íntimo.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que 61.1 por ciento de las víctimas no logró identificar a la persona que las agredió.
Solo el 24.2 por ciento señaló que el agresor era una persona conocida y el 14.7 por ciento afirmó haber sufrido ataques tanto de personas conocidas como desconocidas.
Cuando las víctimas sí pudieron identificar el sexo del agresor, la mayoría señaló que se trató de hombres. El 57.2 por ciento de las mujeres y el 61.1 por ciento de los hombres dijeron haber sido acosados únicamente por personas del sexo masculino.
El impacto emocional del ciberacoso también quedó reflejado en el estudio.
El sentimiento más frecuente fue el enojo, reportado por el 57 por ciento de las víctimas a nivel nacional.
Le siguieron la desconfianza (35.8%), el estrés (29.4%), el miedo, la inseguridad, la frustración y los nervios. Entre las mujeres, seis de cada diez manifestaron haber sentido enojo tras sufrir estas agresiones.
Otro dato relevante es que quienes sufrieron ciberacoso permanecieron conectados más tiempo que el resto de los usuarios.
Mientras la población usuaria de internet en México utiliza la red un promedio de 4.6 horas diarias, las personas que experimentaron ciberacoso permanecieron conectadas 5.6 horas al día, es decir, aproximadamente una hora más.
Frente a estas agresiones, la medida más utilizada fue bloquear al agresor.
El 73.2 por ciento de las mujeres y el 58.1 por ciento de los hombres señalaron que bloquearon personas, números telefónicos o cuentas. Otras acciones frecuentes fueron ignorar los mensajes, cambiar contraseñas, eliminar publicaciones, informar a familiares o amistades y denunciar ante autoridades, aunque estas últimas opciones fueron considerablemente menos comunes.
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La empresaria, capturada en San Luis Potosí por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó la detención de Adriana “N”, en San Luis Potosí, por su presunta vinculación con el caso de Ernesto “N” y el huachicol fiscal.
Fue detenida el pasado 17 de julio en la capital potosina durante un operativo federal. La Fiscalía General de la República (FGR) la identifica como accionista y representante legal de la empresa Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con operaciones en la Zona Industrial de San Luis Potosí, y la señala como presunta integrante de la estructura empresarial utilizada para importar combustibles de manera irregular.
De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización habría importado combustibles declarando únicamente una parte del volumen real para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante una red integrada por empresarios, agentes aduanales y representantes de diversas compañías.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México negó conceder la suspensión solicitada por la defensa de Adriana “N”, al considerar que los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos por los que es investigada ameritan prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con la Ley de Amparo.
La jueza fijó para el próximo 28 de julio la audiencia en la que resolverá si concede o no la suspensión definitiva solicitada por la defensa. Paralelamente, un juez de control federal continúa la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Adriana “N”, Ernesto “N” y los demás imputados.
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