abril 18, 2026

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Estado

Cayeyo: a cinco años del crimen que estremeció a las élites potosinas

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Una mañana del 2017 el destino cruzó en un hecho de violencia a varias de las familias más connotadas de San Luis Potosí y esta es la historia

Por: Redacción

El 5 de mayo de 2017, Eduardo N. mejor conocido como Cayeyo Jr, miembro de la familia fundadora de la marca Coronado, asesinó de un tiro en la cara a su amigo Eugenio Castañón Elizondo, prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal del estado. Todo ocurrió en el Club Campestre de San Luis, uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad. En aquel momento La Orquesta hizo el seguimiento más completo de la historia, pues la trama se complicaba al ser Federico Garza el padrino del Cayeyo y al haber sido el propio fiscal la primera persona a la que el asesino acudió.

Este mes se cumplieron cinco años de este crimen, el cual es probablemente el más sonoro entre la alta sociedad potosina por la relevancia socio-política de los involucrados.

Cayeyo disparó contra la cabeza de Castañón Elizondo en las primeras horas del 5 de mayo de 2017, después de haber asistido juntos a una fiesta. El homicidio ocurrió en la casa del atacante, quien en su declaración argumentó haberlo hecho en defensa propia.

El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo. En la audiencia del 12 de mayo del mismo año, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja y quedó arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.

Durante dos años Eduardo Hernández permaneció en prisión preventiva y fue hasta abril de 2019 que inició el juicio. El 12 de abril un tribunal del Centro de Justicia Penal otorgó 10 días de prórroga para llevar a cabo el primer juicio oral. La defensa de Cayeyo buscaba que el aplazamiento del juicio fuera por 30 días, pero el tribunal definió que la suspensión solo podría ser hasta este 22 de abril.

Durante la audiencia, la defensa del acusado hizo el intento de desestimar algunos elementos del caso; por ejemplo, se buscó reclasificar el delito para quedar solamente homicidio calificado con el grado de ventaja, y no homicidio calificado con el grado de ventaja y además el de traición. Los abogados argumentaron que no se configura la traición, puesto que este y su víctima en realidad no eran tan cercanos.

Los abogados del detenido pretendieron anular un cateo que se realizó en el domicilio del Cayeyo, pues aseguraron no haber sido debidamente notificados para asistir al mismo, entre otras irregularidades como el hecho de que una de las peritos participantes en el caso no cuenta con la formación profesional requerida por la Ley, sino que se trata de una contadora. Ambas incidencias fueron descartadas por el tribunal.

Durante el juicio se reveló el audio en donde Cayeyo confesó asesinar a su víctima, luego de una llamada que realizó alterado y borracho al 911 para pedir ayuda:

“Hubo un homicidio”, soltó el tirador apenas la operadora levantó la bocina.

Como la mujer intentara obtener más datos de su confundido interlocutor, este se exasperó y abundó sobre el hecho.

¡Yo le disparé a una persona en defensa propia!”

“Hubo una discusión”… intentó hilar para luego seguir: “mi nombre es Eduardo (…)”

“¡coño!, ¡coño!, ¡coño!”, repite una y otra vez para luego agregar:

“(La víctima) estaba conmigo y se puso violenta“… “es hombre”… “es un conocido mío y yo…”

En la cúspide dramática de la interlocución con la operadora, el presunto homicida pierde el control y comienza a llorar:

“¿Me puede mandar a alguien?”

Entre los testigos que acudieron al juicio estaban los amigos de Eugenio y Cayeyo, quienes hablaron sobre las horas previas al asesinato. Uno de ellos declaró que el 4 de mayo Eduardo los invitó a su casa luego de que acudieron a una fiesta para continuar los festejos. En el lugar Eduardo se dispuso a sacar algunas botellas de whisky y tequila, además decidió iniciar un recorrido por su casa, en donde les llamó la atención un cuarto con una vitrina con armas, por lo menos 3 o 4 armas largas y 2 o 3 armas cortas.

Otro de los testigos fue Federico Garza, ex titular de la Fiscalía General del Estado y quien se iba a convertir en suegro de la víctima, en la audiencia narró que fue el mismo Cayeyo quien acudió a su domicilio para confesarle que su yerno estaba muerto. El ex fiscal indicó que regresó con él al lugar de los hechos y optó por mantenerlo sentado en la banqueta, afuera de su casa, mientras llamó y esperó a José Guadalupe Castillo Celestino, ex director de la Policía de Investigación. Por su parte, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas, entrevistas y documentos de valor para el expediente e incluso desconoció el contenido de un documento sobre el uso de la fuerza durante la det ención del acusado, el cual, presumió, que intentó escapar.

El juicio contra Cayeyo estuvo a punto de ponerse en riesgo debido a la serie de inconsistencias que se realizaron durante el procesamiento de la escena del crimen

. A estas faltas se agregó un video que otorgó un motociclista a la defensa del entonces procesado en donde se muestra como el personal que llevó a cabo la labor pericial omitió evidencia relevante, alteró la escena del crimen e ingresó personal no autorizado, entre otros errores.

El 13 de mayo de 2019, Eduardo Hernández Jannet rindió su declaración en donde su versión de los hechos fue la siguiente:

“Estábamos en mi casa ingiriendo bebidas alcohólicas; él me dijo que su familia tenía más dinero que la mía, que mi papá era un pinche cuidavacas y que yo era un mantenido”.

“Empezamos a discutir; Yo le dije que era un pinche quemaperros y un piromaniaco”:

Cuídate, cabrón, que si ya maté a un trabajador en mi rancho y nadie se dio cuenta; ¿qué te puede pasar a ti?- habría sido la respuesta de la víctima.

“Se paró del banco y se me avienta a los golpes. Fue a un cajón de la cocina integral y arrancó la rapa”, continuó relatando el acusado para luego calzar la descripción de las heridas con la versión de los peritos contratados por su defensa.

Según dicha mecánica de hechos, expuesta durante la semana pasada, la víctima habría golpeado al Cayeyo en el antebrazo, cerca del codo, para después dejar la tapa del cajón sobre la repisa y tomar un cuchillo con la mano derecha.

“Saqué una pistola que traía en mi pantalón y le disparé para defenderme. Cerré los ojos, di un paso atrás, quedé en shock”.

En la audiencia, Cayeyo indicó que Federico Garza y Guadalupe Castillo mintieron sobre sus declaraciones; aseguró que, contrario a lo declarado por el ex fiscal general del estado y el ex titular de la Policía Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima. También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y al homicida en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Eugenio Castañón.

Esa misma noche el tribunal del Poder Judicial del Estado determinó que Cayeyo fue culpable del delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Esto a pesar de que la defensa de Hernández Jannet había solicitado la nulidad del juicio a causa de una serie de inconsistencias en la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado.

El tribunal colegiado consideró que quedó probado que Eduardo se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir la defensa propia utilizando un arma de fuego.

Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea. También consideraron que el homicida mintió al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.

La ruta genética; es decir, las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado, consideraron, toda vez que la víctima solo presentó la herida de bala en el rostro y no pudo, post mortem, dejar los rastros de su sangre en los puntos mencionados.

El 20 de mayo de 2019 Cayeyo fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Además, el homicida pagó una sanción pecuniaria de 245 mil pesos, cantidad a la que se suma el pago por la reparación del daño a la familia de la víctima, en este caso 230 mil pesos. También tuvo que amortizar el pago correspondiente a los servicios funerarios de su víctima.

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Inaceptable que ayuntamientos sigan teniendo observaciones: SGG

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J. Guadalupe Torres Sánchez denunció que los municipios “se ven mal” cuando registran estas inconsistencias

Por: Redacción

J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, aseguró que es inexcusable que todavía existan gobiernos municipales que registren observaciones en cuanto al manejo de sus finanzas.

El secretario general señaló que estas son situaciones que cada ayuntamiento se debe encargar de resolver, ya que hasta “se ven mal” cuando andan denunciando o reportando sus inconsistencias.

Explicó que en los tiempos modernos existen muchos mecanismos y avances tecnológicos para facilitar estos procesos, así como para hacerlos más precisos en búsqueda de que no existan estos errores.

Añadió que desde el Gobierno del Estado tienen diversas certificaciones a disposición de los municipios, en especial para los funcionarios encargados de temas financieros y de administración.

Hace unas semanas, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las conclusiones de sus revisiones de la cuenta pública de los ayuntamientos potosinos durante el ejercicio 2024.

El gobernador Ricardo Gallardo calificó de “desastrosos” estos resultados, asegurando que existen algunos municipios que arrojaron observaciones de hasta 40 millones de pesos en obras que nunca se realizaron.

No todos los órdenes registraron estas advertencias, pues algunos como el Gobierno del Estado, así los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Villa de Pozos salieron limpios de estas evaluaciones.

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Buscan reducir impunidad para evasores de pensión alimentaria

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Las sanciones que se estarían manejando abarcarían de seis meses a tres años de prisión, así como una sanción de sesenta a 300 días del valor de la UMA

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, a fin de cerrar los espacios de impunidad que permiten la evasión de responsabilidades alimentarias.

Propone establecer claramente que la persona que se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, estaría cometiendo el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Se considerará, salvo prueba en contrario, que existe dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, siendo éste su único o principal medio de obtener ingresos.

Habrá una sanción de seis meses a tres años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización, a quien: durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, se enajene intencionalmente de manera parcial o total de sus bienes para eludir obligaciones alimentarias 

Asimismo, también se penalizará a quien, teniendo conocimiento de la obligación alimentaria o del proceso judicial en curso, ayude al deudor a ocultar bienes, acepte figurar como titular aparente de estos, o realice cualquier acto jurídico simulado con el fin de evitar que el deudor cumpla con sus obligaciones alimentarias.

La legisladora Robles Chairez señaló que, comúnmente los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos y materiales que tienen como fin el desamparo del acreedor. Algunos ejemplos son la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo en periodos críticos de juicios familiares, y la transferencia de bienes a favor de terceros.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.

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Ciudad

Refuerzan seguridad en escuelas de Villa de Pozos

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Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos y fortalecer la cultura de la protección civil

 

Por: Redacción

Con el compromiso de garantizar entornos seguros para la comunidad estudiantil, luego del regreso a clases, la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos realizó durante esta semana una serie de inspecciones en distintos centros educativos del municipio, a fin de verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para la protección de alumnas, alumnos y personal docente.

El director de Protección Civil, Miguel Ángel Llanas Texon, informó que, durante estos recorridos, el personal especializado supervisó aspectos clave como rutas de evacuación, señalética, condiciones estructurales, extintores y protocolos de emergencia, para asegurar que cada plantel cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de sus actividades.

Llanas Texon, mencionó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos y fortalecer la cultura de la protección civil en escuelas de todos los niveles, por lo que se prioriza la seguridad de niñas, niños, docentes y personal administrativo, además se brindaron recomendaciones a las autoridades educativas para mejorar o reforzar ciertos aspectos para promover una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

El funcionario municipal, destacó la importancia de mantener una vigilancia constante en los planteles; de igual manera, reiteró el compromiso de continuar con este tipo de inspecciones de manera periódica, con el fin de garantizar espacios educativos seguros y preparados ante cualquier situación de riesgo.

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