Estado
Cayeyo: a cinco años del crimen que estremeció a las élites potosinas
Una mañana del 2017 el destino cruzó en un hecho de violencia a varias de las familias más connotadas de San Luis Potosí y esta es la historia
Por: Redacción
El 5 de mayo de 2017, Eduardo N. mejor conocido como Cayeyo Jr, miembro de la familia fundadora de la marca Coronado, asesinó de un tiro en la cara a su amigo Eugenio Castañón Elizondo, prometido de la hija de Federico Garza Herrera, entonces fiscal del estado. Todo ocurrió en el Club Campestre de San Luis, uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad. En aquel momento La Orquesta hizo el seguimiento más completo de la historia, pues la trama se complicaba al ser Federico Garza el padrino del Cayeyo y al haber sido el propio fiscal la primera persona a la que el asesino acudió.
Este mes se cumplieron cinco años de este crimen, el cual es probablemente el más sonoro entre la alta sociedad potosina por la relevancia socio-política de los involucrados.
Cayeyo disparó contra la cabeza de Castañón Elizondo en las primeras horas del 5 de mayo de 2017, después de haber asistido juntos a una fiesta. El homicidio ocurrió en la casa del atacante, quien en su declaración argumentó haberlo hecho en defensa propia.
El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo. En la audiencia del 12 de mayo del mismo año, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja y quedó arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.
Durante dos años Eduardo Hernández permaneció en prisión preventiva y fue hasta abril de 2019 que inició el juicio. El 12 de abril un tribunal del Centro de Justicia Penal otorgó 10 días de prórroga para llevar a cabo el primer juicio oral. La defensa de Cayeyo buscaba que el aplazamiento del juicio fuera por 30 días, pero el tribunal definió que la suspensión solo podría ser hasta este 22 de abril.
Durante la audiencia, la defensa del acusado hizo el intento de desestimar algunos elementos del caso; por ejemplo, se buscó reclasificar el delito para quedar solamente homicidio calificado con el grado de ventaja, y no homicidio calificado con el grado de ventaja y además el de traición. Los abogados argumentaron que no se configura la traición, puesto que este y su víctima en realidad no eran tan cercanos.
Los abogados del detenido pretendieron anular un cateo que se realizó en el domicilio del Cayeyo, pues aseguraron no haber sido debidamente notificados para asistir al mismo, entre otras irregularidades como el hecho de que una de las peritos participantes en el caso no cuenta con la formación profesional requerida por la Ley, sino que se trata de una contadora. Ambas incidencias fueron descartadas por el tribunal.
Durante el juicio se reveló el audio en donde Cayeyo confesó asesinar a su víctima, luego de una llamada que realizó alterado y borracho al 911 para pedir ayuda:
“Hubo un homicidio”, soltó el tirador apenas la operadora levantó la bocina.
Como la mujer intentara obtener más datos de su confundido interlocutor, este se exasperó y abundó sobre el hecho.
“¡Yo le disparé a una persona en defensa propia!”
“Hubo una discusión”… intentó hilar para luego seguir: “mi nombre es Eduardo (…)”
“¡coño!, ¡coño!, ¡coño!”, repite una y otra vez para luego agregar:
“(La víctima) estaba conmigo y se puso violenta“… “es hombre”… “es un conocido mío y yo…”
En la cúspide dramática de la interlocución con la operadora, el presunto homicida pierde el control y comienza a llorar:
“¿Me puede mandar a alguien?”
…
Entre los testigos que acudieron al juicio estaban los amigos de Eugenio y Cayeyo, quienes hablaron sobre las horas previas al asesinato. Uno de ellos declaró que el 4 de mayo Eduardo los invitó a su casa luego de que acudieron a una fiesta para continuar los festejos. En el lugar Eduardo se dispuso a sacar algunas botellas de whisky y tequila, además decidió iniciar un recorrido por su casa, en donde les llamó la atención un cuarto con una vitrina con armas, por lo menos 3 o 4 armas largas y 2 o 3 armas cortas.
Otro de los testigos fue Federico Garza, ex titular de la Fiscalía General del Estado y quien se iba a convertir en suegro de la víctima, en la audiencia narró que fue el mismo Cayeyo quien acudió a su domicilio para confesarle que su yerno estaba muerto. El ex fiscal indicó que regresó con él al lugar de los hechos y optó por mantenerlo sentado en la banqueta, afuera de su casa, mientras llamó y esperó a José Guadalupe Castillo Celestino, ex director de la Policía de Investigación. Por su parte, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas, entrevistas y documentos de valor para el expediente e incluso desconoció el contenido de un documento sobre el uso de la fuerza durante la det ención del acusado, el cual, presumió, que intentó escapar.
El juicio contra Cayeyo estuvo a punto de ponerse en riesgo debido a la serie de inconsistencias que se realizaron durante el procesamiento de la escena del crimen . A estas faltas se agregó un video que otorgó un motociclista a la defensa del entonces procesado en donde se muestra como el personal que llevó a cabo la labor pericial omitió evidencia relevante, alteró la escena del crimen e ingresó personal no autorizado, entre otros errores.
El 13 de mayo de 2019, Eduardo Hernández Jannet rindió su declaración en donde su versión de los hechos fue la siguiente:
“Estábamos en mi casa ingiriendo bebidas alcohólicas; él me dijo que su familia tenía más dinero que la mía, que mi papá era un pinche cuidavacas y que yo era un mantenido”.
“Empezamos a discutir; Yo le dije que era un pinche quemaperros y un piromaniaco”:
–Cuídate, cabrón, que si ya maté a un trabajador en mi rancho y nadie se dio cuenta; ¿qué te puede pasar a ti?- habría sido la respuesta de la víctima.
“Se paró del banco y se me avienta a los golpes. Fue a un cajón de la cocina integral y arrancó la rapa”, continuó relatando el acusado para luego calzar la descripción de las heridas con la versión de los peritos contratados por su defensa.
Según dicha mecánica de hechos, expuesta durante la semana pasada, la víctima habría golpeado al Cayeyo en el antebrazo, cerca del codo, para después dejar la tapa del cajón sobre la repisa y tomar un cuchillo con la mano derecha.
“Saqué una pistola que traía en mi pantalón y le disparé para defenderme. Cerré los ojos, di un paso atrás, quedé en shock”.
En la audiencia, Cayeyo indicó que Federico Garza y Guadalupe Castillo mintieron sobre sus declaraciones; aseguró que, contrario a lo declarado por el ex fiscal general del estado y el ex titular de la Policía Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima. También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y al homicida en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Eugenio Castañón.
Esa misma noche el tribunal del Poder Judicial del Estado determinó que Cayeyo fue culpable del delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Esto a pesar de que la defensa de Hernández Jannet había solicitado la nulidad del juicio a causa de una serie de inconsistencias en la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado.
El tribunal colegiado consideró que quedó probado que Eduardo se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir la defensa propia utilizando un arma de fuego.
Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea. También consideraron que el homicida mintió al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.
La ruta genética; es decir, las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado, consideraron, toda vez que la víctima solo presentó la herida de bala en el rostro y no pudo, post mortem, dejar los rastros de su sangre en los puntos mencionados.
El 20 de mayo de 2019 Cayeyo fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Además, el homicida pagó una sanción pecuniaria de 245 mil pesos, cantidad a la que se suma el pago por la reparación del daño a la familia de la víctima, en este caso 230 mil pesos. También tuvo que amortizar el pago correspondiente a los servicios funerarios de su víctima.
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Destacadas
La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada
Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia
Por: Haniel Valdés Velázquez
Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.
Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.
El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”
Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.
En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.
Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.
Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.
Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”
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Destacadas
Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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Congreso del Estado
Congreso analiza definir la “perspectiva de persona adulta mayor”
La propuesta busca que autoridades y jueces eviten decisiones basadas en estereotipos por edad
Por: Redacción
En sesión de la Diputación Permanente, la diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para modificar el Código Familiar del Estado y la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, con el fin de establecer la definición jurídica de la “Perspectiva de Persona Adulta Mayor”, de acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Explicó que la reforma daría identidad a ese concepto para dos fines: el proceso legislativo del Congreso del Estado y el diseño de políticas públicas del Poder Ejecutivo estatal, además de la resolución de controversias en materia familiar.
La perspectiva se define como un enfoque especializado, diferenciado e integral que exige situar a la persona adulta mayor en su contexto particular y evitar decisiones basadas en estereotipos por edad, reconociendo que el envejecimiento varía según factores económicos, sociales, culturales, de género, de salud y de redes de apoyo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos .
En otras iniciativas, se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte una propuesta del diputado Cesar Arturo Lara Rocha para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y garantizar a los menores el derecho a una vivienda digna. También se turnó a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable una iniciativa de la directora general de los Servicios de Salud del Estado para desincorporar seis inmuebles de esa dependencia y donarlos al IMSS-Bienestar.
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformar la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios para transformar la atención municipal de un modelo asistencial a uno que incorpore atención psiquiátrica, turnada a las comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales. También planteó incorporar el principio de paridad a la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado, turnada a la Comisión de Igualdad de Género.
Se turnó a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales, una iniciativa para crear Centros de Recuperación Animal dedicados a la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle. Y se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte una propuesta de la diputada María Antonia Castro Castañeda para promover, desde la ley, la formación en valores democráticos y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Por separado, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso un punto de acuerdo para exhortar al gobierno, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Campeche, así como al Gobierno Federal, a garantizar los derechos humanos, la seguridad y la paz social en el país. Se turnó a la Comisión Primera de Justicia.
La próxima sesión de la Diputación Permanente será el lunes 24 de agosto, a las 8:00 horas, en el Salón Ponciano Arriaga Leija.
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