Estado
Caso Julieta: niña potosina obtiene implante coclear

Se trata de la primera niña con discapacidad que accederá a este dispositivo tras un juicio de amparo ante la negativa del IMSS de brindar atención médica especializada
Por: Redacción
Julieta, una niña de tres años de edad, diagnosticada con parálisis cerebral infantil, escoliosis e hipoacusia severa, se convirtió en la primera menor con discapacidad en San Luis Potosí en recibir un implante coclear por orden judicial, luego de que su familia promoviera un juicio de amparo ante la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de brindarle el tratamiento correspondiente. La resolución fue emitida por el Juzgado Octavo de Distrito y constituye un precedente relevante en la defensa del derecho a la salud sin discriminación.
Previo a la resolución judicial, la familia de Julieta impulsó diversas acciones para que la niña recibiera la atención médica que requería. Ante la negativa del IMSS de iniciar el protocolo médico correspondiente, comenzaron a acudir a consultas particulares para obtener valoraciones y diagnósticos que respaldaron la urgencia del tratamiento. A pesar de los informes médicos que confirmaban que Julieta era candidata para implantes cocleares, el instituto se negó a actuar, argumentando que su parálisis cerebral limitaba el beneficio del procedimiento.
Frente a esta omisión, se promovió un juicio de amparo con el acompañamiento de la abogada Fátima Viera, especialista en derecho familiar, quien señaló como acto reclamado la omisión institucional y la discriminación por motivos de discapacidad. “La negativa no se basaba en criterios médicos, sino en prejuicios. Afirmar que no vale la pena colocar un implante a una niña con parálisis cerebral es una forma de negar su derecho a desarrollarse plenamente”, afirmó Viera.
El amparo fue concedido y ordenó al IMSS activar el protocolo médico, subrogar la atención especializada en un hospital de la capital potosina y garantizar tanto la colocación de ambos implantes como el acceso a terapias de seguimiento . La primera cirugía se realizó el 17 de enero de 2025 en el Hospital del Niño y la Mujer, y a principios de abril se llevó a cabo el encendido del primer dispositivo. No obstante, el segundo implante continúa pendiente, por lo que el juzgado ha requerido al IMSS demostrar avances en el cumplimiento de la sentencia.
La hipoacusia severa compromete gravemente la capacidad auditiva y comunicativa durante la primera infancia. De acuerdo con protocolos médicos internacionales, los implantes cocleares deben colocarse preferentemente antes de los cinco años para tener mayor efectividad en el desarrollo del lenguaje. La omisión institucional pudo haber comprometido de manera grave el desarrollo integral de Julieta.
El Juzgado Octavo de Distrito advirtió que, de no cumplirse la totalidad de la sentencia, se dará vista a las autoridades competentes para la imposición de sanciones a los servidores públicos responsables. “Este caso deja claro que no es la discapacidad la que impide el acceso a derechos, sino las barreras que colocan las propias instituciones”, añadió Fátima Viera.
Este caso visibiliza una práctica sistemática en el sistema de salud: la discriminación estructural hacia personas con discapacidad. Sienta un precedente jurídico y social para otras familias que enfrentan situaciones similares, recordando que el derecho a la salud debe garantizarse sin excepciones, sin prejuicios y sin condiciones.
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El Realito costó más del doble que Las Escobas y ha fallado desde su origen
El titular de CEA Gabino Manzo detalló que la reparación del Realito es de mil 400 mdp, cuando el presupuesto para Las Escobas es de 600 millones
Por: Redacción
Gabino Manzo Castrejón, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de San Luis Potosí, criticó el diseño y la ejecución del proyecto de la presa El Realito, al señalar que, además de tener múltiples fallas estructurales desde su origen, representa un gasto mucho mayor que el nuevo proyecto de la presa Las Escobas, cuyo presupuesto inicial es menos de la mitad.
Manzo Castrejón comparó directamente los costos y la viabilidad de ambos proyectos. “La reparación del ducto de El Realito, el último dato que nosotros tenemos, es de mil 400 millones de pesos. ¿A costa de qué? ¿De dónde sacaríamos mil 400 millones si el presupuesto de saque para la presa de Las Escobas son 600 millones?”, cuestionó. Aseguró que destinar una cifra tan elevada para corregir fallas ajenas carece de sentido y sería injustificable financieramente.
El funcionario señaló que las fallas de El Realito derivan de decisiones tomadas desde la firma del contrato original y del tipo de materiales empleados, lo cual ha generado constantes fallos en el suministro de agua para colonias de la capital potosina.
Asimismo, informó que el gobierno estatal ha emprendido acciones legales desde el inicio de la actual administración, exigiendo a los responsables del proyecto original que respondan por las deficiencias: “Estamos enfrascados en un tema legal muy fuerte. Si no lo haces como lo marca el proyecto, se viene abajo. Pero hay mucho dinero en riesgo, las penalizaciones son muy altas”, explicó, y agregó que incluso el contrato penaliza por anticipar pagos, lo que complica aún más la resolución.
El titular de la CEA reiteró que la responsabilidad de las fallas no debe recaer en el erario público y que los proveedores y constructores originales deben responder por los vicios de origen: “¿Por qué lo hemos de pagar nosotros, si está mal hecho desde el proveedor? Tiene que entregar garantías sobre ese proyecto”, concluyó.
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Estado
Villa de Reyes busca 30 mdp para renovar pozos y construir plantas tratadoras
Dichos proyectos beneficiarían a más de 35 mil habitantes del municipio
Ismael Hernández, presidente municipal de Villa de Reyes, informó este martes 6 de mayo que ya se realizaron las firmas correspondientes a la solicitud de perforación para el reemplazo de algunos pozos de agua en el municipio. Además, destacó la necesidad de construir tres plantas tratadoras: una en la cabecera municipal, otra en la comunidad de El Rosario y una más en la comunidad de Laguna de San Vicente.
“Para estos proyectos estamos solicitando un recurso de 30 millones de pesos. Aún estamos esperando una postura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para determinar qué porcentaje le corresponderá a cada parte”, informó el alcalde villarreyense.
Hernández espera que los trabajos de infraestructura hídrica puedan recibir un financiamiento del 30 % por parte de Conagua, conforme a lo estipulado por la federación para este tipo de inversiones.
Cabe recordar que estos financiamientos buscan asegurar un suministro de agua sostenible y de calidad para la población, así como fomentar una gestión responsable de los recursos hídricos.
El alcalde agregó que serán más de 5 mil habitantes los beneficiados con la renovación de los pozos y alrededor de 30 mil con la operación de las nuevas plantas tratadoras.
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Elección judicial en SLP, ¿con perfiles agresores?
Denuncias a través de redes sociales señalan a perfiles que buscan un cargo en la elección judicial, con presuntos antecedentes de violencia de género
Por: Redacción
Las campañas de aspirantes a algún cargo en la elección al Poder Judicial que se realizará el 1 de junio han progresado con el paso de los días a través de redes sociales.
Sin embargo estas mismas plataformas han servido para exhibir casos de presunta violencia ejercida por quienes actualmente contienden por algún cargo en estos comicios.
Uno de ellos es el caso de Raúl Martínez Quiroz, notario público en Ciudad Valles y aspirante a juez en el sistema judicial potosino.
Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputada local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, denunció la candidatura de Martínez Quiroz tras señalar que ejerció violencia digital en perjuicio de su ex pareja, al difundir videos de contenido sexual sin su consentimiento.
“Es increíble que una persona con una denuncia penal por un delito tan grave no solo siga libre, sino que además aspire a ser juez. ¿Qué clase de justicia podemos esperar si quienes deben impartirla, ya tienen antecedentes de violencia?”, cuestionó la legisladora.
Otro de los casos señalados es el de Jesús Edgardo Ramírez González, candidato a Juez Familiar del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Desde el perfil de facebook de Telma González, señalan que el aspirante a juez ejerció como cómplice de sustracción y ocultamiento de una menor, y en los cuales estarían implicados sus familiares.
En esta publicación en particular se señala que Jesús Edgardo Ramírez González no merece ser electo como juez debido a este antecedente.
El propio Edgardo Ramírez publicó un video en sus redes sociales en el que se desmarcó de los hechos señalados. Aclaró que inicialmente formó parte del conflicto mencionado, sin embargo, refirió que no tuvo nada que ver con lo que se señala en las publicaciones de redes sociales. Lamentó que estos actos se usen para denostar la trayectoria de una persona sin pruebas suficientes por lo que refrendó que su carrera está intacta y se pronunció a favor de la justicia.
Estas denuncias se suman a la efectuada contra Sabas Santiago Ipiña Ramírez, cuyo caso fue dado a conocer por la propia víctima, Rosalinda Ávalos el pasado 12 de febrero de 2025, cuando se mencionó el nombre de este aspirante en la insaculación llevada a cabo por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
En esta denuncia, Rosalinda Ávalos señalaba a Ipiña Ramírez de haber estado inscrito en dos listas (la del poder ejecutivo y la del poder legislativo). Así mismo, de haber atentado contra sus dos hijos en Soledad de Graciano Sánchez, cuando formó parte de la entonces Policía Ministerial el 11 de noviembre de 2020; así como de vincularlo como miembro de una organización criminal, al ser integrante de la misma corporación.
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