septiembre 14, 2026

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Estado

Caso Julieta: niña potosina obtiene implante coclear

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Se trata de la primera niña con discapacidad que accederá a este dispositivo tras un juicio de amparo ante la negativa del IMSS de brindar atención médica especializada

Por: Redacción

Julieta, una niña de tres años de edad, diagnosticada con parálisis cerebral infantil, escoliosis e hipoacusia severa, se convirtió en la primera menor con discapacidad en San Luis Potosí en recibir un implante coclear por orden judicial, luego de que su familia promoviera un juicio de amparo ante la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de brindarle el tratamiento correspondiente. La resolución fue emitida por el Juzgado Octavo de Distrito y constituye un precedente relevante en la defensa del derecho a la salud sin discriminación.

Previo a la resolución judicial, la familia de Julieta impulsó diversas acciones para que la niña recibiera la atención médica que requería. Ante la negativa del IMSS de iniciar el protocolo médico correspondiente, comenzaron a acudir a consultas particulares para obtener valoraciones y diagnósticos que respaldaron la urgencia del tratamiento. A pesar de los informes médicos que confirmaban que Julieta era candidata para implantes cocleares, el instituto se negó a actuar, argumentando que su parálisis cerebral limitaba el beneficio del procedimiento.

Frente a esta omisión, se promovió un juicio de amparo con el acompañamiento de la abogada Fátima Viera, especialista en derecho familiar, quien señaló como acto reclamado la omisión institucional y la discriminación por motivos de discapacidad. “La negativa no se basaba en criterios médicos, sino en prejuicios. Afirmar que no vale la pena colocar un implante a una niña con parálisis cerebral es una forma de negar su derecho a desarrollarse plenamente”, afirmó Viera.

El amparo fue concedido y ordenó al IMSS activar el protocolo médico, subrogar la atención especializada en un hospital de la capital potosina y garantizar tanto la colocación de ambos implantes como el acceso a terapias de seguimiento

. La primera cirugía se realizó el 17 de enero de 2025 en el Hospital del Niño y la Mujer, y a principios de abril se llevó a cabo el encendido del primer dispositivo. No obstante, el segundo implante continúa pendiente, por lo que el juzgado ha requerido al IMSS demostrar avances en el cumplimiento de la sentencia.

La hipoacusia severa compromete gravemente la capacidad auditiva y comunicativa durante la primera infancia. De acuerdo con protocolos médicos internacionales, los implantes cocleares deben colocarse preferentemente antes de los cinco años para tener mayor efectividad en el desarrollo del lenguaje. La omisión institucional pudo haber comprometido de manera grave el desarrollo integral de Julieta.

El Juzgado Octavo de Distrito advirtió que, de no cumplirse la totalidad de la sentencia, se dará vista a las autoridades competentes para la imposición de sanciones a los servidores públicos responsables. “Este caso deja claro que no es la discapacidad la que impide el acceso a derechos, sino las barreras que colocan las propias instituciones”, añadió Fátima Viera.

Este caso visibiliza una práctica sistemática en el sistema de salud: la discriminación estructural hacia personas con discapacidad. Sienta un precedente jurídico y social para otras familias que enfrentan situaciones similares, recordando que el derecho a la salud debe garantizarse sin excepciones, sin prejuicios y sin condiciones.

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Congreso del Estado

Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP

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La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.

La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.

El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.

El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.

La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.

“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.

De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.

La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.

El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.

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Congreso del Estado

Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto

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El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez

Por: Redacción 

El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes

como responsables de los actos que calificó como violentos, insultantes y contrarios a la civilidad.

De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.

El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.

Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.

Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.

El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.

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Asesoría jurídica gratuita llega a los 59 municipios de San Luis Potosí

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El objetivo es acercar la orientación jurídica a comunidades que enfrentan dificultades para trasladarse

Por: Redacción

Las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí pueden acceder a asesoría y orientación jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y penales a través del programa La Defensoría en tu Casa.

El esquema busca acercar los servicios de la Defensoría Pública del Estado a las cuatro regiones de la entidad, principalmente mediante su participación en Ferias de Servicios, donde abogados especializados atienden directamente a la población.

Durante una jornada realizada en Tierra Nueva, el titular de la Defensoría Pública del Estado, Edgar Valdez Zavala, señaló que el modelo permite que las personas conozcan sus derechos y reciban orientación legal sin tener que trasladarse hasta la capital u otros municipios para buscar atención.

La asesoría contempla materia civil, familiar y penal, por lo que puede servir como primer contacto para personas que requieren conocer las opciones legales disponibles ante algún conflicto o situación jurídica.

De acuerdo con la dependencia, el programa opera desde el inicio de la actual administración y busca ampliar el acceso a los servicios de defensa pública en comunidades de las distintas regiones del estado.

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