Estado
Carreras está amenazado por camioneros para subir tarifa en SLP: activista
Por: Abelardo Medellín
Michel Hernández Piña, integrante de Cambio Por San Luis, aseguró que el gobernador Juan Manuel Carreras López tiene la facultad de echar para atrás el aumento a la tarifa del transporte público para el próximo año, pero el mandatario está amenazado por los concesionarios.
Hernández Piña señaló también que desde este año, Carreras López no ha exigido a los empresarios que mejoren el transporte: “El gobernador tiene un argumento de cada año, es que, según él, ‘los concesionarios nos van a dejar sin transporte’. Pues sí, pero también en la ley está la facultad de que si un concesionario no puede brindar el servicio, le puedes quitar la concesión y dársela a otras empresas que quieran la concesión. A los empresarios que dicen que no es suficiente, que no les alcanza, que no es negocio, pues que entreguen sus concesiones y que el estado se las dé a alguien más”.
De acuerdo con Hernández Piña, es legalmente improcedente que se aumente la tarifa del transporte público mientras no se cumplan con las especificaciones mínimas, entre ellas la seguridad, que es deficiente en las unidades: “Hay un botón de pánico que está conectado al C4, lo traen en el volante y cuando se activa manda un aviso al C4.
Allá tienen el número de unidad y el número del chofer para contactarlo y ver la naturaleza del problema. En las auditorías que hemos hecho, nos dimos cuenta que en al menos tres casos, el chofer no traía el número de contacto que tiene dado de alta el C4, es decir, aunque hubiera apretado el botón, pues no se pueden poner en contacto con el chofer, no sirve traerlo entonces”.
El integrante de Cambio Por San Luis dijo que las mejoras primordiales que deben cumplir las unidades para considerar el aumento están: instalar cámaras de seguridad, el buen funcionamiento de botones de pánico, quitar torniquetes, señalar asientos especiales y capacitar choferes. De acuerdo con Michel Hernández Piña, de estas regulaciones, el transporte público en la capital solo ha cubierto parcialmente uno: el de las cámaras de seguridad.
Cambio por San Luis entregó hoy en el Congreso del Estado una solicitud extendida a la diputada Alejandra Valdés Martínez, que pide incluir a voces de la sociedad civil a las sesiones de la Comisión Estatal de Transporte (CET), pues hasta el momento, ese órgano no tiene representatividad ni contrapesos de la sociedad civil.
Michel Hernández Piña dijo que es sorprendente como el presidente de la CET, Fernando Chávez Méndez, secretario de Comunicaciones y Transportes, niega las deficiencias en el transporte cuando ha sido testigo de ellas: “Nos hemos subido a los camiones con el secretario para hacer auditorías. Tenemos la evidencia y él ha constatado que hemos remitido camiones al corralón. Necesitamos que tenga una actitud objetiva y que si no han cumplido los concesionarios, pues que aplique la ley, solo le pedimos eso, la ley. Y si no cumplen con el artículo 129 de la Ley de Transporte no debe haber un aumento de la tarifa. Sabremos que solo está cediendo a los intereses de los concesionarios”.
También lee: Tarifa de transporte en SLP podría rebasar los 10 pesos para 2020: CPS
Congreso del Estado
Congreso hará consultas sin el Ceepac
La SCJN dio plazo para formalizar el protocolo; el ejercicio podría costar nuevamente nueve millones de pesos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que en el mes de abril estará lista la organización de las consultas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) definiera que no coadyuvará con el Poder Legislativo en la realización de este ejercicio, legisladores, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha, y personal del área jurídica se reunieron con la SCJN para abordar el tema.
Serrano Cortés reconoció al máximo órgano de justicia del país como un facilitador del proceso y señaló que se agotó la posibilidad de realizar las consultas a través del Ceepac, que —dijo— es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado y equitativo, pero informó que no hubo condiciones para concretarlo.
El diputado añadió que la consulta ya se había realizado previamente con un costo de nueve millones de pesos; sin embargo, la instrucción es llevarla a cabo nuevamente. Explicó que la Corte otorgó un plazo para formalizar el protocolo, construir un cuerpo operativo y técnico, así como definir preguntas y lineamientos
.Indicó que a principios de abril se contará con el protocolo y se realizará una reunión previa con la SCJN para evitar futuras impugnaciones derivadas de posibles omisiones en la formalidad del proceso.
Sobre el costo del nuevo ejercicio, señaló que se contempla una base presupuestal similar a la anterior, lo cual ya fue dialogado con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, al tratarse de un mandato que no puede postergarse y tras no concretarse el apoyo del Ceepac.
Finalmente, expuso que el Congreso puede realizar directamente el ejercicio, aunque buscarán reducir costos. Precisó que se llevarán a cabo dos consultas: una en materia de discapacidad, que calificó como más sencilla y que se realizará primero; y otra relacionada con la Ley Indígena, la cual representa mayor complejidad y se desarrollará conforme a los mecanismos establecidos en la legislación correspondiente.
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Estado
Ricardo Gallardo toma protesta de nuevo coordinador de la Guardia Nacional en el Estado
El gobernador comentó que las corporaciones estatales de seguridad se encuentran listas para vigilar y resguardar los 59 municipios
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, asistió a la toma de protesta de bandera y posesión del nuevo coordinador de la Guardia Nacional en el Estado, Jorge Enrique Martínez Medina, a quien felicitó y reafirmó su colaboración para seguir manteniendo a la entidad potosina entre una de las cuatro más seguras del país.
En el marco de este evento protocolario, el Gobernador del Estado aseguró que reforzará la colaboración que se tiene en conjunto con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), instituciones con las que se ha obtenido resultados positivos gracias a los operativos que se realizan en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
De igual forma, Ricardo Gallardo compartió que se tiene una gran coordinación entre la Guardia Nacional y la División Caminos de la Guardia Civil Estatal
en las carreteras estatales y federales para garantizar la seguridad en el traslado de visitantes, transportistas, trabajadores y de turistas, lo que se mantendrá gracias al trabajo en conjunto con el nuevo mando y su plan de trabajo.Finalmente, el gobernador comentó que las corporaciones estatales de seguridad se encuentran listas para vigilar y resguardar los 59 municipios de la entidad potosina en las próximas vacaciones de Semana Santa, cuyo objetivo es que las familias potosinas, así como de visitantes de otras partes del país y del mundo, puedan disfrutar de los atractivos turísticos que hay en todo el Estado.
Estado
Violencia vicaria: definición en debate
La diputada Gabriela López sostuvo que esta figura jurídica aplica cuando hombres agreden a mujeres utilizando a sus hijos
Por: Redacción
La diputada local Gabriela López Torres afirmó que la violencia vicaria debe entenderse como una agresión ejercida de manera predominante por hombres hacia mujeres, utilizando como medio a los hijos en común.
La legisladora explicó que este criterio ha sido respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), instancia que ha detallado el enfoque jurídico y social de esta figura.
Señaló que, aunque existen casos aislados en otros estados donde se intentó sancionar a mujeres bajo esta figura, la interpretación predominante establece que la violencia vicaria se configura cuando un hombre ejerce violencia contra la madre de sus hijos utilizando a los menores como instrumento de daño.
López Torres aclaró que reconocer esta definición no implica negar que existan mujeres que ejerzan violencia, sino que estadísticamente y conforme a los estudios sociales, esta modalidad específica responde a una problemática estructural que afecta mayoritariamente a mujeres.
“Cuando una mujer pudiera ejercer violencia en circunstancias similares, tendría que recibir otro nombre, pero no es propiamente violencia vicaria”, puntualizó.
La diputada agregó que desde el Poder Legislativo de San Luis Potosí aún existen pendientes en materia de armonización y fortalecimiento del marco jurídico para atender este tipo de violencia.
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