Estado
Carreras debería aprovechar su relación con AMLO: Guajardo
Los que pagarán los platos rotos del presidente de México serán los ciudadanos, dijo Rubén Guajardo
Por: Redacción
El presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo, consideró que la ciudadanía será la que pague los platos rotos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues es alguien que promueve la crisis humanitaria y económica para el país, y el único que puede hacer algo por San Luis Potosí es el gobernador del estado.
Mencionó que el paquete fiscal 2020 que presentó el fin de semana el gobierno federal, en donde a su consideración no existen beneficios sustanciales para el país, afectando sobre todo a las minorías.
“Este presupuesto se quedó muy atrás de lo que la población mexicana esperaba del gobierno de la República, será la ciudadanía de a pie, la que pague los platos rotos por su inexperiencia política y económica, pues ya lo refieren los grandes economistas, impactará el bolsillo de quiénes trabajan de manera independiente” expresó Guajardo.
El legislador añadió que no es ninguna sorpresa que se pretendan incrementar impuestos como el IVA y el ISR, pues desconocen la dinámica financiera y hacendaria de nuestro país, afectando así a quienes sobreviven como pueden, al no encontrar una oportunidad laboral formal.
Agrego que considera que debería ser el gobierno del estado, el que podría estar redefiniendo la economía local y que le compete específicamente al jefe del estado potosino, Juan Manuel Carreras López, ser el que proponga las necesidades básicas del estado.
“Le compete recomponer esta situación al gobierno del estado y lo puede hacer a través de la buena relación que tiene con Andrés Manuel López Obrador, hay que ver cómo podemos conseguir más recursos de la federación, hay que tener proyectos ejecutivos, validación y no solamente estirar la mano, el único que puede apretar un poco más” finalizó.
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Estado
Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández
El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.
Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.
Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.
Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida” , echando por tierra las especulaciones sobre supuestos beneficiarios directos de la reforma.
Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.
Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.
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Estado
Importante la construcción de un hospital psiquiátrico en San Luis: Aranza Puente
La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital
Por: Redacción
Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.
La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.
Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.
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Estado
Antes que prohibir, se tienen que regular los vapeadores: Aranza Puente
La diputada aseguró que el veto de estos dispositivos solo dará pie a un mercado negro fuera de la ley
Por: Redacción
Cuestionada sobre la prohibición de los vapeadores en San Luis Potosí, Aranza Puente Bustindui, diputada local, se manifestó en contra del veto a estos dispositivos, señalando que ella optaría por una regulación.
La diputada señaló que al haber tanta demanda, una prohibición total solo ocasionaría un mercado negro fuera de toda regulación, lo que generaría mayor peligro para los consumidores.
Puente Bustindui afirmó que hace falta mucha información sobre el tema, y sugirió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleve a cabo una regulación de las sustancias dañinas que contienen los vapeadores, así como que se realicen campañas de prevención y apoyo a los fumadores .
La producción, distribución y venta de vapeadores fue prohibida por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, argumentando que son dispositivos dañinos para la salud que fueron comercializados bajo la promesa no comprobada de ser menos dañinos que el cigarro.
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