Estado
Carreras anunció proyectos estratégicos para SLP de 30 mmdp
“El objetivo es asegurar las condiciones para el crecimiento de SLP”, señaló el gobernador.
Por: Redacción
Durante el Quinto informe de acciones y resultados, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, dio a conocer un monto de inversión de 30 mil millones de pesos en una cartera de proyectos estratégicos conjuntos entre el gobierno federal, estatal y la iniciativa privada, con el objetivo de asegurar las condiciones para el crecimiento económico de San Luis Potosí, algunos que ya se concluyeron y otros que están en proceso o por iniciar.
En su mensaje, el mandatario potosino, dijo que su gobierno se propuso impulsar la creación de infraestructura en movilidad y conectividad, para que San Luis Potosí mantenga la tendencia de crecimiento en el sector industrial, campo, comercio, servicios y turismo, lo que deriva en creación de nuevos empleos.
“No ha sido fácil hacerlo, se ha requerido persistencia, tenacidad y labor de gestión con el Gobierno Federal y el sector privado, hemos tenido que invertir tiempo en negociaciones, y con frecuencia volver a intentarlo todo desde el principio, pero al final el resultado es una cartera de proyectos fuera de serie con compromisos de inversión para un conjunto de obras de infraestructura, con un impacto verdaderamente decisivo en el crecimiento y el empleo para las próximas décadas”, añadió el jefe del Ejecutivo estatal.
El Gobernador del Estado, indicó que esta cartera de proyectos abarca las cuatro regiones de San Luis Potosí, como la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale en la Huasteca, que en un principio contempló una inversión de 1 mil 200 millones de pesos, pero que ahora, al haberse gestionado una pista a cuatro carriles, la inversión proyectada es de 5 mil millones de pesos, además, el libramiento Ciudad Valles-Tamuín con una inversión de 1 mil 170 millones de pesos y la continuidad de la modernización de la carretera Ciudad Valles-Ébano-Tampico.
Añadió que otra obra importante es el Aeropuerto Nacional de la Huasteca, con una inversión proyectada de 1 mil 200 millones de pesos, donde el Gobierno del Estado ya aportó el terreno para que arranquen los trabajos en 2021.
Carreras López, explicó que en el Altiplano continúa la modernización de la carretera Matehuala-Cedral-Entronque Real de Catorce, que apoyará de manera muy importante al turismo de esta región y el tramo San Luis-Matehuala con una inversión de hasta 6 mil 400 millones de pesos, como parte de la modernización y conservación de la carretera 57.
En la Zona Media se considera la rehabilitación del eje Cárdenas-Alaquines-Ciudad del Maíz.
Añadió que para la Zona Centro, las obras de infraestructura contemplan la modernización del tramo San Luis-Querétaro, con 5 mil 700 millones de pesos a ejercer a 10 años, la construcción de los nuevos puentes Logistik y Cerro Gordo, la renovación y ampliación de la terminal del Aeropuerto Ponciano Arriaga a la que se destinaron 400 millones de pesos, la conclusión del Anillo Metropolitano, con el último tramo Zacatecas a Guadalajara, la nueva concesión para la carretera Ventura-El Peyote paralela a la autopista San Luis-Matehuala, con una inversión estimada de 5 mil 179 millones de pesos.
El jefe del Ejecutivo estatal comentó que como parte de la infraestructura de la región Centro, también se incluye el nuevo libramiento de Villa de Reyes que acerca los clústeres automotrices de San Luis Potosí y Guanajuato, así como su nuevo puente de acceso seguro a la carretera 57, el nuevo ramal Calderón-San Felipe para mejorar la conectividad de las zonas industriales con el Bajío, los puentes para el acceso a los desarrollos industriales Logistik y World Trade Center 2 y el mejoramiento y ampliación de ejes de la Zona Industrial.
Agregó que entre las obras y acciones para mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, se encuentran los dos nuevos brazos en el Distribuidor Benito Juárez que ya se inauguraron, los puentes Periférico-Avenida Industrias y Ampliación Diagonal en puente Pemex que se realizan en conjunto con el Gobierno municipal, la creación Red Metro con el corredor Centro-Oriente de la Zona Metropolitana, la modernización del servicio público de taxis, con la entrega trasparente de más de 800 nuevas concesiones y el apoyo para la renovación de unidades.
El Gobernador Juan Manuel Carreras, concluyó que de todos estos proyectos, algunos están concluidos, otros en proceso o por iniciar pero, están formalmente concertadas y cuentan con presupuestos convenidos.
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El objetivo fue fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas de las personas servidoras públicas municipales
Por: Redacción
El Congreso del Estado a través de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, llevó a cabo el curso de capacitación para la Elaboración de las Leyes de Ingresos y Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2027, en el museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.
Asistieron las y los presidentes municipales de varios ayuntamientos, el auditor superior Joaquín Rodrigo Lecourtois López; la titular del Instituto Registral y Catastral, Yahaira Martínez Martínez
El objetivo fue fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas de las personas servidoras públicas municipales, mediante el análisis de los aspectos normativos, financieros y técnicos que intervienen en la elaboración de las leyes de ingresos municipales.
Responsabilizó a Morena por las modificaciones legales que concentraron facultades en la presidencia del INE
Por: Redacción
La senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, responsabilizó a Morena por la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei de su presidencia, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y actos de corrupción.
Durante su intervención en la tribuna del Senado de la República, la legisladora panista aseguró que la situación del organismo electoral es consecuencia de las modificaciones legales impulsadas por Morena, que permitieron concentrar atribuciones en la presidencia del instituto.
“El día en que cayó Taddei gracias al cochinero de Morena”, expresó.
Rodríguez Hernández cuestionó que el oficialismo pretenda deslindarse de decisiones que, desde su perspectiva, debilitaron los mecanismos de control del instituto. Explicó que las modificaciones al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) otorgaron a la presidencia del INE facultades para nombrar y remover de manera unilateral a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin el consenso del Consejo General.
En ese contexto, informó que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para restablecer los contrapesos institucionales. La propuesta establece que los nombramientos estratégicos cuenten con el respaldo de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.
La iniciativa también contempla un procedimiento extraordinario para revisar los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, con el objetivo de evaluar su idoneidad y desempeño.
La senadora sostuvo que la salida de Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción y las irregularidades señaladas durante su gestión.
“No pueden venir aquí a lavarse las manos y a pretender no hablar de los temas importantes en esta tribuna”, reclamó.
Rodríguez Hernández insistió en que Morena debe asumir su responsabilidad política por la concentración de facultades en la presidencia del INE. Exigió además que la designación de la nueva presidencia del organismo se realice con absoluta transparencia, para que la persona elegida cuente con independencia y credibilidad.
Advirtió que, de cara al proceso electoral de 2027, el país necesita un árbitro imparcial que garantice elecciones libres, transparentes y democráticas. Por ello consideró indispensable corregir los problemas institucionales y evitar que las decisiones del organismo dependan de una sola persona.
La legisladora reiteró que Acción Nacional exigirá que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que la renovación de la presidencia del INE sirva para fortalecer su autonomía.
“El INE le pertenece a los ciudadanos”, sentenció.
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Mientras el INE establece que las precampañas para la gubernatura serán del 4 de enero al 12 de febrero, una reforma aprobada por el Congreso local fija el periodo del 20 de enero al 8 de febrero; la discrepancia podría provocar impugnaciones, sanciones y conflictos sobre la validez de los actos de precampaña
Por: Jorge Saldaña
La reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí el pasado 12 de agosto abrió una controversia jurídica frente al calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027, debido a que ambas disposiciones contemplan fechas distintas para la realización de las precampañas a la gubernatura.
De acuerdo con el calendario publicado por el INE, las precampañas para elegir a quien sucederá en la gubernatura deberán desarrollarse del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, con una duración de 40 días naturales. Sin embargo, la reforma a la Ley Electoral del Estado establece que comenzarán el 20 de enero y concluirán el 8 de febrero, reduciendo el periodo a solamente 20 días.
La discrepancia adquiere relevancia porque el Consejo General del INE aprobó el 30 de julio de 2026 el acuerdo INE/CG478/2026, mediante el cual ejerció su facultad de atracción para homologar las fechas de conclusión de las precampañas locales y estableció el 12 de febrero como límite para San Luis Potosí.
La determinación federal, aprobada antes de la reforma estatal, también vinculó a los organismos públicos locales electorales a adecuar sus calendarios conforme a las fechas homologadas.
En consecuencia, la diferencia plantea un problema sobre el alcance de las facultades de las autoridades electorales federales y locales.
Aunque los congresos estatales tienen atribuciones para regular la duración de las precampañas, deben ejercerlas conforme a la Constitución federal y la legislación general electoral.
Por ello, la reforma potosina podría generar controversias sobre su compatibilidad con el acuerdo de homologación del INE, particularmente respecto de la fecha de conclusión de las precampañas.
Partidos y aspirantes podrían enfrentar sanciones
Por ejemplo, si un partido inicia actos de precampaña el 4 de enero, conforme al calendario publicado por el INE, podría enfrentar denuncias por presuntos actos anticipados, debido a que la legislación estatal establece el inicio hasta el 20 de enero.
De manera similar, las actividades realizadas del 9 al 12 de febrero podrían ser cuestionadas, ya que esas fechas se encuentran comprendidas en el calendario federal, pero fuera del plazo establecido en la reforma local.
Las consecuencias podrían incluir procedimientos sancionadores, amonestaciones, multas y controversias sobre la validez de los procesos internos.
En el caso de las personas aspirantes, también podrían generarse problemas para clasificar y reportar gastos de precampaña, especialmente cuando las actividades se realicen en fechas consideradas válidas por una autoridad, pero controvertidas frente a otra disposición.
En circunstancias específicas previstas por la legislación, las infracciones graves en materia de fiscalización pueden tener consecuencias sobre el registro de candidaturas. Sin embargo, ninguna sanción se produciría automáticamente por la sola existencia de calendarios contradictorios.
CEEPAC, ante el reto de definir un calendario
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) enfrenta una de las principales implicaciones de esta diferencia normativa, al ser el organismo encargado de organizar las elecciones locales y establecer las condiciones operativas para las distintas etapas del proceso.
El decreto de reforma establece que el organismo electoral debe adecuar su normatividad dentro de los 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.
Sin embargo, cualquier calendario que apruebe deberá considerar tanto la legislación estatal vigente como las disposiciones obligatorias emitidas por el INE.
Si el CEEPAC adopta las fechas establecidas en la reforma local, podría enfrentar cuestionamientos por su incompatibilidad con la fecha de conclusión homologada por el organismo nacional. Por el contrario, si mantiene el calendario federal sin resolver su relación con la ley estatal, sus acuerdos también podrían ser impugnados.
Entre sus posibles consecuencias se encuentran conflictos de fiscalización y procedimientos sancionadores relacionados con actos realizados durante los días en disputa.
La discrepancia alcanza diputaciones y ayuntamientos
El problema podría ser todavía mayor en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos.
Mientras el calendario publicado por el INE contempla que esas precampañas concluyan el 12 de febrero de 2027, la reforma estatal establece un periodo del 4 al 23 de febrero.
Esto significa que, para estas elecciones, la legislación local permitiría actividades de precampaña durante 11 días posteriores al cierre homologado por el organismo nacional.
La situación también podría repercutir en las candidaturas independientes, debido a las modificaciones legales relacionadas con los plazos para recabar apoyo ciudadano.
De mantenerse sin aclaración, las diferencias de fechas podrían ocasionar impugnaciones por posibles afectaciones a los derechos político-electorales de las personas participantes.
Incertidumbre debe resolverse antes de enero
De acuerdo a las fechas y normativas, resulta necesario que el INE y el CEEPAC aclaren formalmente cuál será el calendario aplicable y qué disposiciones regirán la fiscalización y los procedimientos internos.
La cuestión central es si debe mantenerse la fecha de conclusión del 12 de febrero establecida por el INE o prevalecer el periodo del 20 de enero al 8 de febrero aprobado por el Congreso potosino.
Mientras no exista una definición institucional clara, los partidos y aspirantes enfrentarán el riesgo de realizar actividades cuya legalidad podría ser cuestionada posteriormente ante los tribunales electorales.
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