SIGAMOS DERECHO.

Alejandro Gertz Manero es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho; es doctor en Derecho por la UNAM, por la Universidad Mount Union en Ohio y por la Universidad de las Américas (así es, tres doctorados); ha sido profesor del ITAM, de la UNAM y de la Universidad Anáhuac; ha ocupado diversos cargos en la anterior Procuraduría General de la República; fue Secretario de Seguridad Pública (2000-2004) con Fox; diputado federal plurinominal por el Partido Convergencia en 2009; rector de la Universidad de las Américas; y, desde el 2019, es la primer persona en ocupar el cargo de Fiscal General de la República. Una más a la lista: desde la semana pasada, Gertz Manero es investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Vale la pena entrar al contexto para dimensionar y poner en perspectiva las responsabilidades de Gertz Manero como el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que vino a suplir a la extinta Procuraduría General de la República (PGR). En el 2014, el empuje y la insistencia de organizaciones de la sociedad civil logró que el gobierno de Peña Nieto reformara el artículo 102 constitucional para que la Procuraduría dejara de pertenecer al Poder Ejecutivo y volverla un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, a la luz de los terribles resultados en materia de investigación de delitos y de deficientes presentaciones de acusaciones penales.

Aunque los ejemplos sobran, recordemos que fue aquella fallida Procuraduría la responsable de la detención de Florence Cassez en 2005 y que quedó en libertad por faltas graves al debido proceso y a sus derechos humanos. Fue responsable de la detención e imputación de Elba Esther, quien fue absuelta pasados cinco años. Fue responsable, con Jesús Murillo Karam al frente, de llevar a cabo una vergonzosa investigación, actos de tortura, alteración de pruebas, detenciones arbitrarias y violaciones graves a los derechos de personas detenidas en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Por lo anterior, la nueva Fiscalía fue concebida como un órgano autónomo al servicio de la sociedad con cuatro fiscalías especializadas (delitos electorales, combate a la corrupción, derechos humanos y asuntos internos); con un Consejo Ciudadano de consulta conformado por cinco ciudadanos de «probidad y prestigio»; con un fiscal con una duración de nueve años en el cargo; y con planes de trabajo sujetos de aprobación por parte del Senado y del Consejo Ciudadano. Es decir, en principio, la transición sí implicaba algo más que el mero cambio de nombre.

Fue hasta el 14 de diciembre de 2018 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y, así, le tocó a la entrante administración de López Obrador estrenarla y nombrar en los primeros días de su gobierno a Gertz Manero como el primer fiscal para el periodo 2019-2028. Desde entonces, todas y todos hemos podido atestiguar que la transición de Procuraduría a Fiscalía no ha trascendido a más allá del nombre. Las torpezas en la manera de aprehender, investigar e imputar delitos continúan.

Con el caso de Lozoya, la Fiscalía le otorgó al exdirector de Pemex el carácter de testigo protegido y se fue directamente a su casa, incluso con la posibilidad de viajar dentro del país; se filtraron a los medios sus acusaciones; y se han extraviado pruebas no integradas al expediente. Con Salvador Cienfuegos, Gertz decidió no ejercer la acción penal después de que el exfuncionario llegó a México entregado por Estados Unidos y —sorpresa— quedó libre. El más reciente, Alonso Ancira, autor del fraude de Agronitrogenados, llegó a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía para pagar 216 millones de dólares dentro del plazo de tres años, con lo que se extinguirá su proceso penal. Mientras ello sucede, Ancira ya está en libertad.

Más allá de la visibilidad que dan estos casos con tanta atención mediática, fuera de los reflectores la gestión de Gertz al frente de la Fiscalía ha sido poco transparente y con muy poca actualización de la información pública aún cuando el INAI le ha ordenado en distintas ocasiones que dé publicidad a información de interés público. Además, el Consejo Ciudadano ni siquiera ha sido instalado y, por tanto, sigue pendiente de su aprobación el Plan de Persecución Penal. Según los informes que presenta constantemente la organización civil México Evalúa, el rezago en las investigaciones va al alza y solamente el 4.9% de los delitos federales tienen respuesta efectiva (sentencia o algún otro modo de resolución).

Sumado a todo lo anterior, Gertz Manero promovió la abrogación de la Ley Orgánica de la FGR que se promulgó hace tres años para que esta fuese sustituida por una nueva y en sus términos.

La propuesta de Gertz retira a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda, lo cual implica que ahora ya no participarán en coordinación con otras instituciones y organizaciones civiles en la búsqueda de personas desaparecidas —uno de los peores y principales males del país—. También, ello significa que las organizaciones civiles y colectivos perderán el poco acceso que habían tenido a las bases de datos de personas desaparecidas, lo cual limita mucho más sus insumos para investigar aunque sea por su propia cuenta el paradero de sus ausentes. La Fiscalía ahora rendirá aún menos cuentas y será menos transparente; todo a propuesta del Fiscal y alabado casi en todos sus términos por un Poder Legislativo complaciente. La FGR regresa a la misma lógica operativa de la PGR del priísmo, pero con la sutileza del cambio de nombre.

En un tenor diverso, pero a propósito de legisladores y legisladoras complacientes, la legislatura pasada cerró el periodo ordinario de sesiones aprobando también modificaciones a la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a sus diversos reglamentos, como el del Sistema Nacional de Investigadores. Lo anterior cobra especial notoriedad cuando se anunció la semana pasada que Alejandro Gertz Manero fue ingresado al Sistema Nacional de Investigadores directamente al Nivel III —su nivel más alto— sin siquiera haber pasado por los escalones de Candidato, Nivel I y Nivel II. El argumento de la Comisión Dictaminadora —por cierto, fue instaurada especialmente para su caso— determinó ingresarlo como una medida reparatoria de supuestos actos discriminatorios en su contra, según una resolución dictada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que depende de la Secretaría de Gobernación.

Gertz Manero denunció ante la CONAPRED que habían sido reiteradas ocasiones en que él había tratado de ingresar al SNI, pero que fue rechazado en todas por no cumplir con los requisitos de producción académica (dirección de tesis, publicación de libros, textos científicos dictaminados, conferencias, entre otros). La Comisión Dictaminadora argumentó que con sus tres doctorados, numerosos textos de opinión y trascendencia para el país, lo justo era permitir su ingreso al Nivel III del SNI. Ahora que todas las reglas y requisitos —a las que toda la comunidad científica se ciñe— fueron ignorados, quién sabe; quizás le otorguen la misma dispensa a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León y también con tres doctorados. O mejor aún, que también a mí me hagan SNI por los textos de opinión que escribo cada lunes, aunque sea Nivel I.

El cuento de las instituciones públicas que dan prebendas a otros funcionarios públicos es uno que conocemos bien. Tan es así que incluso la CNDH solicitó protección para Sanjuana Martínez, directora de Notimex que, por su notoria ineptitud, ha tenido a toda la institución a su mando en paro total de labores desde hace varios meses. Quizás mencionar lo anterior ya sea una digresión innecesaria, pero deja de manifiesto que el discurso de transformación no alcanza a penetrar la realidad de retroceso y decadencia que prevalece en tantos rincones de la administración pública federal. En el menos peor de los casos, las trayectorias de vida como la enunciada en el primer párrafo del presente texto serán maquilladas a petición de parte. En el peor, la investigación de los delitos y las acusaciones penales quedarán en manos del pasado, incidiendo aún más y de manera negativa en las vidas de las miles de víctimas y sus familiares.

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