Hasta de la transparencia quieren recaudar en el Ayuntamiento capitalino, con sobreprecios de hasta 8.8 veces en la impresión de planos

Por: Redacción

El Ayuntamiento de San Luis Potosí pretende cobrar 121 mil 865 pesos por la respuesta a una solicitud de transparencia que requiere al Instituto Municipal de Planeación información sobre el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de La Pila y Bocas.

Esa solicitud fue realizada por Luis Alberto Suárez Castillo, del equipo jurídico del Frente Amplio Opositor. La respuesta del municipio es que la información se encuentra en 4 mil 465 copias certificadas; 129 planos de 120 por 90 centímetros y 31 planos de 43 por 27 centímetros.

El Ayuntamiento pretende cobrar 14 pesos por cada una de las copias certificadas, por lo que el monto total sería de 62 mil 510 pesos; además, se intenta cobrar en 422.50 pesos cada uno de los planos de 120×90, por un total de 54 mil 496.05 pesos y en 84.49 pesos cada plano de 43×27, que suman 2 mil 619.19 pesos para esa medida.

A los costos de los planos, hace falta sumar la certificación, que costará 14 pesos por cada uno, en cualquier tamaño. Es decir, la certificación de los 129 planos de 120×90 totalizará mil 806 pesos y la de los 31 planos de 43×27 centímetros, costará 434 pesos.

En cambio, dos de las cadenas de papelerías más importantes del país tienen costos muy inferiores en las impresiones de planos, pese a que una de ellas es reconocida entre los sitios de impresión a gran escala más caros de la ciudad.

Una de esas papelerías cobra 180 pesos por los planos de 120×90 centímetros, y 67.50 pesos por los planos de 43×27 centímetros. En otra de las papelerías, los planos de 120×90 tienen un costo de 72 pesos y de 9.2 pesos los planos de 43×27.

Eso significa que el Ayuntamiento pretende cobrar hasta 2.34 veces más que la compañía impresora más cara en los planos de 120×90. En ese mismo formato, el sobreprecio que pretende cobrar la unidad de transparencia respecto al promedio del mercado es de 5.86 veces.

Respecto a los planos de 43×27 centímetros, el costo que el Ayuntamiento pretende cobrar es 25 por ciento superior al de una de las marcas más caras y hasta 8.89 veces por encima del costo promedio del mercado.

En el acuerdo de comisiones unidas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, que sirvió de base para el acuerdo de Cabildo del 28 de marzo del 2019, se enuncia la existencia de los Planes Parciales de La Pila y Bocas, elaborados en pasadas administraciones, pero incorporados al “nuevo proyecto”.

El acuerdo del Cabildo tiene por objeto actualizar el Plan del Centro de Población Estratégico a la medida de los intereses inmobiliarios, según argumenta Suárez Castillo, integrante del Frente Amplio Opositor.

“El Plan Parcial de La Pila es un proyecto de carácter urbano industrial encabezado por grupos de poder económico, encabezados por las familias Lorca, Del Valle, Valladares, Torres Corzo

El integrante del FAO señaló que este plan, creado desde hace más de 10 años, busca incorporar toda la delegación de La Pila, que incluye al ejido del mismo nombre de más de cinco mil hectáreas “y diversos núcleos de población como El Terrero, Arroyos, El Jaralito, Cerritos y La Noria, en la proyección logística de los grupos empresariales más importantes de San Luis Potosí”.

El excomisariado ejidal de La Pila, Tobías Delgado, señaló que los ejidatarios de esa demarcación saben que al igual que en la Comunidad de San Juan de Guadalupe, su propiedad está en la mira: “Están armándoles su Plan Parcial a la medida de sus intereses”.

“La respuesta del Implan por una parte reconoce que si hay un Plan Parcial de La Pila y que es parte de lo que será motivo de la actualización del Plan de Centro de Población de San Luis Potosí, pero por otro lado manipula la cifra de documentos y pretende cobrar una cantidad imposible de pagar”, afirmó el ejidatario Tobías delgado.

Suárez Castillo indicó que la información por la que se pretende cobrar 121 mil pesos está incompleta, pues no se determina el contenido de dicho Plan Parcial, “es decir, el número de fojas que lo integran, ni la cantidad que por concepto de derechos habrá de cubrirse por el mismo”.

El integrante del FAO aseguró que las inconsistencias encontradas en esa respuesta han sido “motivo de una solicitud de aclaración, ya que es contraria al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor en el Estado, el cual implica que toda autoridad, al realizar manejo de información, debe partir de la premisa de que toda ella es pública y que solo por excepción, en los casos expresamente señalados en la legislación secundaria y justificado debidamente bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, considerándola con una calidad diversa a la pública información consultada debe ser completa, oportuna y accesible, características de la información materia de mi solicitud original, que no se colman con la respuesta emitida por el Instituto Municipal de Planeación”.

“Están preocupados porque ya los cachamos con la manos en las tierras del ejido La Pila”, concluyó Luis Alberto Suárez Castillo.

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