enero 11, 2026

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México

Avanzó paquete fiscal sin minigasolinazos ni aumento de internet y telefonía

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Además, se les libera para contratar más personal durante la emergencia

Por Redacción:

 

No habrá minigasolinazo ni aumento en derechos por el uso del espectro para acceso a telefonía, internet, y un premio a las entidades federativas para reestructurar su deuda de corto plazo, avanzó el paquete fiscal 2021 en la Cámara de Diputados.

A la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, Miscelánea Fiscal y la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2021, la Comisión de Hacienda y Crédito Público integró a la discusión, análisis y votación diversas propuestas de reformas relacionadas con estados y municipios.

Con el fin de apoyar a los gobiernos locales que se vieron afectados en sus economías regionales por la pandemia del Covid-19, el pleno de la Cámara de Diputados avaló cambios a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas.

Con el voto en contra del PT, así como de algunos panistas, y abstenciones del PRI, los diputados federales aprobaron una reforma a la ley para quitar candados a estados y municipios para que puedan adquirir deuda, reestructuren la que tienen y que haya sido contratada en el ejercicio anterior con la condición de que hayan tenido caídas mayores a 5% del PIB.

El dictamen, que obtuvo 345 votos a favor, tres abstenciones y 49 en contra, y que ya fue enviado al Senado, establece que las entidades federativas podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias, y otorga mayor claridad y certeza jurídica en el ejercicio de las transferencias federales etiquetadas.

Además, se les libera para contratar más personal durante la emergencia.

El diputado federal de Morena, Carol Antonio Altamirano, dijo que lo que se propone es cubrir situaciones y omisiones que hoy son una camisa de fuerza.

En la discusión de la anterior Legislatura nadie previó que, así como se requieren medidas extraordinarias por temas de Seguridad Pública o Protección Civil, también se necesitaría enfrentar crisis de salud impactos económicos originados por una emergencia.

En la Ley Federal de Derechos, diputados de la Comisión de Hacienda cedieron a los reclamos de la industria de telecomunicaciones sobre el encarecimiento de las cuotas de aceptar la iniciativa original del Ejecutivo, que proponía aumentar 55% el pago del uso de frecuencias de cobertura para la conectividad de los usuarios.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas, mencionó entre las modificaciones la reducción de cuotas para los derechos del espectro radioeléctrico y para la explotación y aprovechamiento destinadas a servicios móviles.

Sin embargo, el diputado panista Ricardo Flores advirtió que comparado con la ley vigente, representa un aumento de 7%, que encarecerá el servicio de telefonía celular y se convertirá en una barrera de entrada para nuevos jugadores.

La comisión también avaló en la ley de derechos subir 30% el costo a los pasaportes expedidos de urgencia.

Para la minería, se aprobó un esquema transitorio para flexibilizar la medida con un mecanismo que permita a la industria transitar gradualmente a la eliminación del acreditamiento.

Se introduce un artículo transitorio para que el sector minero acredite 50% de pagos definitivos efectuados por derechos sobre minería durante 2021.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público se atoró con los dictámenes de la Miscelánea Fiscal y de la Ley de Ingresos, incluso por la tarde y noche de este lunes tuvo reuniones con el titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero, y con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, para afinar detalles de ambos proyectos, cuyo límite para aprobarse es este martes y enviarlos al Senado.

 

Con información de El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/rasuran-iniciativa-de-ley-de-ingresos-2021-de-amlo

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Plan Michoacán ya refleja resultados: Sheinbaum

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En materia de seguridad, destacó la importancia de la atención a las causas, como primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad

Por: Redacción

Desde Lázaro Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se están logrando resultados en materia de seguridad y el Gobierno de México va a estar cerca de las y los michoacanos en todos los sectores a través de la atención a las causas.

“Y por eso en el Plan Michoacán decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja. Aumentar la electrificación en todo el estado, el internet gratuito que se amplíe en todo el estado, mayor turismo, mayor desarrollo turístico, más Jóvenes Construyendo el Futuro, carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable, más preparatorias en todo el estado para atender a los jóvenes, la beca Gertrudis Bocanegra, los Planes de Justicia para todos los pueblos originarios, más hospitales, más viviendas.

“Y vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortaleciendo la Estrategia de Seguridad y va a ir dando resultados. Estoy convencida de ello”, informó tras encabezar la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en el municipio de Lázaro Cárdenas.

En materia de seguridad, destacó la importancia de la atención a las causas, como primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, y recordó que desde el inicio de su gobierno han disminuido en 40 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

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Trump anuncia ataques terrestres contra cárteles en territorio mexicano

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El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica

Por: Roberto Mendoza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche durante una entrevista con la cadena Fox News su intención de iniciar operaciones militares por tierra contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.

En la conversación conducida por el periodista Sean Hannity, el mandatario sostuvo que su administración ha logrado neutralizar las rutas marítimas de tráfico de narcóticos, lo que motiva un cambio de estrategia operativa hacia la intervención terrestre. Esta declaración se produce tras una serie de operativos estadounidenses en la región del Caribe que culminaron en la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

El titular del ejecutivo estadounidense declaró textualmente: “Hemos erradicado el 97 por ciento de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra; en cuanto a los cárteles, los cárteles controlan México“. Trump fundamentó la necesidad de estas acciones en el volumen de fallecimientos registrados en su país, los cuales atribuyó directamente a la actividad de las organizaciones criminales mexicanas.

Según sus propias afirmaciones, estos grupos causan la muerte de entre “250 mil y 300 mil personas” cada año en Estados Unidos, declaraciones que el mandatario emitió sin proporcionar un fundamento estadístico o una base documental clara durante la transmisión.

La justificación oficial de la Casa Blanca para este posible despliegue se apoya en la clasificación de los grupos delictivos como amenazas críticas a la seguridad nacional y su designación bajo marcos legales de combate al terrorismo.

El contexto de esta postura incluye la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que la administración utiliza como referencia de su capacidad operativa para ejecutar acciones en el extranjero.

El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica, condicionado por la interpretación de la presidencia estadounidense sobre el control territorial de los cárteles y la urgencia de detener el flujo de fentanilo por canales terrestres mediante el uso de fuerza militar.

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México

Senado de Estados Unidos vota para restringir facultades militares de Donald Trump en Venezuela

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​La resolución aprobada en la cámara alta condiciona el despliegue de tropas terrestres a la autorización previa del Poder Legislativo; el presidente Trump aún tiene derecho de veto para estas resoluciones

Por Roberto Mendoza

El Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves una resolución bipartidista de poderes de guerra para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de ordenar futuras acciones militares en Venezuela sin el consentimiento del Congreso. La votación de 52 a favor y 47 en contra se produjo tras la incursión del 3 de enero en Caracas que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una corte federal en Nueva York. El mecanismo legal S.J.Res.98 fue avanzado en Washington con el respaldo de la bancada demócrata y cinco senadores del Partido Republicano.

​La medida legislativa, impulsada por los senadores Tim Kaine y Rand Paul, prohíbe el uso de recursos federales para el despliegue de efectivos de combate o la administración directa de la infraestructura venezolana, a menos que exista una declaración de guerra formal. El documento técnico establece que, si bien la captura de Maduro se ejecutó bajo facultades de persecución criminal y narcoterrorismo, la permanencia de fuerzas armadas en el país sudamericano para tareas de gobernanza requiere supervisión parlamentaria obligatoria. Los senadores republicanos que apoyaron la moción argumentaron que la resolución busca prevenir el inicio de un conflicto bélico de larga duración sin una estrategia de retiro definida por el Departamento de Defensa.

​La Casa Blanca calificó el resultado de la votación como una interferencia inconstitucional en las atribuciones del comandante en jefe para garantizar la seguridad nacional y la estabilidad regional. En Caracas, la presidencia interina a cargo de Delcy Rodríguez inició los procedimientos para una transición administrativa, mientras el país permanece bajo decreto de luto nacional de siete días. El trámite legislativo se dirige ahora a la Cámara de Representantes para su debate final, ante la advertencia explícita del presidente Donald Trump sobre el ejercicio de su derecho al veto para invalidar cualquier freno administrativo a sus decisiones operativas en la región.

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