noviembre 19, 2026

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Así fue el primer informe de Ricardo Gallardo

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El mandatario no solo destacó las acciones más importantes de su primer año, sino que fijó nuevos compromisos para 2023

Por: Karina González

Ricardo Gallardo Cardona rindió este lunes su primer informe de resultados como gobernador de San Luis Potosí, con un evento que se distinguió por el dinamismo, la culturalidad y la apertura con la ciudadanía que estuvo presente en el recinto.

Cerca de las 19:30 horas del lunes, las pantallas del Centro de Convenciones proyectaron una transmisión en vivo del trayecto del gobernador Ricardo Gallardo y su esposa Ruth González Silva hacia el sitio donde más tarde presentaría los avances de su primer año de gestión a ciudadanos, funcionarios públicos municipales, estatales y federales, gobernadores, exgobernadores, diputados locales y federales y alcaldes del estado.

 

ALTIPLANO

Al comienzo del evento se proyectó un video alusivo al Altiplano potosino y más acciones más relevantes para esta zona del estado, destacando obras de infraestructura vial, de agua potable, servicios básicos, reconstrucción de la imagen urbana en comunidades de Catorce, Charcas, Venado, Matehuala, Villa de Ramos y Guadalcázar.

Además, atenciones a la educación, a través de programas sociales como apoyos con útiles escolares, mochilas, uniformes y zapatos “se hará del altiplano una región donde la niñez y juventud tengan el mismo acceso a la educación que en zona centro”.

Otro punto que se destacó fue el apoyo con más de 3 mil 797 financiamientos para emprendedores en esta región para superar la crisis económica actual. Y en apoyo al campo, la principal actividad económica en la zona, se apoyó a los productores con ganado caprino y se entregó maquinaria pesada para construir bordo de abrevadero.

En salud se construyó la primera Clínica Rosa del estado en el municipio de Matehuala, que actualmente atiende a 20 mil mujeres de la región y a sus hijos, además se contribuyó con la entrega de paquetes menstruales gratuitos.

 

ZONA MEDIA

En esta región del estado, en el informe de resultados se señaló el crecimiento de 3.8 por ciento de la actividad económica en San Luis Potosí en los primeros seis meses de trabajo, lo que lo colocó como la tercer entidad con más crecimiento en el país en el primer trimestre de 2022, con ellos, se busca erradicar la pobreza de los municipios de esta región.

En los 12 municipios que conforman la Zona Media, se benefició a más de 40 mil familias con entregas de despensa, para garantizar el acceso a la alimentación diaria, tres veces al día. Se repartieron 2 mil apoyos a madres solteras y becas para que los adultos mayores puedan vivir con dignidad. Y más de 20 mil niños y adolescentes fueron beneficiados con útiles escolares y la construcción de escuelas completas en los municipios de Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández y Cerritos.

A los emprendedores se les entregaron más de mil créditos para iniciar o reforzar sus negocios. En cuanto a la infraestructura se entregaron bulevares, reconstrucción de caminos e iluminación, cuidando la conservación de la imagen histórica de cada comunidad y municipio.

En materia de salud, se inauguró en Cerritos la nueva área de hemodiálisis en el Centro de Salud, para que los pacientes con enfermedades renales no tengan que trasladarse hasta la capital del estado para ser atendidos. Y en el combate el Covid-19, se apoyó con la realización de más de 25 mil pruebas de detección de esta enfermedad en Rioverde.

Otra importante acción fue mudar de la capital del estado a la Zona Media la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, para atender las necesidades del campo, en donde se invirtieron más de 13 millones de pesos en tecnologías, forraje y semillas para reactivar la producción económica de la zona media.

 

HUASTECA

La zona más rica en biodiversidad en el estado y la más atractiva para el turismo regional y nacional, era la zona con mayor pobreza en los pueblos originarios, describió el video que presentó el gobernador, ahora esta región recibió la justicia social que todos habían esperado, detalló. Ahí se invirtieron 228 millones de pesos en programas sociales de becas alimentarias y apoyos a madres solteras y adultos mayores. Además más de 30 mil familias recibieron despensas con productos de la canasta básica para reforzar su dieta diaria.

Los emprendedores de la región se beneficiaron con más de 57 millones de pesos en financiamiento a más de mil 638 personas. Y en infraestructura se conectó a comunidades y regiones con vialidades, con ello se logró mantener la categoría de pueblo mágico en Aquismón. También se construyó el C4 en la Huasteca que contribuirá en las tareas de prevención y combate a la delincuencia.

En salud se construyeron dos clínicas rosa en Tamazunchale y Ciudad Valles para dar atención a más de 20 mil mujeres

en cada una, además de la entrega de más de 3 mil kits mensuales. También se amplió el equipo médico de laboratorio e instrumental del Hospital General del Ciudad Valles y se le restituyó un tomógrafo. Se realizaron más de 25 mil pruebas de covid y se entregaron 22 ambulancias a 13 municipios.

En educación se rehabilitaron escuelas primarias y secundarias y se construyeron nuevas instalaciones y aulas en planteles educativos y se entregaron 15 mil 200 paquetes para 28 mil 345 estudiantes de escasos recursos.

 

ZONA CENTRO

El recuento de las acciones en la región inició con una de las primeras acciones del gobierno de Ricardo Gallardo, los programas sociales que han beneficiado a más de 700 mil personas; el más exitoso, dijo el gobernador, fue el de placas y licencias vehiculares gratuitas, cuando en San Luis Potosí era el estado que manejaba los precios más altos en el país, a este programa han accedido más de 300 mil potosinos para licencias y 150 mil en placas.

Posterior a la pandemia de Covid-19 se inició la recuperación económica del estado con la entrega de 28 mil créditos a emprendedores. Se reanudó la vida social con el festival Xantolo en tu Ciudad, la Villa Navideña y el Festival de Danza Lila López. En el deporte se retomó la Copa Potosí y se apoyó con traslado en avión y con uniformes a los atletas que participaron en los juegos nacionales e internacionales. Estos eventos culturales, deportivos y turísticos alcanzaron más de millón 900 mil turistas en el primer año de resultados, lo que significa una derrama económica de 3 mil millones 156 mil pesos, superando las cifras registradas en el último año del gobierno anterior.

Para los estudiantes se brindaron 25 mil tarjetas de transporte público en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Tamazunchale, además de la remodelación y rehabilitación de escuelas de todos los niveles en los diferentes municipios que conforman esta región del estado.

En salud se recuperaron recursos robados de la anterior administración y se equipó el área de urgencias del Hospital Central, se entregó equipo para atender enfermedades cardiometabólicas y se puso en operación la Central de Mezclas Oncológicas. De igual forma se entregó un nuevo tomógrafo en el Hospital de Soledad y en toda la zona metropolitana se aplicaron más de 80 mil pruebas de detección de Covid-19.

En seguridad, el gobernador destacó la creación de la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que cuentan con la mejor tecnología del país, con drones, vehículos y mejor equipamiento para la seguridad de las familias potosinas. Además, la recuperación de un espacio en la delegación de La Pila para que sea el nuevo edificio de la Fiscalía General del Estado.

En infraestructura incluyó el modificación de los espacios de la Casa de Gobierno para que se utilice como estancia de adultos mayores y niños.

También la rehabilitación de más de 43 kilómetros del Circuito Potos, el bulevard al Aeropuerto Ponciano Arriaga y al ejido Palma de la Cruz; así como la modernización de avenidas y calles en diversos puntos de la zona metropolitana. La rehabilitación de la Presa El Peaje y la ampliación del sistema de drenaje y agua potable en la comunidad de Escalerillas.

Hoy, dijo, San Luis Potosí es la décima economía más fuerte del país y se logró atraer una inversión privada de casi un millón de dólares y la instalación de ocho nuevas empresas con el respaldo del Consejo Potosí, que busca posicionar a San Luis Potosí como el principal estado de la alianza centro-bajío-occidente.

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Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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Opinión

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