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Así es como una banda de secuestradores virtuales operaba en Xilitla
La familia de la víctima recibió hasta un video de su familiar en ropa interior; ¿el botín? 200 mil pesos.
Por: Redacción
Litigantes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informaron que obtuvieron sentencia condenatoria en contra de una mujer por el delito de extorsión agravada, por hechos ocurridos en Xilitla.
La Fiscalía dio a conocer que, en audiencia de Juicio Oral, el juez consideró que la carpeta de investigación contenía los elementos de prueba suficiente para emitir la sentencia condenatoria en contra de Flor Idalia.
Los hechos ocurrieron la tarde del 30 de agosto de 2017, cuando la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la zona centro del municipio de Xilitla, y recibió una llamada de un número desconocido, quien se identificó como un integrante de una organización del crimen organizado.
El sujeto le advirtió que, si le colgaba y no obedecía sus órdenes, lo mataría, al igual que a sus familiares, por lo que lo obligó a salir de su vivienda y trasladarse a Axtla de Terrazas para hospedarse en un hotel. Ahí, la ahora sentenciada, acudió a visitarlo para darle instrucciones de los presuntos secuestradores.
En el hotel, la mujer le ordenó salir a dar una vuelta rumbo al panteón, donde le pidió acostarse en la parte de atrás boca abajo y de esa forma le tomó una foto para enviarla a la familia, a quien también se encontraban extorsionando. Luego lo regresó a su habitación, no sin antes despojarlo del dinero en efectivo que traía y de las llaves de la unidad.
La ahora sentenciada cambió el chip del teléfono del afectado para que no tuviera comunicación con nadie y también lo video grabó en ropa interior, donde la víctima informaba que estaba secuestrado y que juntaran la cantidad que les estaban solicitando para dejarlo en libertad. Después ella salió del lugar y lo amenazó con matarlo si huía del hotel.
Durante toda la noche la víctima estuvo en contacto con otros sujetos que le daban órdenes para presionar a su familia para que juntaran la cantidad de 200 mil pesos, siendo hasta un día después que agentes de la Policía Estatal lograron rescatarlo sano y salvo, informándole que había sido víctima de un secuestro virtual.
Los policías también lograron detener a la presunta responsable y con los datos de prueba que se aportaron a la carpeta de investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión en contra de Flor Idalia, de 22 años de edad.
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El alcalde Enrique Galindo refirió el censo elaborado por la administración municipal, que no supera los 500 comerciantes en más de tres años y medio
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que en los últimos tres años y medio no se han otorgados nuevos permisos para la colocación de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, además que actualmente de acuerdo a un censo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la asociación “Nuestro Centro”, no existen más de 500 comerciantes dedicados a esta actividad
Lo anterior, tras el señalamiento e Alejandrina Cedillo, empresaria potosina, de una falta de atención a esta materia por parte de la Dirección de Comercio. Agregó que Alejandrina ha formado parte de las reuniones entre el Ayuntamiento capitalino y la organizacion Nuestro Centro (presidida por Monica Heredia), con quienes se han logrado acuerdos y planes de accion en la material
Señaló que estos 500 comerciantes suelen trasladarse entre las diferentes plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que se ha buscado mantener el control de esta actividad informal.
El alcalde capitalino, asimismo, señaló que el comercio informal representa una oportunidad de vida para quienes la ejercen, por lo que recordó que la intención de la administración municipal es mantener económicamente activo a este sector y no ejerciendo actividades ilícitas.
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Tras el primer año de la actual legislatura, Cuauhtli Badillo resaltó la aprobación de 19 reformas constitucionales
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo calificó el primer año del Congreso del Estado como “la Legislatura de la Transformación”, pues en ese periodo se aprobaron 19 reformas constitucionales y avances en temas rezagados como la interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria y la creación de leyes de consulta ciudadana.
Señaló que la Ley de Amnistía e Indulto —pendiente desde hace años— podría aprobarse en un próximo periodo extraordinario. Sin embargo, aún hay iniciativas relevantes sin resolver, como la castración química a violadores, la Ley de Movilidad y otras propu estas que han quedado en espera de discusión.
Un punto que ha generado críticas es que, en lo que va de esta legislatura, todas las iniciativas ciudadanas presentadas han sido desechadas
En el plano político, Badillo aseguró que desde el inicio de la legislatura los 27 diputados acordaron priorizar el consenso sobre las diferencias ideológicas para trabajar en ordenamientos que beneficien a la ciudadanía.
“Yo creo que al día de hoy hemos trabajado con respeto, todos y cada uno se ha conducido con cordialidad. Así seguirá la dinámica para seguir dando resultados positivos y favorables”, afirmó.
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Juan Carlos Torres recordó que ninguna escuela en SLP puede condicionar la entrega de certificados o boletas a pagos o compras obligatorias
Por: Redacción
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pidió a madres, padres y tutores denunciar cualquier caso en el que escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a pagos o compras de materiales.
Explicó que, aunque estas prácticas ocurren en ocasiones, no están permitidas en escuelas públicas. “A veces condicionan a que paguen una cuota, compren un uniforme, un libro o algún bien, y esto no está permitido”, señaló.
En el caso de instituciones particulares, reconoció que pueden existir acuerdos con asociaciones de padres de familia, pero recalcó que las cuotas son voluntarias. “Agradecemos a los padres que colaboran con material de limpieza y mantenimiento, pero no es obligatorio”, añadió.
Torres Cedillo dijo que, cuando se detecta una irregularidad, la SEGE interviene para resolver el conflicto y, en casos graves, aplicar sanciones. Sin embargo, afirmó que no se busca “desprestigiar” a las instituciones y que solo se hace público el nombre de las escuelas cuando se llega a un procedimiento sancionador formal.
El funcionario reiteró que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes, sin importar si asisten a instituciones públicas o privadas, desde preescolar hasta universidad.
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