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Aquos-Aqualia, la empresa que ha dejado sin agua a SLP durante 11 años

La presa de El Realito debería resolver los problemas de abastecimiento de la ciudad, sin embargo, la compañía concesionada para operarla ha incumplido reiteradamente todos sus compromisos
Por: Ana G Silva
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona le planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador suspender la concesión de Aquos (Aqualia) la empresa operadora de la presa El Realito, esto debido a las constantes fallas para garantizar el suministro de agua, lo que tiene a la zona metropolitana de San Luis Potosí al borde de una crisis de abasto, lo que ha obligado a los gobiernos estatal y municipal a activar un plan de recuperación y creación de infraestructura para sustituir el agua que debería repartir la presa, pues esta estará fuera de servicio durante meses, mientras se repara su cortina, no obstante, los problemas que la empresa, subsidiaria de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), ha dado a la entidad no son nuevos y se remontan el año 2009.
De acuerdo con el Specialist Centre on PPPs in Smart and Sustainable Cities (PPP for Cities), un centro de investigación que asesora a administraciones públicas de todo el mundo para el apoyo en el desarrollo de proyectos de colaboración entre el sector público y el privado, en un estudio titulado “Acueducto El Realito (México)”, el contrato de prestación de servicios con Aquos-El Realito se firmó el 3 de julio de 2009 con la Comisión Estatal de Agua (CEA) e Interapas y se fijó el periodo de operación de la concesión para 23 años, Marcelo de los Santos era el gobernador y Felipe Calderón el presidente de la República, es importante señalar esta información, pues los trabajos se hicieron con aportaciones públicas provenientes de la Federación y el estado.
La construcción de la presa El Realito en el Río Santa María, ubicada en el municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, y su ducto de distribución de agua, finalizó el 9 de octubre de 2012, en una ceremonia donde estuvo presente Felipe Calderón y el entonces gobernador del estado potosino Fernando Toranzo, en uno de los últimos actos públicos que realizó el panista, quien dejaría la presidencia en diciembre de este mismo año. Aquí se puede detectar la primera de las irregularidades de esta obra, pues aunque se “inauguró”, no comenzó a operar sino hasta tres años después
El Realito comenzó a operar en 2015, cuando Toranzo y Enrique Peña Nieto, entonces presidente, la pusieron en funcionamiento oficialmente, y se dijo que tuvo una inversión pública de 2 mil 764 millones de pesos (42 por ciento federal y 58 por ciento estatal).
El periodico La Jornada indicó que en 2016, a un año de ser inaugurado, El Realito registró las primeras tres fugas y desde entonces este tipo de inconvenientes son una constante. La CEA de San Luis Potosí, encabezada por Benjamín Pérez Álvarez, anunció, en diciembre del año pasado, que era necesaria la sustitución de prácticamente toda la tubería, pues Aquos uso materiales de baja calidad.
Pérez Álvarez dijo que la sustitución del acueducto de El Realito tendrá una inversión de 150 millones de pesos, que serán pagados por parte de la empresa e incluye la sustitución de los mil 800 metros de tubo, la colocación de válvulas de admisión y expulsión de aire y la construcción de un tanque de almacenamiento a la salida de la planta potabilizadora en Tierra Nueva. En lo que va del 2023, se han reportado 10 nuevas fallas, lo que se traduce en que solo ha operado cinco semanas de las 15 que ya han transcurrido.
La primera vez que se planteó iniciar acciones para cancelar la concesión a Aquos fue en agosto de 2018: Jesús Medina Salazar, ex titular de CEA durante la administración de Juan Manuel Carreras, confirmó un expediente que derivaría en la cancelación de la concesión, pues 350 mil personas eran afectadas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que inició una queja de oficio por el desabasto de agua potable; no obstante, ya no se mencionó sobre el asunto y la empresa continuó con sus operaciones.
La empresa también ha sido denunciada por incumplimiento de pagos, como el ocurrido en julio de 2020 por la empresa operadora El Realito SA de CV (OERSA) a quien Aquos adeudaba 121 millones de pesos, por tanto se advertía sobre el paro de operaciones.
Ya con Ricardo Gallardo Cardona como gobernador, el Gobierno de San Luis Potosí, en 2022, le dio un ultimátum a Aquos para resolver el problema de abasto de agua, pero en el mes de marzo de este año, el mandatario estatal anunció que los municipios que se ven beneficiados por el abasto de agua de El Realito se quedará sin el servicio por al menos un año, debido a que la cortina de la presa presenta fisuras y deben ser reparadas.
Los gobiernos estatal y municipal anunciaron un Plan Emergente ante la crisis hídrica que sufrirá la capital por las reparaciones en El Realito, en el que incluso se destinarán recursos de obras públicas para combatir el problema.
López Obrador estuvo en San Luis el pasado 14 de abril, y previo al evento protocolario para oficializar la federalización de los servicios de salud, se pudo ver cómo ante los cuestionamiento de la prensa al presidente sobre el tema del desabasto, Ricardo Gallardo le sugiere al presidente “ver el cambio de la concesión”, a lo que el mandatario le responde que se haga de inmediato, a lo que el gobernador le menciona a Andrés Manuel que es un tema que debe atender Germán Martínez Santoyo, titular de la Comisión Nacional del Agua, el jefe del Ejecutivo responde: “a lo mejor se lo cambiamos” y ambos salen de la escena sin dar más información. Cabe hacer mención que la concesión de ICA vence hasta el año 2034 y por ella recibe mensualmente 24 millones de pesos por parte del gobierno de San Luis.
También lee: Onceava falla de El Realito dejará sin agua a 250 mil potosinos
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También lee: Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
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