noviembre 18, 2026

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Aquí el resumen del debate a la gubernatura de San Luis Potosí

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Un mal formato, poca confrontación, cuestionamientos tibios, posturas sin aclarar sobre el aborto y autos eléctricos…

Por: Karina González

Este domingo se desarrolló el primer debate entre los nueve candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el evento se dividió en tres segmentos en donde se abordaron los temas de seguridad, salud y educación.

Pese a que el debate estaba programado las iniciar a las 19:00 horas, fue hasta las 19:30 que dio inicio el proceso que involucró a los nueve aspirantes, Arturo Segoviano, por la vía independiente; Octavio Pedroza de la coalición Sí por San Luis; Juan Carlos Machinena de Fuerza por México; Marvely Costanzo de Movimiento Ciudadano; Adrián Esper del Partido Encuentro Solidario (PES); Ricardo de Juntos Haremos Historia; Mónica Rangel de Morena; Francisco Rico de Nueva Alianza, quien estuvo de forma virtual debido a que está infectado de covid-19 y José Luis Romero de Redes Sociales Progresistas.

En el primer segmento, se cuestionó a los candidatos sobre el tema de seguridad, donde se mencionó que hay muchas reformas pero pocos avances y su estrategia para combatir el delito, al respecto la candidata Mónica Rangel, que inició el proceso de debate señaló que tendrá cinco ejes para esta materia, entre los que destacó que priorizará las prestaciones para los oficiales de policía, la administración del recurso público y tener policías de confianza. Por su parte, José Luis Romero Calzada indicó que será a través del diálogo que se puede resolver el problema de inseguridad y afirmó que creará una dirección para dialogar “para construir un San Luis mejor”, además indicó que no buscaría contratar más policías, sino fortalecer las instituciones como ya existen. La última participación de este grupo fue para Marvely Costanzo, quien opinó que duplicará el presupuesto para crear una policía eficaz con equipamiento, proximidad social y equidad de género, además de la creación de una Fiscalía especializada en violencia de género y que será encabezada por una mujer.

En el segundo grupo también sobre el tema de seguridad se preguntó a los aspirantes a gobernar el estado la propuesta para mejorar la percepción del 80 por ciento de la ciudadanía que dicen sentirse inseguros.

En esta ronda inició Adrián Esper Cárdenas, quién indicó que iniciará una “lucha feroz” en contra del sistema de forma radical y que buscará “sacarlo del gobierno” también hizo hincapié en que la firma para combatir la inseguridad será con la implementación de vehículos eléctricos en todos los municipios, sin embargo no pudo concluir, pues se agotaron los dos minutos de su participación. Continuó la ronda con Ricardo Gallardo, quien indicó que siete de cada diez potosinos se sienten inseguros en sus casas, por lo que propuso tres acciones: una Guardia Civil que trabaje de la mano de la Guardia Nacional; renovar la Fiscalía General del Estado para promover la cultura de la denuncia entre las personas; y garantizar la seguridad a las mujeres con albergues para quienes sufren violencia de género. “Vamos a gobernar con muchos huevos San Luis Potosí”, dijo al concluir su participación. Posteriormente se tuvo la participación virtual del candidato Francisco Rico, quien afirmó que establecerá refugios en los 58 municipios y dignificará la labor de los policías construyendo una universidad para estudiar sobre la seguridad. Asimismo apuntó que habrá que mejorar la vigilancia a través de cámaras, drones y equipo táctico de última generación para recomponer el tejido social.

En las réplicas no hubo debate entre los candidatos, cada uno aprovechó su tiempo para continuar exponiendo sus propuestas. El primero en intervenir fue Ricardo Gallardo quien afirmó que su gobierno no escatimará recursos en seguridad. A su vez, el candidato del PES mencionó que él no hará promesas que no pueda cumplir y reiteró su compromiso para equi
par con vehículos eléctricos a todos los municipios. Francisco Rico insistió en que como docente, tiene la sensibilidad para estar cerca de sus familias y puntualizó que significando a los policías podrán servir a la sociedad de manera eficiente. Para cerrar el grupo, nuevamente tomó la palabra Gallardo, quien profundizó en la importancia de denunciar los delitos ante las instancias correspondientes.

En el tercer grupo, los candidatos opinaron sobre las estrategias para incentivar la participación de la población para denunciar delitos. Al respecto Octavio Pedroza quien aseguró que el problema de la inseguridad es la impunidad, por lo que lejos de fomentar la denuncia, dijo, sería un proceso inconcluso, se debe fomentar la participación ciudadana, para mejorar la seguridad de manera integral y transversal y aumentar el número de policías en la corporación. En el turno de la voz, el candidato independiente, Arturo Segoviano dijo no estar de acuerdo con ninguna propuesta hecha por sus rivales pues afirmó que siguen siendo de interés para los funcionarios públicos y ni para la ciudadanía, afirmó que la seguridad e impunidad no se resuelven con más policías con armamento y presupuesto, sino dignificando el trabajo y enfrentar la impunidad con prevención e inteligencia y no con reacción, sin embargo, no pudo concluir, pues consumió los dos minutos de su participación. El siguiente fue Juan Carlos Machinena de Fuerza por México quien indicó que su propuesta se basa en el factor humano, garantizando seguros mutualistas a los oficiales de la policía; y en el factor tecnológico al cambiar todo el sistema de cámaras de videovigilancia a las de una empresa mexicana, garantizando su funcionamiento a un mejor precio.

En las réplicas, Octavio Pedroza aprovechó para señalarle al candidato del Partido Verde que modificar la Fiscalía y constituir una Guardia Civil es un tema del Poder Legislativo. Mientras, Segoviano continuó con la propuesta de generar mesas ciudadanas para la gobernabilidad. Y Juan Carlos Machinena, dijo a sus adversarios que no alcanza el presupuesto para incluir 3 mil policías más.

En la segunda parte del debate, sobre el tema de salud, se preguntó a los aspirantes la propuesta para mejorar condiciones de hospitales, centros de salud y trabajadores del sector.

La primera participación fue de Arturo Segoviano quien acusó a sus compañeros de exponer la salud de los ciudadanos al no respetar las normas de higiene por la pandemia y convocar a eventos masivos. Por otra parte, Mónica Rangel propuso cuatro ejes para abordar estas problemáticas, entre las que destacaron el incremento salarial para los trabajadores de la salud, vacunas para todos los ciudadanos e infraestructura para fortalecer las instituciones, sin embargo no alcanzó a exponer todos los puntos pues consumió el tiempo de participación. Octavio Pedroza propuso un esquema de inversión público-privadas, la creación de un hospital en la huasteca sur y la atención a través de videoconsultas, en zonas donde no hay suficientes médicos. Habló sobre la prevención para combatir las enfermedades crónicas y el abasto de medicamentos.

Al respecto, Segoviano afirmó que trabajará en mesas ciudadanas de gobernabilidad con expertos y ciudadanos que cuiden los presupuestos en la Secretaría de Salud. Mónica Rangel insistió que se requerir una inversión superior a la que entrega el gobierno federal y Octavio Pedroza recordó que a la llegada de la Cuarta Transformación se eliminaron programas como el Seguro Popular, que el Insabi no ha logrado sustituir.

En el grupo dos, se cuestionó sobre el control de la pandemia y la forma en que se va a contener la propagación del virus de covid-19. Adrián Esper se enfocó en el comercio y reclamó que en 2020 miles de comercios en Ciudad Valles cerraron por la pandemia, pero nuevamente el tiempo no fue suficiente para que concluyera su ponencia.

José Luis Romero Calzada indicó que hay escasez de medicamentos y reclamó que la candidata de Morena, Mónica Rangel se haya retirado del cargo en la Secretaría de Salud dejando el 50 por cien
to de hospitales y clínicas cerradas y sub insumos “ya dejémonos de chingaderas y de mamadas”, dijo el candidato, hecho por el que le hicieron moción de respeto y le solicitaron moderar el lenguaje en sus participaciones. Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la salud no es un juego y destacó tres acciones primordiales para atender la pandemia. La creación de cinco hospitales de especialidades, el abasto de medicamento gratuito en todo el estado y reformar el sistema de salud pública, con protección a derechos salariales y prestaciones para los trabajadores y basificar a los médicos.

En las réplicas, Adrián Esper insistió en que instalar paneles solares y autos eléctricos para garantizar la movilización de pacientes a clínicas y hospitales. Mientras que Romero Calzada habló sobre una reconstrucción del sistema de salud desde las bases. Y Gallardo Cardona insistió en la importancia de abastecer de suficientes medicamentos a los centros de salud del estado.

En el tercer grupo sobre el derecho a la salud y cómo propondrían mejorar la accesibilidad a los servicios de salud, Francisco Rico habló sobre atención a través de la telemedicina y promover las especialidades al interior del estado e instalar la primera clínica de hemodiálisis en la huasteca. Marvely Costanzo propuso un sistema para reemplazar al Seguro Popular con accesibilidad económica para todos los que ya no reciben este programa. En esa ronda Costanzo tuvo el que, tal vez, fue el momento más importante del debate: se dijo a favor del aborto y cuestionó a Octavio Pedroza, Mónica Rangel y Ricardo Gallardo sobre su postura acerca de la legalización de la interrupción del embarazo: “no van a responder”, sentenció.
Por su parte, Juan Carlos Machinena habló sobre una ciudad médica con brazos industriales farmacéuticos.

El último tema fue el de educación superior, donde Arturo Segoviano habló sobre la necesidad de crear un programa manufacturero que prepare a los jóvenes para trabajar en las armadoras de la zona industrial. Octavio Pedroza continuó hablando sobre seguridad y salud. Y Juan Carlos Machinena habló sobre crear una universidad en Cerro de San Pedro con enfoque al cine.

Marvely Costanzo indicó que ejecutará un plan de cuatro zonas industriales e implantar una sociedad que apueste por la ciencia, tecnología y el arte como objetos de estudio, además, propuso duplicar el número de universidades públicas para facilitar el acceso a todos los estudiantes. Adrián Esper insistió en la importancia de los autos Tesla y la importancia de distribuir los recursos para todo el estado. Y Ricardo Gallardo prometió el retiro de las cuotas escolares, además de facilitar transporte gratuito e Internet para las cuatro regiones de San Luis Potosí.

En la última ronda, Mónica Rangel habló de la recuperación de la educación cívica y la ampliación de los campus en las universidades, además de la construcción de nuevos centros de bachillerato y becas otorgadas por el gobierno federal. Por su parte el profesor Francisco Rico señaló la importancia de la educación de los docentes y la promoción de la educación a distancia para impulsar los posgrados en esta modalidad. Finalmente José Luis Romero comentó la necesidad de descentralizar el presupuesto en esta materia.

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Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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