noviembre 5, 2026

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Aquí el resumen del debate a la gubernatura de San Luis Potosí

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Un mal formato, poca confrontación, cuestionamientos tibios, posturas sin aclarar sobre el aborto y autos eléctricos…

Por: Karina González

Este domingo se desarrolló el primer debate entre los nueve candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el evento se dividió en tres segmentos en donde se abordaron los temas de seguridad, salud y educación.

Pese a que el debate estaba programado las iniciar a las 19:00 horas, fue hasta las 19:30 que dio inicio el proceso que involucró a los nueve aspirantes, Arturo Segoviano, por la vía independiente; Octavio Pedroza de la coalición Sí por San Luis; Juan Carlos Machinena de Fuerza por México; Marvely Costanzo de Movimiento Ciudadano; Adrián Esper del Partido Encuentro Solidario (PES); Ricardo de Juntos Haremos Historia; Mónica Rangel de Morena; Francisco Rico de Nueva Alianza, quien estuvo de forma virtual debido a que está infectado de covid-19 y José Luis Romero de Redes Sociales Progresistas.

En el primer segmento, se cuestionó a los candidatos sobre el tema de seguridad, donde se mencionó que hay muchas reformas pero pocos avances y su estrategia para combatir el delito, al respecto la candidata Mónica Rangel, que inició el proceso de debate señaló que tendrá cinco ejes para esta materia, entre los que destacó que priorizará las prestaciones para los oficiales de policía, la administración del recurso público y tener policías de confianza. Por su parte, José Luis Romero Calzada indicó que será a través del diálogo que se puede resolver el problema de inseguridad y afirmó que creará una dirección para dialogar “para construir un San Luis mejor”, además indicó que no buscaría contratar más policías, sino fortalecer las instituciones como ya existen. La última participación de este grupo fue para Marvely Costanzo, quien opinó que duplicará el presupuesto para crear una policía eficaz con equipamiento, proximidad social y equidad de género, además de la creación de una Fiscalía especializada en violencia de género y que será encabezada por una mujer.

En el segundo grupo también sobre el tema de seguridad se preguntó a los aspirantes a gobernar el estado la propuesta para mejorar la percepción del 80 por ciento de la ciudadanía que dicen sentirse inseguros.

En esta ronda inició Adrián Esper Cárdenas, quién indicó que iniciará una “lucha feroz” en contra del sistema de forma radical y que buscará “sacarlo del gobierno” también hizo hincapié en que la firma para combatir la inseguridad será con la implementación de vehículos eléctricos en todos los municipios, sin embargo no pudo concluir, pues se agotaron los dos minutos de su participación. Continuó la ronda con Ricardo Gallardo, quien indicó que siete de cada diez potosinos se sienten inseguros en sus casas, por lo que propuso tres acciones: una Guardia Civil que trabaje de la mano de la Guardia Nacional; renovar la Fiscalía General del Estado para promover la cultura de la denuncia entre las personas; y garantizar la seguridad a las mujeres con albergues para quienes sufren violencia de género. “Vamos a gobernar con muchos huevos San Luis Potosí”, dijo al concluir su participación. Posteriormente se tuvo la participación virtual del candidato Francisco Rico, quien afirmó que establecerá refugios en los 58 municipios y dignificará la labor de los policías construyendo una universidad para estudiar sobre la seguridad. Asimismo apuntó que habrá que mejorar la vigilancia a través de cámaras, drones y equipo táctico de última generación para recomponer el tejido social.

En las réplicas no hubo debate entre los candidatos, cada uno aprovechó su tiempo para continuar exponiendo sus propuestas. El primero en intervenir fue Ricardo Gallardo quien afirmó que su gobierno no escatimará recursos en seguridad. A su vez, el candidato del PES mencionó que él no hará promesas que no pueda cumplir y reiteró su compromiso para equi
par con vehículos eléctricos a todos los municipios. Francisco Rico insistió en que como docente, tiene la sensibilidad para estar cerca de sus familias y puntualizó que significando a los policías podrán servir a la sociedad de manera eficiente. Para cerrar el grupo, nuevamente tomó la palabra Gallardo, quien profundizó en la importancia de denunciar los delitos ante las instancias correspondientes.

En el tercer grupo, los candidatos opinaron sobre las estrategias para incentivar la participación de la población para denunciar delitos. Al respecto Octavio Pedroza quien aseguró que el problema de la inseguridad es la impunidad, por lo que lejos de fomentar la denuncia, dijo, sería un proceso inconcluso, se debe fomentar la participación ciudadana, para mejorar la seguridad de manera integral y transversal y aumentar el número de policías en la corporación. En el turno de la voz, el candidato independiente, Arturo Segoviano dijo no estar de acuerdo con ninguna propuesta hecha por sus rivales pues afirmó que siguen siendo de interés para los funcionarios públicos y ni para la ciudadanía, afirmó que la seguridad e impunidad no se resuelven con más policías con armamento y presupuesto, sino dignificando el trabajo y enfrentar la impunidad con prevención e inteligencia y no con reacción, sin embargo, no pudo concluir, pues consumió los dos minutos de su participación. El siguiente fue Juan Carlos Machinena de Fuerza por México quien indicó que su propuesta se basa en el factor humano, garantizando seguros mutualistas a los oficiales de la policía; y en el factor tecnológico al cambiar todo el sistema de cámaras de videovigilancia a las de una empresa mexicana, garantizando su funcionamiento a un mejor precio.

En las réplicas, Octavio Pedroza aprovechó para señalarle al candidato del Partido Verde que modificar la Fiscalía y constituir una Guardia Civil es un tema del Poder Legislativo. Mientras, Segoviano continuó con la propuesta de generar mesas ciudadanas para la gobernabilidad. Y Juan Carlos Machinena, dijo a sus adversarios que no alcanza el presupuesto para incluir 3 mil policías más.

En la segunda parte del debate, sobre el tema de salud, se preguntó a los aspirantes la propuesta para mejorar condiciones de hospitales, centros de salud y trabajadores del sector.

La primera participación fue de Arturo Segoviano quien acusó a sus compañeros de exponer la salud de los ciudadanos al no respetar las normas de higiene por la pandemia y convocar a eventos masivos. Por otra parte, Mónica Rangel propuso cuatro ejes para abordar estas problemáticas, entre las que destacaron el incremento salarial para los trabajadores de la salud, vacunas para todos los ciudadanos e infraestructura para fortalecer las instituciones, sin embargo no alcanzó a exponer todos los puntos pues consumió el tiempo de participación. Octavio Pedroza propuso un esquema de inversión público-privadas, la creación de un hospital en la huasteca sur y la atención a través de videoconsultas, en zonas donde no hay suficientes médicos. Habló sobre la prevención para combatir las enfermedades crónicas y el abasto de medicamentos.

Al respecto, Segoviano afirmó que trabajará en mesas ciudadanas de gobernabilidad con expertos y ciudadanos que cuiden los presupuestos en la Secretaría de Salud. Mónica Rangel insistió que se requerir una inversión superior a la que entrega el gobierno federal y Octavio Pedroza recordó que a la llegada de la Cuarta Transformación se eliminaron programas como el Seguro Popular, que el Insabi no ha logrado sustituir.

En el grupo dos, se cuestionó sobre el control de la pandemia y la forma en que se va a contener la propagación del virus de covid-19. Adrián Esper se enfocó en el comercio y reclamó que en 2020 miles de comercios en Ciudad Valles cerraron por la pandemia, pero nuevamente el tiempo no fue suficiente para que concluyera su ponencia.

José Luis Romero Calzada indicó que hay escasez de medicamentos y reclamó que la candidata de Morena, Mónica Rangel se haya retirado del cargo en la Secretaría de Salud dejando el 50 por cien
to de hospitales y clínicas cerradas y sub insumos “ya dejémonos de chingaderas y de mamadas”, dijo el candidato, hecho por el que le hicieron moción de respeto y le solicitaron moderar el lenguaje en sus participaciones. Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la salud no es un juego y destacó tres acciones primordiales para atender la pandemia. La creación de cinco hospitales de especialidades, el abasto de medicamento gratuito en todo el estado y reformar el sistema de salud pública, con protección a derechos salariales y prestaciones para los trabajadores y basificar a los médicos.

En las réplicas, Adrián Esper insistió en que instalar paneles solares y autos eléctricos para garantizar la movilización de pacientes a clínicas y hospitales. Mientras que Romero Calzada habló sobre una reconstrucción del sistema de salud desde las bases. Y Gallardo Cardona insistió en la importancia de abastecer de suficientes medicamentos a los centros de salud del estado.

En el tercer grupo sobre el derecho a la salud y cómo propondrían mejorar la accesibilidad a los servicios de salud, Francisco Rico habló sobre atención a través de la telemedicina y promover las especialidades al interior del estado e instalar la primera clínica de hemodiálisis en la huasteca. Marvely Costanzo propuso un sistema para reemplazar al Seguro Popular con accesibilidad económica para todos los que ya no reciben este programa. En esa ronda Costanzo tuvo el que, tal vez, fue el momento más importante del debate: se dijo a favor del aborto y cuestionó a Octavio Pedroza, Mónica Rangel y Ricardo Gallardo sobre su postura acerca de la legalización de la interrupción del embarazo: “no van a responder”, sentenció.
Por su parte, Juan Carlos Machinena habló sobre una ciudad médica con brazos industriales farmacéuticos.

El último tema fue el de educación superior, donde Arturo Segoviano habló sobre la necesidad de crear un programa manufacturero que prepare a los jóvenes para trabajar en las armadoras de la zona industrial. Octavio Pedroza continuó hablando sobre seguridad y salud. Y Juan Carlos Machinena habló sobre crear una universidad en Cerro de San Pedro con enfoque al cine.

Marvely Costanzo indicó que ejecutará un plan de cuatro zonas industriales e implantar una sociedad que apueste por la ciencia, tecnología y el arte como objetos de estudio, además, propuso duplicar el número de universidades públicas para facilitar el acceso a todos los estudiantes. Adrián Esper insistió en la importancia de los autos Tesla y la importancia de distribuir los recursos para todo el estado. Y Ricardo Gallardo prometió el retiro de las cuotas escolares, además de facilitar transporte gratuito e Internet para las cuatro regiones de San Luis Potosí.

En la última ronda, Mónica Rangel habló de la recuperación de la educación cívica y la ampliación de los campus en las universidades, además de la construcción de nuevos centros de bachillerato y becas otorgadas por el gobierno federal. Por su parte el profesor Francisco Rico señaló la importancia de la educación de los docentes y la promoción de la educación a distancia para impulsar los posgrados en esta modalidad. Finalmente José Luis Romero comentó la necesidad de descentralizar el presupuesto en esta materia.

Lee también: Todos y todas ganaron el debate… según ellos

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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel

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SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz

Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.

Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.

¿A quiénes alcanza?

La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.

Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.

¿Cómo se evaluará?

El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).

Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.

Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.

Las consecuencias no son menores.

Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.

Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.

El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses

para resolver. Sus resoluciones se consideran inatacables dentro de este mecanismo.

¿Y qué sucede durante 2026?

El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.

El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.

La memoria de 2024 no puede borrarse.

Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.

Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.

La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.

El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.

Lee también: Poder Judicial: ¿austeridad o incertidumbre laboral?

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Caravana de migrantes será vigilada también por aire, dice Gallardo

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El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.

Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.

La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes

acompañarán a las familias, como en las cinco ediciones anteriores.

El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.

El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.

También lee: Gallardo presume cero observaciones financieras en auditoría de 2025

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Fenapo rompió récord de visitas, pero no de ocupación hotelera

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Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas

Por: Ana G Silva

Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.

Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.

Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.

Más visitas a la feria, menos noches de hotel

Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos

abajo.

En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.

Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.

La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.

El año también va abajo

De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.

Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.

En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.

También lee: Katy Perry, seguridad reforzada y hoteles llenos marcan la Fenapo

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