Destacadas
Aquí el resumen del debate a la gubernatura de San Luis Potosí
Un mal formato, poca confrontación, cuestionamientos tibios, posturas sin aclarar sobre el aborto y autos eléctricos…
Por: Karina González
Este domingo se desarrolló el primer debate entre los nueve candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el evento se dividió en tres segmentos en donde se abordaron los temas de seguridad, salud y educación.
Pese a que el debate estaba programado las iniciar a las 19:00 horas, fue hasta las 19:30 que dio inicio el proceso que involucró a los nueve aspirantes, Arturo Segoviano, por la vía independiente; Octavio Pedroza de la coalición Sí por San Luis; Juan Carlos Machinena de Fuerza por México; Marvely Costanzo de Movimiento Ciudadano; Adrián Esper del Partido Encuentro Solidario (PES); Ricardo de Juntos Haremos Historia; Mónica Rangel de Morena; Francisco Rico de Nueva Alianza, quien estuvo de forma virtual debido a que está infectado de covid-19 y José Luis Romero de Redes Sociales Progresistas.
En el primer segmento, se cuestionó a los candidatos sobre el tema de seguridad, donde se mencionó que hay muchas reformas pero pocos avances y su estrategia para combatir el delito, al respecto la candidata Mónica Rangel, que inició el proceso de debate señaló que tendrá cinco ejes para esta materia, entre los que destacó que priorizará las prestaciones para los oficiales de policía, la administración del recurso público y tener policías de confianza. Por su parte, José Luis Romero Calzada indicó que será a través del diálogo que se puede resolver el problema de inseguridad y afirmó que creará una dirección para dialogar “para construir un San Luis mejor”, además indicó que no buscaría contratar más policías, sino fortalecer las instituciones como ya existen. La última participación de este grupo fue para Marvely Costanzo, quien opinó que duplicará el presupuesto para crear una policía eficaz con equipamiento, proximidad social y equidad de género, además de la creación de una Fiscalía especializada en violencia de género y que será encabezada por una mujer.
En el segundo grupo también sobre el tema de seguridad se preguntó a los aspirantes a gobernar el estado la propuesta para mejorar la percepción del 80 por ciento de la ciudadanía que dicen sentirse inseguros.
En esta ronda inició Adrián Esper Cárdenas, quién indicó que iniciará una “lucha feroz” en contra del sistema de forma radical y que buscará “sacarlo del gobierno” también hizo hincapié en que la firma para combatir la inseguridad será con la implementación de vehículos eléctricos en todos los municipios, sin embargo no pudo concluir, pues se agotaron los dos minutos de su participación. Continuó la ronda con Ricardo Gallardo, quien indicó que siete de cada diez potosinos se sienten inseguros en sus casas, por lo que propuso tres acciones: una Guardia Civil que trabaje de la mano de la Guardia Nacional; renovar la Fiscalía General del Estado para promover la cultura de la denuncia entre las personas; y garantizar la seguridad a las mujeres con albergues para quienes sufren violencia de género. “Vamos a gobernar con muchos huevos San Luis Potosí”, dijo al concluir su participación. Posteriormente se tuvo la participación virtual del candidato Francisco Rico, quien afirmó que establecerá refugios en los 58 municipios y dignificará la labor de los policías construyendo una universidad para estudiar sobre la seguridad. Asimismo apuntó que habrá que mejorar la vigilancia a través de cámaras, drones y equipo táctico de última generación para recomponer el tejido social.
En las réplicas no hubo debate entre los candidatos, cada uno aprovechó su tiempo para continuar exponiendo sus propuestas. El primero en intervenir fue Ricardo Gallardo quien afirmó que su gobierno no escatimará recursos en seguridad. A su vez, el candidato del PES mencionó que él no hará promesas que no pueda cumplir y reiteró su compromiso para equi
par con vehículos eléctricos a todos los municipios. Francisco Rico insistió en que como docente, tiene la sensibilidad para estar cerca de sus familias y puntualizó que significando a los policías podrán servir a la sociedad de manera eficiente. Para cerrar el grupo, nuevamente tomó la palabra Gallardo, quien profundizó en la importancia de denunciar los delitos ante las instancias correspondientes.
En el tercer grupo, los candidatos opinaron sobre las estrategias para incentivar la participación de la población para denunciar delitos. Al respecto Octavio Pedroza quien aseguró que el problema de la inseguridad es la impunidad, por lo que lejos de fomentar la denuncia, dijo, sería un proceso inconcluso, se debe fomentar la participación ciudadana, para mejorar la seguridad de manera integral y transversal y aumentar el número de policías en la corporación. En el turno de la voz, el candidato independiente, Arturo Segoviano dijo no estar de acuerdo con ninguna propuesta hecha por sus rivales pues afirmó que siguen siendo de interés para los funcionarios públicos y ni para la ciudadanía, afirmó que la seguridad e impunidad no se resuelven con más policías con armamento y presupuesto, sino dignificando el trabajo y enfrentar la impunidad con prevención e inteligencia y no con reacción, sin embargo, no pudo concluir, pues consumió los dos minutos de su participación. El siguiente fue Juan Carlos Machinena de Fuerza por México quien indicó que su propuesta se basa en el factor humano, garantizando seguros mutualistas a los oficiales de la policía; y en el factor tecnológico al cambiar todo el sistema de cámaras de videovigilancia a las de una empresa mexicana, garantizando su funcionamiento a un mejor precio.
En las réplicas, Octavio Pedroza aprovechó para señalarle al candidato del Partido Verde que modificar la Fiscalía y constituir una Guardia Civil es un tema del Poder Legislativo. Mientras, Segoviano continuó con la propuesta de generar mesas ciudadanas para la gobernabilidad. Y Juan Carlos Machinena, dijo a sus adversarios que no alcanza el presupuesto para incluir 3 mil policías más.
En la segunda parte del debate, sobre el tema de salud, se preguntó a los aspirantes la propuesta para mejorar condiciones de hospitales, centros de salud y trabajadores del sector. 
Al respecto, Segoviano afirmó que trabajará en mesas ciudadanas de gobernabilidad con expertos y ciudadanos que cuiden los presupuestos en la Secretaría de Salud. Mónica Rangel insistió que se requerir una inversión superior a la que entrega el gobierno federal y Octavio Pedroza recordó que a la llegada de la Cuarta Transformación se eliminaron programas como el Seguro Popular, que el Insabi no ha logrado sustituir.
En el grupo dos, se cuestionó sobre el control de la pandemia y la forma en que se va a contener la propagación del virus de covid-19. Adrián Esper se enfocó en el comercio y reclamó que en 2020 miles de comercios en Ciudad Valles cerraron por la pandemia, pero nuevamente el tiempo no fue suficiente para que concluyera su ponencia.
José Luis Romero Calzada indicó que hay escasez de medicamentos y reclamó que la candidata de Morena, Mónica Rangel se haya retirado del cargo en la Secretaría de Salud dejando el 50 por cien
to de hospitales y clínicas cerradas y sub insumos “ya dejémonos de chingaderas y de mamadas”, dijo el candidato, hecho por el que le hicieron moción de respeto y le solicitaron moderar el lenguaje en sus participaciones. Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la salud no es un juego y destacó tres acciones primordiales para atender la pandemia. La creación de cinco hospitales de especialidades, el abasto de medicamento gratuito en todo el estado y reformar el sistema de salud pública, con protección a derechos salariales y prestaciones para los trabajadores y basificar a los médicos.
En las réplicas, Adrián Esper insistió en que instalar paneles solares y autos eléctricos para garantizar la movilización de pacientes a clínicas y hospitales. Mientras que Romero Calzada habló sobre una reconstrucción del sistema de salud desde las bases. Y Gallardo Cardona insistió en la importancia de abastecer de suficientes medicamentos a los centros de salud del estado.
En el tercer grupo sobre el derecho a la salud y cómo propondrían mejorar la accesibilidad a los servicios de salud, Francisco Rico habló sobre atención a través de la telemedicina y promover las especialidades al interior del estado e instalar la primera clínica de hemodiálisis en la huasteca. Marvely Costanzo propuso un sistema para reemplazar al Seguro Popular con accesibilidad económica para todos los que ya no reciben este programa. En esa ronda Costanzo tuvo el que, tal vez, fue el momento más importante del debate: se dijo a favor del aborto y cuestionó a Octavio Pedroza, Mónica Rangel y Ricardo Gallardo sobre su postura acerca de la legalización de la interrupción del embarazo: “no van a responder”, sentenció.
Por su parte, Juan Carlos Machinena habló sobre una ciudad médica con brazos industriales farmacéuticos.
El último tema fue el de educación superior, donde Arturo Segoviano habló sobre la necesidad de crear un programa manufacturero que prepare a los jóvenes para trabajar en las armadoras de la zona industrial. Octavio Pedroza continuó hablando sobre seguridad y salud. Y Juan Carlos Machinena habló sobre crear una universidad en Cerro de San Pedro con enfoque al cine.
Marvely Costanzo indicó que ejecutará un plan de cuatro zonas industriales e implantar una sociedad que apueste por la ciencia, tecnología y el arte como objetos de estudio, además, propuso duplicar el número de universidades públicas para facilitar el acceso a todos los estudiantes. Adrián Esper insistió en la importancia de los autos Tesla y la importancia de distribuir los recursos para todo el estado. Y Ricardo Gallardo prometió el retiro de las cuotas escolares, además de facilitar transporte gratuito e Internet para las cuatro regiones de San Luis Potosí.
En la última ronda, Mónica Rangel habló de la recuperación de la educación cívica y la ampliación de los campus en las universidades, además de la construcción de nuevos centros de bachillerato y becas otorgadas por el gobierno federal. Por su parte el profesor Francisco Rico señaló la importancia de la educación de los docentes y la promoción de la educación a distancia para impulsar los posgrados en esta modalidad. Finalmente José Luis Romero comentó la necesidad de descentralizar el presupuesto en esta materia.
Lee también: Todos y todas ganaron el debate… según ellos
La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
También lee: Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
También lee: Localizan sin vida a adulto mayor dentro de un taxi en la colonia San Ángel
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad4 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos4 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
