En la comunidad más pobre de Mexquitic, la organización se quedó con el terreno, cambió maestros y cobra cuotas

Por Jorge Saldaña

Son 50 alumnos y alumnas de la comunidad San Marcos Carmona, del municipio de Mexquitic, los que desde el 30 de septiembre tienen que tomar sus clases en un salón de usos múltiples por el que pagan, entre todos, una renta de 100 pesos diarios sin derecho a los sanitarios y en condiciones por demás precarias.

Al Centro de Bachillerato Comunitario Damián Carmona, al que antes iban, ya no pudieron acudir porque el grupo Antorcha Popular despojó del terreno a la sociedad de padres, rompió candados, cambió de nombre a la institución, retiró al director a cambio de una “concesión” para dar clases en otra escuela y empezaron a realizar cobro de cuotas.

Las autoridades municipales están enteradas del abuso, sin embargo el presidente municipal de Mexquitic, Rafael Pérez Rojas, de extracción priista, no solamente ha ignorado el asunto, sino que ha protegido a la organización al grado de mantener vigilados a los padres de familia inconformes.

“En una reunión nos dio a entender (el presidente municipal) que el compromiso era con Antorcha y con el nuevo maestro, y que se habían comprometido a un techo y a recibir apoyo de uniformes pero siempre y cuando la escuela la manejaran ellos…”

Así se queja la señora Mercedes Camarillo, que temerosa aceptó la entrevista de este medio, aún con las amenazas y hostigamientos de las que ha sido víctima por tratar de recuperar la escuela que, además, está en un terreno adquirido por la asociación de padres de familia, quienes se sienten despojados del inmueble.

“Nos dimos cuenta que cambiaron a los maestros, que los muchachos constantemente no tenían clases, y que en lugar de recibir formación bachiller, les daban el día o simplemente el profesor les contaba anécdotas de sus novias veganas…”

Fue hasta que los padres de familia, el 23 de septiembre pasado, fueron llamados a una reunión en la que les informaron que el ex director, Octaviano Patiño Cuevas ya no iba a regresar porque lo habían mandado a comisión por parte de Antorcha a otra escuela.

También les dijeron que el bachillerato se llamaría ahora “Instituto Ponciano Arriaga” y que formaría parte de las escuelas que maneja la organización social de golpeteo. Las cuotas subieron y los maestros fueron sustituidos, pues a los anteriores les habían ofrecido apenas 35 pesos por hora clase.

“Nosotros no estuvimos de acuerdo, y entre todos y los de la sociedad nos pusimos de acuerdo para poner un candado y una cadena porque al final de cuentas nosotros tenemos escrituras de la donación del terreno y somos los representantes legales de la misma, pero al día siguiente rompieron las cadenas y se apropiaron de la escuela… ya no nos dejaron entrar”.

La preparatoria, como se pudo constatar, está cerrada con candado y custodiada por tres perros. Nadie salió a responder al llamado del medio aunque atrás se veían algunas personas que, según dicen los padres de familia, están ahí todo el día para cuidar el inmueble.

Por parte de la autoridad estatal, la Secretaría de Educación tiene conocimiento del atropello, sin embargo, Gilberto Ávila Juache, responsable del Departamento de Educación Superior, ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones, ha dado largas y la sumisión llegó al grado de que, el director impuesto por Antorcha, lo reta telefónicamente a suspenderlo.

“Tu sabes que hay un protocolo para que me destituyas y nada puedes hacer”, aseguran que es como humilla el representante de Antorcha al representante de la SEGE.

Entretanto, los alumnos inconformes tienen que tomar clase en un salón de usos múltiples que rentan, no tienen acceso al baño y las condiciones son paupérrimas; mientras que la sociedad de padres de familia, en la indefensión, exige a las autoridades que tomen cartas en el asunto para recuperar un terreno que les fue despojado y puedan regresar a las instalaciones de una escuela que fue prácticamente tomada por una organización que los amenaza y los chantajea.

Historias respecto a que los alumnos son hostigados y amenazados con retirarles apoyos sociales o hasta de medicinas para sus familiares enfermos son el común denominador en San Marcos y la autoridad parece sometida a los intereses de Antorcha.

Seguiremos informando.

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