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Antorcha Campesina “secuestró” una prepa en Mexquitic

En la comunidad más pobre de Mexquitic, la organización se quedó con el terreno, cambió maestros y cobra cuotas
Por Jorge Saldaña
Son 50 alumnos y alumnas de la comunidad San Marcos Carmona, del municipio de Mexquitic, los que desde el 30 de septiembre tienen que tomar sus clases en un salón de usos múltiples por el que pagan, entre todos, una renta de 100 pesos diarios sin derecho a los sanitarios y en condiciones por demás precarias.
Al Centro de Bachillerato Comunitario Damián Carmona, al que antes iban, ya no pudieron acudir porque el grupo Antorcha Popular despojó del terreno a la sociedad de padres, rompió candados, cambió de nombre a la institución, retiró al director a cambio de una “concesión” para dar clases en otra escuela y empezaron a realizar cobro de cuotas.
Las autoridades municipales están enteradas del abuso, sin embargo el presidente municipal de Mexquitic, Rafael Pérez Rojas, de extracción priista, no solamente ha ignorado el asunto, sino que ha protegido a la organización al grado de mantener vigilados a los padres de familia inconformes.
“En una reunión nos dio a entender (el presidente municipal) que el compromiso era con Antorcha y con el nuevo maestro, y que se habían comprometido a un techo y a recibir apoyo de uniformes pero siempre y cuando la escuela la manejaran ellos…”
Así se queja la señora Mercedes Camarillo, que temerosa aceptó la entrevista de este medio, aún con las amenazas y hostigamientos de las que ha sido víctima por tratar de recuperar la escuela que, además, está en un terreno adquirido por la asociación de padres de familia, quienes se sienten despojados del inmueble.
“Nos dimos cuenta que cambiaron a los maestros, que los muchachos constantemente no tenían clases, y que en lugar de recibir formación bachiller, les daban el día o simplemente el profesor les contaba anécdotas de sus novias veganas…”
Fue hasta que los padres de familia, el 23 de septiembre pasado, fueron llamados a una reunión en la que les informaron que el ex director, Octaviano Patiño Cuevas ya no iba a regresar porque lo habían mandado a comisión por parte de Antorcha a otra escuela.
También les dijeron que el bachillerato se llamaría ahora “Instituto Ponciano Arriaga” y que formaría parte de las escuelas que maneja la organización social de golpeteo. Las cuotas subieron y los maestros fueron sustituidos, pues a los anteriores les habían ofrecido apenas 35 pesos por hora clase.
“Nosotros no estuvimos de acuerdo, y entre todos y los de la sociedad nos pusimos de acuerdo para poner un candado y una cadena porque al final de cuentas nosotros tenemos escrituras de la donación del terreno y somos los representantes legales de la misma, pero al día siguiente rompieron las cadenas y se apropiaron de la escuela… ya no nos dejaron entrar”.
La preparatoria, como se pudo constatar, está cerrada con candado y custodiada por tres perros. Nadie salió a responder al llamado del medio aunque atrás se veían algunas personas que, según dicen los padres de familia, están ahí todo el día para cuidar el inmueble.
Por parte de la autoridad estatal, la Secretaría de Educación tiene conocimiento del atropello, sin embargo, Gilberto Ávila Juache, responsable del Departamento de Educación Superior, ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones, ha dado largas y la sumisión llegó al grado de que, el director impuesto por Antorcha, lo reta telefónicamente a suspenderlo.
“Tu sabes que hay un protocolo para que me destituyas y nada puedes hacer”, aseguran que es como humilla el representante de Antorcha al representante de la SEGE.
Entretanto, los alumnos inconformes tienen que tomar clase en un salón de usos múltiples que rentan, no tienen acceso al baño y las condiciones son paupérrimas; mientras que la sociedad de padres de familia, en la indefensión, exige a las autoridades que tomen cartas en el asunto para recuperar un terreno que les fue despojado y puedan regresar a las instalaciones de una escuela que fue prácticamente tomada por una organización que los amenaza y los chantajea.
Historias respecto a que los alumnos son hostigados y amenazados con retirarles apoyos sociales o hasta de medicinas para sus familiares enfermos son el común denominador en San Marcos y la autoridad parece sometida a los intereses de Antorcha.
Seguiremos informando.
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La falsa “Subsecretaría” de la SEP sigue operando: cuatro meses sin resultados
Ni la SEP, ni el Gobierno Federal, ni las autoridades locales han informado avances, pese a la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum
Por: Redacción
Han pasado ya más de cuatro meses desde que La Orquesta reveló la existencia de un esquema de fraude que operaba en San Luis Potosí bajo el nombre de una inexistente “Subsecretaría de Auditoría y Control” de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El caso, que alcanzó atención nacional e incluso llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa sin avances públicos ni sanciones visibles.
En julio pasado, la mandataria federal instruyó una investigación inmediata y exhortó a las víctimas a presentar sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado sobre el estatus de esa indagatoria, ni se conocen reportes oficiales de detenciones o procesos abiertos.
De acuerdo con testimonios recientes, las mismas personas que encabezaron la estafa continúan operando en la capital potosina, esta vez desde nuevas direcciones y oficinas temporales.
Entre los nombres señalados se mantiene el de Norma Judith Loredo Hernández, quien se presenta como “gobernadora indígena de San Luis Potosí” y ha sido identificada como una de las principales operadoras del esquema, junto con Juan Manuel Pérez, Daniel Guzmán, Eduardo Rodríguez López y Arquímedes Vázquez.
El fraude ofrece plazas laborales en la SEP, solicitando a los aspirantes pagos que iban de 6 mil hasta 22 mil pesos por supuestos trámites, manuales o afiliaciones sindicales.
A las víctimas se les pide entregar documentos personales y realizar depósitos a cuentas particulares, con la promesa de incorporarse a una dependencia federal que no existe ni figura en el Diario Oficial de la Federación .
La investigación de La Orquesta ha documentado la operación del grupo en San Luis Potosí, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro y Tamaulipas, entre otras entidades que se han revelado al medio.
En la capital potosina, la supuesta oficina principal funcionó en Mariano Ávila #224, donde se atendía a los aspirantes y se recababa documentación con sellos y logotipos apócrifos del Gobierno de México.
Incluso, los reclutadores llegaron a presentarse en un programa de televisión abierta nacional, “Con M de Mañanita”, donde promovieron públicamente la existencia de esta falsa subsecretaría, reforzando así la percepción de legitimidad entre los afectados.
A pesar del mandato presidencial, las autoridades federales y locales no han rendido cuentas. No hay información sobre avances de la FGR, ni pronunciamientos de la SEP o la Secretaría de Gobernación sobre las denuncias interpuestas.
La estructura sigue operando, el fraude continúa y las instrucciones de la presidenta parecen haber quedado en el aire.
También lee: Sheinbaum instruye investigación por falsa subsecretaría de la SEP
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Gobernador pide permiso a la Federación para arreglar las laterales de la 57
Ricardo Gallardo advirtió que los tramos ya no soportan más bacheos, por lo que necesita una reconstrucción total
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, llamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal y al Ayuntamiento de la capital a definir quién se hará cargo de la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, al considerar que estas vialidades se encuentran en condiciones críticas.
Gallardo señaló que el mantenimiento mediante bacheo ya no es suficiente y que se requiere una reconstrucción completa, pues los tramos laterales se han deteriorado con el paso del tiempo y la falta de coordinación entre niveles de gobierno.
“Urge arreglar las laterales de la 57. Ya no aguantan una bacheada más. Alguien debe tomar la batuta: si la Federación o el municipio no pueden, que nos den permiso para hacerlo”, enfatizó.
El mandatario potosino explicó que recientemente se firmó un convenio entre la Junta Estatal de Caminos (JEC) y la SCT Federal para realizar labores de mantenimiento, pero advirtió que ese acuerdo no contempla una reconstrucción total, sino únicamente acciones de bacheo.
Además, adelantó que su administración continúa gestionando con el Gobierno Federal un proyecto integral de movilidad que contempla la construcción de un segundo piso sobre la carretera 57 y la extensión de la vía alterna hasta el kilómetro 140, con una inversión estimada de 12 mil millones de pesos.
“Sería llevar a San Luis Potosí a otro nivel de vialidades; hay que seguirlo buscando, la Federación tiene recursos para hacerlo”, sostuvo Gallardo.
También lee: Sheinbaum reconoce respuesta de SLP ante inundaciones en la Huasteca
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Sheinbaum reconoce respuesta de SLP ante inundaciones en la Huasteca
Gobierno estatal destacó apoyos economicos por parte de la federación para familias afectadas
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dio a conocer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la pronta reacción de las autoridades estatales ante las inundaciones ocurridas en la Huasteca Potosina.
En particular, destacó la coordinación con los municipios y brigadistas, lo que, en palabras del secretario, permitió que San Luis Potosí se posicionara como uno de los estados con mayor efectividad frente a la contingencia.
El pasado 17 de octubre, el gobierno estatal anunció que la entidad salió oficialmente de la contingencia
por inundaciones, tras haber repartido 50 mil 784 despensas y víveres, así como 17 mil 457 paquetes de limpieza.Además, se reporta la presencia de 50 brigadas médicas activas en las zonas afectadas, las cuales han brindado mil 561 atenciones médicas a la población.
Por otro lado, Torres Sánchez informó que el Gobierno Federal otorgará apoyos económicos a través de censos realizados por los Servidores de la Nación, dirigidos a las familias cuyos hogares resultaron afectados.
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