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Antorcha Campesina “secuestró” una prepa en Mexquitic
En la comunidad más pobre de Mexquitic, la organización se quedó con el terreno, cambió maestros y cobra cuotas
Por Jorge Saldaña
Son 50 alumnos y alumnas de la comunidad San Marcos Carmona, del municipio de Mexquitic, los que desde el 30 de septiembre tienen que tomar sus clases en un salón de usos múltiples por el que pagan, entre todos, una renta de 100 pesos diarios sin derecho a los sanitarios y en condiciones por demás precarias.
Al Centro de Bachillerato Comunitario Damián Carmona, al que antes iban, ya no pudieron acudir porque el grupo Antorcha Popular despojó del terreno a la sociedad de padres, rompió candados, cambió de nombre a la institución, retiró al director a cambio de una “concesión” para dar clases en otra escuela y empezaron a realizar cobro de cuotas.
Las autoridades municipales están enteradas del abuso, sin embargo el presidente municipal de Mexquitic, Rafael Pérez Rojas, de extracción priista, no solamente ha ignorado el asunto, sino que ha protegido a la organización al grado de mantener vigilados a los padres de familia inconformes.
“En una reunión nos dio a entender (el presidente municipal) que el compromiso era con Antorcha y con el nuevo maestro, y que se habían comprometido a un techo y a recibir apoyo de uniformes pero siempre y cuando la escuela la manejaran ellos…”
Así se queja la señora Mercedes Camarillo, que temerosa aceptó la entrevista de este medio, aún con las amenazas y hostigamientos de las que ha sido víctima por tratar de recuperar la escuela que, además, está en un terreno adquirido por la asociación de padres de familia, quienes se sienten despojados del inmueble.
“Nos dimos cuenta que cambiaron a los maestros, que los muchachos constantemente no tenían clases, y que en lugar de recibir formación bachiller, les daban el día o simplemente el profesor les contaba anécdotas de sus novias veganas…”
Fue hasta que los padres de familia, el 23 de septiembre pasado, fueron llamados a una reunión en la que les informaron que el ex director, Octaviano Patiño Cuevas ya no iba a regresar porque lo habían mandado a comisión por parte de Antorcha a otra escuela.
También les dijeron que el bachillerato se llamaría ahora “Instituto Ponciano Arriaga” y que formaría parte de las escuelas que maneja la organización social de golpeteo. Las cuotas subieron y los maestros fueron sustituidos, pues a los anteriores les habían ofrecido apenas 35 pesos por hora clase.
“Nosotros no estuvimos de acuerdo, y entre todos y los de la sociedad nos pusimos de acuerdo para poner un candado y una cadena porque al final de cuentas nosotros tenemos escrituras de la donación del terreno y somos los representantes legales de la misma, pero al día siguiente rompieron las cadenas y se apropiaron de la escuela… ya no nos dejaron entrar”.
La preparatoria, como se pudo constatar, está cerrada con candado y custodiada por tres perros. Nadie salió a responder al llamado del medio aunque atrás se veían algunas personas que, según dicen los padres de familia, están ahí todo el día para cuidar el inmueble.
Por parte de la autoridad estatal, la Secretaría de Educación tiene conocimiento del atropello, sin embargo, Gilberto Ávila Juache, responsable del Departamento de Educación Superior, ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones, ha dado largas y la sumisión llegó al grado de que, el director impuesto por Antorcha, lo reta telefónicamente a suspenderlo.
“Tu sabes que hay un protocolo para que me destituyas y nada puedes hacer”, aseguran que es como humilla el representante de Antorcha al representante de la SEGE.
Entretanto, los alumnos inconformes tienen que tomar clase en un salón de usos múltiples que rentan, no tienen acceso al baño y las condiciones son paupérrimas; mientras que la sociedad de padres de familia, en la indefensión, exige a las autoridades que tomen cartas en el asunto para recuperar un terreno que les fue despojado y puedan regresar a las instalaciones de una escuela que fue prácticamente tomada por una organización que los amenaza y los chantajea.
Historias respecto a que los alumnos son hostigados y amenazados con retirarles apoyos sociales o hasta de medicinas para sus familiares enfermos son el común denominador en San Marcos y la autoridad parece sometida a los intereses de Antorcha.
Seguiremos informando.
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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció el proyecto que tendrá capacidad para más de mil perros, y en el que se brindarán servicios veterinarios gratuitos
Por: Redacción
El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó a través de sus redes sociales que en aproximadamente un mes se inaugurará un nuevo refugio de adopción en San Luis Potosí.
Este espacio estará destinado a brindar atención médica y servicios de esterilización tanto a perros con dueño como a aquellos que han sido rescatados de la calle por ciudadanos o asociaciones protectoras.
Gallardo Cardona destacó que esta es una iniciativa largamente solicitada por la ciudadanía
Por el momento, no se ha confirmado si el centro también recibirá otro tipo de animales, como gatos o aves, ni se ha informado la ubicación exacta del lugar.
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La asociación Perteneces mantendrá la lucha por los derechos humanos desde su organización y estarán a la expectativa de la llegada de los nuevos jueces
Por: Bernardo Vera
La reciente renovación del Poder Judicial en la Federación y los estados de la República, así como la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (conocidas como Ley Espía), podrían representar un riesgo para defensa de los derechos humanos, así lo consideraron abogados de la asociación civil “Perteneces”, dedicada a la reinsersión social de personas que enfrentan un proceso penal injusto y la defensa de los derechos humanos de personas en situación vulnerable.
José Mario de la Garza Marroquín, presidente de esta organización, consideró que enfrentan mayores retos de cara al próximo año, por lo que se mantendrán expectantes de la entrada de las y los nuevos jueces en el próximo mes de septiembre.
Apuntó que muchos de los casos llevados en Perteneces han sido resueltos por jueces y juezas, por lo que su trabajo en el futuro dependerá de si el Poder Judicial estará a la altura de las necesidades del país y buscará la defensa legítima de los derechos humanos, o será cooptada por otros intereses
“Las 80 libertades fueron otorgadas por jueces; los implantes cocleares de los niños fueron otorgados por juezas; la defensa de los periodistas está en el Poder Judicial. Nuestro trabajo es todos los días con el Poder Judicial
Raquel Charqueño, abogada y encargada del área de Litigio Estratégico de esta asociación, enfatizo que los derechos humanos no son dádivas, sino conquistas históricas, por lo que el contexto nacional no deberá disminuir la capacidad de lucha llevada a cabo en los últimos años por su organización.
Agregó que ante este panorama, será importante el trabajo colectivo con otras organizaciones, además del impulso de la sociedad civil para enfrentar las vulnerabilidades a los derechos humanos, que incluso, ya son visibles desde este momento.
“Es ahí donde están las batallas, los derechos humanos son un transitar diario y que ante los grandes reveses, más bien toca resistir con mayor fuerza. Creo que Perteneces se convierte ahí en una luz en esa oscuridad“, enfatizó.
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La magistrada Denisse Porras afirmó que habrá cero tolerancia a la violencia y que el Tribunal está capacitado para atender estos casos
Por: Redacción
Denisse Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), informó que durante el reciente proceso electoral no se han recibido denuncias formales por violencia política en razón de género, aunque aclaró que ello no significa que los casos no hayan ocurrido.
En entrevista, Porras Guerrero explicó que aunque el Tribunal no es la instancia directamente responsable de recibir estas denuncias, el personal está capacitado para acompañar y canalizar correctamente a las mujeres que busquen orientación o asesoría
“Tenemos una postura de cero tolerancia a cualquier violencia. Contamos con protocolos y personal capacitado para atender y canalizar, en caso de que alguna mujer se acerque al Tribunal pensando que aquí es donde se presenta la denuncia”, señaló.
La magistrada hizo énfasis en que no se deben minimizar estos hechos, por lo que reiteró que el acompañamiento institucional está garantizado para quienes enfrenten situaciones de violencia durante su participación política.
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