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Agarrón legislativo virtual. Govea y Hernández se dieron con todo
Por: Redacción
Los diputados de los partidos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, Eugenio Govea Arcos y Edgardo Hernández Contreras, respectivamente, protagonizaron una pelea vía remota durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado realizada el día de ayer a través de la aplicación Zoom.
Todo comenzó cuando, durante su intervención, Edgardo Hernández cuestionó el presunto apoyo de compañeros legisladores a la solicitud del crédito por 700 millones de pesos que realizaría el Gobierno del Estado, encabezado por Juan Manuel Carreras López, para equipamiento médico e infraestructura que apoyen la reactivación económica en el estado derivado de la pandemia por Covid-19.
“Es irresponsable que salga dando un programa sin que nos diga el cómo, de qué manera, de qué forma, cómo va a operar, las corridas financieras, y que salgan de bote pronto todos a decir a favor por la reactivación económica”.
Y continúa: “Sé que caigo mal, se cómo se expresan de mí algunos compañeros en reuniones, no me importa, yo lo vuelvo a decir, yo no voy a chapulinear, terminando mi encargo yo me pararé en la tribuna y señalaré a aquellos chapulines que pretendan otro cargo y voy a enseñaré las iniciativas que han presentado, las que se han aprobado y el beneficio que hayan dejado en el legislativo. A mí no me van a callar.”
A lo que Eugenio Govea, aparentemente aludido, respondió: “A mí me queda muy claro, y me parece que a todos, como integrantes de esta legislatura, la responsabilidad de la representación que nos han otorgado los ciudadanos que acudieron a las urnas […] yo no he expresado ni en público ni en privado el sentido de mi voto porque al día de hoy no conozco, no tengo absolutamente conocimiento de los términos, de las condiciones específicas con las que el Ejecutivo estatal va a presentar esta solicitud […] esta enfermedad dejará dolor, luto, muerte y hambre en nuestro pueblo, y no será con discursos, necesitamos hechos específicos y desde el Congreso del Estado tomar también decisiones con absoluta responsabilidad.
En ese sentido, recordó que finalmente la decisión será tomada en conjunto por los integrantes de la asamblea, no obstante reiteró, que no tomaría ninguna decisión en función de presiones de ningún tipo.
Fue entones que Hernández Contreras contraargumentó: “Yo no vengo a dar discursos ni tengo 20 años o 25 en la vida pública como Eugenio Govea y se lo digo aquí de frente y donde quiera […] y lo vuelvo a repetir, a mí no me van a ver en la boleta electoral ni por plurinominal ni por nada, siguiendo viviendo del erario público sentado en una curul”.
Por alusiones, le fue dada la palabra nuevamente a Govea Arcos, quien en el segundo round espetó: “Solamente le escuchado directamente a través de esta sesión virtual y seguramente nos vamos a encontrar físicamente y nos podremos decir lo que quieras Edgardo. Yo tengo conciencia plena de mi responsabilidad como legislador, en ese sentido, no acepto ningún descrédito de tu parte que, hace un momento, precisamente conminas al presidente a respetar la conducción de la opinión de los demás legisladores y ahorita a la vuelta de la esquina ya me estás insultado, entonces de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia… esa es mi opinión personalísima y yo asumiré a cabalidad el sentido de mi voto en ese trámite, en ese asunto específico y puede ser que a ti no te guste y que si te gusta pues ya me lo reconocerás pero al día de hoy, yo no tengo determinado mi voto y no sé tampoco si voy a participar, no sé si me dé la vida, pero yo soy político, no soy político como tú, a la carrera, soy político de carrera, 
Ante esto, Edgardo Hernández, justificó: “Precisarle y aclararle al diputado Eugenio, que efectivamente si me pronuncié fue porque él se refirió a mí y entonces le contesté, y efectivamente nadamás también reiterarle que jamás he dicho que he sido político, al contrario, me he desmarcado de que soy político y que no voy a volver a participar, yo le pregunto ¿qué ha hecho como senador? ¿qué ha hecho con todos los cargos que ha tenido, y al frente de un partido político? Es para darle vergüenza, y de ser senador a ser diputado local… y puede decir que por San Luis y que por amor a la política. Dice que es político pero político ni es, porque nadie lo respeta y al final del día yo no sé si sea tan vividor o cuánto le va a dar el gobernador, o ya le dio o ya le prometió, pero estaremos muy presentes y muy puntuales y es mi estilo decir, y hablar de frente”.
Por su parte, luego de explicar, por segunda ocasión, que su voto aún no estaba decidido, en su tercera intervención el legislador de movimiento ciudadano decidió no seguir la discusión: “Presidente, a palabras necias oídos sordos, es absurdo discutir con un legislador que no tiene aprecio evidente por las posiciones de los demás y que a fuerza de agresiones verbales quisiera imponer su voluntad, y no es mi caso, entonces no vale la pena discutir, hasta para pelearse hay que escoger con quien, y en este caso Edgardo Hernandez ni siquiera vale la pena”.
Finalmente, el diputado, de representación proporcional solicitó todavía otra intervención en la que visiblemente molesto señaló: “Eugenio, ya no queremos ver tu cara en la política ni en los curules, ya vete, porque me queda claro que vienes de un núcleo que se dedica a la política, y si quieres que sigamos con el tema seguimos, y al final del día este es el parlamento y la gente tiene que ver la clase de vividores como tú, por los que ni siquiera votan porque llegas de forma plurinominal. Yo llegué, pero dije hasta aquí, porque los acuerdos cochinos, a los que estás acostumbrado a hacer tú, yo no los voy a hacer, y te lo reitero, políticos como tú dan asco”.
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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz
Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.
Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.
¿A quiénes alcanza?
La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.
Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.
¿Cómo se evaluará?
El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).
Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.
Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.
Las consecuencias no son menores.
Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.
Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.
El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses
¿Y qué sucede durante 2026?
El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.
El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.
La memoria de 2024 no puede borrarse.
Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.
Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.
La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.
El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.
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El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.
Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.
La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes
El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.
El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.
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Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas
Por: Ana G Silva
Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.
Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.
Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.
Más visitas a la feria, menos noches de hotel
Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos
En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.
Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.
La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.
El año también va abajo
De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.
Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.
En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.
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