Estado
Activistas piden al Congreso tipificar crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+
La propuesta, que cuenta con el apoyo de instituciones públicas, ya avanzó en comisiones y este viernes podría ser discutida en el Pleno
Por: Karina González
Andrés Costilla, activista de los derechos de la comunidad y presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, mencionó que esta iniciativa es gracias a un trabajo coordinado entre activistas, el esfuerzo ciudadano y el apoyo de las instituciones que atienden a las personas víctimas de algún delito de odio en sus tres modalidades; sin embargo, reconoció que aún existe una brecha en la cultura de la denuncia para quienes han sido víctimas de algún delito. Agregó que con este paso, se podrá rendir justicia en memoria de alguna víctima y darle justicia a sus familias.
Por su parte, la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles, indicó que con esta aprobación del Legislativo, los d elitos que se cataloguen bajo estos criterios de odio deberán también ser castigados con protocolos de investigaciones especiales y además, se podrá llegar a un resultado más rápido y garantizará que más personas logren justicia, en el marco de los derechos humanos y las manifestaciones de odio que afectan la integridad, vida, libertad y derecho a la no discriminación, tanto de la comunidad LGBT+ como de personas que padezcan alguna discapacidad e incluso si son de otra nacionalidad.
Jorge Vega Arroyo, titular de la CEEAV indicó que el poder sancionar los crímenes de odio será un paso para erradicarlos y afirmó que es una protección a las comunidades vulnerables ya que es una protección porque se castiga a quienes por razones de edad, pensamiento, libertad de creencia será castigada, dijo.
Finalmente, el fiscal en Derechos Humanos, Pablo Alvarado Silva señaló que se ha logrado tener un acercamiento con activistas para que las instituciones avancen y se busca especificar circunstancias en la atención a víctimas del delito de odio.
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Estado
Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández
El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.
Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.
Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.
Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida” , echando por tierra las especulaciones sobre supuestos beneficiarios directos de la reforma.
Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.
Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.
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Estado
Importante la construcción de un hospital psiquiátrico en San Luis: Aranza Puente
La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital
Por: Redacción
Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.
La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.
Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.
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Estado
Antes que prohibir, se tienen que regular los vapeadores: Aranza Puente
La diputada aseguró que el veto de estos dispositivos solo dará pie a un mercado negro fuera de la ley
Por: Redacción
Cuestionada sobre la prohibición de los vapeadores en San Luis Potosí, Aranza Puente Bustindui, diputada local, se manifestó en contra del veto a estos dispositivos, señalando que ella optaría por una regulación.
La diputada señaló que al haber tanta demanda, una prohibición total solo ocasionaría un mercado negro fuera de toda regulación, lo que generaría mayor peligro para los consumidores.
Puente Bustindui afirmó que hace falta mucha información sobre el tema, y sugirió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleve a cabo una regulación de las sustancias dañinas que contienen los vapeadores, así como que se realicen campañas de prevención y apoyo a los fumadores .
La producción, distribución y venta de vapeadores fue prohibida por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, argumentando que son dispositivos dañinos para la salud que fueron comercializados bajo la promesa no comprobada de ser menos dañinos que el cigarro.
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