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Activistas critican la postura del secretario de Salud de SLP sobre violencia obstétrica
Marcela García y Arely Torres aseguraron que en el estado ocurre con mucha frecuencia este tipo de agresiones contra mujeres embarazadas o en post parto
Por: Ana G Silva
Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, diputada local por el PRI, propuso recientemente una iniciativa para castigar con dos a cinco años de prisión al personal de salud que cometa violencia obstétrica, a lo que Daniel Acosta Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud respondió que “al rato (los médico) nadie va a querer atender a nadie”, pues afirmó que al gremio médico le preocupa la posibilidad de ser penalizados por acciones tomadas en el cumplimiento de su labor. Ante esto, conversamos con la activista feministas Marcela García Vázquez, presidenta de la organización Nueva Luna, y la abogada Arely Torres Miranda, quienes mencionaron que es “preocupante” la respuesta del secretario, pues lo mejor sería generar protocolos para que esto no suceda, en lugar de cuestionar la pertinencia de la la iniciativa.
García Vázquez explicó que la violencia obstétrica se refiere a las conductas, actos u omisiones que comete el personal de salud hacia las mujeres cuando se encuentran en estado de embarazo, en el parto y en puerperio (postparto). Añadió que es una práctica frecuente en el estado de San Luis Potosí, ya que de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna, la entidad se ubica en el puesto 17 con mayor cantidad de casos denunciados de este tipo violencia.
“En Nueva Luna realizamos un estudio basado en entrevistas con mujeres ya recientemente habían dado a luz y revelaron que en el 90% de los casos recibieron tratos indignos y denigrantes por parte del personal al momento de solicitar el servicio de atención para el parto: las regresaban a sus domicilios o las obligaban a caminar cuando ellas sentían que ya no podían hacerlo, además de la falta de información sobre el estado de salud de sus recién nacidos y la discriminación hacia los sentimientos y emociones de las mujeres durante su estancia en el hospital”.
Torres Miranda destacó que la violencia obstétrica tiene que ver con toda una invisibilización de las necesidades que tienen las madres en el proceso de embarazo o alumbramiento; un término que se ha ido construyendo a través de la voz y las experiencias de las mujeres y que es una situación que suele no ser bien recibida por parte del personal médico: “También hay que decirlo, la mayoría han sido médicos varones, que en su cuerpo no les atraviesa ni les atravesará nunca la vivencia corporal de haber nacido como mujeres”.
Marcela García apuntó que posiblemente el doctor Acosta Díaz de León no tenga muy clara la iniciativa de Yolanda Cepeda ni los estudios de corte antropológico social que se han realizado por parte de la sociedad civil y de la academia, ya que: “no se trata de hacer una cacería de brujas en los hospitales y centros de salud”, sino promover una cultura de respeto a la condición de las mujeres en sus etapas de embarazo, parto y puerperio; con lo que se evitará que se ejerzan conductas discriminatorias, pues se busca que se comprenda a las mujeres y su condición de desventaja psicoemocional.
Arely Torres hizo un llamado al titular de los Servicios de Salud para que se acerque con especialistas con los que pueda establecer protocolos necesarios para inhibir la violencia obstétrica por el bien de la institución, de la dependencia, del personal médico y por el de las mujeres, que solamente se logra a través de la capacitación de formación y de conocimiento.
La abogada resaltó que no está a favor de las sanciones propuestas por la legisladora priista y entiende la preocupación que expresa el personal médico de que exista una penalización ; por lo que sería mejor enfocarse en protocolos eficientes y herramientas necesarias a los recursos humanos y a los recursos monetarios y de infraestructura para que los trabajadores de la salud no tenga este temor atender; sin embargo, subrayó que es una iniciativa que, de una u otra manera, sigue dando continuidad a la erradicación del maltrato, la negligencias, las faltas de respeto y que garantizan parto digno.
“Creo que muchas veces ya hemos tenido que llegar a este punto de castigar cuando no se hace lo que por ley tendría que hacerse; sin embargo, e insistiré muchísimo en eso, más allá de legislar sobre las posibles omisiones, también que se tuvieran un trabajo paralelo para poder brindar las herramientas de que esto se pueda cumplir, porque si bien el desconocimiento no te exime de la culpa, pues también vemos que el personal médico está rebasado tanto como falta personal, como por falta de insumos”.
Marcela García señaló que sancionar al personal médico que cometa violencia obstétrica es una iniciativa muy adecuada y sensible hacia la condición de discriminación y de violencia que viven las mujeres que se embarazan; añadió que es una iniciativa que esta basada en un estudio científico que indica y sugiere su pertinencia para evitar que las mujeres sigan sufriendo el maltrato producto de la discriminación y que derive en otras enfermedades mentales como la depresión y la violencia dentro de las familias.
La presidenta de Nueva Luna dijo que de ser aprobada la iniciativa, los beneficios serían: mejorar los servicios de salud en materia obstétrica; incrementaría el estado de bienestar físico, mental y emocional de las mujeres y de sus hijos: conformaría mejores equipos de profesionales de la salud al servicio de las mujeres: se reduciría la violencia contra las mujeres y se reduciría la atención psicológica en centros de salud por motivo de violencia obstétrica.
“De manera drástica, la mujer cuando transita por estas etapas experimenta severos cambios hormonales y físicos que afectan su psique y su estado emocional, por lo que pierde seguridad en sí misma y frente a la sociedad, que también la estigmatiza como incapacitada excluyéndola de muchos espacios de participación laboral, social e incluso político. Cuando en este estado se le trata con violencia, hay una alteración del estado emocional que afecta en la salud física y mental llevándola a experimentar depresión y baja autoestima y obviamente, que esto afectará a todas las personas que integran la familia”.
Finalmente Arely, detalló que en San Luis Potosí es uno de los estados en los que se ha tratado el tema con seriedad; sin embargo, lo importante es que si se llega a reportar un tema sobre este tipo de violencia, es necesario trabajar con el personal de salud para fortalecer e impulsar cambios positivos.
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#4 Tiempos
SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva
Corredor Humanitario
Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.
Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.
Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.
En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.
Aquí no.
En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.
Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.
En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.
Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.
Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?
Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.
Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC) .
Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.
Han sido omisos profesionales.
Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.
¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?
Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.
Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.
Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.
Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.
Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.
Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.
Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.
Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.
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Ciudad
¿Será removido el lirio de la presa San José en 2026?
Mientras el Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio en El Realito, la CEA insiste en removerlo totalmente del embalse
Por: Redacción
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se continúa trabajando en el saneamiento del río que va desde la cortina de la presa El Peaje hasta San José y en el retiro definitivo del lirio de esta última.
Según Martínez Sánchez la primera parte del proyecto, de conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiste en el entubamiento de un porcentaje del agua de El Peaje para que sea utilizada en el área metropolitana, la siguiente fase incluiría un saneamiento integral de la zona y los drenajes que pudieran estar obstruidos o dañados.
La segunda parte de este proyecto planea la remoción completa del lirio de agua de la presa San José, a pesar del llamado del alcalde municipal, Enrique Galindo, al cultivo controlado de estas plantas.
Un estudio realizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) encontró metales pesados en las raíces de los lirios, si bien dichos metales contribuyen a la limpieza del agua, no deberían ser tratados como un desecho simple.
La propuesta del Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio también en El Realito como controlador natural de la limpieza de la misma, mientras que la CEA insiste en removerlo totalmente.
Lee también: CEA augura el 2026 como año positivo en el abasto de agua potable
Destacadas
SLP apunta a erradicar el analfabetismo en 2026: SEGE
El titular de la dependencia dijo que la entidad ocupa el primer lugar en alfabetización a nivel nacional
Por: Redacción
El 2026 podría ser un año histórico para San Luis Potosí, pues Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que este año el Estado podría erradicar el analfabetismo entre la población.
El secretario apuntó que San Luis Potosí actualmente ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, y se están redob lando esfuerzos en la educación para adultos, en donde además de la primaria y la secundaria, se está buscando que también puedan completar la preparatoria .
Torres Cedillo comentó que ya se encuentran en conversaciones con Armando Contreras Castillo, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de firmar un convenio que certifique a San Luis como uno de los estados que elimina el analfabetismo.
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