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Activistas critican la postura del secretario de Salud de SLP sobre violencia obstétrica
Marcela García y Arely Torres aseguraron que en el estado ocurre con mucha frecuencia este tipo de agresiones contra mujeres embarazadas o en post parto
Por: Ana G Silva
Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, diputada local por el PRI, propuso recientemente una iniciativa para castigar con dos a cinco años de prisión al personal de salud que cometa violencia obstétrica, a lo que Daniel Acosta Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud respondió que “al rato (los médico) nadie va a querer atender a nadie”, pues afirmó que al gremio médico le preocupa la posibilidad de ser penalizados por acciones tomadas en el cumplimiento de su labor. Ante esto, conversamos con la activista feministas Marcela García Vázquez, presidenta de la organización Nueva Luna, y la abogada Arely Torres Miranda, quienes mencionaron que es “preocupante” la respuesta del secretario, pues lo mejor sería generar protocolos para que esto no suceda, en lugar de cuestionar la pertinencia de la la iniciativa.
García Vázquez explicó que la violencia obstétrica se refiere a las conductas, actos u omisiones que comete el personal de salud hacia las mujeres cuando se encuentran en estado de embarazo, en el parto y en puerperio (postparto). Añadió que es una práctica frecuente en el estado de San Luis Potosí, ya que de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna, la entidad se ubica en el puesto 17 con mayor cantidad de casos denunciados de este tipo violencia.
“En Nueva Luna realizamos un estudio basado en entrevistas con mujeres ya recientemente habían dado a luz y revelaron que en el 90% de los casos recibieron tratos indignos y denigrantes por parte del personal al momento de solicitar el servicio de atención para el parto: las regresaban a sus domicilios o las obligaban a caminar cuando ellas sentían que ya no podían hacerlo, además de la falta de información sobre el estado de salud de sus recién nacidos y la discriminación hacia los sentimientos y emociones de las mujeres durante su estancia en el hospital”.
Torres Miranda destacó que la violencia obstétrica tiene que ver con toda una invisibilización de las necesidades que tienen las madres en el proceso de embarazo o alumbramiento; un término que se ha ido construyendo a través de la voz y las experiencias de las mujeres y que es una situación que suele no ser bien recibida por parte del personal médico: “También hay que decirlo, la mayoría han sido médicos varones, que en su cuerpo no les atraviesa ni les atravesará nunca la vivencia corporal de haber nacido como mujeres”.
Marcela García apuntó que posiblemente el doctor Acosta Díaz de León no tenga muy clara la iniciativa de Yolanda Cepeda ni los estudios de corte antropológico social que se han realizado por parte de la sociedad civil y de la academia, ya que: “no se trata de hacer una cacería de brujas en los hospitales y centros de salud”, sino promover una cultura de respeto a la condición de las mujeres en sus etapas de embarazo, parto y puerperio; con lo que se evitará que se ejerzan conductas discriminatorias, pues se busca que se comprenda a las mujeres y su condición de desventaja psicoemocional.
Arely Torres hizo un llamado al titular de los Servicios de Salud para que se acerque con especialistas con los que pueda establecer protocolos necesarios para inhibir la violencia obstétrica por el bien de la institución, de la dependencia, del personal médico y por el de las mujeres, que solamente se logra a través de la capacitación de formación y de conocimiento.
La abogada resaltó que no está a favor de las sanciones propuestas por la legisladora priista y entiende la preocupación que expresa el personal médico de que exista una penalización ; por lo que sería mejor enfocarse en protocolos eficientes y herramientas necesarias a los recursos humanos y a los recursos monetarios y de infraestructura para que los trabajadores de la salud no tenga este temor atender; sin embargo, subrayó que es una iniciativa que, de una u otra manera, sigue dando continuidad a la erradicación del maltrato, la negligencias, las faltas de respeto y que garantizan parto digno.
“Creo que muchas veces ya hemos tenido que llegar a este punto de castigar cuando no se hace lo que por ley tendría que hacerse; sin embargo, e insistiré muchísimo en eso, más allá de legislar sobre las posibles omisiones, también que se tuvieran un trabajo paralelo para poder brindar las herramientas de que esto se pueda cumplir, porque si bien el desconocimiento no te exime de la culpa, pues también vemos que el personal médico está rebasado tanto como falta personal, como por falta de insumos”.
Marcela García señaló que sancionar al personal médico que cometa violencia obstétrica es una iniciativa muy adecuada y sensible hacia la condición de discriminación y de violencia que viven las mujeres que se embarazan; añadió que es una iniciativa que esta basada en un estudio científico que indica y sugiere su pertinencia para evitar que las mujeres sigan sufriendo el maltrato producto de la discriminación y que derive en otras enfermedades mentales como la depresión y la violencia dentro de las familias.
La presidenta de Nueva Luna dijo que de ser aprobada la iniciativa, los beneficios serían: mejorar los servicios de salud en materia obstétrica; incrementaría el estado de bienestar físico, mental y emocional de las mujeres y de sus hijos: conformaría mejores equipos de profesionales de la salud al servicio de las mujeres: se reduciría la violencia contra las mujeres y se reduciría la atención psicológica en centros de salud por motivo de violencia obstétrica.
“De manera drástica, la mujer cuando transita por estas etapas experimenta severos cambios hormonales y físicos que afectan su psique y su estado emocional, por lo que pierde seguridad en sí misma y frente a la sociedad, que también la estigmatiza como incapacitada excluyéndola de muchos espacios de participación laboral, social e incluso político. Cuando en este estado se le trata con violencia, hay una alteración del estado emocional que afecta en la salud física y mental llevándola a experimentar depresión y baja autoestima y obviamente, que esto afectará a todas las personas que integran la familia”.
Finalmente Arely, detalló que en San Luis Potosí es uno de los estados en los que se ha tratado el tema con seriedad; sin embargo, lo importante es que si se llega a reportar un tema sobre este tipo de violencia, es necesario trabajar con el personal de salud para fortalecer e impulsar cambios positivos.
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#4 Tiempos
La abogada y el diablo | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.
Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).
Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.
El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.
Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.
Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.
En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.
Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).
En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.
(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).
La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.
En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.
Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).
Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?
¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?
Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.
Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).
Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.
¿Estaría muy ocupada la abogada?
Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.
Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.
Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.
(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)
Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.
Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.
¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Ciudad
En el Día Nacional del Bombero, enfrentan crisis en SLP
Pese a cerrar cuatro estaciones y contar con 50 elementos, la corporación no ha ignorado ni un solo llamado de auxilio en los diez municipios que cubre
Por: Redacción
El 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero en México, una fecha que cada año recuerda la fundación del primer cuerpo operativo en el país, siendo en el año 1873 en el puerto de Veracruz.
La conmemoración de esta efeméride honra la participación de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvaguardar a la población en incendios y otras situaciones críticas. Pero en el caso de San Luis Potosí, también evidencia las carencias que sufre la corporación metropolitana.
Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, dio a conocer que la corporación requiere la participación de la ciudadanía para mejorar las condiciones laborales, adquirir equipo de protección, herramientas y vehículos, además de contratar más personal.
Y es que de acuerdo a lo mencionado por Benavente Duque, para mejorar su servicio se requiere la incorporación de 18 elementos más, que no han podido ingresar debido a la falta de condiciones laborales dignas para su contratación.
Agregó que actualmente cuentan con 50 elementos repartidos en cuatro turnos, y para su solvencia operativa, se han visto en la necesidad de cerrar cuatro estaciones —Lomas, Abastos, Soledad y Zona Industrial—.
Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, dio a conocer que pese a estas carencias, los Bomberos Metropolitanos intervienen en diez municipios en torno a la capital potosina. Además que no han ignorado ni una sola llamada de auxilio en la que se solicita su atención.
“La labor que realizan los bomberos con tan poco es muy loable, porque la situación ha llevado operativamente al comandante a estar malabareando todos los días para poder dar atención. No hay una sola llamada de emergencia que no se atienda”.
Mencionó que para sostenerse han implementado mecanismos como el acercamiento con autoridades municipales, estatales, cámaras empresariales y sociedad civil para recaudar fondos y mejorar sus condiciones.
También lee: SLP requiere nuevas estaciones de bomberos
Destacadas
Municipalización de La Pila divide visiones sobre el futuro de la Zona Industrial
Gobierno estatal propone crear un nuevo municipio para atender la Zona Industrial, mientras el sector empresarial pide una estrategia más amplia y planeada
Por: Redacción
El pasado 19 el Gobernador del San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, durante un evento en la Delegación “La Pila” mencionó la posibilidad de que dicha zona pudiera convertirse en el sexagésimo municipio del estado. Dichas declaraciones generaron respuestas por parte de diferentes sectores de la entidad entre ellos, personal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Por un lado, el gobernador plantea que transformar La Pila en un municipio permitiría reinvertir directamente los recursos fiscales generados en esa zona —como el impuesto predial y el pago por agua— en obras de mejora urbana. Asegura que actualmente estos ingresos son recaudados por el Ayuntamiento de la capital, pero no se reflejan en beneficios tangibles para la zona. Gallardo considera que, al igual que con Villa de Pozos, la municipalización es viable y podría ser una solución directa para impulsar obras como puentes, vialidades y proyectos complementarios a la Vía Alterna
.Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, la propuesta requiere un análisis más profundo. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra, advierte que las necesidades de la Zona Industrial no se limitan a una sola demarcación, ya que el entorno opera de forma transversal y metropolitana. Argumenta que los problemas de movilidad, conectividad y servicios involucran a varios municipios, por lo que urge una estrategia integral, más allá de la creación de nuevos municipios.
Elizalde también subraya que el uso de los impuestos generados por la industria debe revisarse de manera coordinadaentre los tres niveles de gobierno, con una planeación de largo plazo. Añade que, más que delimitar soluciones a fronteras administrativas, se necesita una gestión estratégica que responda a la complejidad de la dinámica industrialen la región.
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