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Acceso a la justicia es un derecho fundamental de la población: JM Carreras
Gobernador entregó obras y acciones por más de 45.1 MDP en Tancanhuitz y Matlapa
Por Redacción:
Para acercar el derecho fundamental del acceso a la justicia y atención de denuncias en la Huasteca Potosina, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, inauguró el Centro Integral de Justicia Penal, Sala Base Tancanhuitz, así como la Unidad de Atención Inmediata Tancanhuitz de la Fiscalía General del Estado.
“Estamos empezando a concluir el ciclo de consolidar el sistema de justicia penal acusatorio, que pasa por transformación de instituciones, y el fortalecimiento para que, con base en un marco normativo nuevo, podamos, todos, brindarles a las y los potosinos la mejor posibilidad de justicia” expresó el Titular del Ejecutivo Estatal.
El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, señaló que en la Unidad de Atención se recepcionarán denuncias de la ciudadanía en un espacio más acorde, confortable y digno, al igual que para el personal que labora en la Fiscalía, en el que se privilegia la atención a la población, con un sistema automatizado de turnos que los direccionará al módulo en donde serán recibidos por personal capacitado.
La inversión de estas instalaciones fue de 10 millones 198 mil pesos, para ejecución de la obra y equipamiento.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Pablo Almazán Cue, indicó que el edificio cuenta con infraestructura óptima y de vanguardia para consolidar la impartición de justicia; la inversión aplicada fue por un total de 23 millones 833 mil pesos y beneficiará a más de 192 mil habitantes de municipios como Coxcatlán, Xilitla, Aquismón, Huehuetlán, San Antonio, Tancanhuitz y Tampamolón Corona.
Posteriormente, en la Escuela Secundaria “General Belisario Domínguez” en Matlapa, el mandatario estatal encabezó la entrega de rehabilitación de infraestructura del plantel.
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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”
La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.
El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.
Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.
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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA
Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente
Por: Redacción
El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.
Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso , también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.
El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.
Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.
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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”
La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.
Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.
“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.
Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.
Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.
Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.
“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.
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