Le solicitan madurez y que pida licencia

Por Roberto Mendoza

23 gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados emitieron pronunciamientos oficiales dirigidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En su documento, los ejecutivos estatales fijaron una postura institucional sobre el comportamiento del mandatario: “Hacemos un llamado al Dr. Ruben Rocha Moya a la madurez y la responsabilidad. La política es un ejercicio de congruencia; la desmesura y las decisiones de facción atentan contra los principios de honestidad y lealtad”.

Por su parte, el bloque legislativo centró su requerimiento en el estatus del funcionario frente a los procesos ministeriales activos. Los diputados federales formalizaron la petición de separación temporal del cargo señalando: “Exhortamos al gobernador Rubén Rocha Moya

a reconsiderar su decisión, a fin de que la Fiscalía General de la República (FGR) y las demás autoridades competentes puedan continuar y, en su caso, concluir las investigaciones”.

Ambos frentes sustentaron sus requerimientos en el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en la defensa del Estado de derecho. Mientras los gobernadores advirtieron que ninguna autoridad está facultada para tomar determinaciones unilaterales al margen del orden constitucional, los legisladores precisaron que solicitar una licencia no prejuzga ni reconoce responsabilidad alguna, sino que representa un acto de responsabilidad institucional para no comprometer los intereses de la nación.

También lee: Exposiciones del INAH muestran al mundo la grandeza de México

Luego de 112 días, el gobernador asegura que no existen “mínimos elementos” en su contra

Por: Roberto Mendoza

Rubén Rocha Moya retomó sus funciones como gobernador constitucional del Estado de Sinaloa tras un periodo de 112 días de licencia temporal, argumentando que la Fiscalía General de la República desestimó los señalamientos en su contra: “Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya… no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna”.

La separación del cargo fue aprobada por el Congreso del Estado el 2 de mayo de 2026, originada por la acusación formal presentada el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York, la cual incluyó cargos por conspiración para la importación de narcóticos y protección institucional a una facción del Cártel de Sinaloa.

Frente a este proceso judicial extranjero, el mandatario estatal fijó su postura: “Falsas acusaciones, que con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera, me hiciera sin ninguna prueba, una oficina del Gobierno de Estados Unidos”.

Conforme al Artículo 58 de la Constitución de Sinaloa, la reincorporación al Poder Ejecutivo no requiere de una nueva votación o ratificación por parte de los legisladores locales para que el titular concluya su periodo hasta el 31 de octubre de 2027. Sobre su situación jurídica y administrativa durante el lapso que estuvo separado de la administración estatal, expuso: “Como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación”.

También lee: Informa Ernestina Godoy sobre la llegada de Fernando Farias

 

La Fiscal de la República asegura que dónde hay crímen hay consecuencias.

Por: Roberto Mendoza

El exservidor público Fernando Farías Laguna, identificado por las autoridades ministeriales como Fernando “N”, fue trasladado a territorio mexicano tras ser expulsado por el gobierno de Argentina para ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México. La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que el imputado quedará a disposición de un juez de control federal por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible por vía marítima, modalidad tipificada como huachicol fiscal.

Las indagatorias ministeriales se originaron a partir de una comunicación enviada en 2024 por el titular de la Secretaría de Marina a la fiscalía federal, lo que dio paso a las investigaciones del Ministerio Público de la Federación. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada documentó la operación delictiva tras el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, y una segunda embarcación con un volumen similar en Ensenada, Baja California; en ambos casos, el producto ingresó reportado indebidamente como aceites o aditivos para evadir impuestos mediante pedimentos aduanales manipulados, revisiones simuladas y alteración de muestras en coordinación con agentes aduanales y personal público.

El esquema de distribución y comercialización se extendió a los estados de Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, donde se emplearon empresas legalmente constituidas para dispersar los derivados del petróleo en estaciones de servicio y realizar operaciones de lavado de dinero. Por estos hechos, las autoridades han presentado ante juzgados federales a 16 personas, entre las que se encuentran 12 exservidores públicos, además de asegurar 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles, con una afectación económica superior a los 340 millones de pesos, al tiempo que se tramitan órdenes de aprehensión adicionales contra socios, apoderados legales y accionistas en seis entidades federativas.

La localización y expulsión de Farías Laguna se ejecutó tras la emisión de una ficha roja de Interpol que derivó en su detención el 23 de abril en Argentina y la subsecuente petición de extradición tramitada el 21 de mayo por la Secretaría de Relaciones Exteriores, proceso que concluyó con el acuerdo de expulsión emitido por las autoridades judiciales de ese país. Las diligencias contaron con la coordinación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cancillería mexicana y agencias de los Estados Unidos, marco en el cual la fiscal general concluyó: “Donde haya impunidad habrá investigación y donde hay crimen habrá consecuencias”.