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El olor a descomposición llegaba a la calle; la indiferencia llegaba más lejos | Editorial de La Orquesta
Durante años, un hombre habría vivido de reproducir perros sin poder ofrecerles ni agua, ni comida, ni una muerte digna. No eran perros, eran mercancias hasta que dejaron de existir
Por: La Orquesta
La crueldad humana no puede justificarse en nuestra condición de seres humanos complejos e imperfectos, es un porqué pero no una justificación.
Lo ocurrido en Milpillas es difícil de procesar. No por falta de información, sino porque mientras más se sabe, más insoportable resulta imaginar el sufrimiento que soportaron esos animales.
Es constante el intentar entender a las personas crueles. Decimos que tuvieron una infancia complicada, que padecen enfermedades mentales, que son producto de la pobreza, de la ignorancia, del abandono institucional o de una sociedad enferma. Todo eso puede ayudarnos a entender de dónde viene la violencia. Es un porqué, pero jamás puede convertirse en una justificación.
Porque el hombre que operaba este criadero vivía de los perros. Su trabajo consistía, básicamente, en encerrar a un macho con una hembra dentro de una jaula para que se reprodujeran, vender las crías y repetir el proceso una y otra vez. Nada más. Explotaba animales para obtener un ingreso económico y aun así no pudo ofrecerles lo más elemental: agua accesible, alimento suficiente, atención veterinaria, un espacio limpio o una muerte digna.
La normalización de estos actos de personas así es profundamente preocupante. Vecinos cuentan que llevaba años funcionando de esta manera. Durante años, al parecer, para él fue insignificante que los perros sufrieran. Era irrelevante que estuvieran en los huesos. Era irrelevante que agonizaran. Era irrelevante que compartieran espacio con cadáveres de otros perros, que respiraran el olor de cuerpos en descomposición, que algunos nunca hubieran recibido una caricia, un paseo, una manta durante el frío o un tratamiento para enfermedades.
Y entonces aparece la pregunta más dolorosa: ¿cuántos perros murieron ahí? ¿Cuántos nacieron solo para ser vendidos? ¿Cuántos pasaron toda su vida dentro de una jaula? ¿Cuántos agonizaron durante días antes de morir? ¿Cuántos soportaron el hedor de otros muertos porque ni siquiera eran retirados de las instalaciones? ¿Cuántos más existen en otros patios, bodegas o periferias de este país y nunca los conoceremos porque nadie denuncia, porque las autoridades no van o porque aprendimos a convivir con el horror?
El causar dolor a un ser vivo indefenso habla mucho más de quien infringe ese dolor que de quien lo recibe. No hablamos únicamente de perros. Las personas hieren personas. Torturan personas. Matan personas. Las razones pueden ser políticas, económicas, sociales, familiares o personales, pero muchas veces tienen un hilo conductor: herir a otros desde las propias heridas no resueltas.
A quienes observamos desde fuera nos conmueve el sufrimiento, especialmente cuando se trata de seres incapaces de defenderse. Un perro no es una persona. Nunca lo será. Pero reconocer esa diferencia tampoco justifica minimizar el dolor que sentimos al imaginar la crueldad que soportaron estos animales. Deprimirnos ante ello no nos hace exagerados; probablemente nos hace una sociedad un poco menos enferma.
También debemos aceptar algo incómodo: la cárcel por si sola no cura a quien necesita infligir dolor. El castigo punitivo no repara la empatía rota de una persona. Sin embargo, sí debe existir un castigo ejemplar. Y en México, particularmente en San Luis Potosí, los castigos por maltrato animal suelen ser una burla. Hemos visto agresores salir prácticamente ilesos tras entregar costales de croquetas, cumplir medidas mínimas o evitar condenas efectivas, a pesar de que la legislación contempla penas de hasta cinco años de prisión en casos graves.
Quizá la prisión no transforme a un maltratador, pero las sanciones económicas severas sí pueden convertirse en un mecanismo disuasorio. A muchos les duele más perder dinero que saber que otro ser vivo sufrió bajo su responsabilidad.
La omisión institucional también es parte del problema. Resulta frustrante que cuando alguien roba un vehículo existan operativos, seguimiento y reacción inmediata, pero que cuando un policía observa a un animal siendo golpeado, encadenado, abandonado o muriendo lentamente, pocas veces intervenga. El maltrato animal debería asumirse con mayor seriedad y atenderse como un indicador de violencia social, no como una falta menor.
Hay otro componente incómodo: la periferia. En muchas comunidades alejadas de los centros de poder parece existir un mensaje tácito de impunidad. Ahí la gente construye sin permisos, quema basura, tira escombros, abandona animales y, a veces, opera criaderos clandestinos durante años sin consecuencias. Es un abandono institucional que termina normalizando cualquier cosa.
Finalmente, hay una responsabilidad colectiva que rara vez queremos asumir. Mientras siga existiendo un mercado dispuesto a pagar miles de pesos por un cachorro de determinada raza, seguirá habiendo personas dispuestas a reproducirlos en serie. Tal vez deberíamos dejar de decir “me encantan los perros, pero solo de tal raza”, porque ese supuesto amor muchas veces alimenta la industria que los convierte en mercancía.
El caso de Milpillas es indignante. Pero sería aún más indignante descubrir que dentro de unos meses volvemos a compartir fotografías de otro criadero, de otro perro en los huesos, de otro cadáver cubierto con cal, y reaccionamos con sorpresa, como si no supiéramos que el problema nunca fueron solamente los animales abandonados.
El problema es la facilidad con la que aprendimos a convivir con la crueldad.
También lee: Era peor de lo que se imaginaba: Animalistas rescatan a perros de criadero clandestino de Milpillas
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Semujeres ofrece pruebas de VPH y autoexploración en 33 centros libres
Roxanna Hernández dijo que la dependencia trabaja con Servicios de Salud para llevar la prevención a comunidades del interior del estado
Por: Redacción
La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) pone a disposición sus 33 centros libres para pruebas de VPH y autoexploración, en coordinación con los Servicios de Salud, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, informó Roxanna Hernández Ramírez, titular de la dependencia.
Hernández Ramírez explicó que cada centro cuenta con una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, y que la Secretaría los ofrece para la detección oportuna del virus del papiloma humano (VPH), prevención del cáncer cervicouterino, y para la autoexploración de mama. En caso de urgencia, dijo, las mujeres se canalizan a los Servicios de Salud, que son quienes realizan los estudios.
Señaló que el arranque nacional de la autoexploración se realizó en Tamazunchale, de la mano de la Secretaría de Salud, y que fue la primera vez que ocurre en el país. Según dijo, el objetivo es romper con los tabúes, los estereotipos y la estigmatización, porque en el interior del estado muchas mujeres no quieren realizarse la prueba de VPH ni la autoexploración.
Mencionó también las brigadas Visitando Corazones, que se despliegan en el estado, y a las delegadas regionales de la Secretaría, que dan seguimiento a los centros libres para canalizar con mayor rapidez a las mujeres del interior.
El pasado sábado, la Dirección de Igualdad Sustantiva organizó una jornada de corte de cabello para que mujeres donen el suyo a pacientes oncológicas, con el que se elaborarán pelucas gratuitas. Hernández Ramírez dijo que, junto con estéticas, la Secretaría creará un distintivo para quienes donen cabello durante todo el año, y que habrá psicólogas disponibles en el estado para acompañar el proceso.
Hernández Ramírez asumió la dirección de Semujeres en agosto, tras la salida de Gloria Serrato Sánchez, quien fue encargada de despacho poco más de un año.
También lee: Enrique Galindo se une a las mujeres en lucha contra el cáncer de mama
Ciudad
12 kilómetros de ducto dañado frenan el agua de El Realito: Galindo
Enrique Galindo dijo que el Ayuntamiento no tiene injerencia jurídica en el acueducto y solo paga el agua
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, afirmó que si el municipio tuviera facultades, este año habría invertido entre 80 y 100 millones de pesos. Ese dinero se habría usado para reparar los 12 kilómetros dañados del ducto de El Realito.
Explicó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no puede opinar, intervenir ni invertir en esa infraestructura. “Jurídicamente es muy complejo, no tenemos ninguna injerencia, solo nos cobran“, dijo.
“Dependemos del agua de El Realito. Usamos el agua cuando hay, es muy difícil”, señaló el alcalde.
Al preguntarle si no se puede hacer nada, respondió: “No se puede hacer nada, lo haremos en el futuro, pero ahorita no podemos hacer nada”.
De acuerdo con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas), el acueducto acumula 76 fallas desde 2021, que suman 295 días
sin envío de agua a la zona metropolitana.La concesión federal del agua está a nombre del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Una administración estatal anterior delegó la operación del acueducto en una empresa española mediante contrato. Así lo explicó en septiembre Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí.
La dependencia federal da acompañamiento jurídico a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para explorar una rescisión o una mediación con la operadora. La CEA prepara además un proyecto para rehabilitar un tramo de 14 kilómetros en la zona de Tierra Nueva, que Conagua identificó como el de mayores problemas.
También lee: “Rescindir contrato de El Realito le corresponde al Estado”: diputada García
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Torres Sánchez promete entregar bulevar Río Santiago a fin de año
Guadalupe Torres afirmó que ya se reanudaron trabajos en algunos tramos tras las suspensiones legales
Por: Redacción
El Gobierno del Estado entregará a finales de este año la obra de Río Santiago, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, durante la comparecencia ante el Congreso del Estado por el quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Torres Sánchez dijo que la obra estuvo suspendida por «acciones legaloides» de integrantes de la «herencia maldita», que según afirmó han buscado paralizar obras durante casi todo el sexenio. Señaló que en algunos tramos los trabajos ya se reanudaron y dijo estar seguro de que se terminará en tiempo.
Como otro ejemplo mencionó la zona de San Miguelito, que según dijo estuvo detenida más de un año porque quisieron impedir la rehabilitación de sus calles. «Finalmente lo logramos», señaló. Afirmó que han tenido la razón en todos los asuntos legales y que quienes los promovieron «no han ganado ni un solo asunto
».La ampliación del bulevar Río Santiago estuvo detenida desde 2025 por amparos. Un juzgado federal concedió a la asociación civil Cambio de Ruta una suspensión por la tala y remoción de vegetación del trazo sin estudio de impacto ambiental aprobado, medida que obligó a evitar talar o remover árboles urbanos. Gallardo Cardona confirmó el 23 de agosto que los amparos ya se resolvieron.
La obra, de alrededor de 10 kilómetros, arrancó en marzo de 2024 con una inversión estimada por el Gobierno del Estado en 925 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) prevé entregarla por etapas, kilómetro por kilómetro desde Circuito Potosí.
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