José Guadalupe Torres afirmó que el Poder Ejecutivo no concibe la función pública sin los contrapesos que generan los medios de comunicación

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que la administración estatal mantendrá una política de respeto hacia la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, en medio del debate generado por reformas legales que han despertado preocupaciones entre organismos defensores de derechos y representantes de la prensa.

Cuestionado sobre las garantías para el trabajo periodístico y sobre posibles presiones de funcionarios hacia medios de comunicación, el funcionario sostuvo que desde el Poder Ejecutivo existe una postura de respeto a quienes informan, investigan y documentan la actividad pública.

Torres Sánchez afirmó que el periodismo constituye un elemento fundamental para la vida democrática al generar equilibrios frente al poder público y contribuir a la rendición de cuentas.

“Nosotros no concibimos el ejercicio de la actividad pública sin los equilibrios que generan los medios de comunicación“, declaró.

El secretario también aseguró que esa visión debe prevalecer en todas las dependencias del gabinete estatal, incluyendo la relación con reporteros, editores, directivos y responsables de medios de comunicación.

Durante la entrevista, el funcionario fue cuestionado sobre señalamientos relacionados con posibles intentos de funcionarios para influir en la cobertura periodística mediante solicitudes para modificar o retirar información publicada. En respuesta, reiteró que la postura institucional es de respeto al trabajo de los medios.

Por otra parte, respecto a las críticas surgidas en torno a la reforma que sanciona el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, Torres Sánchez sostuvo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar la constitucionalidad de la norma a partir de los recursos promovidos en su contra.

Indicó que el gobierno estatal permanecerá atento a la resolución judicial y, en su caso, a los ajustes que pudieran derivarse de una determinación de las autoridades jurisdiccionales.

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