septiembre 1, 2026

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Seguridad

Nido del Crimen: un refugio para la delincuencia

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La Orquesta ha denunciado el abandono de este inmueble desde hace cuatro años; incendios, robos, suicidios y actos impúdicos han convertido la colonia La Moderna en una amenaza

Por: Redacción

Desde hace más de dos años, La Orquesta ha denunciado como la vivienda con el número 905 de la avenida Carranza en la capital de San Luis Potosí, entre las calles Francisco Eduardo Tres Guerras y Francisco de P. Mariel, que anteriormente fungía como sede de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y que este medio bautizó como el “Nido del Crimen”, convirtió a la colonia La Moderna en un sitio inseguro para vivir, pues los robos a casas, invasiones de terrenos, asaltos, tráfico y consumo de drogas, y destrucción de la propiedad privada se han incrementado.

Hace dos días, una persona en situación de calle se quitó la vida al interior de este domicilio, luego de que se colgó.

Un comité de vecinos manifestó a este medio la problemática que enfrentan desde enero del 2021, cuando la casa quedó abandonada: a los pocos meses de que el sitio estaba en desuso, personas en situación de calle comenzaron a entrar al lugar; sin embargo, lejos de buscar un refugio para las inclemencias del clima, vieron en la casa un lugar para drogarse, vandalizar y además desmantelarla para vender todo lo que pudieran del sitio.

El 4 de noviembre del 2021, a las afueras de la casa, fue encontrado el cuerpo de un joven de 17 años, quien se suicidó al colgarse de un árbol. El menor había desaparecido ese día.

“Primero rompieron los cristales, después la reja de protección que está sobre la calle Carranza; siguieron las puertas, las chapas, el cableado, la tubería, incluso se han llevado partes del piso”, fue parte del testimonio de los vecinos, quienes además de ver cómo la zona se llena invasores, sufren porque sus viviendas dejaron de ser sitios seguros y han sido víctimas de decenas de delitos cometidos por los ocupante ocasionales.

El desmantelamiento de la casa es tanto, que los vecinos temen que se provoque alguna fuga de gas porque rompen paredes para extraer tuberías, incluso, comenzaron a perforar también las bardas de los vecinos. Tanto el interior como el exterior de la propiedad es usado para hacer fogatas y esto ha debilitado el piso, al grado de que los bomberos recomendaron no ingresar al área con construcción porque podría colapsar, ya que debajo hay un sótano.

La parte trasera del inmueble colinda con las azoteas del resto de los vecinos y así los invasores tienen acceso a las viviendas para robarlas e incluso para vivir en ellas: entre los testimonios de los afectados, destacan que en algunos consultorios y departamentos no habitados, las personas en situación de calle entran por los techos y las ventanas gracias que rompen los cristales o violan las cerraduras para habitar durante meses dentro de ellos; han llegado al grado de amueblarlos con objetos robados de otras viviendas.

El grado de la invasión ha llegado a tal punto que en esta casa tomada cuentan con todos los servicios, pues se cuelgan del cableado eléctrico y roban agua de los tinacos con conexiones clandestinas:

“Se roban hasta la ropa que tenemos en el tendedero”, dijo una de las vecinas. El hurto de vehículos y autopartes se ha disparado en la zona, así como el número de cristalazos, coches r ayados, robo a comercios y acoso.

Cerca de la zona existe una academia de danza a la que estas personas acuden para acosar a las estudiantes que salen por las tardes y noches, el mismo caso con otras mujeres que pasan cerca; lo que ha desatado el temor de quienes deben transitar cerca, ya que la mayor parte del tiempo estos sujetos están visiblemente alterados y cargan consigo tubos y palos.

Pese a que se han interpuesto denuncias sobre el desmantelamiento de la casa, los cientos de robos y daños a viviendas, oficinas y vehículos ante la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal y la Guardia Civil, nadie ha hecho nada; únicamente se incrementó el patrullaje en la colonia La Moderna en algunos horarios, pero la presencia de estos cuerpos policiales no ha reducido la incidencia delictiva.

“A ellos no les importa que se los lleve la policía, porque hasta bromean con que después los dejan libres; incluso a veces ya ni los reciben, de tanto que los arrestan. Sobre el desmantelamiento de la casa nos dicen que nada se puede hacer, porque tiene que denunciar el dueño; sobre los robos a nuestras viviendas, solo a veces vienen patrullas, pero realmente en uno o dos días vuelven a vagar, ya los tenemos identificados y lamentablemente ellos nos tienen identificados a nosotros”, relataron.

Los afectados explicaron que en más de una ocasión, decenas de vecinos se han cooperado para poner protecciones y rejas a la casa del 905 como una forma de ahuyentar a los invasores, sin embargo, vuelven a romper la herrería para apropiarse del sitio.

El 9 de noviembre del 2022 la propiedad se incendió. Adolfo Benavente Duque, comandante del H. Cuerpo de Bomberos, dijo que, posiblemente, el siniestro fue provocado por personas que invadieron la propiedad que pelean por apropiarse de los materiales que roban y después venden. Esta situación se volvió a repetir en marzo de 2024

Luego de estos reportes, tanto el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, y el Ayuntamiento de San Luis Potosí de Enrique Galindo Ceballos se comprometieron a mantener vigilancia en el sitio y evitar que entraran, no obstante esto solo duró unos meses.

Meses después, la casa se volvió un atractivo para los jóvenes, quienes entraban a la casa con uniformes escolares y paseaban por las azoteas.

En mayo de 2023, Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años de edad, fue asesinado a puñaladas en avenida Venustiano Carranza, a unos metros del Nido del Crimen, cuando presuntamente él y su acompañante se resistieron a un asalto.

Enrique Galindo dijo que era necesario encontrar a los propietarios poder intervenirla y cercarla, ya que sin la autorización de los propietarios, no existe posibilidad de que ni la autoridad ni los vecinos puedan remediarla.

La Orquesta pudo encontrar al propietario, se trata de una persona moral llamada “Venustiano SA de CV” y su representante y administrador único es Germán Arnold Konradin Morgenthaler, con domicilio en la calle Juan del Jarro del barrio de Santiago.

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Estado

CEPC revisa con municipios el avance del atlas de riesgo

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Los 59 municipios de SLP aún no tienen una cifra pública sobre el avance de su atlas de riesgo

Por: Redacción

El atlas de riesgo municipal identifica las zonas más vulnerables a inundaciones, deslaves, incendios y otros fenómenos, y es la base para autorizar asentamientos, construcciones y eventos masivos en cada uno de los 59 municipios de San Luis Potosí.

La coordinación entre el estado y los municipios en materia de riesgos ya había quedado en duda antes: tras la explosión de pólvora que dejó dos muertos en una fiesta patronal de Mexquitic de Carmona, en marzo, Mauricio Ordaz Flores, entonces titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), señaló que el alcalde del municipio tenía la obligación de notificar a las dependencias estatales sobre el evento, y que el caso ya era una reincidencia, pues un año antes se había registrado un incendio por pirotecnia en el mismo lugar.

Nadia Ochoa Limón, actual coordinadora estatal de la dependencia, dijo en conferencia de prensa que la CEPC mantiene comunicación constante y un monitoreo de 24 horas con los 59 titulares municipales de protección civil, a quienes calificó de tener “buen compromiso”.

Sobre cuántos de esos municipios cuentan con su atlas de riesgo actualizado, dijo que la CEPC trabaja de la mano con el atlas estatal y el atlas nacional, y que la cifra se determinará y comunicará más adelante, ya que se trata de “un tema administrativo interno” de la coordinación.

El tema podría abordarse en los próximos días, en el marco de los trabajos previos al Segundo Simulacro Nacional que se realizará el sábado, para el que la CEPC ya notificó a los 59 municipios.

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Seguridad

Galindo liga ataque a comandante con resultados contra la delincuencia

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Enrique Galindo señaló los operativos de la comandante como la principal línea de investigación, horas después de que su secretario de Seguridad evitara confirmarlo

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que la principal línea de investigación por la agresión contra la subdirectora operativa de la Policía Municipal apunta a los resultados de los operativos de seguridad que ha encabezado: más de 15 detenciones y aseguramientos importantes de droga.

Galindo destacó que la comandante y sus familiares no resultaron lesionados y aseguró que contará con todo el respaldo de la corporación. “Es una mujer muy operativa, muy echada para adelante, ha trabajado muy bien con nosotros”, afirmó, y añadió que como autoridades tienen la responsabilidad de proteger a sus elementos.

Indicó que ya existe coordinación con la mesa federal de seguridad para investigar los hechos y ubicar a los responsables.

El alcalde rechazó que se haya intentado ocultar la agresión y explicó que la reserva inicial de información respondió a protocolos de seguridad y a la necesidad de no exponer a la agente. Descartó, por ahora, modificar su propio esquema de seguridad o el del secretario Juan Antonio Villa.

Recordó que durante sus cinco años de administración no se ha registrado ninguna baja de policías municipales y expresó su deseo de que esa situación continúe.

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Estado

Hoy vence plazo para que municipios homologuen salarios de policías

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A partir de mañana, inicia el procedimiento administrativo para sancionar a quienes incumplan

Por: Redacción

Hoy es la fecha límite establecida por orden constitucional para que los 59 municipios de San Luis Potosí hayan igualado los salarios de sus policías a un nivel digno. Rodrigo Joaquín Lecourtois López, Auditor Superior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSLP), anunció que a partir de mañana iniciará procedimiento administrativo de responsabilidad contra quienes no cumplan, con sanciones que van desde amonestación hasta inhabilitación.

La Ley Federal del Trabajo fija un mínimo mensual de alrededor de diez mil pesos. Sin embargo, en varios municipios los elementos de seguridad perciben seis mil pesos, muy por debajo del piso legal.

La Constitución Política del Estado establece la obligación de homologación; la Secretaría de Finanzas ha señalado a alcaldes que disponen de participaciones federales específicas para seguridad pública y que no existen argumentos válidos de insolvencia.

Una comisión integrada por el IFSLP, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública

y Finanzas supervisa el cumplimiento. Hasta la semana pasada, aproximadamente la mitad de los municipios aún no informaba si habían elevado salarios; es probable que algunos ya lo hayan hecho estos días.

El procedimiento administrativo individualizará el grado de responsabilidad: si hubo simple omisión o dolo deliberado (sabiendo del mandato, decidieron no pagar). Las sanciones abarcan desde amonestación privada o pública hasta inhabilitación del funcionario responsable.

Lecourtois recordó que todos los municipios recibieron comunicado explícito y citatorio de los tres entes hace semanas, de modo que no hay excusa de ignorancia.

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