agosto 22, 2025

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Despenalizar el aborto, deuda histórica con las potosinas

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Colectiva ILE y Frente Marea Verde se unieron al Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en San Luis Potosí

Por: Redacción

El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido como #28S, una fecha crucial para los movimientos feministas y
defensores de los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Pese a que la lucha por la autodeterminación sexual y reproductiva de las mujeres en México tiene su origen desde la segunda ola del feminismo en 1970, ésta jornada (#28S) nació en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina, con el objetivo de visibilizar la lucha por la legalización del aborto, un derecho clave para garantizar la autonomía de las mujeres y evitar muertes derivadas de abortos clandestinos.

El #28S se ha consolidado como un día de acción para exigir el acceso universal al aborto legal, seguro y gratuito, denunciando las barreras sociales, económicas y jurídicas que aún existen en muchos países. En México, ha tomado especial relevancia debido a los recientes avances en al menos 18 estados de la República, mientras que en otros, como San Luis Potosí, la lucha por la despenalización sigue vigente.

Hoy es momento de que el Congreso del Estado cumpla con su responsabilidad y legisle a favor del aborto legal, saldando así una deuda histórica con las potosinas que han luchado por más de 20 años por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus proyectos de vida y su autonomía:

El 28 de agosto del 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación es constitucional, y el Congreso del Estado de San Luis Potosí, en lugar de atender dicha resolución, cedió a la estrategia orquestada por grupos católicos conservadores para reformar el artículo 16 de la Constitución el 21 de mayo de 2009, acción con la que condenaron a las mujeres potosinas a 15 años de vulneración y clandestinidad.

Más recientemente, el 22 de mayo del 2023, la Colectiva ILE presentó una queja ante Comisión Estatal de Derechos Humanos por la omisión del Congreso del Estado en acatar las recomendaciones internacionales en materia de la interrupción legal del embarazo y en observar los criterios de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos juicios que han sentado precedentes y jurisprudencia.

El 1 junio de 2023, la Colectiva ILE presentó una iniciativa de reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local. Así como la adición del artículo 148 BIS del Código Penal que aborda el tema del aborto forzado y los artículos 58 BIS y 58 TER de la Ley de Salud Estatal. También se presentó una propuesta para que las y los diputados reformen el artículo 16 de la Constitución local que establece la protección de la vida desde la

concepción, asunto que ya fue declarado inconstitucional en otras entidades.

El 12 de septiembre de 2023 Colectiva ILE dio a conocer la promoción de 8 juicios de

amparo individuales para lograr que las mujeres demandantes ya no sean sujetas a las penas impuestas por el Código Penal y la Constitución local dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.

El 13 de junio del 2024 Colectiva ILE promovió un juicio de amparo colectivo para la despenalización del aborto representando a todas mujeres y personas gestante del estado. Se demandó al Congreso y Gobierno del Estado a través de una asociación civil enfocada en derechos de las mujeres (cuyo nombre se mantendrá en anonimato por razones de seguridad); y, en respuesta, el 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito ordenó al Congreso local derogar los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal y en la Constitución locales, reconociendo su carácter inconstitucional. Este fallo marca un avance significativo en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres potosinas.

El 8 de septiembre de 2024, el Frente Marea Verde, con acompañamiento del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE, presentó una iniciativa ciudadana al Congreso del Estado para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local; mientras que el 2 de octubre con acompañamiento de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), también se presentó una iniciativa para reformar los Artículos 5, 14, 51, 58 y 60 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

En ese mismo período de tiempo, el Frente ha buscado acercamientos y se ha reunido con personas tomadoras de decisiones en los poderes Ejecutivo y Legislativo, buscando su respaldo para que sean analizadas, dictaminadas, aprobadas e implementadas las reformas en torno a la despenalización del aborto.

Pese dichos esfuerzos de las mujeres organizadas, entre 2015 y 2024, las legislaturas locales en funciones rechazaron, desecharon u omitieron dictaminar iniciativas de reforma presentadas por diversas colectivas con la intención de despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y generar políticas públicas que permitan a las mujeres potosinas acceder plenamente a sus derechos sexuales y reproductivos.

Aquellos diputados y diputadas nos han negado u obstaculizado reiteradamente el acceso esos derechos, pero hoy la LXIV Legislatura tiene la oportunidad de adoptar una postura garantista y de demostrar su compromiso con las mujeres y personas gestantes potosinas, permitiéndonos decidir libremente si queremos ser madres o no.

Un Congreso verdaderamente progresista es aquel que reconoce que sólo nosotras debemos tener el poder de decidir sobre nuestra maternidad. Aquel que respalda nuestra decisión de cuándo sí y cuándo no maternar. Sobre todo, aquel que nos garantiza los servicios de salud sexual y reproductiva.

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#4 Tiempos

La abogada y el diablo | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.

Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).

Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.

El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.

Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.

Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.

Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.

En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.

Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).

En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.

(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).

La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.

En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.

Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).

Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?

¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?

Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.

Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).

Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.

¿Estaría muy ocupada la abogada?

Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.

Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.

Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.

(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)

Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.

Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.

¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Ciudad

En el Día Nacional del Bombero, enfrentan crisis en SLP

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Pese a cerrar cuatro estaciones y contar con 50 elementos, la corporación no ha ignorado ni un solo llamado de auxilio en los diez municipios que cubre

Por: Redacción

El 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero en México, una fecha que cada año recuerda la fundación del primer cuerpo operativo en el país, siendo en el año 1873 en el puerto de Veracruz.

La conmemoración de esta efeméride honra la participación de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvaguardar a la población en incendios y otras situaciones críticas. Pero en el caso de San Luis Potosí, también evidencia las carencias que sufre la corporación metropolitana.

Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, dio a conocer que la corporación requiere la participación de la ciudadanía para mejorar las condiciones laborales, adquirir equipo de protección, herramientas y vehículos, además de contratar más personal.

Y es que de acuerdo a lo mencionado por Benavente Duque, para mejorar su servicio se requiere la incorporación de 18 elementos más, que no han podido ingresar debido a la falta de condiciones laborales dignas para su contratación.

Agregó que actualmente cuentan con 50 elementos repartidos en cuatro turnos, y para su solvencia operativa, se han visto en la necesidad de cerrar cuatro estaciones —Lomas, Abastos, Soledad y Zona Industrial—.

Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, dio a conocer que pese a estas carencias, los Bomberos Metropolitanos intervienen en diez municipios en torno a la capital potosina. Además que no han ignorado ni una sola llamada de auxilio en la que se solicita su atención.

“La labor que realizan los bomberos con tan poco es muy loable, porque la situación ha llevado operativamente al comandante a estar malabareando todos los días para poder dar atención. No hay una sola llamada de emergencia que no se atienda”.

Mencionó que para sostenerse han implementado mecanismos como el acercamiento con autoridades municipales, estatales, cámaras empresariales y sociedad civil para recaudar fondos y mejorar sus condiciones.

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Municipalización de La Pila divide visiones sobre el futuro de la Zona Industrial

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Gobierno estatal propone crear un nuevo municipio para atender la Zona Industrial, mientras el sector empresarial pide una estrategia más amplia y planeada

Por: Redacción

El pasado 19 el Gobernador del San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, durante un evento en la Delegación “La Pila” mencionó la posibilidad de que dicha zona pudiera convertirse en el sexagésimo municipio del estado. Dichas declaraciones generaron respuestas por parte de diferentes sectores de la entidad entre ellos, personal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Por un lado, el gobernador plantea que transformar La Pila en un municipio permitiría reinvertir directamente los recursos fiscales generados en esa zona —como el impuesto predial y el pago por agua— en obras de mejora urbana. Asegura que actualmente estos ingresos son recaudados por el Ayuntamiento de la capital, pero no se reflejan en beneficios tangibles para la zona. Gallardo considera que, al igual que con Villa de Pozos, la municipalización es viable y podría ser una solución directa para impulsar obras como puentes, vialidades y proyectos complementarios a la Vía Alterna

.

Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, la propuesta requiere un análisis más profundo. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra, advierte que las necesidades de la Zona Industrial no se limitan a una sola demarcación, ya que el entorno opera de forma transversal y metropolitana. Argumenta que los problemas de movilidad, conectividad y servicios involucran a varios municipios, por lo que urge una estrategia integral, más allá de la creación de nuevos municipios.

Elizalde también subraya que el uso de los impuestos generados por la industria debe revisarse de manera coordinadaentre los tres niveles de gobierno, con una planeación de largo plazo. Añade que, más que delimitar soluciones a fronteras administrativas, se necesita una gestión estratégica que responda a la complejidad de la dinámica industrialen la región.

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