noviembre 21, 2024

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La decadencia de avenida Venustiano Carranza

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Asesinatos, suicidios, asaltos, invasión de propiedades… el abandono de la zona ha convertido al lugar en un sitio de alto riesgo

Por: Ana G Silva

La muerte de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años que fue asesinado luego de ser asaltado sobre la avenida Venustiano Carranza esquina con Tomasa Esteves de la capital de San Luis Potosí, ha causado indignación en la sociedad potosina, pero este hecho parece ser solo una de las consecuencias que en los últimos meses han traído el abandono comercial y habitacional de la zona, la falta de vigilancia y el descuido de la infraestructura urbana.

La Orquesta dio a conocer, el 5 de octubre de 2022, el caso del Nido del Crimen, una vivienda ubicada en el número 905 de Carranza en la capital de San Luis Potosí, entre las calles Francisco Eduardo Tres Guerras y Francisco de P. Mariel, la cual fungía como sede de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que en los últimos años ha sido utilizada como puente para invadir otras propiedades, pero debido a un conflicto con el Gobierno Estatal, durante la gestión de Juan Manuel Carreras, se mantiene abandonada en tanto no resuelve el litigio, por lo que ahor se convertido en refugio de personas en situación de calle y escondite de ladrones; espacio para la venta y consumo inseguro de drogas; acceso para la invasión de otras propiedades; además de que en su exterior, el 4 de noviembre del 2021, un joven de 17 años se suicidó.

La propiedad está abandonada y es habitada por al menos 15 personas de manera fija y decenas más que buscan refugio, lo que se ha convertido en uno de los factores para que ahora la colonia Moderna sea un sitio peligroso, pues los robos a casas, invasiones de terrenos, asaltos, tráfico y destrucción de la propiedad privada se han incrementado.

Un mes después de haber dado a conocer la noticia sobre este sitio, se reportó un incendio en el interior, al que acudieron a apagar elementos del Cuerpo de Bomberos; Adolfo Benavente Duque, comandante de la corporación indicó que el siniestro fue provocado por personas que invadieron la casa que pelean por apropiarse de los materiales que roban y después venden.

La Secretaría de Seguridad determinó, el 14 de noviembre de 2022, crear una unidad de la Guardia Civil para que vigile este sitio y otros parecidos ubicados en el Centro Histórico y sus alrededores, pero unos días después los vecinos tomaron la determinación de sellar el lugar, después del hartazgo de la inseguridad, incluso el gobierno del estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, se comprometió a ayudarles. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento capitalino también había informado que mantendría patrullajes y contacto con residentes de la avenida para conocer cualquier reporte de riesgo en el inmueble.

Este medio volvió, seis meses después, a hablar vecinas y vecinos, quienes apuntaron que no se habían solucionado los problemas de inseguridad. Los y las residentes afirmaron que los robos e invasión de propiedad continúan, pues la casa sigue abandonada y las labores de patrullaje que se habían prometido duraron poco más de una semana.

La madrugada del 1 de mayo, se reportó el asesinato de Sua Jocsan Marín, muerto a puñaladas cuando presuntamente él y sus acompañantes se resistieron a un asalto.

Miguel Gallegos, vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que la Policía Municipal de San Luis Potosí, responsabilidad del gobierno de Enrique Galindo, “tiene que sacar sus patrullas a las calles, sobre todo en espacios donde las familias se sientan vulnerables”. Mientras que Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, dijo que el problema de seguridad en la zona se debe a los horarios en los antros y “quizá no es necesario ampliar la vigilancia”, aunque luego se comprometió a ampliar la presencia policiaca.

Una semana después del crimen, amigos y familiares de Sua se manifestaron en lugar de lo ocurrido, en ella se presentó un pliego petitorio en el que se acusa a los gobierno de Ricardo Gallardo y Enrique Galindo de ser ineficientes en la investigación, no brindar seguridad, revictimizar a las personas afectadas y hacer una exclusión sistemática de los derechos de las personas jóvenes en San Luis Potosí.

El 9 de mayo, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que se indagará si hubo negligencia u omisión por parte de los elementos de la patrulla 2696 de la Guardia Civil Estatal (GCE) que se negaron a auxiliar a Sua cuando estaba en el suelo herido por arma blanca.

El crimen contra Sua llevó a que distintas personas denunciaron a este medio que la responsabilidad de lo ocurrido puede recaer en el Bar Glitter, de donde salieron las víctimas antes de ser atacadas, pues los elementos de seguridad del lugar están relacionados con los grupos de asaltantes que operan en la zona.

Un amigo cercano de Sua (quien pidió mantenerse en el anonimato) dijo que en redes sociales existen múltiples quejas contra los meseros de este lugar, pues roban las pertenencias de los clientes. Además de otros casos donde el personal de seguridad excede el uso de la fuerza para desalojar a las personas, al golpearlas, por lo que en ocasiones ha causado lesiones de gravedad.

Otra fuente aseguró que se ha reportado un posible vínculo entre los elementos de seguridad del bar y grupos de asaltantes que operan en la colonia Moderna, quienes aprovechan el estado de ebriedad en el que salen algunos clientes para asaltarlos. Compartió que la misma agencia de seguridad operaba en “Greko”, otro bar metros adelante que fue clausurado.
La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.

Recientemente, La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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