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SLP está por iniciar la discusión sobre la castración química
El Partido Verde llevará una propuesta al Congreso sobre aplicar la medida como requisito para reducir la condena a delincuentes sexuales
Por: Bernardo Vera
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró, el 19 de septiembre de 2022, que enviaría una iniciativa al Congreso del Estado para proponer la introducción de la castración química en el Código Penal como medida para castigar a violadores. De acuerdo con fuentes al interior del Congreso de San Luis Potosí, la bancada del Partido Verde está por presentar el documento con la iniciativa, la cual ha trascendido no será presentada como una medida de castigo, sino como una condición para reducir la pena de cárcel a de agresores sexuales.
A continuación hacemos un repaso de en qué lugares operan medidas similares, qué efectos tiene y qué posibilidades tiene de ser autorizada:
¿Qué es?
La castración química consiste en la aplicación de fármacos que reducen la líbido y por tanto los deseos de actividad sexual en una persona. Se diferencia de la castración quirúrgica –la remoción de genitales masculinos– dado que no se producen cambios físicos, por lo cual se vuelve un procedimiento médico reversible y de efecto temporal.
En ella se utilizan sustancias hormonales como el acetato de medroxiprogesterona, cuyo efecto causa la disminución de los niveles de testosterona en la sangre, inhibe la libido y de esa manera, se controlan las pulsiones sexuales.
Como pena condenatoria, tiene el objetivo de impedir que violadores y pederastas reincidan en la comisión de delitos sexuales.
¿Cuáles son los efectos?
Los efectos secundarios por el uso de medicamentos antiandrógenos –supresores de las hormonas sexuales masculinas– suelen presentarse en un número limitado de pacientes, pero se ha detectado que algunos de ellos muestran un aumento de la grasa corporal y una reducción de la densidad ósea, lo que aumentaría el riesgo a largo plazo de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, respectivamente.
Estos tratamientos requieren de una estricta supervisión médica, así como un plan de tratamiento integral y participar en simultáneo en un tratamiento cognitivo-conductual diseñado para abordar otros aspectos de la conducta desviada, además de los intereses sexuales.
¿Se ha realizado en otros estados o países?
En México no se ha implementado esta práctica, y son pocos los países que cuentan con una legislación profunda sobre este tema. A nivel mundial, naciones como Indonesia, Polonia, Rusia y Corea del Sur aplican la castración química como medida punitiva contra quienes cometen delitos sexuales en agravio de menores de edad.
En Estados Unidos se ha legislado su aplicación únicamente en siete estados (Alabama, California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana). California fue el primer estado norteamericano que usó la castración química como una pena para los delincuentes sexuales, bajo la condición de que si la víctima es menor de 13 años de edad, los jueces en California pueden exigir a los delincuentes primarios a someterse a ella. Después de un segundo delito, el tratamiento es obligatorio.
En Latinoamérica, el tema ha llegado a los parlamentos de Colombia y Perú. En el primero se discutió en 2012, cuando el senador Roy Barreras propuso que en algunos casos se someta al violador a la castración química para evitar que reincida en la comisión del delito. Mientras que Pedro Castillo, ex presidente de Perú, anunció en abril de 2022 la presentación de un proyecto de ley para aplicar la castración química obligatoria a los agresores sexuales, misma que dividió la opinión entre la ciudadanía de aquel país.
¿Es legal?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la aplicación de penas corporales a personas privadas de libertad y la afectación que generan en su derecho a la integridad personal.
A pesar de ello, y debido a la demanda pública para reducir el número de delitos sexuales, la castración química ha sido propuesta como una alternativa reversible, incruenta y con menos efectos colaterales que la castración quirúrgica.
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La Unidad de Gestión del Centro Histórico mantiene acciones permanentes, bajo la visión del alcalde Galindo, para cuidar la imagen urbana
Por: Redacción
El Gobierno de la Capital, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico y como parte del programa Centro Histórico, Corazón de San Luis, continúa con el retiro de graffiti en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y conservar en mejores condiciones los espacios públicos de esta zona emblemática.
La Unidad de Gestión del Centro Histórico destacó que estas labores forman parte de una estrategia permanente para atender los detalles que hacen único al Centro Histórico de San Luis Potosí, no solo como zona de tránsito y actividad comercial, sino como un espacio de identidad, memoria, convivencia y orgullo para las familias potosinas.
Con la visión del alcalde Enrique Galindo Ceballos de mantener vivo y en constante mejora el corazón de San Luis Capital, el retiro de graffiti contribuye a dignificar calles, muros, fachadas y espacios públicos, además de fortalecer el cuidado del patrimonio urbano y la corresponsabilidad ciudadana.
El Gobierno de la Capital señaló que el programa Centro Histórico, Corazón de San Luis integra acciones de limpieza, ordenamiento, imagen urbana, movilidad y recuperación del espacio público, para que esta zona luzca mejor y sea disfrutada por quienes viven, trabajan, visitan y transitan diariamente por ella.
Finalmente, la Unidad de Gestión del Centro Histórico reiteró que continuará trabajando todos los días en distintos puntos del Centro Histórico, con acciones que permiten conservar una ciudad más limpia, ordenada y amable para todas y todos.
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Con dos equipos de personal que brinda atención prehospitalaria básica, el Ayuntamiento atiende 9 de cada 10 situaciones de auxilio que ocurren diariamente en el municipio
Por: Redacción
Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, reiteró a la población local todo el respaldo de este Gobierno Municipal, para mantener el fortalecimiento y la capacidad operativa del Sistema Municipal de Protección Civil y la Guardia Civil Municipal, en su sección de paramédicos, con personal, equipamiento y mejoras tecnológicas, que hoy permiten brindar una respuesta más rápida y eficaz a las emergencias que se presentan en el municipio. Destacó que actualmente el Ayuntamiento atiende 9 de cada 10 situaciones de auxilio que ocurren diariamente.
Subrayó que este apoyo institucional para garantizar la protección física de las familias y las y los soledenses, es parte del cambio que se impulsa en el municipio, para brindar mejores condiciones de vida: “la seguridad y el bienestar de la gente es una responsabilidad firme y con mucho compromiso de esta administración, por ello, es que cada vez más nos preparamos más con equipamiento y personal para actuar cuando la ciudadanía lo requiere”.
Al respecto, informó que se cuenta con 3 ambulancias, una de ellas a cargo de Protección Civil Municipal, que es una de las más equipadas que se tienen y que fue donada por el Gobierno del Estado
“Debo reconocer el trabajo de Protección Civil Municipal porque se ha profesionalizado más, hoy contamos con personal calificado, capacitaciones constantes y mejores herramientas para actuar, los minutos y segundos son fundamentales en una emergencia, por eso como Ayuntamiento nos interesa bastante seguir fortaleciendo esta área para dar una respuesta oportuna a la gente de Soledad”, agregó Juan Manuel Navarro Muñiz.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar y atender las necesidades de la población, consolidando una estrategia de proximidad social que garantiza servicios de emergencia más eficientes y oportunos para proteger la integridad y bienestar de las familias soledenses.
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La iniciativa del diputado Marco Gama busca sancionar actos de extrema violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+
Por: Redacción
El diputado Marco Antonio Gama Basarte propuso una iniciativa para adicionar el artículo 135 TER, al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de tipificar como delito el transfeminicidio.
El legislador señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro estado hay 37,124 personas que se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTIQ+, lo que representa el 6.4% de la población total; sin embargo, a pesar de la presencia de este grupo social en la entidad, no existe un registro oficial de transfeminicidios.
La naturaleza en extremo violenta de estos actos muestra claras señales de discriminación, intolerancia y odio; son fenómenos que no deben pasar desapercibidos ni ser invisibilizados, antes bien, se deben señalar y reconocer.
Por ello, el diputado Gama Basarte propone adicionar al Código Penal del estado, la tipificación independiente del delito de transfeminicidio en el Capítulo II, titulado Feminicidio, del Título Primero de la Parte Especial del Código Penal del Estado, referente a los Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal.
La iniciativa propone adicionar el artículo 135 TER para establecer que “Comete el delito de transfeminicidio quien, por razones de identidad o de expresión de género, prive de la vida a una mujer transgénero, o a una persona cuya identidad o expresión de género se identifique como mujer
Se considera que existen razones de identidad o expresión de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: todas aquellas aplicables al delito de feminicidio, según los términos del artículo 135 del Código Penal; cuando el cuerpo de la víctima presente señales de ensañamiento vinculadas con su identidad o expresión de género, ya sea de manera directa en su persona o a través de los objetos personales que resulten distintivos de dicha identidad o expresión; cuando se acredite que previo o posterior al delito, el sujeto activo hubiera utilizado expresiones que indiquen rechazo u odio a la víctima por motivo de su identidad y/o expresión de género, y cuando el sujeto activo, de forma expresa relacione la comisión del delito con la identidad o la expresión de género de la víctima.
Se propone que para este delito se aplicarán las sanciones, agravantes, y reglas del delito de feminicidio.
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