Congreso del Estado
Congreso de SLP castigará el maltrato a menores
Se aprobaron reformas al Código Familiar y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado para prohibir los castigos corporales
Por. Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Familiar para el Estado; así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado, con el objetivo de prohibir terminantemente el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niños, niñas o adolescentes.
La exposición de motivos de este dictamen abordó que el maltrato infantil afecta la salud física y mental, y pone en riesgo el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial del niño o niña, dejando secuelas negativas que estarán presentes por el resto de sus vidas. Por ello, es que con estas modificaciones a la legislación estatal, se busca atender, prevenir y combatir las situaciones de violencia que viven, garantizar el desarrollo de la niñez, y propiciar un correcto ejercicio de sus derechos para garantizar el acceso a una vida digna y plena, observando el total cumplimiento de sus derechos.
La modificación establece que “las personas integrantes de la familia, en particular niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a que los demás miembros les respeten su dignidad e integridad personal; a recibir afecto y buen trato; a ser protegido; ser educado ,y criado con métodos no violentos, basados en la crianza positiva, el amor, el diálogo y el respeto. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas estatales de acuerdo con las leyes”.
Por ello, “se prohíbe que la madre, el padre, otros familiares, o quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda, o custodia, impongan como método correctivo o disciplinario, el castigo corporal; humillante; o cualquier tipo de práctica que lesione la integridad personal de la niña, niño, o adolescente”.
El ámbito escolar, también prohíbe la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra su vida, su integridad física o mental, incluyendo la imposición del castigo corporal, el trato humillante, o degradante.
La exposición de motivos manifiesta que en nuestro país, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, y establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Además, señala que San Luis Potosí reconoce que las niñas, niños y adolescentes deben tener un rol protagónico en el ejercicio de sus derechos, así como la posibilidad de decidir sobre todos los ámbitos de su vida.
Para ello, es necesario garantizar su participación efectiva y pertinente en la toma de decisiones de temas que les conciernen, incluyendo el diseño e implementación de aquellas acciones públicas relacionadas con la prevención, atención y respuesta a la violencia que además de darse en el ámbito doméstico, gran parte del riesgo o exposición a la violencia se experimenta en espacios educativos, públicos o comunitarios, por lo que la creación de entornos seguros es esencial para lograr una prevención y respuesta efectiva con impactos positivos en el bienestar de la niñez y adolescencia.
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Congreso del Estado
Congreso busca autonomía financiera como derecho de mujeres víctimas de violencia
El fortalecimiento de la autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia
Por: Redacción
Con el objetivo de incorporar la autonomía financiera como derecho y como eje de acción programática, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
La iniciativa propone establecer que las mujeres víctimas de violencia tendrán derecho a acceder a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo, así como a cursos, talleres y otras herramientas orientadas al desarrollo de la autonomía económica y financiera, que les permitan generar ingresos propios y fortalecer su independencia.
La legisladora indicó que esta propuesta responde a una re alidad concreta
El fortalecimiento de l a autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia, ya que estudios recientes han señalado que las mujeres con ingresos propios tienen hasta un 50 por ciento menos de probabilidad de regresar con su agresor
Agrega que experiencias nacionales e internacionales muestran que cuando las mujeres acceden a capacitación laboral y educación financiera, incrementan sus ingresos entre un 20 y un 30 por ciento en promedio. Además, tienen mayores probabilidades de iniciar pequeños negocios o incorporarse al mercado formal de trabajo. Esto no solo mejora su calidad de vida, también tiene efectos positivos en sus familias y comunidades.
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La inclusión de las mujeres rurales en igualdad de condiciones contribuye a incrementar la productividad, y mejorar la seguridad alimentaria: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira
Por: Redacción
Con el objetivo de garantizar que el Poder Ejecutivo incorpore un enfoque de igualdad de género en el sector pecuario, la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado, aprobó la reforma a la Ley de Ganadería del Estado de San Luis Potosí.
La propuesta busca asegurar que las mujeres dedicadas a la actividad pecuaria, particularmente en zonas rurales, cuenten con un acceso equitativo a recursos, proyectos productivos y programas de impulso al campo.
Al respecto, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, promovente de la iniciativa, señaló que la incorporación de la perspectiva de género en esta legislación no responde a una tendencia discursiva, sino a una realidad social que exige acciones concretas para fortalecer el desarrollo rural.
Dijo que, “la omisión de este enfoque limita el potencial del sector, al mantener en condiciones de desventaja estructural a una de sus fuerzas productivas más importantes, como lo son las mujeres”.
Expuso que como parte del dictamen, se plantea la reforma de las fracciones VII y VIII del artículo 9º, así como la adición de la fracción IX al mismo artículo y la incorporación del artículo 37 BIS.
Durante la sesión de trabajo, la legisladora destacó que, integrar la perspectiva de género
Asimismo, subrayó que el Estado debe actuar ante las evidencias de desigualdad y generar condiciones materiales que permitan el ejercicio pleno de los derechos.
“Reconocer a las mujeres rurales desde un enfoque de interseccionalidad es fundamental, ya que su inclusión en igualdad de condiciones contribuye a incrementar la productividad, mejorar la seguridad alimentaria, diversificar los ingresos y fortalecer la resiliencia ante situaciones de crisis”.
En la sesión estuvieron presentes el diputado Tomás Zavala González, presidente de la Comisión; la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, vicepresidenta; la diputada Nancy Jeanine García Martínez, secretaria; y el diputado Marcelino Rivera Hernández, vocal.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.
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La diputada Frinné Azuara Yarzábal detalló que sería gratuita, única e individual, también coexistiría con la cartilla física
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado para implementar la Cartilla Electrónica de Vacunación.
La propuesta busca establecer que el sistema de información en vacunación estatal se incluya en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el territorio potosino, e incorporar la figura de la Cartilla Nacional de Vacunación Electrónica como un derecho de las y los potosinos.
Dicha cartilla misma que será gratuita, única e individual y coexistirá con la versión física, garantizando la interoperabilidad del sistema estatal con las instituciones federales de salud como son IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, para que el historial de vacunación sea accesible en todo momento; además de establecer la obligación de la Secretaría de Salud del Estado de implementar mecanismos de consulta digital y notificaciones oportunas a la población sobre los esquemas de vacunación.
En su exposición de motivos, la diputada Frinné Azuara, también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, establece que en nuestro país y particularmente en nuestro estado, el sector salud enfrenta un desafío histórico en materia de prevención, debido en gran parte, a la falta de un registro nominal y digitalizado que permita conocer con certeza el estatus de vacunación de cada persona.
Dijo que en la actualidad, la herramienta principal sigue siendo la cartilla de vacunación en formato físico, la cual enfrenta problemas estructurales ya que se extravía con facilidad, se presenta incompleta, se deteriora con el tiempo, y en muchas ocasiones, las familias recurren a la memoria para reconstruir el esquema de vacunación de sus hijos.
Mencionó que esta situación impide que el estado pueda planear con precisión sus campañas de salud, dado que sin un registro nominal, las autoridades sanitarias caminan sin precisión al no saber cuántos niños faltan por vacunar en cada colonia o comunidad rural, y no pueden identificar con nombre y apellido a quiénes les hace falta un refuerzo, y carecen de herramientas para reaccionar oportunamente ante brotes epidémicos.
Informó que en el legislativo federal, ya se ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, buscando establecer que el sistema de información en vacunación, se base en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el país, así como la existencia de una Cartilla Nacional de Vacunación tanto física como electrónica, gratuita, única e individual.
Por ello, en congruencia con este propuesta nacional, se propone también que nuestro estado cuente con esta armonización legislativa y cumpla con los principios de justicia social y modernización administrativa.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Hacienda del Estado.
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